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Felipe González carga contra la idea de Sánchez: “No necesitamos relatores. Me preocupa mucho la degradación institucional”

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Felipe González, en una imagen de archivo
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El expresidente del Gobierno Felipe González ha rechazado este jueves la figura del relator y de la mesa de partidos que buscan impulsar el Gobierno y la Generalitat porque, en su opinión, supone degradar las instituciones que deberían canalizar el diálogo entre las formaciones políticas, tanto el Parlament en Cataluña como el Congreso en Madrid.

En un vídeo difundido por la Fundación Felipe González, el exsecretario general del PSOE se ha preguntado “para qué” se necesita una mesa de partidos “en la que no participan los que no quieren -y tienen razón- decidida por un Ejecutivo (el de Quim Torra) que no permite funcionar al Parlamento si existe el Parlamento”.

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“¿Para qué necesitamos un notario que certifique lo que se dice o los convoque cuando en el Parlamento sobran los notarios, asesores jurídicos, gente que toma notas, por qué la Generalitat no hace funcionar al Parlamento, sede natural del encuentro entre partidos y de las posibilidades de diálogo?”, ha continuado.

Con la negociación en torno a esta mesa de partidos, el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ejecutivo de Torra entran en “un juego muy delicado” en el que interfieren “en la autonomía de los partidos que tienen su representación en el parlamento”.

Para González, esta mesa de partidos -sea de ámbito catalán o estatal- es totalmente innecesaria “salvo que se pretenda degradar institucionalmente, lo cual es muy peligroso para el funcionamiento de la democracia, el valor del Parlamento en Cataluña” y el del conjunto del Estado en Madrid.

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Tras aclarar que él está “a favor del diálogo” frente “a la crispación, el insulto, la descalificación”, ha advertido de la necesidad de “definir en qué perímetro se dialoga”, y ese perímetro, en su opinión, no puede ser otro que el de “la Constitución, el Estatuto y el ordenamiento jurídico”.

Sin perímetro, diálogo de sordos

Porque si no se define ese perímetro, la conversación “se convierte en un diálogo de sordos, de confusión, en el que se expresan posiciones inconciliables”.

De ahí que González considere que, con la aceptación por parte del Gobierno de un relator en esta mesa de partidos en Cataluña, se haya “entrado en un terreno de confusión” que a él le “preocupa”. “Algunos (en alusión a la vicepresidenta Carmen Calvo) dicen: ‘Es que no se enteran de lo que está pasando’. No, está confuso”, corrige el expresidente.

Sobre la polémica figura del relator, González lo tiene claro. “No necesitamos relatores. Me preocupa mucho la degradación institucional. El Ejecutivo tiene que discutir con el Ejecutivo de Cataluña, no de estado a estado. También discute con el de Castilla-La Mancha, Andalucía, en los perímetros que digo. Pero el Ejecutivo no puede decidir lo que van a hacer los partidos”, sostiene.

A pesar de esta confusión, González cree que el Gobierno no quiere atender las condiciones que le han puesto los independentistas a Pedro Sánchez para aprobarle los Presupuestos Generales del Estado: que interfiera a través de la Fiscalía en el juicio a los dirigentes del ‘procés’ y que acceda a negociar el derecho de autodeterminación.

Con respecto a esto último, ha recordado que se trata de un derecho que “no está en la Constitución, no está en el ordenamiento jurídico, no está en el derecho europeo, no está en el derecho internacional” y, “por tanto, no es negociable”.

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“Habría que cambiar la Constitución, cosa a la que yo me opondría, para reconocer algo que no reconoce ningún país serio del mundo, que se pueda trocear el país con autodeterminaciones que acaben con la unidad o el derecho de todos los españoles a decidir su futuro”, ha añadido.

En cuanto a la segunda condición, González ha señalado que “el Gobierno de la Nación no puede” y él cree que tampoco quiere, “interferir en el funcionamiento de la justicia porque cree en la independencia del poder judicial y nuestra Constitución es garantista”.

