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Hispanoamérica

La proclamación de Guaidó, ajustada a la Constitución de Venezuela

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El nuevo presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, juró esta semana su cargo ante cientos de miles de personas en las calles de Caracas. Asumía las competencias del Ejecutivo nacional amparado por el artículo 233 de la Constitución. Ante dicha proclamación, sus adversarios políticos, bajo el mando del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, denunciaron que se estaba llevando a cabo un «golpe de Estado». Sin embargo, el acto realizado por Guaidó está respaldado por el único poder elegido democráticamente en el país, la Asamblea Nacional (opositora), y se apega perfectamente a la Constitución venezolanda, adoptada en referéndum en 1999, siendo presidente Hugo Chávez.

La proclamación de Guaidó es consecuencia de la concatenación de una serie de acciones ilegítimas y fraudulentas llevadas a cabo por el Gobierno de Maduro. La primera fue consecuencia de la victoria en las elecciones legislativas de diciembre de 2015, en las que la oposición obtuvo 112 escaños en la Asamblea Nacional frente a los 55 del oficialismo. Como respuesta, el Gobierno de Maduro creó un Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo -condenando al exilio a los magistrados elegidos legítimamente- que declaró a la AN opositora en desacato, violando así la Constitución, y asumiendo sus competencias legislativas.

A esto se sumó la creación de una ilegal y fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, cuyo objetivo es cambiar la Constitución e implantar el Estado comunal. Esta nueva Constituyente otorga facultades supraconstitucionales a Maduro, como la convocatoria de elecciones presidenciales en mayo de 2018. Unos comicios que no contaron con observadores internacional, que tuvieron un 80% de abstención e, incluso, la admisión de fraude por parte de la empresa Smartmatic, que denunció que había más de un millón de votos de diferencia entre los registrados y los anunciados por el Consejo Nacional Electoral. Ni la oposición ni gran parte de la comunidad internacional reconocieron los resultados.

El 9 de enero terminaba el período de Gobierno de Nicolás Maduro. Pese a todos los pronunciamientos de no reconocerlo como presidente, Maduro se juramentó ante el ilegítimo TSJ violando nuevamente la Constitución, en esta ocasión el artículo 231, que señala que «el candidato elegido tomará posesión del cargo de presidente de la República el diez de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional».

Vacío de poder

Ante este acto inconstitucional, la AN, en su sesión plenaria del 16 de enero, declaró la «usurpación» de la presidencia por parte de Maduro. Lo que lleva directamente a la pregunta: ¿Quién es entonces el presidente de Venezuela? La respuesta ante este vacío de poder la otorga el artículo 233 de la Constitución: «Serán faltas absolutas del presidente de la República: la muerte, su renuncia, la destitución decretada por sentencia del TSJ, la incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el TSJ y con aprobación de la AN, el abandono del cargo, declarado este por la AN, así como la revocatoria popular de su mandato. Cuando se produzca la falta absoluta del presidente electo antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el presidente de la Asamblea Nacional».

«Guaidó fue proclamado no por su propia voluntad o porque se haya atribuido el cargo de presidente, sino que el artículo 233 lo establece», declara a ABC el abogado constitucionalista José Ignacio Hernández. Además, asegura, que no es una decisión que se tomó ayer, ya que habían acuerdos parlamentarios que declaraban la usurpación de Maduro y autorizaba a Guaidó a actuar como presidente. «Ayer [por el miércoles] lo ratificó en un evento político amparado por la ley para dar cumplimiento del 233. Por lo tanto, no hay ninguna autoproclamación», sentenció. El abogado José Vicente Haro declaró a «El Nacional»: «El periodo constitucional de Maduro terminó el 9 de enero del 2019 a la medianoche. El 10 de enero se debió juramentar en Venezuela a un presidente legítimamente electo, es decir, electo en elecciones auténticas, libres, universales y transparentes».


