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Tribunales

La Fiscalía advierte de que Pedro Sánchez pone en riesgo la entrega de Puigdemont a España

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El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y la número uno al Congreso por Barcelona, Laura Borràs (d), hacen declaraciones tras reunirse en Waterloo
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Los fiscales del Tribunal Supremo que llevaron la acusación en la causa del «procés» han advertido este miércoles de que las declaraciones del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, aludiendo a la subordinación de la Fiscalía a los designios del Ejecutivo, ponen en peligro la entrega de Carles Puigdemont y de los exconsejeros huidos. En una entrevista en RNE, Sánchez ha vinculado la actuación de la Fiscalía respecto a los procesados rebeldes a las directrices de su Gobierno, y en su afán por captar votos «in extremis» a tres días de las elecciones, no ha dudado en pasar por alto la autonomía que rige la actuación del Ministerio Fiscal.

En un momento de la entrevista, el jefe del Ejecutivo ha señalado que el Gobierno está haciendo lo posible para la extradición y está suministrando a la justicia belga toda la información necesaria para que sea efectiva la euroorden contra el expresidente huido. Y como prueba de que el Gobierno está actuando, ha lanzado una pregunta retórica: «¿De quién depende la Fiscalía? ¿De quién?». El entrevistador le responde: «Del Gobierno». A lo que Sánchez zanja: «Pues ya está».

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Los fiscales del «procés» han calificado las palabras de Sánchez de «muy graves» por cuanto no sólo cuestionan la autonomía funcional del Ministerio Público, sino también su imparcialidad, algo que ha estado fuera de toda duda desde el minuto uno, cuando hace ahora dos años el hoy fallecido José Manuel Maza interpuso la querella por rebelión contra los líderes del «procés». Desde entonces, los cuatro fiscales de sala (máxima categoría de la carrera) han mantenido siempre la acusación por este delito ajenos a cualquier tipo de presión.

Tampoco han recibido jamás, aseguran, indicación alguna por parte de la fiscal general del Estado, María José Segarra, para modificar un ápice su posición en este sentido. La única prueba de dependencia jerárquica del Gobierno fue la modificación de la calificación de los hechos que el Ejecutivo obligó a hacer a última hora a la Abogacía del Estado (sedición por rebelión), y que se saldó con la expulsión de la causa de Edmundo Bal, hoy en la lista de Ciudadanos.

A juicio de los representantes del Ministerio Público en el Supremo, la declaración de Sánchez puede poner en peligro la entrega de los procesados en rebeldía, pues fuera de nuestras fronteras pueden entender que la actuación de la justicia está contaminada por el Ejecutivo y que este procedimiento no es más que una persecución política. Para los fiscales, las palabras de Sánchez son «absolutamente irresponsables».

Estrategia de endurecer el discurso

Algo de esto hay, porque la intromisión del presidente en funciones ha supuesto un balón de oxígeno para el propio Puigdemont. «Más que ganar las elecciones lo que realmente quiere es que le fichemos para la defensa», se ha jactado Gonzalo Boye, abogado del prófugo.

No es la primera vez que Sánchez ha vinculado la reclamación de Puigdemont a la actuación del Ejecutivo. Lo hizo en el debate de los candidatos a la Presidencia del Gobierno del pasado lunes, cuando, tras no ser capaz de responder a Pablo Casado respecto a si estaba dispuesto a pactar con los independentistas, prefirió atacar al PP recordando que Puigdemont se fugó durante su mandato. Y en esa estrategia por endurecer su discurso perdió el control: «Yo me comprometo, hoy y aquí, a traerlo [a Puigdemont] de vuelta a España y que rinda cuentas delante de la Justicia».

No pasó desapercibida esa afirmación para el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que se preguntó cómo iba a hacer tal cosa un presidente del Gobierno. Hoy, en RNE, el entrevistador cogió el capote de las supuestas gestiones de Moncloa para la entrega del expresidente huido.

