Por primera vez en la Historia, un país ha atacado a todos los demás al mismo tiempo, con una maniobra audaz.

China cometió ese crimen horrible adoptando una serie de medidas, en diciembre de 2019 y enero de 2020, para esparcir deliberadamente el covid-19 más allá de sus fronteras.

La comunidad internacional debe imponer severos costes al régimen chino por mor de la disuasión, entre otras razones. ¿Por qué? Porque China ha cometido el crimen del siglo y puede perfectamente planear una nueva monstruosidad.

Hay indicios extremadamente perturbadores de que el Ejército Popular de Liberación del Partido Comunista chino diseñó el SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus causante de la enfermedad, o bien almacenó el patógeno en un laboratorio, muy probablemente en el Instituto Virológico de Wuhan, que ha albergado más de 1.500 cepas de coronavirus, realizado peligrosos experimentos de ganancia de función, no ha cumplido los protocolos de seguridad y se encuentra a sólo unos kilómetros del primer caso conocido de covid-19.

Por lo demás, ese primer caso no tenía vinculación con el mercado de pescado de Wuhan. Quienes creen en la teoría de la transmisión zoonótica apuntan, precisamente, a dicho mercado como foco transmisor.

El origen del coronavirus está por determinarse. El pasado 26 de mayo, el presidente Joe Biden ordenó a la comunidad de inteligencia que tuviera listo en tres meses un informe sobre la cuestión.

No obstante, los norteamericanos no necesitan seguir esperando para determinar la culpabilidad de Pekín. Aun cuando el coronavirus no fuera en un principio un arma biológica, el mundo ya dispone de la suficiente información como para concluir que el régimen chino lo convirtió precisamente en eso.

Fue el 20 de enero del año pasado cuando Pekín admitió que el covid-19 era transmisible entre humanos. Pero en Wuhan había médicos que sabían con seguridad que se estaban produciendo contagios a un elevado ritmo ya en la segunda semana de diciembre. Así que Pekín lo sabía o tuvo que saberlo unos pocos días más tarde.

Entonces, los dirigentes chinos emprendieron una campaña de engaño y aseguraron a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que ese tipo de transmisiones no era probable. Debido a las seguridades dadas por Pekín, la OMS emitió el 9 de enero un comunicado –y un infame tuit cinco días más tarde– en el que aventó las falsas garantías chinas.

Para empeorar las cosas, Xi Jinping presionó a varios países para que no impusieran restricciones a los vuelos procedentes de China, mientras en su propio país él confinaba lugares como Wuhan y sus alrededores. Obviamente, con esto último pensaba contener la expansión de la enfermedad. Al presionar a otros países para que no impusieran restricciones de viaje, sabía o tenía que saber que estaba esparciendo la enfermedad. Quienes salieron del gigante asiático convirtieron una epidemia que no debió salir de la China central en una pandemia global.

Claramente, Xi vio cómo el coronavirus hacía estragos en su propia sociedad. Si hubiera buscado estragar a otras sociedades para nivelar el terreno de juego, habría hecho exactamente lo que hizo. La única explicación que encaja con los hechos es que Xi esparció maliciosamente el covid-19 por el mundo.

Tras admitir que el virus era transmisible entre humanos, China trató de convencer al mundo de que la enfermedad no era grave. El 21 de enero, el día después del anuncio de Pekín sobre la capacidad de contagio del virus, los medios dijeron que la enfermedad no sería tan grave como el SARS, la epidemia de 2002-03. El SARS infectó a unas 8.400 personas y mató a unas 810. Ahora bien, para entonces los dirigentes chinos sabían que el covid-19 era mucho peor que el SARS, pues habían visto lo que la nueva enfermedad estaba causando en su propio país. Esa falsedad tuvo consecuencias: se convenció a distintos países del mundo, empezando por EEUU, de que no tomaran las precauciones necesarias.

«Los Gobiernos cuyas decisiones llevaron deliberadamente la muerte y el sufrimiento a millones de inocentes, así como a una dislocación y destrucción masiva de la economía, han de ser considerados plenamente responsables, en términos morales, legales y económicos», declaró el rabino Abraham Cooper, del Centro Simón Wiesenthal, al Instituto Gatestone.

