Opinión
Ibercaja ya no es una caja de ahorros
Mi condición de miembro de la Real y Excelentísima Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, entidad fundadora de la antigua Caja de Ahorros de Zaragoza, posteriormente de Zaragoza, Aragón y Rioja, me obligan a criticar públicamente la deriva actual de la entidad, que ya no es una caja, sino un banco.
Un banco depredador más, y sino juzguen ustedes mismos.
Nada más transformarse la caja en banco, sus usuarios, ahora clientes, empezamos a ser machacados a comisiones.
Además de enviarnos una carta hace ya años, e ignoro si todavía era caja o ya era banco, en la que se nos decía que nuestro dinero no valía nada, vamos que no devengaría interés alguno, con lo cual lo mismo te daba tener cien euros en la cuenta que mil o cincuenta mil.
He tenido que prescindir de recibir correo de la entidad, por los elevados gastos que me cobraban por su envío, por no hablar de que a partir de un determinado número de “apuntes”, empiezan a “facturarte” por ellos, con lo cual cuantos más movimientos tienes, más te cobran.
¡Y luego te dicen que trabajes más con ellos, o que no tengas cuentas en otros bancos, cuándo a mayores movimientos, más gastos te generan! Una auténtica contradicción en sus términos, por lo menos en mi opinión.
Por no hablar de que he pasado de ser cliente a medio cliente, y no me refiero a la escasa importancia de mis depósitos y movimientos, que también, sino al hecho de que la oficina de la que soy usuario no tiene el servicio de caja…, sino solo cajeros automáticos, puestos además en plena calle, para favorecer los robos o, por lo menos los sustos, que me pone cualquiera un dedo en la espalda, y le doy hasta la camisa (antes estaban cerrados, disponían de un teléfono para emergencias, etc., todo lo cual te daba una cierta seguridad, pero por lo visto eso al “banco” ya no le importa nada).
Es decir que si tengo que hacer alguna operación de caja, debo desplazarme a medio kilómetro, más o menos, a otra sucursal donde sí hay caja. ¡Más o menos como si en un bar no hubiera cafetera, y cuándo pides un café te dijeran que tenías que ir a otro bar, de la misma empresa, pero a quinientos metros! Acojonante.
Pero lo que ya ha sido la gota que ha rebosado el vaso de mi indignación ha sido lo siguiente, y juzguen ustedes mismos:
Una compañía de seguros pasa al cobro el seguro del coche, que ascendía a unos cuatrocientos euros, más o menos.
Como en la cuenta había unos trescientos euros, pues habían cargado varios pagos domiciliados con anterioridad (con el sistema de pagos domiciliados nuestro dinero no es nuestro, sino de los acreedores), Ibercaja lo paga, faltaría más, entre otras razones –supongo-, porque tenía un plan de ahorros contratado con ellos y, por supuesto, no se molestan en llamarme o enviarme una carta diciendo que tengo números rojos. Les supone un considerable esfuerzo, y por lo visto están muy ocupados.
Simplemente, me cargan una comisión de 35 euros, es decir un 30% de la cantidad “prestada”, por haber incurrido en una mora durante cuatro o cinco días, que tarde en enterarme de que mi cuenta estaba en números rojos, precisamente cuando fui al cajero a pedir un extracto, o puse la libreta al día, no lo recuerdo con certeza.
Rápidamente ordené una transferencia desde el plan de ahorros, y aquí paz y después gloria. Si, paz y gloria, pero con 35 euros menos en mi cuenta.
¿A ustedes les parece lógica, y sobre todo justa, esta situación, con un usuario que lleva más de cuarenta años de cliente, que se dice pronto.
Tras hablar con la interventora, subdirectora o lo que sea, que atienda en la “segunda” oficina, es decir la que si tiene servicio de caja, me dice que como no tengo nómina o pensión domiciliada, dando a entender que no tienen por qué darme un trato especial. Claro, es que da la “casualidad” de que yo no estoy jubilado –aunque no me importaría-, ni trabajo por cuenta ajena, pero supongo que ya deben de saberlo.
No contento con estas “explicaciones”, he formulado la reclamación correspondiente al servicio de atención al cliente, que obviamente la ha desestimado. (Ellos tienen la sartén y el mango: ellos se lo guisan y ellos se lo comen).