Durante la mañana un largo silencio se ha apoderado de las filas socialistas con esta polémica de fondo, mientras se sucedían las protestas e «indignación» de las diferentes asociaciones de fiscales que defendían su autonomía funcional y acusaban a Sánchez de su «profundo desconocimiento» de las funciones conferidas al Ministerio Público. Manifestaciones como estas «generan en la ciudadanía una confusión inaceptable», ha señalado la mayoritaria Asociación de Fiscales.

Rectificación por Twitter

Sánchez, por su parte, tenía previsto un acto electoral en Córdoba en el que ha optado por no referirse al asunto. Sí lo ha tenido que hacer la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, con unas palabras que no han resuelto la polémica: «Nada tiene que ver la separación de poderes con el Ministerio Fiscal, que es un órgano que está encuadrado en el ámbito del poder judicial pero no es poder judicial». Calvo ha defendido que como órgano nombrado por el Ejecutivo (lo es el fiscal general) tiene un «vínculo importante» con las decisiones de política criminal del Gobierno como «en todas las democracias del mundo».

Pasadas casi cinco horas, el presidente del Gobierno ha tratado de rectificar vía Twitter: «Nadie está por encima de la ley. Puigdemont es un prófugo de la Justicia. Trabajaremos para que el sistema judicial español, con todas sus garantías, pueda juzgarlo con imparcialidad. La Fiscalía cuenta con el respaldo del Gobierno en la defensa de la Ley y del interés general».


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España

Justicia de chiringuito en Cataluña: La ciudad de la justicia de Barcelona convertida en 13, Rue del Percebe

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Barcelona, Juzgado de lo Penal número 8. 29 de Octubre de 2020.

Tras la llamativa, injusta y bárbara acusación contra D. Manuel Andrino y D. Pedro Pablo Peña por parte de la «Fiscalía del Odio», citándoles en los juzgados descritos más arriba, el sainete de la justicia escribe un nuevo episodio de disparate y esperpento.

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Tras tener a dos personas inocentes esperando en el opresivo y malsano ambiente de un Juzgado Catalán durante horas, se ha suspendido el Juicio por la incomparecencia del «testigo estrella» de la Fiscalía, un «Mozo de Cuadra» (traducción libre) al parecer testigo del libre ejercicio de la libertad de expresión que estas dos personas tuvieron la osadía de intentar ejercer en los dominios de la Generalidad, esa generalidad convertida desde hace muchos años en cueva de ladrones, cubil de criminales, madriguera de golpìstas y nido de carroñeros cretinoides.

Según se ha explicado a los dos comparecientes, el mozo en cuestión se encuentra aislado por ser «semoviente conviviente» de su esposa, enferma o infectada de SARS-Covid19. Cosa que por supuesto lamentamos en grado sumo.

Que la condición de «aislado» es evidente que se conocía desde hace días y se podía haber anulado el juicio sin perjuicio de hacer viajar a dos personas a Barcelona, es una reflexión que en el enrarecido ambiente de la «cosa» catalana obviamente no se ha podido concebir, debido, sin duda, a su permanente carencia de personal resuelto e inteligente, que logre hacer sinapsis con lo que en otras personas se encuentra dentro del cráneo y que en los patanes indepes sembrados a lo largo y ancho de la administración catalana se encuentra vacío.

El hecho cierto es que ahora mismo la (in)justicia catalana reflexiona con gran esfuerzo y aplomo para atinar con el dedo en el calendario y fijar otra fecha que pueda convenir y sea aceptada por las partes.

No hace falta decir que tanto D. Manuel Andrino, Jefe Nacional de La Falange, como D. Pedro Pablo Peña, Jefe Nacional de Alianza Nacional, grandes hombres de España, patriotas, y figuras ejemplares de nuestra Patria, cuentan con la total adhesión de ALERTA NACIONAL, así como con la admiración profesional y personal que tanto Carlota Sales, corresponsal de ALERTA NACIONAL en Cataluña, como la Dirección de este diario digital, les profesan.