En este sentido, ha subrayado que él prefiere “con mucho la independencia del poder judicial de la democracia española que el tipo de poder judicial que ellos (los independentistas) previeron los 6 y 7 de septiembre (de 2017) en las leyes de desconexión, en las que Puigdemont nombraba directamente al Tribunal Supremo”. “Esto no pasa en España, no pasará y ojalá que a nadie se le ocurra que es mejor sistema que el que tenemos”, ha zanjado.

Denuncia la crispación

González también ha criticado el papel que está ejerciendo la oposición de PP y Ciudadanos frente a la gestión del Gobierno del diálogo con el independentismo. “Frente a eso lo que hay es crispación, descalificación, tratamiento grueso: ‘este es felón, traidor…'”, ha lamentado.

“En la vida en general y en la política en particular todo lo exagerado es ridículo y aquí estamos superando los límites del circo y entrando en un aquelarre que España no se merece. Creemos en una España de ciudadanos, no en un enfrentamiento de nacionalismos irredentos. Son los ciudadanos los que van a decidir el futuro del país y hay que respetar las instituciones fortaleciéndolas, llevando el diálogo y el debate necesario a las instituciones”, ha concluido.

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España

Los simios nacionalistas catalanes y sus actos terroristas respaldados por el silencio cómplice de autoridades y medios: los autodenominados “Soldados de Salamina”

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… Porque, obviamente, un zarrapastroso indepe no tiene la menor idea del contexto histórico de la Batalla de Salamina. Ni es posible que sepa quien fue Jerjes, o Temístocles. Pero es que, además, estoy convencido de que ninguno de esos paletos tuercebotas hijos de la consanguinidad más pertinaz es capaz de imaginarse que un republicano salvó la vida a Sánchez Mazas, falangista y creador de la más patriótica exclamación de los últimos 200 años: ¡ARRIBA ESPAÑA!

Y si ya supieran que el hijo de Mazas es Ferlosio, el genial escritor, pues para qué queremos más. Todos los españoles de bien sabemos que estos analfabetos cuya estirpe se diría que tiene varios genes del revés, y criados allí dónde una “virgen” es una mujer que corre más deprisa que su hermano, apenas son capaces de balbucear en ese mallorquín tergiversado que se usa en el Condado de Barcelona, paraje español por su raigambre aragonesa. 

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¿Que a qué viene toda esta parrafada? 

Pues viene a que un incierto número de energúmenos residentes en aquel Condado de Barcelona han elegido -no sabemos por medio de qué brujería- el nombre de “soldados de salamina” para reventar el monolito que recordaba a 48 presos falangistas asesinados por  los “valientes milicianos” corrían en medio de tremendas diarreas hacia Francia, que aumentaban en intensidad a la misma velocidad que el Caudillo se acercaba a Barcelona. 

Este es el comunicado que han dejado estos prototerroristas de alta imbecilidad y disminuido cociente intelectual:

“Soldados de Salamina”

al lado del santuario de Santa Maria del Collell se encuentra un conjunto monumental dedicado a 48 presos falangistas ejecutados en enero de 1939.La leyenda dice: ” Caídos por Dios y por la Patria”.
El conjunto se construyó en los años posteriores de la victoria franquista.
La ejecución inspiró la novela ” soldados de Salamina”.
Hoy se ha escrito el último capítulo con la destrucción del conjunto monumental. Seguimos en campaña.

fdo: soldados de Salamina

Y, ojo. Ha caído el primero, pero no será el último. 

Alguna autoridad, por corrupta que sea -entendemos que gobierna quien gobierna, y aquello es territorio de delincuentes- ¿Se dignará a hacer ALGO?


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Vox pide a Pedro Sánchez que cese a Yolanda Díaz por “falsear” su currículo

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Vox quiere que el Gobierno inicie un proceso sancionador contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por haber “falseado” su currículum al incluir “tres másteres fake”, lo que supone, según apuntan, una vulneración de la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo.

Por ello, en una proposición no de ley registrada en el Congreso, a la que tuvo acceso Europa Presslos de Santiago Abascal instan al Gobierno a destituir a Díaz, al tiempo que plantean que la Cámara proceda a reprobarla por estos hechos.

