El Plan Presupuestario prevé unos ingresos que los expertos creen que no se sostienen e ignora el impacto de la subida del Salario Mínimo en el empleo. El cuadro macro presenta incongruencias en el efecto en el PIB y en el sector exterior.

Parafraseando una frase atribuida a los periodistas, podría decirse que a los políticos no les gusta que la realidad les estropee unos buenos Presupuestos. Tras un largo fin de semana de preparación, el Gobierno exhibió el lunes unas cuentas que conseguían algo aparentemente imposible: hacer compatible la multiplicación del gasto exigida por Podemos con una subida de impuestos que se pudiera «vender» como inocua para las clases medias y bajas, cumpliendo además con los objetivos de déficit fijados por Bruselas. Pero el optimismo de Moncloa contrasta con el escepticismo de unos expertos que temen hallarse, nuevamente, ante unos Presupuestos donde lo primero que hace el Ejecutivo es determinar una serie de gastos que debe atender por razones políticas para luego retorcer la aritmética con el fin de encajar la evolución de los ingresos y el resto de variables con números poco creíbles.

Tasa ‘Tobin’

A la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), no le salen los números con la tasa a las transacciones financieras. Gravando sólo la compra de acciones de empresas con una cotización de más de 1.000 millones un 0,2% resulta difícil obtener los 850 millones que ha presupuestado el Gobierno. Cristóbal Montoro valoró implantar este impuesto en 2012 y barajaba reunir 600 millones. Francia implantó el impuesto en 2012 y gravaba también un 0,2%, transacciones con acciones de cotizadas con capital superior a 1.000 millones, como pretende ahora Sánchez, pero también operaciones en sistemas de negociación automatizados y de alta frecuencia y la adquisición de CDS por parte de empresas francesas. Pues bien, sólo recaudó 900 millones de los 1.300 que preveía y en 2017, elevó al 0,3% el tipo e incluyó las operaciones intradía.

‘Tasa Google’

Los 1.200 millones que Montero dice poder recaudar con el impuesto del 3% sobre determinados servicios digitales supera en más de tres veces las previsiones de recaudación más optimistas de la Comisión Europea para esta figura impositiva. Según el análisis de impacto cuando presentó su propuesta para la UE, los 28 recaudarían 4.800 millones al año. Por eso las cifras relativas a esta figura que ha remitido el Gobierno a Bruselas no cuadran. Los 1.200 millones en los que confía el Ejecutivo equivaldrían al 25% de todo lo que la Comisión espera que este impuesto recaude en toda la UE, cuando el PIB español representa solo el 7,5%. Si se tiene en cuenta ese baremo, la cifra de recaudación en España se quedará en 360 millones de euros al año, 3,3 veces menos de lo que estima el Gobierno.

Sociedades

Desde CEOE alertan de que la subida del Impuesto sobre Sociedades que contiene el Plan Presupuestario para recaudar 1.776 millones de euros se asemeja al «cuento de la lechera»: un gravamen del 5% de los dividendos del extranjero es «incierto», dado que las empresas pueden elegir no repatriar dividendos, con lo que la previsión de recaudación del Gobierno se derrumbaría. La patronal subraya que este Plan del Gobierno demuestra que «no es cierto el mantra de que las empresas no pagan». El montante total de lo que se deducen las empresas para evitar la doble imposición fue en 2016 de 105.332 millones, 148.280 si se tienen en cuenta los ajustes por consolidación, según los últimos datos que publicó la Agencia Tributaria (AEAT) en agosto. Un gravamen del 25% al 5% de estos dividendos se acercaría a una tributación de 1.800 millones. Es decir, la previsión completa del Gobierno para las dos medidas que ha anunciado de subida de Sociedades: el gravamen de los dividendos y la imposición de un tipo mínimo del 15%. «No desglosan el impacto de cada medida porque les da vergüenza reconocer que el tipo mínimo supone un mensaje político más que una realidad». Imponer un tipo mínimo del 15% sobre base imponible para grupos y no grupos con una cifra de negocio de más de 20 millones no afectará a ninguna empresa, o si lo hace, serán contadas, según muestra la estadística del Impuesto sobre Sociedades de la AEAT, en la que se constata que sobre base imponible las empresas en esta horquilla tienen un tipo efectivo superior al 15%. Cuestión diferente sería si la medida se hubiera articulado sobre resultado contable, como exigía inicialmente Podemos. José Ignacio Alemany, presidente de Aedaf, alerta de que gravar el 5% de los dividendos es un café para todos que puede llevar a no repatriar. «No vemos de dónde salen los números de las alzas de impuestos», apunta.

