El expresidente del Gobierno Felipe González ha rechazado este jueves la figura del relator y de la mesa de partidos que buscan impulsar el Gobierno y la Generalitat porque, en su opinión, supone degradar las instituciones que deberían canalizar el diálogo entre las formaciones políticas, tanto el Parlament en Cataluña como el Congreso en Madrid.

En un vídeo difundido por la Fundación Felipe González, el exsecretario general del PSOE se ha preguntado «para qué» se necesita una mesa de partidos «en la que no participan los que no quieren -y tienen razón- decidida por un Ejecutivo (el de Quim Torra) que no permite funcionar al Parlamento si existe el Parlamento».

«¿Para qué necesitamos un notario que certifique lo que se dice o los convoque cuando en el Parlamento sobran los notarios, asesores jurídicos, gente que toma notas, por qué la Generalitat no hace funcionar al Parlamento, sede natural del encuentro entre partidos y de las posibilidades de diálogo?», ha continuado.

Con la negociación en torno a esta mesa de partidos, el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ejecutivo de Torra entran en «un juego muy delicado» en el que interfieren «en la autonomía de los partidos que tienen su representación en el parlamento».

Para González, esta mesa de partidos -sea de ámbito catalán o estatal- es totalmente innecesaria «salvo que se pretenda degradar institucionalmente, lo cual es muy peligroso para el funcionamiento de la democracia, el valor del Parlamento en Cataluña» y el del conjunto del Estado en Madrid.

Tras aclarar que él está «a favor del diálogo» frente «a la crispación, el insulto, la descalificación», ha advertido de la necesidad de «definir en qué perímetro se dialoga», y ese perímetro, en su opinión, no puede ser otro que el de «la Constitución, el Estatuto y el ordenamiento jurídico».

Sin perímetro, diálogo de sordos

Porque si no se define ese perímetro, la conversación «se convierte en un diálogo de sordos, de confusión, en el que se expresan posiciones inconciliables».

De ahí que González considere que, con la aceptación por parte del Gobierno de un relator en esta mesa de partidos en Cataluña, se haya «entrado en un terreno de confusión» que a él le «preocupa». «Algunos (en alusión a la vicepresidenta Carmen Calvo) dicen: ‘Es que no se enteran de lo que está pasando’. No, está confuso», corrige el expresidente.

Sobre la polémica figura del relator, González lo tiene claro. «No necesitamos relatores. Me preocupa mucho la degradación institucional. El Ejecutivo tiene que discutir con el Ejecutivo de Cataluña, no de estado a estado. También discute con el de Castilla-La Mancha, Andalucía, en los perímetros que digo. Pero el Ejecutivo no puede decidir lo que van a hacer los partidos», sostiene.

A pesar de esta confusión, González cree que el Gobierno no quiere atender las condiciones que le han puesto los independentistas a Pedro Sánchez para aprobarle los Presupuestos Generales del Estado: que interfiera a través de la Fiscalía en el juicio a los dirigentes del ‘procés’ y que acceda a negociar el derecho de autodeterminación.

Con respecto a esto último, ha recordado que se trata de un derecho que «no está en la Constitución, no está en el ordenamiento jurídico, no está en el derecho europeo, no está en el derecho internacional» y, «por tanto, no es negociable».

«Habría que cambiar la Constitución, cosa a la que yo me opondría, para reconocer algo que no reconoce ningún país serio del mundo, que se pueda trocear el país con autodeterminaciones que acaben con la unidad o el derecho de todos los españoles a decidir su futuro», ha añadido.

En cuanto a la segunda condición, González ha señalado que «el Gobierno de la Nación no puede» y él cree que tampoco quiere, «interferir en el funcionamiento de la justicia porque cree en la independencia del poder judicial y nuestra Constitución es garantista».

En este sentido, ha subrayado que él prefiere «con mucho la independencia del poder judicial de la democracia española que el tipo de poder judicial que ellos (los independentistas) previeron los 6 y 7 de septiembre (de 2017) en las leyes de desconexión, en las que Puigdemont nombraba directamente al Tribunal Supremo». «Esto no pasa en España, no pasará y ojalá que a nadie se le ocurra que es mejor sistema que el que tenemos», ha zanjado.

Denuncia la crispación

González también ha criticado el papel que está ejerciendo la oposición de PP y Ciudadanos frente a la gestión del Gobierno del diálogo con el independentismo. «Frente a eso lo que hay es crispación, descalificación, tratamiento grueso: ‘este es felón, traidor…'», ha lamentado.

«En la vida en general y en la política en particular todo lo exagerado es ridículo y aquí estamos superando los límites del circo y entrando en un aquelarre que España no se merece. Creemos en una España de ciudadanos, no en un enfrentamiento de nacionalismos irredentos. Son los ciudadanos los que van a decidir el futuro del país y hay que respetar las instituciones fortaleciéndolas, llevando el diálogo y el debate necesario a las instituciones», ha concluido.