La Fiscalía Provincial de Madrid ha iniciado diligencias a raíz de la denuncia presentada por Ciudadanos por los incidentes ocurridos durante la celebración del Orgullo Gay el pasado 6 de julio. Tras el escrache y acoso que varios miembros de la formación sufrieron los representantes del partido tuvieron que ser escoltados fuera de la marcha por parte de policías vestidos de paisano.

Ciudadanos presentó el pasado 10 de julio su denuncia ante la Fiscalía General del Estado, que la remitió a la Fiscalía de Madrid por ser el órgano competente de los hechos registrados en la capital. En dicha denuncia, la formación de Albert Rivera defendió haber sido objeto de «agresiones, insultos y vejaciones» durante la marcha por los derechos del colectivo LGTBI.

Líderes del partido aseguraron que ese acoso que sufrieron por parte de algunos participantes de la marcha fue «una clara maniobra organizada».

La entonces portavoz de la Ejecutiva de Cs y portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, afirmó que «fue una situación absolutamente intolerable que no cabe en democracia», y puso mucho énfasis en que se hizo en un día en el que se reivindican «la tolerancia, el respeto y la libertad».

«Un grupo de radicales intolerantes se dedicaron a intentar expulsar del Orgullo a personas por sus ideas. Los militantes LGTBI de Ciudadanos no pudieron manifestarse el día del Orgullo y eso es una vergüenza», insistió Arrimadas.

Ciudadanos solicitó también la dimisión del ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, al considerar que alentó los abucheos e increpaciones que sufrieron durante la marcha.

En opinión del partido, Marlaska actuó de forma incendiaria al afirmar que era ilusiorio pensar que no tendría consecuencias «pactar con quien de una forma descarada, incluso obscena, trata de limitar los derechos humanos», criticando los acuerdos alcanzados con Vox en el Ayuntamiento de Madrid.

La denuncia de 37 páginas de Ciudadanos incluye numerosas fotografías de varios momentos de la manifestación, e incluso «pantallazos» de comentarios de usuarios de redes sociales y enlaces a noticias de todo tipo de medios de comunicación que cubrieron el hecho.

Entre las diligencias a practicar que proponía Ciudadanos están la «averiguación de la identidad del autor o autores» de los hechos, la declaración de los dirigentes del partido que estuvieron en la manifestación –Inés Arrimadas, Ignacio Aguado, Patricia Reyes, Miguel Gutiérrez, Marcos de Quinto y Melisa Rodríguez– y la identificación y citación como investigados de los propietarios de los perfiles de redes sociales donde se llevaron a cabo las «proclamas de odio».

Informes policiales

Tras lo ocurrido, la Jefatura Superior de Policía de Madrid emitió un primer informe donde se cuestionaba la actuación de Ciudadanos en la manifestación al concluir que «maniobró para catalizar la acción mediática y publicitaria». También sostenía que «no hay constancia de que se produjeran agresiones físicas» y acusaba a los representantes del partido de «no seguir en ningún momento las instrucciones policiales».

A los dos días de los incidentes, la vicealcaldesa de Madrid y dirigente de Ciudadanos, Begoña Villacís, acusó a la Policía Nacional de «tardar mucho en llegar» y actuar «de forma muy ineficiente cuando podía haber pasado cualquier cosa» durante la manifestación del Orgullo.

Ese mismo día, fuentes policiales apuntaron que la Policía Nacional desplegó 20 agentes de paisano en la comitiva de Ciudadanos durante la manifestación estatal del Orgullo para garantizar su seguridad y que se planteó en tres ocasiones su evacuación ante los ataques e insultos que estaban sufriendo.

«El dispositivo fue totalmente adecuado a las circunstancias y la Policía Nacional estuvo garantizando su seguridad en todo momento y sin retraso. Además, había furgonetas de la Unidad de Intervención Policial por si los incidentes iban a mayores».

Tras el primer informe, la Jefatura redactó otro «ampliado» que validaba el relato de los incidentes tras la participación de los dirigentes de Ciudadanos en la manifestación.

Este «informe ampliado» incluye «bastante información, sin modificar en lo sustancial» lo expuesto en el primer documento, con fecha de 8 de julio, y que fue criticado por Ciudadanos y algunos sindicatos policiales por su tono valorativo, poniendo en duda su autenticidad por la falta de firma y sello oficial o por los errores en los logotipos del Ministerio del Interior y de la Policía.