Patrimonio

Si los contribuyentes con más de seis millones de patrimonio reportan 330 millones de los 1.000 que recauda el Impuesto sobre el Patrimonio, no resulta verosímil que incrementar un 1% el tipo aplicable a patrimonios superiores a 10 millones tenga un impacto de 339 millones. Sería menos de la mitad con los datos que ofrece la AEAT, que no desglosa la horquilla de contribuyentes ni lo que aportan para patrimonios de entre seis millones y 30 millones. Así lo señala el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), que apunta que la previsión de recaudación del Gobierno sólo tiene sentido si se incluye a Madrid, donde el Impuesto está bonificado al 100% y, de no estarlo, recaudaría 814 millones. Así lo cree también el Registro de Economistas-Asesores Fiscales (Reaf), y apunta que incluir a Madrid implicaría reformar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades.

Salario Mínimo

El Gobierno pretende incrementar los ingresos tributarios en más de 2.000 millones gracias a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Esto se debe a que las bases de cotización crecen al mismo ritmo que el SMI, lo que permite incrementar las aportaciones a la Seguridad Social. Sin embargo, una medida de este calibre podría suponer la pérdida de 190.000 puestos de trabajo (ver página 26). El Banco de España ya advertía el año pasado de que «la subida del SMI tiene un impacto reducido sobre la renta salarial agregada, pues los efectos positivos sobre los trabajadores que conservan el empleo tienden a compensarse con las pérdidas de salarios de los que pierden su puesto de trabajo». De hecho, resulta dudoso que el mercado laboral pueda seguir creciendo casi al mismo ritmo, ya que la «dinamización salarial» que pretende imponer el Ejecutivo provocará que la remuneración por asalariado crezca un 2% interanual, siete veces más rápido que la productividad. Hasta ahora, la moderación salarial había impulsado la contratación, pero la situación podría cambiar si las empresas españolas empiezan a perder competitividad con el exterior. A la subida de costes laborales había que sumar el alza de costes energéticos y la subida de impuestos, que también minan esta competitividad.

Efecto en el PIB

La ministra de Economía sostiene que el impacto de las medidas será «neutro» sobre el crecimiento. Pero no ofrece más detalles sobre cuáles son los multiplicadores que ha empleado el Ejecutivo para hacer que, pese a que la subida de impuestos es en principio mucho mayor que el aumento del gasto, los efectos de ambos sobre el PIB se anulen mutuamente. Otra de las paradojas del cuadro macroeconómico es que, aunque el Gobierno explica la rebaja en las previsiones por la mala evolución del sector exterior, sostiene el crecimiento en 2019 sobre un repunte de las exportaciones, que pasarían de subir un 3,2% este año a un 3,4% el siguiente. Esta aceleración se basa a su vez en un repunte de hasta el 3,8% en el crecimiento de los mercados de exportación, una previsión que sin embargo contrasta con la tendencia claramente a la baja que siguen los países de la eurozona -donde se dirigen más de la mitad de las exportaciones nacionales- y las turbulencias que atraviesan otros mercados importantes como Brasil o Turquía. Todo ello, sin contar además con el riesgo de un recrudecimiento en la guerra comercial desatada por EEUU.

Fraude fiscal

Hay consenso entre los fiscalistas en que imputar 828 millones a tres medidas disuasorias del fraude es un brindis al sol. Los expertos no entienden cómo se pueden consignar 110 millones de euros de la rebaja de un millón a 600.000 euros de la deuda para salir en la lista de morosos y de que se incluya el nombre de responsables solidarios, es decir, directivos. Más dudas plantea que se proyecte recaudar 218 millones de una bajada del límite del pago en efectivo en operaciones con una empresa o profesional de 2.500 a 1.000 euros. Y sobre todo, los fiscalistas consultados señalan que no se sustenta imputar 500 millones a «medidas internacionales», aún más inconsistentes: «Se adoptará una estrategia frente a los nuevos contribuyentes que inician actividades económicas; se desarrollarán medidas contra el software de doble uso» o «se optimizarán en las actuaciones de control la información obtenida sobre el Suministro Inmediato de Información».

Senda de déficit

El objetivo de déficit con el que se han elaborado los Presupuestos es del 1,8% del PIB, que es el previsto en la nueva senda del Ejecutivo, pero que se encuentra cinco décimas por encima del que actualmente han aprobado las Cámaras. Por tanto, para conseguir sacarlos adelante, el Gobierno está jugando con dos barajas. Para presionar a los partidos de la oposición, alerta de que si no se aprueba la nueva senda, las administraciones públicas se verían obligadas a un «brutal» ajuste en las Cuentas de hasta 11.000 millones. Pero, cuando se les pregunta sobre su Plan B en caso de que no se consiga cambiar la Ley, estas consecuencias tan graves se diluyen. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sostenido que el impacto sobre el Presupuesto del Estado sería mínimo, pues sólo se le ha dado una de las cinco décimas adicionales de déficit, que se podrían conseguir con algunos «trucos» en la parte fiscal. Pero omite aclarar cuáles serían los ajustes que permitirían cuadrar la ya de por sí difícil situación de la Seguridad Social, que se espera que cierre este año con un déficit de 18.000 millones.