Así de catastrófico resulta el panorama que dibuja ‘Las pensiones en España’, el informe a veinte manos (las de dos diez economistas de reconocido prestigio y diferente extracción ideológica) impulsado por el Consejo General de Economistas de España para agitar el debate sobre el futuro de las pensiones en España.

En ausencia de reformas esto es lo que le espera al sistema público de pensiones español: su déficit actual se multiplicará por cuatro, el gasto público necesario para atender sus necesidades se elevará del 12,6% al 33,1% del PIB, el porcentaje de gasto público que podrá destinarse a otras políticas sociales pasará de suponer el 68% del presupuesto al 28%, será necesario generar 250.000 nuevos empleos cada año para equilibrar el sistema, la presión fiscal ascenderá hasta niveles escandinavos y lo más probable es que las rentas de los pensionistas superen la de los trabajadores en activo.

No todos lo ven así de negro, e incluso algunos consideran que se puede garantizar la viabilidad del sistema sin un gran revolución, simplemente introduciendo algunos ajustes en los lugares adecuados, pero todos coinciden en un punto: se actúe como se actúe, bien replanteando la naturaleza del sistema de reparto hacia otro de capitalización o bien manteniendo el sistema con ajustes por el lado del gasto o del ingreso, lo que será inevitable es que los impuestos pasen a formar parte de las fuentes de financiación del sistema de pensiones de forma permanente.

Para algunos de los autores, como Nacho Álvarez (actual secretario de Economía de Podemos) o Josep González Calvet (economista de cabecera de UGT y CCOO, y de las Mareas) O Ignacio Zubiri (Hacendista de la Universidad del País Vasco), los impuestos son la solución a la actual situación de insuficiencia financiera del sistema y pueden garantizar su estabilidad a medio plazo; para otros como José Ignacio Conde Ruiz (miembro de la Comisión de Reforma de las Pensiones), Montserrat Guillén o Sergi Jiménez, más inclinados a la reforma estructural del sistema, no son más que un elemento adicional, insuficiente por sí solo para garantizar el sistema, pero necesario para apuntalarlo.

El camino ya se ha iniciado. El ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya anunció que utilizaría el nuevo impuesto sobre las grandes tecnológicas para financiar la subida extra de las pensiones forzada por el acuerdo presupuestario con el PNV y el actual Gobierno ha doblado la apuesta deslizando que añadirá a esa bolsa de impuestos la tasa sobre transacciones financieras.

Los economistas parecen tener claro que los ingresos por cotizaciones no serán suficientes para sostener el peso de la demografía y, como es normal, recurren a las cifras. Bajo la premisa de que son necesarios 2,4 ocupados por pensionista para garantizar el equilibrio del sistema, pagar la pensión a los seis millones de nuevos pensionistas que se esperan hasta 2050 el número de ocupados de la economía española debería duplicarse, de los 18 millones actuales a 35 millones. De otro modo, el pleno empleo se quedaría corto, habría que importar mano de obra.

10.000 millones en cotizaciones se han quedado por el camino

El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, no se cree esas cuentas. «No puedo creer cálculos basados en supuestas estimaciones que proyectan a 30 años lo que sucedió los últimos siete». Y también añade otra perspectiva. El secretario de Estado reveló este miércoles que los ingresos por cotizaciones sobre el PIB cayeron cerca de un punto durante la crisis, mientras que en el resto de países europeos este índice se mantuvo. «De haberse mantenido ese rango de ingresos», señaló, «el déficit de la Seguridad Social se reduciría a la mitad».

Granado entiende que hay medidas de gestión que pueden contribuir, y mucho, a estabilizar las cuentas de la Seguridad Social y a desmontar las proyecciones de los economistas. «Nuestro trabajo es garantizar el futuro de las pensiones durante los próximos diez años. Así se ha hecho siempre en el sistema de la Seguridad Social y así se tendrá que hacer de nuevo dentro de diez años», reflexionó.

El futuro de las pensiones, lejos del Pacto de Toledo

El coordinador del estudio, el economista Guillem López Casasnovas, abogó por arrebatar de las ‘garras’ de la política la llave del futuro de las pensiones. «La magnitud del problema es tan grande que dejarlo en manos del Pacto de Toledo es demasiado atrevido».

Horas antes de que los portavoces del Pacto de Toledo salieran en tromba para anunciar que habían alcanzado un acuerdo para recomendar que las pensiones se revaloricen con carácter general con el IPC – aunque abriendo la puerta a futuras modulaciones de ese esquema -, es decir, básicamente la misma recomendación que se pactó hace siete años, en 2011, López Casasnovas señaló que una comisión parlamentaria, con su entramado de tacticismos políticos encontrados, no era el lugar más adecuado para determinar las medidas a adoptar para ‘salvar’ las pensiones públicas.

Su opinión, respaldada por el presidente de los economistas españoles, Valentí Pich, es que debe ser un organismo autónomo, como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el que se encargue de analizar la realidad del sistema de pensiones y plantear al Gobierno las medidas a tomar para salir del atolladero.