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Opinión

Lo que puede el dinero: ¿Qué habrán pactado la Conferencia Episcopal y el PSOE?

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El lunes, 27 de mayo, “el día después” de las elecciones municipales, regionales, etc. que, diría cualquier contertulio, comunicador u opinador de las diversas televisiones y restantes medios creadores de opinión; durante la cena estuve “zapeando” para intentar ver y oír qué contaban las diversas televisiones acerca de la jornada electoral, sus resultados y sus consecuencias.

Tras mover el mando a distancia un rato, acabé en “la trece”, la cadena de televisión de la Conferencia Episcopal de la Iglesia de España, era el momento del programa que dirige Antonio Jiménez… ¡Cuál sería mi sorpresa cuando, tras muchos tópicos y como se dice hoy día “lugares comunes”, acabaron entrevistando por teléfono nada más y nada menos que a Guillermo Fernández Vara, presidente socialista de la Junta de Extremadura, y que con total seguridad seguirá siéndolo los siguientes cuatro años, pues su partido, el PSOE, ha conseguido mayoría absoluta en el parlamento regional.

A medida que Antonio Jiménez entrevistaba a Fernández Vara, mi sorpresa y mi estupor fueron subiendo de tono hasta cotas inimaginables. No olvidemos que la entrevista se estaba realizando en directo, en la única cadena de televisión de España que, se supone, que es católica.

Tanto el presentador como los contertulios presentes en la mesa de “el cascabel al gato”, le dieron un masaje cariñoso a Guillermo Fernández Vara, resaltaron su buen hacer, su íntima conexión con los extremeños… lo presentaron como el summum del buen gobierno, el mejor de los gestores posibles, de lo público… Ya digo, una entrevista insuperable, en la que –no podía faltar- hasta estuvo presente el chascarrillo, hasta tal punto que, el director del periódico ABC (que se supone que no es socialista ni de izquierdas) le recordó los buenos manjares que disfrutó con él en Olivenza, localidad de origen de Fernández Vara. Una entrevista casi lujuriosa, lasciva, orgiástica, desenfrenada… Solo faltó que Antonio Jiménez propusiera que se eleve a los altares a Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, y católico confeso.

Insisto: yo no salía de mi asombro. Hasta le permitieron jactarse públicamente de que en la legislatura que echa a andar, Extremadura tendrá finalmente los trenes de cercanías, de medio y largo recorrido que no posee, y que si su partido, el partido gobernante, no hiciera realidad el deseo de todos los extremeños, de estar comunicados por tren, como cualquier territorio de España, él no lo consentiría (lo que no dijo es cómo haría para “no consentirlo”).

Ya digo, absolutamente alucinante siendo “la trece” la televisión donde le daban masajes y caricias a cual más amigable, al presidente de la región española que posee todos los records de lo que nadie desea, y todo ello a pesar de la inmensa cantidad de dinero que ha llegado a la región durante los últimos cuarenta años, especialmente los miles de euros procedentes de la Unión Europea, miles de millones de euros.

Si existe una muestra representativa del fracaso del socialismo en España, de mala gestión, de despilfarro, de derroche, de corrupción, de fraude generalizado es Extremadura, la Taifa del Suroeste, junto a Portugal, en la que se llevan sucediendo en los últimos cuarenta años gobiernos intervencionistas, tal es así que Extremadura es la única región española que está considerada por la Unión Europea “pobre”, región objetivo 1. La UE incluye en dicho objetivo a las regiones más atrasadas económicamente, y como consecuencia reciben trato preferente, o sea dinero, subvenciones, y más subvenciones, regalías…

Los socialistas que, han gobernado siempre en Extremadura, han hundido a la región, la han arruinado, la han mutilado, han impedido toda posibilidad de progreso. No han sabido aprovechar sus fantásticos recursos naturales, ni el talento de los extremeños; sólo han pensado en regar con dinero público actividades improductivas, de manera que cuando se acababa el dinero, se acababa la actividad económica.

Por supuesto, la política económica del PSOE (también la del PP, cuando presidía José Antonio Monago el gobierno de Extremadura) ha estado basada en un inmenso gasto público, organizado en múltiples subvenciones, un nivel de impuestos de los más elevados de España y un intervencionismo feroz en la economía,… las recetas típicas de la socialdemocracia.

Según las estadísticas oficiales, Extremadura es la región española con menor Producto Interior Bruto por habitante, y está situada un 30,9 % por debajo de la media nacional, siendo además la tercera región con menor crecimiento de su Producto Interior Bruto (PIB), concretamente un 2,4 %, frente al 3,1 % que alcanza la media nacional, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Extremadura está la primera de la fila de todas las regiones españolas respecto de lo que se denomina “pobreza”.

