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Tribunales

La perturbada Juana Rivas vuelve a denunciar a su expareja por violencia hacia sus hijos y pide que no regresen a Italia

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Juana Rivas ha denunciado ante el Juzgado de Instrucción 3 de Granada a su expareja, el italiano Francesco Arcuri, por presuntos delitos de violencia doméstica, lesiones y amenazas hacia los dos hijos menores que tienen en común y ha solicitado la adopción de medidas urgentes para protegerlos antes de que tengan que regresar con su padre a Italia el próximo 14 de agosto.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se expone que los hechos denunciados habrían ocurrido entre el 14 de mayo y el 6 de junio y que no se encuentran judicializados ni en España ni en Italia. Los pequeños, de 13 y 5 años, se encuentran pasando el verano con su madre, que deberá devolverlos el 14 de agosto al padre, el cual tiene su custodia exclusiva.

Rivas solicita que antes de esa fecha se adopten distintas medidas cautelares que aparten al padre de los niños hasta que se investiguen los hechos denunciados, como una orden de alejamiento e incomunicación, o la suspensión de la patria potestad. «Bien sea otorgándole a ella la guardia y custodia provisional, bien a la abuela materna o, en última instancia, pasando los menores a estar bajo la tutela de la Administración».

Juana Rivas, que ha sido condenada en España a cinco años de prisión por sustracción de menores tras no entregar en 2017 a sus hijos alegando una supuesta situación de maltrato, ha vuelto así a denunciar a su expareja este verano argumentando que recibió a los niños el pasado 7 de junio con «trastornos de sueño y crisis puntuales de ansiedad».

Amenazas de muerte

Afirma que le han relatado «haber seguido sufriendo maltrato, incluidas amenazas de muerte por parte de su padre en las semanas anteriores» a ser entregados para viajar a España.

Así las cosas, la madre expone en su denuncia que «preocupada por la sintomatología que presentan sus hijos (pesadillas, insomnio y cefaleas por parte del mayor y episodios de ira y agresividad por parte del pequeño cuando escucha algo referente a Italia) acudió el 19 de junio al centro de salud de Maracena (Granada), localidad en la que reside, donde fueron atendidos y derivados a la unidad de Salud Mental.

«La situación de vulnerabilidad y riesgo para la integridad física y psicológica de los menores se ha plasmado en el informe emitido por la psicóloga coordinadora de la Unidad de Salud Mental Comunitaria de Atarfe«, según se agrega en la denuncia, en la que se pide que se dé traslado de estos hechos a Italia.

Junto a ello se solicita la urgente adopción de medidas penales y civiles de protección de los menores antes de que tengan que regresar a Italia el próximo 14 de agosto.

Rivas recurrió el pasado mayo ante el Tribunal Supremo la sentencia que la condena a cinco años de prisión y seis sin la patria potestad por sustracción de menores, después de que en verano de 2017 permaneciera un mes en paradero desconocido con sus hijos incumpliendo las resoluciones que le obligaban a entregárselos al padre. Unas días antes la Fiscalía italiana archivó por falta de pruebas las ocho denuncias que ha presentado en los últimos años por maltrato contra su expareja.

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Tribunales

Absuelven a los tuiteros que desearon la muerte al niño enfermo que quería ser torero

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El titular del Juzgado de lo Penal 2 de Valencia ha absuelto a los tres acusados juzgados el pasado lunes por escribir en redes sociales mensajes ofensivos hacia un niño enfermo de cáncer que quería ser torero, al no apreciar delito de incitación al odio, contra la integridad moral ni de injurias graves.

Aunque el magistrado califica algunas de las expresiones vertidas de “deleznables” o “repulsivas”, no aprecia en ellas un delito de incitación al odio, contra la integridad moral ni de injurias graves, contrariamente a lo que sostenían, según el caso, la Fiscalía, la acusación particular y la acción popular, que pedían penas de entre uno y tres años de prisión para los implicados.