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Hispanoamérica

El Gobierno concedió la residencia a 7.623 venezolanos por “razones humanitarias” en solo seis meses

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España ha concedido la estancia legal de 7.623 ciudadanos de Venezuela en los primeros seis meses de junio 2019 bajo la premisa de la ‘ayuda humanitaria’, según datos del Ministerio del Interior facilitados a Europa Press.

El pasado mes de enero, el Gobierno informó de su intención de conceder la ‘ayuda humanitaria’, que es una figura contemplada en la Ley de Asilo y Refugio, a aquellos venezolanos a los que se les denegase la protección internacional desde 2014. Desde que se puso en marcha esta medida, se ha autorizado a más de 7.600 venezolanos la residencia temporal, cuya duración es de un año y será prorrogable, tal y como han señalado fuentes de Interior.

Esos 7.623 venezolanos que hasta el momento han sido beneficiarios de la ‘ayuda humanitaria’ vieron rechazada su petición de asilo entre febrero y junio de 2019, teniendo en cuenta que la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR) no se reunió el mes de enero.

La CIAR es la que se encarga de elevar las propuestas de resolución de las peticiones de asilo, previamente analizadas por la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), que es el órgano que instruye el procedimiento para la concesión de protección internacional. La concesión o denegación se hace tras un análisis individualizado de todo solicitante de asilo.

Entre febrero y mayo, la CIAR ha resuelto en total 14.933 expedientes, de los cuales más de la mitad (esos 7.623) son de ciudadanos venezolanos a los que finalmente se les ha denegado el asilo, aunque se les ha otorgado la ‘ayuda humanitaria’.

La cifra de casi 15.000 expedientes elevados a la CIAR supone que en los seis primeros meses de 2019 ya se han superado los 12.889 expedientes que se resolvieron durante todo 2018, según recalcan desde el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

De acuerdo a los datos facilitados a Europa Press, en febrero se elevaron a la CIAR 1.645 expedientes; en marzo, 1.654; en abril, 2.819; en mayo, 2.834; y en junio, 5.981. De esos casi 6.000 expedientes resueltos en la última CIAR de junio, 4.300 (es decir, el 71,9%) eran de venezolanos a los que, tras serle denegado el asilo, se les ha concedido el permiso temporal de residencia por razones humanitarias.

Según precisan fuentes de Interior a Europa Press, en julio y agosto está previsto que este órgano colegiado se reúna de nuevo y siga resolviendo más expedientes a un ritmo “muy superior” al del año pasado. En 2018, se determinaron entre enero y diciembre un total de 12.899 solicitudes, es decir, de media al mes unas 1.074 resoluciones de peticiones de asilo.

De acuerdo a datos oficiales, durante todo 2018, un total de 20.015 ciudadanos venezolanos pidieron protección internacional en España, encabezando el ranking de las nacionalidades de los solicitantes de asilo en España. Desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2019, unos 19.729 venezolanos han solicitado protección internacional en España, y sigue siendo la nacionalidad mayoritaria, según cifras provisionales del Ministerio del Interior.

Debido a que desde el año 2011 se ha producido un aumento sostenido en el tiempo de las peticiones de venezolanos, el Gobierno decidió concederles la estancia legal en España a través de la “ayuda humanitaria” prevista en la Ley de Asilo y Refugio, teniendo en cuenta que Venezuela no está entre los países que tienen mayores tasas de resoluciones favorables.

Recientemente la secretaria de Estado de Migraciones en funciones, Consuelo Rumí, defendió la necesidad de abordar una reforma integral del sistema de acogida a solicitantes de protección internacional en España “que permita proteger a quienes tienen derecho a la protección internacional”.

En este contexto, advirtió de la falta de plazas y del “colapso” del sistema de acogida por parte de aquellos que piden asilo, sabiendo no son beneficiarios de dicha protección internacional.