Y tomando como propias las palabras finales de su comunicado, afirmamos:

CAMARADAS, NO ESTÁIS SOLOS.

CON NOSOTROS, QUIEN QUIERA. CONTRA NOSOTROS, QUIEN PUEDA.

ARRIBA ESPAÑA


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Sociedad

La Justicia ratifica la condena a Pablo Echenique por la contratación irregular de su asistente

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Al haber retirado el recurso ante el Supremo, el portavoz de Unidas Podemos tendrá que pagar a la Seguridad Social una sanción de 11.040 euros

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, tendrá que pagar definitivamente 11.040 euros de sanción a la Seguridad Social por la contratación irregular de su asistente.

Echenique ha desistido del recurso de casación que presentó en el Supremo a finales de 2019 contra la sentencia dictada meses antes por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

Fuentes oficiales del Tribunal Supremo, que este martes cita Heraldo.es, han confirmado que el político ha tomado dicha decisión antes de que se hubiera dictaminado sobre la admisión o no a trámite del recurso.

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De esta forma, Echenique tendrá que hacer frente a la sanción económica que le impuso la Seguridad Social, que constató que hubo una relación laboral entre el político y el trabajador y, por tanto, incumplió la ley al no haberle dado de alta.

El expediente que se le abrió acabó con un acta de liquidación por 1.039 euros, a la que se le sumó una multa de 10.001 de la Inspección de Trabajo por considerar que cometió una infracción muy grave.

PAGOS EN NEGRO

Se confirmó que Echenique pagó “en negro” a su asistente en dos periodos, desde septiembre de 2011 hasta junio de 2012 y desde marzo de 2015 hasta abril de 2016.

La mencionada sanción se circunscribe a la segunda etapa, ya que habían transcurrido más de cuatro años desde el primer incumplimiento legal, que había prescrito.

En octubre de 2017 la Tesorería General de la Seguridad Social recurrió a los tribunales y el Juzgado de lo Social número 2 de Zaragoza le dio la razón en primera instancia en enero de 2019.

Entendía el juzgado que de haberse tratado de una prestación de servicios entre Echenique y su asistente se deberían haber emitido facturas, pero el político no aportó ninguna.

Por ello, la jueza sentenció que debería haber dado de alta a su asistente en el régimen de empleados de hogar, en el que cotizan los trabajadores que asumen el cuidado de dependientes.

El portavoz parlamentario de Unidas Podemos recurrió entonces ante el TSJA que en septiembre de 2019 desestimó todos los motivos de su impugnación.

A través de su recurso de casación ante el Supremo, el político solicitó la “unificación de doctrina”, dado que su defensa argumentó que había otra sentencia del Tribunal Superior de Madrid de distinto signo sobre un caso que entiende que es similar. Sin embargo, ahora ha desistido de continuar con el recurso.

“UNA OBVIA INJUSTICIA”

Desde el equipo de Pablo Echenique justifican su forma de proceder, argumentando que la mayor parte de las Leyes de Dependencia, la estatal y la de muchas comunidades autónomas, así como las guías de asociaciones y entidades del sector, indican que la contratación de asistentes personales de personas dependientes puede llevarse a cabo mediante la figura del autónomo. “Sin embargo, se multa a Pablo Echenique por hacer precisamente eso, incurriendo en una obvia injusticia y situando en una grave inseguridad jurídica a miles de familias con dependientes que seguramente se encuentran en la misma situación”, exponen fuentes próximas al portavoz de Unidas Podemos.

Esgrimen que sus sospechas de que “se actúa contra Pablo Echenique por ser quien es” residen en que no se ha encontrado jurisprudencia, sentencias similares previas. “Posiblemente Pablo Echenique sea la primera persona dependiente contra la que se actúa de esta manera en España. Por eso se ha decidido retirar el recurso de casación. Por no hallarse precedentes. Por supuesto, Pablo Echenique sigue estudiando las vías jurídicas posibles para revertir esta injusticia, que además de contra él, abre la puerta a causar mucho daño a las personas con dependencia y sus familias”.


