El vicepresidente del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, cree que el juez actuó de forma “arbitraria e injustificada” en el caso Dina al pedir al Tribunal Supremo que lo investigue por tres delitos por supuestamente denunciar de manera falsa un complot de las cloacas del Estado dirigidas por el Gobierno del PP para filtrar datos sobre él y su partido, además de por quedarse con la tarjeta del teléfono móvil de su asesora y supuestamente destruirla.

En un recurso presentado ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso La Vanguardia, Iglesias niega todos los extremos. Además, cree que el juez Manuel García-Castellón ha cerrado en falso la investigación por la pieza Dina y mantiene que fue el excomisario de Policía José Manuel Villarejo quien se hizo con una copia de la tarjeta de su asesora Dina Bousselham y se la dio a Ok Diario para su publicación en julio de 2016.

Según defiende Iglesias, la versión de que fue Villarejo, y que cuadra con su tesis denunciada, es la más plausible hasta ahora y recuerda al instructor que hace unas semanas la propia Sala de lo Penal le obligó a mantener al líder de Podemos su condición de perjudicado en la causa precisamente ante los indicios de que eso fue precisamente lo que ocurrió.

Es más le reprocha que ni siquiera haya indagado en lo declarado por Villarejo, quien aseguró que cuando recibió los chat internos de Podemos que guardaba Bousselham en su teléfono entregó una copia a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, que en ese momento dirigía Eugenio Pino.

Por eso, en un escrito sostiene que el juez ha incumplido el mandato de su superior jerárquico porque al enviar una exposición razonada contra él al Tribunal Supremo lo que ha hecho ha sido desobedecer y retirarle de nuevo la condición de perjudicado.

“Un auto absolutamente infundado”

Por eso, Iglesias acude de nuevo a este tribunal para que tumbe la actuación de García-Castellón y le ordene reabrir la causa para que determine que fue Villarejo quien estuvo detrás de aquellas publicaciones. La tesis del juez que rechaza Iglesias categóricamente es que fue la propia Bousselham quien filtró el chat interno de Podemos porque ésta había realizado pantallazos de las conversaciones.

El actual vicepresidente del Gobierno considera, por un lado, que las conclusiones a las que llega el juez son erróneas pero además le acusa de investigar unos hechos por los que no era competente. En la misma línea que mantiene la Fiscalía Anticorrupción, Iglesias sostiene que el juez tendría que haber enviado la causa a los juzgados ordinarios para que se dilucidara si tanto él como miembros del servicios jurídico de Podemos, contra quienes ha pedido al Supremo que actúe, hicieron algo de lo que él dice.

“En el auto que se recurre, de forma absolutamente infundada y carente de nuevos elementos fácticos, se plantea la elevación de la exposición razonada que articula, sin que hayan sido acreditadas las suposiciones del juez instructor. Y a la vez se plantean determinados elementos respecto a los que incluso el mismo instructor se ha referido de forma contradictoria o incluso ha negado recientemente”, recoge el documento.

Un testigo con “enemistad manifiesta”

La defensa de Iglesias apunta que el juez se ha basado en la declaración de un exabogado de la formación´, José Manuel Calvente, para actuar contra él. “A juicio de esta parte es evidente que la ausencia de elemento indiciario alguno o las contradicciones evidenciadas en la instrucción no pueden soslayarse por las meras declaraciones de un testigo con enemistad manifiesta respecto de quienes ahora se obvia su condición de víctimas o perjudicados, con reclamaciones pendientes por cientos de miles de euros contra la organización de la que forman parte las personas respecto a las cuales se eleva exposición razonada, con conflictos con casi todas las personas señaladas en la citada exposición razonada incluso con respecto a alguna de ellas con procedimientos penales pendientes”, advierte.

Por tanto, al igual que mantiene la Fiscalía en otro recurso planteado contra la decisión del juez, no puede haber denuncia falsa cuando Iglesias denunció que había sido víctima de las cloacas del Estado porque, a su juicio, la hipótesis de que fue Villarejo quien consiguió la tarjeta de Bousselhan tras el robo de su teléfono es la más acertada.

Respecto del delito de encubrimiento o revelación de secretos porque, según el juez, Iglesias se habría quedado durante meses el original de aquella tarjeta después de recibirla de manos de unos periodistas, dice que no existe delito desde el momento que la supuesta víctima, Bousselham, no se siente perjudicada.

Y por último, de la acusación de que pasado un tiempo le entregó la tarjeta a su dueña destruida, recuerda que hay informes policiales que desacreditan tales extremos. “El dispositivo estaba físicamente intacto, no presentaba cortocircuitos”, se dice en uno de los cumentos que consta en la causa.