La región extremeña es la menos industrializada de España, exceptuando Ceuta y Melilla. Y durante muchos años en Extremadura la construcción era posiblemente el lugar de España en el que el sector hacía una mayor aportación al PIB regional, lo cual explica parcialmente las causas singulares de la recesión extremeña, y por qué Extremadura es la región menos competitiva de toda España.

Casi el 11% de los empleados extremeños trabajan en la Agricultura (un 4,4% a nivel nacional), el 12% en la Industria (16% en España), un 14,1% en la Construcción y un 62,9% en los Servicios…

En Extremadura existen casi 90 funcionarios por cada 1000 habitantes, en el resto de España 55, siendo la proporción extremeña la mayor de todas las regiones españolas. En Extremadura, cerca del 30% de la población asalariada es funcionario público, el mayor porcentaje de España, cuya media no supera el 15%.

Extremadura ocupa en el último lugar del ranking español de productividad.

La tasa de paro en Extremadura, cercana al 25% de la población activa, es la mayor de toda España, pese a que la población lleva en términos absolutos estabilizada en la región los últimos 37 años y, pese a que la tasa de actividad es en Extremadura en torno al 50% de los habitantes mayores de 16 años y, en España superior al 60%.

Los costes salariales en Extremadura son los menores de toda España, circunstancia que lleva ocurriendo desde hace muchas décadas.

Cerca del 10% de los hogares extremeños tienen “oficialmente” desempleados a todos sus miembros en edad de trabajar.

Las exportaciones regionales respecto del total nacional son apenas el 0.6%, la cifra más pequeña de toda España, no habiendo variado esta proporción prácticamente desde el año 1995.

El Presupuesto de Gastos de la Comunidad autónoma, dedica alrededor del 35% de sus recursos a gastos de personal… y no deja de crecer.

Tradicionalmente el Presupuesto de la Junta de Extremadura dedica el 75% de los gastos a operaciones corrientes, y escasamente el 25% a inversiones. Presupuesto que se nutre solamente en un 25% de recursos de origen fiscal y más de un 65% de transferencias procedentes del exterior.

La administración regional es la mayor empresa de toda Extremadura.

Las empresas extremeñas apenas son el 2% de las empresas españolas, aproximadamente 70.000. De estas empresas, casi la mitad pertenecen al sector servicios, unas 20.000 al Comercio, no más de 10.000 a la construcción y, menos de 6.000 a la Industria. Más del 50% de esas empresas son trabajadores autónomos, y con menos de seis trabajadores (incluyendo al trabajador autónomo-empresario), existen registradas en Extremadura más de 50.000, casi el 90%, lo cual demuestra el minifundismo empresarial extremeño.

En España alrededor del 70% de las viviendas disponen de algún tipo de ordenador, en Extremadura no más del 55%; y si hablamos de conexión con banda ancha más o menos la misma proporción.

Alrededor del 70% de los asalariados de Extremadura son, como máximo, mileuristas (14 pagas).

Según cifras aportadas por la Agencia Tributaria, los extremeños son los que perciben las pensiones más bajas de toda España.

Extremadura es, también, la región con menores ingresos por hogar de España.

Apenas un 30% de los extremeños leen periódicos casi todos los días; el 60% nunca lee libros. Los extremeños dedican como media cuatro horas diarias a ver televisión.

Extremadura en las últimas cuatro décadas ha sufrido las consecuencias económicas, sociales, culturales y políticas, del poder hipnótico y anestésico del régimen caciquil ibarrista-varista, de Juan Carlos Rodríguez Ibarra y de Guillermo Fernández Vara (con el intermedio del gobierno de un tal Monago que pretendió ser más socialdemócrata que los socialdemócratas, y claro, la gente prefiere a los “auténticos” antes que a las malas copias), un régimen que dice ser “amigo de los pobres”, gente que cada vez que alcanzan el poder hacen que aumente el número de pobres.

De nada de todo esto se le preguntó a Guillermo Fernández Vara, pero, lo que ya se sale de ojo es que la cadena de televisión del episcopado masajeara, hasta el hartazgo, a un señor que ha hecho todo lo que estaba en su mano para perseguir a los católicos extremeños, intentando suprimir la enseñanza de la religión católico en los centros de estudio (en estos momentos los obispados de Extremadura aún tienen pleitos pendientes en los tribunales por tal motivo), un señor que ha introducido la enseñanza del Islam en los centros de estudio de Extremadura, un señor que ha hecho que la ideología de “género”, o mejor dicho sus partidarios campe por sus fueros, siendo una ideología totalitaria y liberticida, contraria a la vida (proabortista) cuyo objetivo es destruir la institución familiar, como primer paso para acabar con nuestra forma de vida, acabar con la civilización occidental judeocristiana…

