Los fiscales del Tribunal Supremo que llevaron la acusación en la causa del «procés» han advertido este miércoles de que las declaraciones del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, aludiendo a la subordinación de la Fiscalía a los designios del Ejecutivo, ponen en peligro la entrega de Carles Puigdemont y de los exconsejeros huidos. En una entrevista en RNE, Sánchez ha vinculado la actuación de la Fiscalía respecto a los procesados rebeldes a las directrices de su Gobierno, y en su afán por captar votos «in extremis» a tres días de las elecciones, no ha dudado en pasar por alto la autonomía que rige la actuación del Ministerio Fiscal.

En un momento de la entrevista, el jefe del Ejecutivo ha señalado que el Gobierno está haciendo lo posible para la extradición y está suministrando a la justicia belga toda la información necesaria para que sea efectiva la euroorden contra el expresidente huido. Y como prueba de que el Gobierno está actuando, ha lanzado una pregunta retórica: «¿De quién depende la Fiscalía? ¿De quién?». El entrevistador le responde: «Del Gobierno». A lo que Sánchez zanja: «Pues ya está».

Los fiscales del «procés» han calificado las palabras de Sánchez de «muy graves» por cuanto no sólo cuestionan la autonomía funcional del Ministerio Público, sino también su imparcialidad, algo que ha estado fuera de toda duda desde el minuto uno, cuando hace ahora dos años el hoy fallecido José Manuel Maza interpuso la querella por rebelión contra los líderes del «procés». Desde entonces, los cuatro fiscales de sala (máxima categoría de la carrera) han mantenido siempre la acusación por este delito ajenos a cualquier tipo de presión.

Tampoco han recibido jamás, aseguran, indicación alguna por parte de la fiscal general del Estado, María José Segarra, para modificar un ápice su posición en este sentido. La única prueba de dependencia jerárquica del Gobierno fue la modificación de la calificación de los hechos que el Ejecutivo obligó a hacer a última hora a la Abogacía del Estado (sedición por rebelión), y que se saldó con la expulsión de la causa de Edmundo Bal, hoy en la lista de Ciudadanos.

A juicio de los representantes del Ministerio Público en el Supremo, la declaración de Sánchez puede poner en peligro la entrega de los procesados en rebeldía, pues fuera de nuestras fronteras pueden entender que la actuación de la justicia está contaminada por el Ejecutivo y que este procedimiento no es más que una persecución política. Para los fiscales, las palabras de Sánchez son «absolutamente irresponsables».

Estrategia de endurecer el discurso

Algo de esto hay, porque la intromisión del presidente en funciones ha supuesto un balón de oxígeno para el propio Puigdemont. «Más que ganar las elecciones lo que realmente quiere es que le fichemos para la defensa», se ha jactado Gonzalo Boye, abogado del prófugo.

No es la primera vez que Sánchez ha vinculado la reclamación de Puigdemont a la actuación del Ejecutivo. Lo hizo en el debate de los candidatos a la Presidencia del Gobierno del pasado lunes, cuando, tras no ser capaz de responder a Pablo Casado respecto a si estaba dispuesto a pactar con los independentistas, prefirió atacar al PP recordando que Puigdemont se fugó durante su mandato. Y en esa estrategia por endurecer su discurso perdió el control: «Yo me comprometo, hoy y aquí, a traerlo [a Puigdemont] de vuelta a España y que rinda cuentas delante de la Justicia».

No pasó desapercibida esa afirmación para el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que se preguntó cómo iba a hacer tal cosa un presidente del Gobierno. Hoy, en RNE, el entrevistador cogió el capote de las supuestas gestiones de Moncloa para la entrega del expresidente huido.

Durante la mañana un largo silencio se ha apoderado de las filas socialistas con esta polémica de fondo, mientras se sucedían las protestas e «indignación» de las diferentes asociaciones de fiscales que defendían su autonomía funcional y acusaban a Sánchez de su «profundo desconocimiento» de las funciones conferidas al Ministerio Público. Manifestaciones como estas «generan en la ciudadanía una confusión inaceptable», ha señalado la mayoritaria Asociación de Fiscales.

Rectificación por Twitter

Sánchez, por su parte, tenía previsto un acto electoral en Córdoba en el que ha optado por no referirse al asunto. Sí lo ha tenido que hacer la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, con unas palabras que no han resuelto la polémica: «Nada tiene que ver la separación de poderes con el Ministerio Fiscal, que es un órgano que está encuadrado en el ámbito del poder judicial pero no es poder judicial». Calvo ha defendido que como órgano nombrado por el Ejecutivo (lo es el fiscal general) tiene un «vínculo importante» con las decisiones de política criminal del Gobierno como «en todas las democracias del mundo».

Pasadas casi cinco horas, el presidente del Gobierno ha tratado de rectificar vía Twitter: «Nadie está por encima de la ley. Puigdemont es un prófugo de la Justicia. Trabajaremos para que el sistema judicial español, con todas sus garantías, pueda juzgarlo con imparcialidad. La Fiscalía cuenta con el respaldo del Gobierno en la defensa de la Ley y del interés general».