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En su iniciativa, Vox señala que hasta el pasado 18 de junio, en la web de la Moncloa aparecía que Díaz ostentaba tres másteres (uno de Recursos Humanos, otro de Relaciones Laborales y un tercero de Urbanismo), títulos que desde entonces pasaron a denominarse “cursos superiores y de postgrado”. Una corrección que, según recalca Vox, el Gobierno achacó a una “discordancia” entre la información que aparecía en la web del Ministerio de Trabajo y en la de Moncloa.

Las explicaciones del Gobierno, “inverosímiles”

Para el grupo que capitanea Iván Espinosa de los Monteros, estas explicaciones resultan “inverosímiles” porque ya en 2012 en el currículum de Yolanda Díaz aparecían los citados tres “falsos másteres” –según un artículo publicado en la edición gallega de ‘El País’– y en 2016 también figuraban en la web del Congreso cuando consiguió su escaño como diputada de En Marea.

En opinión de Vox resulta “evidente” que los datos relativos la formación y currículum de Díaz suponen un incumplimiento del criterio de honorabilidad que, según la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo, no sólo es un requisito para su nombramiento, sino que, además, debe concurrir durante el ejercicio de sus funciones.

“No es honorable”

“Encuadrándose perfectamente las acciones de la señora ministra de Trabajo y Economía Social en el tipo de infracción muy grave”, por la presentación de “declaraciones con datos o documentos falsos” y por “el falseamiento o el incumplimiento de los requisitos de idoneidad para ser nombrado alto cargo”, Vox sostiene que no cabe sino su destitución, previa incoación del respectivo expediente sanciones.

Pero, además, Vox también persigue con su proposición que el Congreso censure a la titular de Trabajo por estos hechos. “No es honorable”, comentó recientemente en su perfil de Twitter la secretaria general de este partido en el Congreso, Macarena Olona, quien ya avisó que preguntarán a Díaz por este asunto a la vuelta del verano. “No nos conoce. En septiembre la esperamos con sus másters fake”, dijo.


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¿Tienen algo estos dos? Lo parece. Los elogios de Ayuso a Feijóo, el ‘referente del PP’ que margina el español en Galicia porque, como todos sabemos, el PP es la derechita cobarde y acomplejada

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Ayuso y sus cositas: Llama “bandera nacional” al trapo gallego que representa aquella comunidad autónoma.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se deshizo en elogios el pasado viernes ante su homólogo gallego, Alberto Núñez Feijóo, por su «liderazgo», «firmeza» y «capacidad» para «cohesionar» Galicia.

«Son cuatro mayorías absolutas consecutivas que los demás envidiamos, que te permiten gestionar con liderazgo y firmeza; y las has conseguido porque los gallegos ven en ti a alguien de los suyos», añadió, al tiempo que pidió al presidente autonómico del PP que mantenga su «forma de ser». «Eres un hombre pragmático, que no has perdido el aplomo o la ironía. Eres un referente para todos», afirmó Ayuso, sobre el presidente de un Gobierno autonómico que margina el español, y que su web oficial llama «bandera nacional» y «escudo nacional» a los símbolos de Galicia.

Y todo en una región que, bajo el Gobierno de Feijóo, buena parte de la documentación oficial solamente está disponible en gallego bajo el argumento de que es la lengua «propia» de Galicia, aunque -según recuerda el blog ContandoEstrelas– el Tribunal Constitucional ya señaló en su sentencia 31/2010 que la condición de «lengua propia» no puede suponer «un desequilibrio (…) de la cooficialidad de ambas lenguas en perjuicio del castellano» y advirtió que las administraciones públicas en comunidades bilingües «no pueden tener preferencia por ninguna de las dos lenguas oficiales».

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La asociación Hablamos Español ya denunció en su web que en Galicia a las personas mayores de 80 años reciben la primera dosis contra el coronavirus se les entregan tres páginas con información y recomendaciones solo en gallego. «Los sanitarios dicen que la Xunta no las elabora en español. Todo lo que se ve en los hospitales y centros de salud de Galicia, así como las campañas institucionales, es monolingüe en gallego», añadió.