Increíble, pero cierto…

No conformes con lo que narro, al día siguiente, martes, entrevistaron, loaron, masajearon hasta aburrir a nada menos que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, correligionario de Guillermo Fernández Vara; y… ¡Asómbrense! Hablaron elogiosamente del alcalde de Cádiz, José María González Santos, más conocido como “Kichi”, anticristiano, antiliberal, anti todo lo que representa el Catolicismo y los Evangelios… y lo hicieron por “su buen hacer”…

En fin… Nada es gratis; ¿Qué habrán pactado los obispos españoles con el PSOE que les obliga hacer programas del estilo del que les hablo,… es “ésta” la única manera de que el gobierno, el estado siga recaudando dinero para la Iglesia, mediante la casilla de la declaración de renta, o de que siga manteniendo la misa dominical de la segunda cadena de televisión española… o acaso hay algún pecado imperdonable, para llegar a semejantes servidumbres?

Pues, como decía Juan Ruíz, Arcipreste de Hita, hace más de siete siglos: “Hace mucho el dinero… En resumen les digo, entiéndanlo mejor, el dinero es del mundo el gran agitador, hace señor al siervo y siervo hace al señor, toda cosa del siglo se hace por su amor.”

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España

El Régimen de la Impunidad: Manual de supervivencia del socialista que nunca dimite

Redacción

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Pedro Sánchez no ha venido a Madrid a gobernar. Ha venido a colonizar. Y lo ha hecho con la misma eficacia metódica con la que el cáncer coloniza un órgano: sin prisa pero sin pausa, destruyendo las defensas institucionales una a una hasta convertir el Estado en un aparato de su supervivencia política. La corrupción, en el sanchismo, no es un accidente del sistema. Es el sistema.

Mientras la izquierda mediática nos vende el relato del progresismo ilustrado que combate la corrupción «de la derecha», el Gobierno más caro de la democracia española —en ministros, en asesores, en chiringuitos institucionales— ha construido una fortaleza de impunidad que haría sonrojar a cualquier república bananera del Caribe. Pero aquí no hay plátanos: hay millones de euros públicos desviados, fondos europeos malversados, y una red clientelar que transforma cada ministerio en una sucursal del Partido Socialista Obrero Español.

La economía de la corrupción: cuando el expolio es política de Estado

Empecemos por lo tangible, porque los progres adoran hablar de «justicia social» mientras vacían las arcas públicas. El impacto económico del sanchismo no se mide solo en la deuda pública desbocada —ya rozamos el 120% del PIB, para alegría de nuestros nietos— sino en el coste oportunidad de una España que podría haber prosperado y, en cambio, se ha convertido en un parque temático de subvenciones a fundaciones afines y chiringuitos ideológicos.

El caso más escandaloso no es uno solo: es la constelación. Los ERE andaluces, que dejaron en evidencia décadas de saqueo sistemático del dinero público para comprar votos y financiar estructuras partidarias, fueron apenas el aperitivo. La trama de los fondos Next Generation, donde el criterio de reparto parece dictado más por la proximidad al PSOE que por la viabilidad empresarial, ha convertido la reconstrucción post-pandemia en un reparto de botín. Mientras tanto, el Banco de España alerta de la inflación galopante y el empobrecimiento de la clase media, Sánchez y su séquito de ministros viven en una realidad paralela donde la corrupción —eso que ellos llaman «presuntas irregularidades» cuando afecta a los suyos— es un mal necesario para mantener el poder.

Pero el daño económico va más allá de los millones desfalcados. Es el efecto crowding-out de la inversión privada que huye de un país donde las reglas del juego se escriben en el despacho de Moncloa según convenga a la agenda del día. Es el cierre de empresas que no pueden competir con los monopolios subvencionados por el Estado amigo. Es la juventud española condenada al exilio laboral porque aquí el mérito ha sido sustituido por el carnet de afiliado.

La hipocresía progre: cuando el anticorrupción es solo un hashtag

Aquí llegamos al núcleo ideológico del engaño. La izquierda española —y su brazo mediático en los grandes periódicos y televisiones públicas— ha construido su identidad moral en torno a la supuesta superioridad ética. Son los «demócratas» contra los «fascistas». Los «honrados» contra la «derecha corrupta». Han llenado espacios televisivos y plataformas digitales con la retórica del «no es no» y la «transparencia radical».

Y luego llega la realidad, incómoda como un invitado no deseado.