Alegan, en síntesis, que estoy dado de alta en el servicio de banco electrónica, o como se diga, pero lo cierto es que nunca l he utilizado, ni siquiera he accedido a mi cuenta, como supongo podrán verificar, básicamente porque no me fío de la banca electrónica, y cada día menos. Prefiero ir a una sucursal física, aunque sea como “medio cliente” ser atendido por un empleado, etc. (Si me gustara la banca electrónica ya sería cliente de alguno de los bancos que funcionan por ese sistema, y además pagan intereses por los depósitos, no cobran gastos o comisión alguna, como Ibercaja, etc.).
En breve reclamaré ante el Servicio de Reclamaciones del Banco de España, en la total seguridad de que no me van a hacer ni puto caso, pues son más de lo mismo: un comedero de gente que realmente no prestan servicio alguno a la sociedad, pues siempre dan la razón a los bancos.
Y seguidamente acudiré al juzgado. No es por los 35 euros, que como ustedes comprenderán no me van a solucionar ningún problema. Es, simplemente, por mi dignidad personal, pues si uno no se hace respetar, difícilmente te va a respetar nadie.
Recientemente la Audiencia Provincial de Álava, entre otras, ha sentenciado que Abanca no puede cobrar 35 euros por “números rojos”, por entender que: “…la cláusula (que establece esa comisión en los contratos de préstamo y cuenta corriente) infringe para empezar los arts. 85.3 del TRLDCU –cláusulas cuya interpretación queda a la libre voluntad del empresario-, art. 86 –pues con su imposición se priva al consumidor del derecho a conocer el medio de reclamación concreta que se va a emplear y por el que se le van a cargar 25 euros en la cuenta, cada cuanto se le carga y cuánto, es decir, cuántos días tiene para regularizar la situación o atender a la reclamación-, art. 87.5 –pues constituye base para cobrar por unos servicios que no se prestan, etc.”.
No creo que los fundadores de la Institución estuvieran muy satisfechos con esta forma de actuar, muy próxima a la rapiña, y tampoco con que se trate literalmente a patadas a clientes de toda la vida.
En fin, siento mucho lo sucedido, y solo espero a que salga pronto la orden ministerial que permitirá la portabilidad automáticamente –esperemos- de todos los pagos y cobros a otro banco, como sucede con los teléfonos móviles, por ejemplo, para mandarles a hacer puñetas.
¡Que yo no tengo la culpa de que se hayan fusionado con varias cajas en quiebra, o que los directivos de la CAI, Caja de Ahorros de la Inmaculada, se pusieran las botas administrando el dinero ajeno, por mucho que el Tribunal Supremo diga que no cometieron delito de estafa!
No tenemos por qué pagar justos por pecadores, los administradores desleales, las jubilaciones anticipadas, los expedientes de regulación de empleo, el cierre de oficinas, etc., en la búsqueda desesperada de nuevos clientes, mientras se desprecia y maltrata a los de toda la vida. Allá ellos.
*Abogado y escritor. Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.
Economía
Ataques en la sombra: la parálisis de infraestructuras clave pone a prueba la resiliencia tecnológica nacional
La digitalización de servicios esenciales ha abierto un nuevo frente de batalla, silencioso y letal, donde actores estatales y grupos híbridos socavan la soberanía sin disparar un solo tiro. La respuesta de Occidente determinará su supervivencia en el siglo XXI.
La guerra ya no estalla solo en los campos de batalla. Hoy, sus detonaciones resuenan en el silencio de los servidores, en la parálisis de un hospital o en el apagón de una ciudad. Las infraestructuras críticas, ese entramado invisible que sostiene nuestra civilización —la energía, el agua, el transporte, la sanidad— se han convertido en el nuevo campo de honor de una confrontación que no distingue entre tiempos de paz y de conflicto. Lo que antaño pertenecía al ámbito de la ficción distópica es hoy una posibilidad tangible, una espada de Damocles que pende sobre nuestras sociedades hiperconectadas, exponiendo una vulnerabilidad que hemos ignorado durante demasiado tiempo1.
La dependencia tecnológica ha sido el gran motor del progreso, pero también el talón de Aquiles de la seguridad nacional. A diario, realizamos acciones que damos por sentadas: encendemos una luz, buscamos una ruta en un mapa, pagamos con una tarjeta o acudimos a un hospital. Todas ellas dependen de un complejo ecosistema digital que, a diferencia de las fortificaciones de antaño, no tiene murallas visibles ni guarniciones permanentes. Esta interconexión, que nos ha traído una eficiencia sin precedentes, nos ha vuelto exponencialmente más frágiles. Un solo punto de falla, una sola vulnerabilidad explotada, puede desencadenar una reacción en cadena que colapse redes de distribución eléctrica, paralice servicios hospitalarios esenciales o interrumpa cadenas de suministro vitales, erosionando hasta los cimientos la confianza pública en las instituciones2.