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España

La Justicia, babeante y aquiescente, exculpa a Trapero y a la cúpula de Interior: Ni sedición ni desobediencia: Trapero es un patriota español

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La Audiencia Nacional ha absuelto al mayor de los MossosJosep Lluís Trapero, al considerar que no queda acreditado que diera apoyo a la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017 organizado por el Govern de la Generalitat en contra del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Las partes del juicio habían sido citadas mañana a las 9:30 en la Audiencia Nacional para que les fuera notificada la sentencia, aunque se ha conocido previamente, tal y como han confirmado fuentes jurídicas a La Vanguardia.

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La sentencia ha salido adelante con dos votos a favor y uno en contra, el de la magistrada Concepción Espejel, que ha defendido la existencia de un delito de sedición. El tribunal, con la ponencia de Ramon Sáez, no ha contemplado tan siquiera a alternativa de la desobediencia, que solo lleva aparejada una pena de inhabilitación.

Sáez siempre defendió que no se podía hacer responsable a Trapero por el referéndum del 1-O. El voto decisivo ha sido el de Francisco Vieira, quien inicialmente se inclinó por la desobediencia pero finalmente ha optado por acercarse a la tesis del ponente. Viera junto a Espejel son magistrados de corte conservador mientras que Sáez es progresista.

Voto particular por sedición

Según estas mismas fuentes, ante esta sentencia, Espejel ha formulado un voto particular en el que mantiene que Trapero ha cometido un delito de sedición, haciendo suya la tesis de la Guardia Civil, sobre todo del coronel Diego Pérez de los Cobos, quien sostuvo que los mossos actuaron pasivamente el 1-O para permitir y facilitar la votación que había sido prohibida judicialmente

La Audiencia también ha absuelto al exdirector de los Mossos, Pere Soler, al que fue segundo en Interior, César Puig, y a la intendente Teresa Laplana. El contenido íntegro de la sentencia se conocerá mañana y cuenta con un voto particular de la magistrada Concepción Espejel.

La Fiscalía solicitaba para Trapero diez años de prisión por un delito de sedición con la alternativa del delito de desobediencia, que no acarreaba pena de cárcel sino una mera inhabilitación. El Ministerio Público sostenía que los Mossos, bajo las órdenes de Trapero, colaboraron para facilitar que el 1-O se celebrara, como paso previo e indispensable para declarar la independencia de Catalunya.

El ministerio público también hacía responsable a Trapero por no frenar las concentraciones del 20 de septiembre de ese año ante varios organismos públicos, principalmente ante la Conselleria d’Economia, mientras la Guardia Civil realizaba un registro para frenar la organización del 1-O. Por estos hechos, el Tribunal Supremo condenó a diversos dirigentes políticos a penas de hasta 13 años de prisión por sedición.

El conseller de Interior del Govern, Miquel Sàmper, señaló ayer lunes en una entrevista que en caso de absolución le ofrecería al mayor que vuelva a ser un dirigente del cuerpo de la policía autonómica catalana, aunque él mismo ya había declinado esa opción. “Parto de un no, pero tengo la obligación de hablar con Soler, Puig, Laplana y Trapero”, afirmó Sàmper en Ràdio 4.


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España

¡Tiembla el Gobierno rojo! Marlaska, al borde de la imputación judicial: El Supremo estudia abrir una investigación por el cese de Pérez de los Cobos

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La querella presentada por Ramón Trillo sigue avanzando y poniendo en ‘jaque’ al Gobierno de Pedro Sánchez.

El Tribunal Supremo solicitó al Ministerio Fiscal que se pronuncie sobre si se debe o no investigar al Ministro de Interior.