Por desgracia, el camino para pedir cuentas a China, por lo menos en los ámbitos legal y económico, no es sencillo. Por supuesto, se han interpuesto demandas contra China por daños y perjuicios. Por ejemplo, en California, la Florida, Luisiana, Misisipí, Misuri, Nevada, Nueva York, Carolina del Norte, Pensilvania y Texas. Como ha indicado a Gatestone John Houghtaling, de Gauthier Murphy & Houghtaling, un despacho jurídico de primer nivel, hay «tres grandes obstáculos» que superar: la doctrina de la inmunidad soberana, la carga de la prueba y la recopilación de dictámenes.

El primero de ellos pone freno a las demandas desde el primer momento. En Estados Unidos, la Ley de Inmunidad Soberana de 1976 bloquea cualquier acción contra Gobiernos foráneos. Además, analistas de política exterior de toda condición se muestran en contra de acabar con la inmunidad soberana haciendo alusión a la reciprocidad y arguyendo que los funcionarios norteamericanos podrían ser sometidos a un acoso incesante si Washington retirase esa protección a otros Gobiernos.

Los partidarios de la inmunidad soberana tienen razones de peso, pero hay factores aquí que las sobrepasan. Los crímenes contra la Humanidad son tan atroces que nadie debería ser privado de buscar una compensación.

La difusión de la enfermedad por parte de Pekín constituye uno de esos crímenes. Se trató de un acto deliberado o temerario, y en cualquier caso los dirigentes chinos tenían que saber que sus acciones injustificables llevarían la muerte al mundo. Por el momento, 3.579.000 personas han muerto de covid-19, incluidos 596.000 estadounidenses. El régimen chino ha cometido un crimen de masas.

Quienes cometen crímenes de masas no merecen la protección que confiere la inmunidad soberana. Es más, en otras ocasiones se ha hecho que regímenes responsables de esa clase de barbaridades asumieran sus responsabilidades, normalmente tras negociaciones intergubernamentales. Así, Libia compensó a las familias de las víctimas de la voladura de un avión de la Pan Am sobre Lockerbie en 1988; y el pasado octubre Sudán pagó 335 millones a EEUU para su eventual distribución entre las víctimas de cuatro actos terroristas.

Por otro lado, las demandas, al menos desde un punto de vista técnico, deberían poder sortear la inmunidad soberana: el Partido Comunista de China, que controla el Gobierno central chino, no es una entidad soberana. Es sólo uno de los nueve partidos autorizados en China, así que no puede ser considerado soberano. Sagazmente, el estado de Misuri ha demandado al Partido Comunista, que se considera una organización política revolucionaria.

El Partido Comunista es rico en activos. No sólo controla el Gobierno central chino –y tiene acceso a sus activos–; es que el Ejército Popular de Liberación reporta directamente a la Comisión Central Militar del Partido, no al Estado. Lo que hace que el Ejército chino sea susceptible de potenciales embargos dictados por un tribunal.

Sea como fuere, dos congresistas de Pensilvania, uno demócrata y otro republicano, han presentado la Ley «Nunca Más» de Prevención de Brotes Internacionales, que autoriza a los familiares de las víctimas del covid-19 a demandar a cualquier país que «intencionadamente haya engañado a la comunidad internacional a cuenta del brote».

Castigar a China mediante, por ejemplo, la confiscación de activos enviaría un poderoso mensaje a Pekín de que Washington no tolerará que se mate a ciudadanos norteamericanos. Es absolutamente esencial que la Administración Biden saque de su error a los dirigentes chinos si piensan que pueden esparcir un nuevo patógeno, o lo que quiera que estén maquinando, sin pagar un elevado precio.

Recordemos lo que está en juego. En los laboratorios chinos los investigadores manejan patógenos mucho más mortíferos que el SARS-CoV-2, incluidos aquellos que podrían no afectar a los chinos pero enfermar o matar a cualquier otro individuo. La próxima enfermedad procedente de China podría hacer que la china fuera la única sociedad viable, sí. Llamémosla «asesina de civilizaciones».

En definitiva: América debe hacer que China pague.

Gordon G. Chang, autor de The Coming Collapse of China («El colapso venidero de China»), es miembro del Consejo Asesor del Instituto Gatestone.