La mecánica del sabotaje digital: de la vulnerabilidad al colapso
La imagen del hacker solitario en un sórdido cuarto pertenece a una era pasada. El adversario actual es otro. Se trata de los Grupos Persistentes Avanzados (APT), orquestadas por servicios de inteligencia de estados hostiles o por grupos híbridos que operan con su beneplácito3. Su objetivo ya no es el robo de datos, sino la interrupción de servicios esenciales, la manipulación de sistemas de control industrial o la desestabilización institucional. Es un acto de sabotaje puro, diseñado para causar el máximo caos y minar la voluntad de una nación desde dentro.
Los datos en España son escalofriantes y constituyen la mejor prueba de esta realidad. En 2024, los ciberincidentes que afectan a infraestructuras críticas se duplicaron, pasando de 81 a 160 sucesos contra servicios esenciales5. Una cifra que corrobora el aumento del 43% detectado por firmas de ciberseguridad como Cipher en sus operaciones con operadores esenciales9. El sector energético ha sido uno de los más castigados, concentrando el 9% de los incidentes, con un claro repunte de los ataques de tipo ransomware2. Las administraciones públicas tampoco se han salvado, sufriendo un incremento del 190% en los ataques durante los primeros meses de 20244.
Estos ataques no son espontáneos. Comparten patrones comunes: la explotación de vulnerabilidades conocidas pero sin parchear, el uso de credenciales comprometidas obtenidas mediante phishing y una motivación que mezcla lo económico con lo ideológico y, sobre todo, lo geopolítico. La situación internacional influye de forma directa en el incremento de estos incidentes, como consecuencia de las tensiones entre potencias2. De hecho, el informe del Ministerio del Interior cita al grupo prorruso Noname057, responsable de más de 500 oleadas de ciberataques contra España desde 2022 en venganza por el apoyo a Ucrania5. Ucrania, desde 2014, ha sido el campo de pruebas más trágico de esta nueva forma de agresión, con su red eléctrica, sus medios de comunicación y su administración siendo blancos recurrentes de grupos vinculados al Kremlin3.
La guerra híbrida: cuando el frente está en todas partes y en ninguna
Lo que estamos presenciando es la materialización de la llamada «guerra híbrida». Un concepto que ha ganado peso específico desde la anexión de Crimea y que se refiere a un modo de enfrentamiento que combina métodos convencionales —diplomáticos, económicos— con tácticas no convencionales como los ciberataques, la desinformación o el sabotaje digital. Lo híbrido aquí no es un adorno conceptual; es la señal de una nueva forma de conflicto donde el frente está en todas partes y en ninguna, y donde los umbrales formales del conflicto armado nunca se cruzan, permitiendo a los agresores operar con una impunidad casi total3.
En este escenario, el sector privado, que gestiona gran parte de estas infraestructuras, se encuentra en una posición imposible. Aunque la inversión empresarial en prevención y capacidades defensivas es esencial, el sector privado por sí solo es incapaz de disuadir, prevenir o protegerse a sí mismo de los efectos destructivos de los ciberataques patrocinados por estados. La velocidad de innovación tecnológica supera con creces la capacidad de adaptación institucional, y la falta de profesionales especializados en ciberseguridad se ha convertido en un problema global que nos afecta a todos por igual. La expansión de estos ataques refleja, en última instancia, hasta qué punto nuestras sociedades modernas dependen de sistemas digitales interconectados y lo mal preparados que estamos para defenderlos4.
Los sectores más afectados son aquellos cuya interrupción causa un daño social y económico más inmediato. El 80% de los incidentes graves registrados en 2024 se han concentrado en cuatro sectores esenciales: energía, transporte, tecnologías de la información y finanzas7. A nivel corporativo, el 62% de los ciberataques en España se concentra en sectores críticos como el tecnológico, financiero y público, lo que pone de manifiesto la vulnerabilidad de las infraestructuras de información y redes en general4. Un ataque a un eslabón de la cadena logística puede generar efectos en cascada, afectando la producción, interrumpiendo el transporte, provocando roturas de stock y causando disrupciones financieras masivas10.