“Las personas que emigran porque quieren una vida mejor, que es lícito, no son usuarias ni beneficiarias de protección internacional. Entre todos debemos darles salida y soluciones, pero la solución no es solicitar asilo, porque lo que hacen, además, es colapsar un sistema que está diseñado para quienes verdaderamente tienen ese derecho”, aseveró en un acto público con motivo del Día Mundial del Refugiado que se celebra el 20 de junio.


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Hispanoamérica

(VÍDEO EXTREMO) En México, la justicia contra el narco la ejecuta… el narco

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O esto es lo que nos parece después de visualizar, no sin cierta dificultad, las imágenes que hoy les ofrecemos.

Cuando la justicia estatal no funciona, cuando la policía está corrupta, cuando no se hace nada contra el crimen por parte del Gobierno: cuando el propio Gobierno es parte del crimen organizado… al pueblo no le quedan sino dos caminos: tomarse la justicia por su mano o encargar la justicia a alguien con los arrestos y la capacidad de ejecutar esa justicia.

Esto es lo que está pasando en México. Harta la gente de que sus hijos mueran por el narco o para el narco; harto de que sus hijas desaparezcan vivas y aparezcan muertas, violadas y descuartizadas, y profundamente harta de que la droga contamine e intoxique todo lo que toca, algunos cárteles parece que intentan mejorar su imagen –y posiblemente eliminar competencia– mostrando unas lecciones de castigo que difícilmente podrán ser ignoradas… y que irán directamente al corazón de aquellos que las vean.

Literalmente.

No podemos sino rogarles que cuando vean este vídeo se aseguren de no tener cerca menores y personas impresionables. Gracias. 


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Hispanoamérica

Dos representantes de Guaidó se apropiaron de 90 mil dólares destinados a ayuda humanitaria

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Juan Guaidó
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Los dos representantes del gobierno interino de Venezuela en Colombia se apropiaron de 90 mil dólares de donaciones particulares destinadas a cubrir los gastos de la ayuda humanitaria y para atender los 1.600 militares que están en situación de refugio en Cúcuta. Así lo reconoció Juan Guaidó al asegurar que ambos casos serán investigados por la Fiscalía colombiana.

La tarde de este lunes, Guaidó salió al paso después de que se publicara la denuncia en el portal «Panam Post» y ha dicho que «no permitiré que ningún mal empañará lo que ha sido un gran esfuerzo de todos los venezolanos», al tiempo que insistió que no detendrá sus trabajos por este caso.

Los recursos se desviaron para financiar la vida de lujo de los dos enviados por Guaidó y ha hecho tambalear los apoyos internacionales del hombre que aspira a desalojar a Nicolás Maduro de poder.

Guaidó ha explicado también que el embajador de Venezuela en Colombia, Humberto Calderón Berti, lleva una gestión administrativa y que la apropiación «no son fondos del Estado venezolano, mucho menos de organismos multilaterales; los fondos eran para el hospedaje, transparencia internacional para darle seguimiento», precisó Guaidó.

«Tres personas han sido separadas de sus cargos, deberán rendir cuentas de los fondos que con mucho esfuerzo se han conseguido para la crisis venezolana (…) Para nosotros la simple denuncia sirve para investigar, para denunciar y para hacer un seguimiento», subrayó.

Según la investigación de «Panam Post», Rossana Barrera y Kevin Rojas, militantes del partido político de Guaidó, Voluntad Popular, estaban al frente de la atención a los emigrantes venezolanos en Colombia, usaron para su propio beneficio los miles de dólares de las ayudas que gestionó la oposición para paliar la severa crisis humanitaria que atraviesa el país sudamericano.

Sobreprecios en facturas de hoteles, gastos no relacionados, alquileres innecesarios de vehículos y hasta inflados gastos en costosos restaurantes forman parte del desvío de los fondos que en Venezuela millones de personas esperan para mitigar el hambre y otras consecuencias de la crisis.

 


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