Esta entidad apartidista -y sin ánimo de lucro- constituida para defender los derechos lingüísticos de los hispanohablantes pidió a Feijóo en noviembre del pasado año el cese de la coordinadora de la Red de Dinamización Lingüística de la Xunta, Alicia Padín, vinculada a la Consejería de Educación y Cultura, por asegurar que «hoy en día ninguna persona culta debería atreverse a hablar en público en castellano», una declaración que tildó de «inaceptable». «Muestra el fanatismo y el autoritarismo que subyacen a la política lingüística de la Xunta, que se viste de tolerante ante el resto de España, pero que ideológicamente no difiere de la que se lleva a cabo por cualquier gobierno de corte nacionalista», afirmó.

Los elogios de Ayuso a Feijóo llegan pocas semanas después de la creación de la Oficina del Español, un nuevo ‘chiringuito’ dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, y dirigido por el exportavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, Toni Cantó, para impulsar el español, «un activo cultural, social y económico compartido con casi 600 millones de personas en todo el mundo y que tiene un potencial extraordinario». Su fin -según anunció el Gobierno regional- es «la promoción de la Comunidad de Madrid como capital europea del español».


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Buxadé: ‘La Agenda 2030 es la mayor injusticia que se es está haciendo contra las clases trabajadoras y las clases medias’

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El vicepresidente primero del CAP también ha criticado el Real Decreto-Ley para la estabilización del empleo temporal que el Gobierno pretende llevar al Congreso esta semana.

El jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo y vicepresidente del Comité de Acción Política, Jorge Buxadé, ha reprobado el paquete de medidas contra el cambio climático que pretende imponer la Comisión Europea durante el último trimestre del presente año y que denota, en la práctica, “una subida de todos los impuestos a los carburantes, a la energía, a las viviendas…”.

Buxadé ha asegurado que para conseguir que en España se bajen facturas como la de la electricidad es necesario votar que “no” a ese paquete de medidas, puesto que “todo lo que se vota en Bruselas se impone de forma mecánica y automática en el Congreso de los Diputados y en los parlamentos autonómicos”.

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Asimismo, ha propuesto una serie de medidas como “acabar con la duplicidad del impuesto sobre la electricidad y el IVA” o “garantizar la soberanía energética”. “Promover energía propia y barata para no depender de la adquisición de energía a terceros países” ha concluido.

Por otro lado, el eurodiputado ha expuesto su desagrado frente al Real Decreto-Ley para la estabilización del empleo temporal que el Gobierno pretende llevar al Congreso esta semana. Buxadé ha afirmado con rotundidad que esta medida no va a servir para nada, ya que “va a perpetuar el fraude en la contratación que supone el abuso de temporalidad y va a cronificar la precariedad laboral tanto para los empleados laborales como para los funcionarios interinos”.

Además, Buxadé ha apoyado la sentencia del Tribunal Constitucional, por declarar ilegal el primer estado de alarma del Gobierno de Sánchez e Iglesias, afirmando que “el Gobierno de España de forma arbitraria y fraudulenta confinó a 47 millones de españoles”. En la misma línea, ha aseverado que “todos los toques de queda y confinamientos masivos que están siendo adoptados por las CCAA ahora mismo son manifiestamente ilegales”.

Por último, la vicesecretaria de portavocía y diputada por Málaga, Patricia Rueda, ha felicitado a nuestra diputada en el Parlamento Vasco, Amaia Martínez, puesto que se ha cumplido un año de las elecciones vascas. Además, ha anunciado que la secretaria general de VOX, Macarena Olona, reclamará al TC que analice la presunta ilegalidad de algunos apartados de la Ley vasca de Instituciones en torno al «uso del euskera por las Administraciones Locales». De igual forma, ha inducido al Gobierno a condenar la tiranía cubana y ha anunciado nuevas acciones para destacar la labor y mejorar las condiciones de trabajo de los agentes de la seguridad aduanera.


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