La sentencia, que puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia, alude a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y concluye que el Código Penal no puede “convertirse en la primera respuesta ante este tipo de acciones”, según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Los mensajes fueron escritos en octubre de 2016, tras la celebración de una corrida benéfica que tenía como finalidad recaudar fondos para Adrián, que entonces tenía 8 años, y quien falleció seis meses después a causa de su enfermedad.

El juez recuerda que en este procedimiento se analizaban exclusivamente los comentarios que cada uno de los acusados hizo en Twitter o Facebook, “y no el resto de mensajes que fueron publicados en distintas redes sociales o enviados por distintas aplicaciones de mensajería, conteniendo amenazas de muerte e imágenes explícitas de armas y fallecidos”, a los que tuvo acceso el denunciante, padre de Adrián.

El magistrado considera que las frases atribuidas a los acusados, y cuya autoría asumieron ellos mismos durante el juicio, no son constitutivas de un delito contra la integridad moral, pese a “lo deleznable” que puedan resultar.

“No se estiman de entidad suficiente para considerarlas como trato degradante apto para generar el menoscabo grave a la integridad moral que exige el tipo”, señala la sentencia.

El primero de los acusados, M.O.C., se quejaba en su cuenta de Twitter del gasto “innecesario” que conllevaba la recuperación del menor, cuya vida, según decía, le importaba “dos cojones”, porque probablemente ya estaba “siendo tratado en la sanidad pública” con su dinero.

La segunda, A.E.O., en un mensaje privado de su perfil de Facebook, deseaba la muerte de “un niño enfermo que quiere curarse para matar a hervíboros inocentes y sanos que también quieren vivir”, y B.E.S.L. criticaba a los internautas que apoyaban a “un niño que prefiere matar a un animal” y le deseaba también la muerte.

El juez entiende que esas expresiones tampoco encajan en el delito de odio tipificado en el artículo 510 del Código Penal.

El niño padecía una enfermedad terminal “de la que no se puede hacer responsable a ninguno de los acusados”, por más que éstos la aprovecharan para escribir “una repulsiva frase”, hacer “un alarde macabro” y de “incontinencia escrita” o expresar “el ponzoñoso deseo de la muerte del menor”, explica el juzgador.

Finalmente, el fallo descarta la comisión de un delito de injurias graves. En el caso del tuit de M.O.C., no puede considerarse que exista un insulto a Adrián, “sino una soez manera de exteriorizar una ausencia total de empatía”.

Respecto a los comentarios y frases usados por A.E.O. y B.E.S.L., indica que “resultan ciertamente ofensivos, pero la actitud denota desafío y taxatividad grosera como ánimo predominante” y no alcanzan “la gravedad suficiente para considerar que las mismas puedan tener repercusión penal”.

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Sociedad

Morir haciendo sexo durante un viaje de negocios es “accidente laboral”, según la Justicia

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En febrero de 2013, un ingeniero francés fue enviado por su empresa a Meung-sur-Loire, una ciudad situada en el centro del país, a cerrar un negocio. Durante la noche, conoció a una mujer. Ambos mantuvieron una relación amatoria en un hotel de esa localidad, que no era el que su empresa había reservado para él.

Tras el acto sexual, el hombre, que estaba casado, sufrió un infarto y falleció. Fue entonces cuando comenzó un pleito que ha durado hasta ahora y cuya resolución ha provocado una enorme polémica. El Tribunal de Apelación de París, donde el proceso judicial llegó hace dos años, acaba de sentenciar que la muerte del empleado se produjo durante el desempeño de su trabajo y por tanto se trató de un accidente laboral.

La sentencia no se queda ahí, sino que, además, ha condenado a la compañía a pagar a la viuda engañada el 80 por 100 del salario mensual del fallecido adúltero hasta el día que hubiera alcanzado su jubilación.

La Corte gala ha desestimado los argumentos de la empresa, que insistía en que los hechos se produjeron fuera del horario laboral y que la muerte no fue imputable al trabajo, sino al propio acto sexual.