Los pilares de la resiliencia: más allá de la tecnología
Frente a esta amenaza existencial, la inacción no es una opción viable. La respuesta debe ser tan multifacética como el propio ataque, y debe apoyarse en varios pilares estratégicos. El primero es, evidentemente, tecnológico. Las empresas están empezando a adoptar arquitecturas «Zero Trust» («Nunca confiar, siempre verificar»), segmentación de redes OT/IT y monitoreo continuo mediante tecnologías avanzadas como la XDR (detección y respuesta extendida) y la inteligencia de amenazas. La inteligencia artificial, por su parte, se está incorporando tanto en herramientas defensivas como ofensivas, aumentando la complejidad del escenario y exigiendo una constante innovación6.
Pero la tecnología por sí sola es insuficiente. El segundo pilar es la organización. Los simulacros de respuesta ante incidentes, como el realizado en 2022 con la participación de más de 800 expertos de 29 países, han demostrado que, aunque los equipos técnicos actúan con solvencia, se evidencia una lentitud preocupante en la toma de decisiones políticas y una falta de protocolos compartidos en las fases críticas. La brecha no siempre es tecnológica; muchas veces es puramente organizativa y burocrática. Es imperativo desarrollar marcos regulatorios unificados que aborden las particularidades de los entornos híbridos de TI y OT, y establecer directrices claras para su protección8.
El tercer pilar, y quizás el más descuidado, es el humano. Es axiomático que la seguridad solo puede ser tan fuerte como el eslabón más débil de la cadena, y ese eslabón suele ser una persona. La inversión en educación y concienciación en ciberseguridad para todos los niveles de la sociedad, desde el operador de una central hasta el ciudadano común, es crucial para construir una cultura de seguridad verdaderamente resiliente. La protección del dato, la integridad de las comunicaciones y, sobre todo, el control soberano de las tecnologías que sustentan estos servicios esenciales se han convertido en requisitos estratégicos no negociables.
Conclusión: la soberanía en la era digital
La ciberseguridad ha dejado de ser una cuestión técnica para convertirse en el pilar fundamental de la seguridad nacional y la soberanía del siglo XXI. La capacidad de un Estado para proteger sus infraestructuras críticas determinará su capacidad para sobrevivir y prosperar en un mundo cada vez más hostil y competitivo. La digitalización avanza a paso ligero, y con ella, la complejidad de los conflictos híbridos. Proteger nuestros sistemas esenciales no es una opción, es una prioridad estratégica existencial10.
La solución pasa por una colaboración internacional sin fisuras, por una innovación tecnológica constante y por un compromiso inquebrantable con la seguridad que emane de las más altas instancias gubernamentales. Se necesita un tratado cibernético global que establezca las reglas del juego y proteja las infraestructuras críticas, igual que los convenios de Ginebra protegen a los civiles en los conflictos armados. Mientras tanto, cada país debe fortalecer sus propias defensas, invirtiendo no solo en firewalls y antivirus, sino en personas, en protocolos y en la resiliencia de su tejido social y productivo. La guerra silenciosa ya está aquí. La única pregunta es si estaremos a la altura del desafío cuando las luces, por un instante, dejen de brillar.
Fuentes Consultadas
| Fuente | País | Enfoque Principal |
|---|---|---|
| CCN-CERT | Centro Criptológico Nacional | 🇪🇸 España | Informes y análisis sobre el estado de la ciberseguridad nacional. |
| Bitlife Media | 🇪🇸 España | Análisis del aumento del 43% de ataques a infraestructuras críticas en 2024. |
| Ministerio del Interior | 🇪🇸 España | Informe sobre la cibercriminalidad en España 2024, con tipología y sector de los incidentes. |
| PTE Disruptive | 🇪🇸 España | Informe de situación 2024, destaca el 190% de aumento de ataques al sector público. |
| EL PAÍS | 🇪🇸 España | Noticia sobre la duplicación de ciberincidentes (160 en 2024) y la acción del grupo Noname057. |
| PTE Disruptive | 🇪🇸 España | Informe de situación 2025, menciona los más de 97.000 incidentes gestionados por INCIBE. |
| Hoya Aragón | 🇪🇸 España | Reportaje sobre el aumento de ataques y la concentración del 80% en cuatro sectores clave. |
| CCN-CERT | Informe de Ciberamenazas | 🇪🇸 España | Informe de Ciberamenazas y Tendencias 2024, análisis estratégico de la interconectividad. |
| CyberSecurity News | 🇪🇸 España | Artículo sobre el informe de Cipher, confirmando el 43% de aumento y el foco en el sector energético. |
| Computing | 🇪🇸 España | Análisis sobre la vulnerabilidad de las infraestructuras y el aumento del 15% de incidentes en 2024. |
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