La insistente propaganda separatista ha ocultado uno de los hechos más notables ocurridos durante los sucesos catalanes del pasado otoño: la doble denuncia de Reporteros Sin Fronteras (RSF) por manipulación informativa de las autoridades golpistas. Paradójicamente, el mundo periodístico apenas lo ha subrayado. RSF fue fundada en 1985 por cuatro periodistas franceses y hoy es asociación consultiva de la ONU y entidad de utilidad pública en Francia. Se cuida de denunciar las formas de censura informativa, abiertas o encubiertas, incluida internet.

Intoxicar a la prensa

En septiembre de 2017, RSF publicó una denuncia de la presión ejercida por la Generalitat. Emitía informaciones sesgadas, ofrecía ciertos vídeos y sugería enfoques peculiares, sobre todo a los periodistas extranjeros. RSF apreciaba una hiperactividad singular y, más que con nadie, con los corresponsales en Bruselas. También recriminó al aparato secesionista la práctica de auténticos acosos sobre los profesionales que no se avenían a seguir esas consignas.

A pesar de las quejas, la presión aumentó a partir del 1 de octubre, famosa fecha del referéndum simulado. Por ello, RSF difundió un segundo informe el día 13, con título revelador: ‘Respeto a los medios en Cataluña’. Relataba, en resumen, las denuncias de periodistas de varias nacionalidades sobre las coacciones y campañas de ciberacoso ejercidas por las instituciones separatistas sobre los informadores ‘disidentes’.

En este ambiente mefítico, acabaron prevaleciendo las imágenes (algunas, falsificadas) en las que la única violencia era las de las fuerzas policiales y, en particular, de la Guardia Civil, contra manifestantes desvalidos.

Se acerca el juicio

A comienzos de 2019 el Tribunal Supremo empezará a enjuiciar si los acusados de encabezar el intento fallido de golpe de estado contra el orden constitucional incurrieron en el gravísimo delito de rebelión por actuar violentamente. Lo cual, recuérdese, no requiere que dicha violencia tuviera carácter personal ni físico.

Entre los hechos pendientes de ponderación por los magistrados los hay muy interesantes. El primero es que, el 28 de septiembre de 2017, solo dos días antes de la votación ilegal, los máximos responsables de los Mozos de Escuadra, en reunión conjunta que consta de forma fehaciente, advirtieron personal y directamente a Puigdemont y a Junqueras (presidente y vicepresidente de la Generalidad de Cataluña) y al propio jefe político de los Mozos (el consejero Joaquín Forn), sobre los riesgos ciertos en que se incurriría si se mantenía la convocatoria. En efecto, había experiencia reciente de incidentes violentos en movilizaciones de menor envergadura. La gran cantidad de grupos alertados por los convocantes para el día 1 hacía altamente probable una escalada de violencia, con enfrentamientos de importancia. Si se mantenía la convocatoria por el Gobierno catalán, la policía autonómica no podía garantizar la seguridad. La reacción del trío gubernativo fue ordenar a los Mozos que se acomodasen al objetivo político previsto, aunque estaba expresamente prohibido por los altos tribunales.

La narración de los subsiguientes hechos violentos ocupa muchos folios en el escrito de los cuatro fiscales del Supremo que actúan en la causa (dos de ellos aragoneses: Javier Zaragoza y Fidel Cadena): asedios, apedreamientos, un incendio (página 91 de las acusaciones), choques intrapoliciales, agresiones, escraches, cortes de vías e, incluso, la prohibición de atraque a un buque en Palamós (p. 102). Violencia en una cuarentena de lugares distintos, con el balance de 93 policías y guardias civiles lesionados. Sin embargo, prevaleció la falsedad del millar de ‘votantes heridos’. Los fiscales reducen a cuatro los ingresos hospitalarios: dos de ellos fueron leves y otro, un mal cardiaco, inicialmente atendido por los propios agentes de seguridad. Para el Ministerio Público, este panorama del 1 de octubre dibuja «un levantamiento salpicado de actos de fuerza, agresión y violencia» (p. 121).

La información intoxicada de los golpistas, a la que cooperó la empresa Mediapro (Roures) con un activo centro de prensa a disposición de las autoridades separatistas, veló estos hechos.

La duda, pues, no es si el intento de golpe de estado cursó con violencia. Hubo mucha. El caso es dilucidar si esa violencia puede imputarse directamente a los encausados o si son culpables de haber inducido los tumultos típicos de un delito sedicioso. Tal es el quid, malversaciones aparte.