En definitiva, los magistrados consideran que en este caso, el tiempo de trabajo supone el viaje y la noche que el empleado tiene que estar fuera de casa. Y por tanto, “un encuentro sexual es un acto de la vida cotidiana igual que ducharse o comer”.

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Tribunales

Primera condena a prisión para 4 ex altos cargos del PSOE por la trama corrupta en la Consejería de Empleo

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Los enjuiciados por el caso Umax, ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla el 8 de enero
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Primera condena a prisión para cuatro ex altos cargos de la Junta de Andalucía de la etapa de los anteriores gobiernos del PSOE por la trama corrupta destapada en la Consejería de Empleo durante la investigación del caso ERE.

Los cuatro ex altos cargos que acaban de ser condenados por el conocido como ‘caso Umax’, que versa sobre la red de enchufes que había en Empleo, son el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Francisco Javier Guerrero, su sucesor Juan Márquez, y los ex secretarios generales técnicos de Empleo Francisco Javier Aguado y Lourdes Medina. Los cuatro fueron juzgados en la pieza principal de los ERE que sentó en el banquillo a una veintena de ex altos cargos del Gobierno andaluz, incluidos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
La sentencia del ‘caso Umax’ conocida este jueves es de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, que condena a penas de entre 5 años y 3 meses de cárcel a los cuatro ex altos cargos citados y al administrador único de la empresa Umax Informática y Consultoría S.L. por delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial en concurso medial por las contrataciones vinculadas con esta empresa, mientras que a un quinto ex alto cargo le ha impuesto una condena de 7 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación.

El quinto ex alto cargo condenado, pero no a prisión, es el ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera. La sentencia, que no es firme y contra la que cabe interponer recurso de casación, ordena que se deduzca testimonio de las facturas y ’emails’ aportados por una testigo y remitirlo a la Fiscalía “por si los hechos a los que se refieren pudieran integrar un supuesto delito”.

Los hechos probados establecen que en 2003 Guerrero, el principal acusados en los ERE, “decidió crear” en la Dirección General de Trabajo y en los servicios de su departamento en las delegaciones provinciales de la Consejería de Empleo una “estructura de personal paralela a la administrativa, al margen de las previsiones contenidas en la relación de puestos de trabajo vigente, con incumplimiento de la normativa de contratación en el sector público”.

De forma ilegal se contrataron “al menos 44 trabajadores”, algunos de ellos “relacionados por vínculos de vecindad y amistad” con Guerrero “y también de parentesco” en el caso de Juan Márquez, quien, como director general de Trabajo, “decidió mantener a los trabajadores de Umax y de otras entidades en la sede de la Dirección General que presidía y delegaciones provinciales, en la misma situación económica acordada por su antecesor”.

En este caso está implicada también la extinta Faffe, la fundación de Empleo que creó la Junta para impartir cursos de formación, pero que se convirtió casi en una agencia de colocación para allegados y familiares de dirigentes del PSOE. Este ente es objeto de investigación judicial por el uso fraudulento de las conocidas como tarjetas ‘black’ en prostíbulos.

En 2007 “se abandonó el sistema de abono a Umax” para “ser sufragadas las nuevas facturas que se iban generando, igualmente mediante conceptos falsos, por la Fundación Andaluza de Fondos para la Formación y Empleo (Faffe), dada la mayor facilidad que tenía en la contratación y pago, proviniendo los fondos destinados a dichos abonos de subvenciones otorgadas por distintos organismos de la Consejería de Empleo, entre ellos, la propia Dirección General de Empleo, la Consejería de Empleo y la Secretaría General Técnica en la época en la que ostentaba la Jefatura de este último organismo” Lourdes Medina, quien, “igualmente, era consciente de la realidad de la contratación ilegal del personal de Umax y sus sociedades vinculadas y de la forma de pago de las facturas emitidas por dicha entidad”, dice la sentencia.

(El Mundo)

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