Pedro Sánchez, el hombre que prometió «regeneración democrática», ha convertido la Moncloa en un bunker de opacidad. El caso de los fondos reservados de la Casa Real —que el Gobierno se apresuró a destapar para humillar a la monarquía— contrasta obscenamente con el hermetismo absoluto sobre los gastos de la Presidencia del Gobierno, los contratos de emergencia sanitaria sin concurso público, o los informes de inteligencia que convenientemente desaparecen cuando apuntan a altos cargos socialistas.

La contradicción es brutal: exigen la transparencia extrema para el adversario mientras blindan con leyes mordaza y reformas del código penal —sí, esa reforma que rebaja penas para delitos de corrupción justo cuando sus socios del procés y sus propios militantes enfrentan tribunales— la suya propia. El «solo sí es sí» se ha convertido en el chiste legal del año cuando vemos cómo rebajan las penas por malversación mientras envían a la policía a registrar despachos de opositores.

Esta no es hipocresía ingenua. Es estrategia calculada. La izquierda cultural ha comprendido algo que la derecha española tardó en asimilar: el poder no se ejerce solo desde las instituciones, sino desde la narrativa. Si controlas los términos del debate —si puedes llamar «corrupción» a la donación de una empresa privada a un partido conservador pero «gestión necesaria» al desvío millonario de fondos públicos a una fundación afín— no necesitas ser honesto. Necesitas controlar los tribunales, los medios y las universidades.

El coste cultural: la normalización del robo como virtud progresista

Pero quizás el daño más profundo —y este es el que debería mantener despiertos a los españoles que aún creen en la política como servicio público— es la erosión cultural que el sanchismo ha provocado en el tejido moral de España.

Hemos pasado de una democracia donde la corrupción era un escándalo que provocaba dimisiones —recuérdese el caso Filesa o el impacto del caso Gürtel en el Partido Popular— a un régimen donde la impunidad es el precio de la gobernabilidad. Sánchez no dimite. Sus ministros no dimiten. Sus socios —condenados por sedición, por malversación, por terrorismo— no solo no dimiten: son recibidos con alfombra roja y ministerios estratégicos.

Esta normalización del cinismo político tiene un efecto corrosivo en la sociedad civil. Cuando el ciudadano observa que el presidente miente descaradamente sobre su tesis doctoral, sobre su patrimonio, sobre sus pactos con filoetarras, y no solo no paga consecuencias sino que es reelegido con mayorías artificiales, está aprendiendo una lección perversa: la honestidad es para perdedores.

La izquierda cultural —esa que nos sermonea sobre valores, ética y «bien común»— ha construido un sistema donde el fin justifica absolutamente todos los medios. Donde comprar votos con subvenciones es «política social». Donde el clientelismo es «cohesión territorial». Donde la mentira institucionalizada es «narrativa estratégica». Y donde quien señala estas contradicciones es, cómo no, «fascista», «reaccionario» o «negacionista».

Este es el daño cultural más profundo: la transformación de la política española en un mercado de vicios donde la virtud cívica ha sido sustituida por la lealtad tribal. Ya no importa qué se hace, sino para quién se hace. Ya no importa la legalidad, sino la «legitimidad histórica» que se otorgan a sí mismos quienes se consideran herederos de una verdad moral superior.

La resistencia empieza por llamar a las cosas por su nombre

Concluyo donde empecé, pero con la claridad que da el final del texto: España no tiene un problema de corrupción. Tiene un problema de régimen. Un régimen donde la división de poderes es una ficción literaria, donde el Consejo General del Poder Judicial es tomado por asalto, donde la Fiscalía actúa como bufete del partido en el Gobierno, y donde el presidente puede cambiar de opinión sobre la inviolabilidad del Rey, la unidad de España o la naturaleza de la democracia según le convenga para mantenerse una semana más en La Moncloa.

La izquierda española ha construido un sistema donde la corrupción no es un bug. Es una feature. Una herramienta de gobierno tan necesaria como el BOE. Porque cuando tu proyecto político consiste en transformar España en un laboratorio de experimentos identitarios que la mayoría rechaza, necesitas fondos públicos ilimitados, medios de comunicación domesticados y una justicia que mire hacia otro lado.

Pedro Sánchez no es un presidente corrupto por accidente. Es un presidente que ha entendido que en la España de 2024, la impunidad es el último recurso del progresismo cuando el debate de ideas ha fracasado. Y mientras la derecha española siga intentando jugar con reglas democráticas en un tablero donde el adversario ha cambiado las reglas por la pura voluntad de poder, seguiremos perdiendo no solo elecciones, sino el país mismo.

La batalla cultural no es una metáfora. Es la única batalla que queda cuando la corrupción institucionalizada ha reemplazado a la política. Y en esa batalla, la primera arma es la verdad: Sánchez no gobierna. Saquea. Y lo hace con la impunidad de quien sabe que, en su España, los corruptos de izquierdas nunca pagan.

 

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