Fernando Grande-Marlaska está a un paso de ser imputado, siguiendo los pasos del líder de Podemos, Pablo Iglesias.

J.A. Puglisi.- El Tribunal Supremo solicitó al Ministerio Fiscal que se pronuncie sobre si se debe o no investigar al Ministro de Interior como presunto autor de los delitos de encubrimiento y abandono de destino durante el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos.

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A favor de Grande-Marlaska está que la Fiscalía General del Estado está en manos de la exministra de Justicia de Pedro Sánchez, Dolores Delgado.

Sin embargo, en contra tiene que la querella en su contra fue presentada por Ramón Trillo, un empresario que, además, es el hijo del expresidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo.

Es importante recordar que, hace un mes, el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, preparó un informe en el que instaba al tribunal a rechazar todas las querellas que se presentasen contra el Gobierno por su gestión de la pandemia.

A pesar de que Navajas aludía a querellas presentadas contra Marlaska por el cese de Pérez de los Cobos, pero en ningún momento hace referencia a la presentada por Trillo, que por ahora sigue tramitándose, como indica Vozpópuli.

El polémico cese de Pérez de los Cobos se produjo después de que el coronel se negase a informar sobre el contenido del informe que preparaba la Guardia Civil sobre José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid, por su actuación en el 8-M.

Según Ramón Trillo, Pérez de los Cobos fue cesado por cumplir las órdenes de la jueza Carmen Rodríguez-Medel y no trasladar a sus superiores el desarrollo y las conclusiones del citado informe.

El Estado de Derecho

“Soy consciente de que nos estamos jugando algo mucho más importante que mi destitución: el mantenimiento de la separación de poderes y el Estado de Derecho en España”. Así de contundente fue Diego Pérez de los Cobos en junio de 2020.

Para defenderse de la ‘purga’ de Grande-Marlaska, Pérez de los Cobos interpuso un recurso de alzada ante el Ministerio del Interior y acudió a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

El coronel está convencido de que la investigación del 8-M llevó a su cese.

Pérez de los Cobos desveló, en el recurso de alzada ante el Ministerio del Interior contra su cese, cómo fueron sus últimas horas frente a la jefatura de la Comandancia de Madrid.

Pérez de los Cobos afirmó que recibió un ‘tsunami’ de llamadas y reuniones, además que existía una verdadera preocupación del Gobierno por el ‘caso del 8-M’.

En el recurso, el coronel denunció que el Ministerio de Interior tenía firmada su destitución antes incluso de darle la posibilidad de explicarse.

Sin embargo, el guardia civil está convencido de cuál fue el motivo de su fulminante cese: no informar a sus superiores de la investigación del 8-M que mortificaba el Gobierno.

Pérez de los Cobos detalla que, en la noche del domingo 24 de mayo, recibe la llamada de una persona que le pasa al teléfono con la directora general María Gámez.

Es María Gámez quien le informa de que es la dirección del Ministerio del Interior la que ha decidido su cese por no informar de la investigación judicial que seguían sus subordinados en torno a las manifestaciones autorizadas en Madrid antes del estado de alarma, en especial la marcha feminista del 8-M.

Como si fuera poco, el coronel adelantó que Gámez admitió que eran unas pesquisas sensibles y que interesaban al Gobierno.

Además, la directora general dio muestras tener conocimiento de los trabajos realizados por los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil. En concreto, mencionó el número concreto de folios y tomos de las pesquisas.

Es importante recordar que Pérez de los Cobos cuenta con un ‘as’ bajo la manga:

La nota de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, donde reconoció que el mando fue relevado por “no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento”.

Una situación que apunta a una violación de la separación de poderes y que podrá dar al coronel su cargo de vuelta.

Irónicamente, Gámez intentó ‘hacer borrón y cuenta nueva’ dentro de la Benemérita. El 1 de junio la directora general pidió a la nueva cúpula de la Guardia Civil “mirar hacia adelante”, tras las ‘purgas’ de Marlaska.


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