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Los combatientes del Estado Islámico desaparecidos de Europa

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Por Soeren Kern.- El Gobierno alemán ha perdido la pista a numerosos alemanes que viajaron a Irak y Siria en los últimos años para unirse al Estado Islámico (EI). La revelación se produce entre los crecientes temores de que algunos de esos combatientes estén volviendo a Alemania sin ser detectados por las autoridades.

El Ministerio del Interior alemán, en respuesta a una pregunta de Linda Teuteberg, secretaria general del Partido Democrático Libre (FDP), de corte liberal clásico, reveló que las autoridades alemanas no tienen información sobre el paradero de al menos 160 alemanes que se marcharon para combatir con el EI, según Welt am Sonntag. El Ministerio dijo que, aunque seguramente algunos habían muerto en combate, otros se habían escondido y quizá estaban intentando restablecerse en Alemania.

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“En vista de la muy fragmentada protección de las fronteras externas de la UE, es particularmente preocupante que el Gobierno federal parezca no haber tomado más medidas para impedir la reentrada incontrolada de combatientes del EI en la clandestinidad», dijo Teuteberg a Welt am Sonntag. Añadió que el Gobierno “sigue sin tener ninguna idea” sobre qué hacer con los antiguos combatientes del EI de Alemania, incluidos “los alemanes detenidos en la zona de guerra, así como los más de 200 antiguos seguidores del EI que ahora han vuelto a Alemania”.

Teuteberg dijo que el Ministerio del Interior debería dar con un plan para el tratamiento de los retornados del EI y cómo hacer que rindan cuentas, por ejemplo, reforzando la competencia legal para investigar y enjuiciar los crímenes de guerra en el extranjero.

De los 1.050 alemanes que se calcula que viajaron a Irak y Siria para combatir en los últimos años, aproximadamente un tercio (350) ha vuelto a Alemania. Se cree que otros 220 han muerto en el campo de batalla. Según fuentes del Gobierno citadas por el programa de la televisión alemana “Tagesschau”, aproximadamente 120 están detenidos en Irak y Siria. Además, al menos 138 hijos de combatientes del EI alemanes están retenidos en Irak y Siria. Se desconoce el paradero de los demás.

El Gobierno alemán restó importancia a las inquietudes de Teuteberg respecto a que los combatientes del EI puedan volver a Alemania de forma desapercibida:

“Dadas las diferentes medidas (incluidas las listas de los más buscados o barreras fronterizas) que han dificultado considerablemente la reentrada incontrolada, también se supone que, en el futuro, la entrada sin el conocimiento de las fuerzas de seguridad alemanas debería seguir siendo la excepción”.

Sin embargo, se sabe que varios combatientes del EI han entrado en Europa —incluida Alemania— sin ser detectados, haciéndose pasar por inmigrantes: la mayoría de los terroristas que perpetraron los atentados yihadistas de noviembre de 2015 en París, donde murieron 130 personas y 360 resultaron heridas, entró en Europa haciéndose pasar por inmigrantes, según los investigadores antiterroristas. La mayoría de los atacantes son perfectamente conocidos por la policía y al menos 9 estaban en la lista de terroristas vigilados. Una vez que traspasaron la porosa frontera de la UE por el sur de Europa, pudieron viajar por el resto de Europa sin ser detectados.

Los combatientes del EI desaparecidos son un problema que afecta a toda Europa. Un estudio de julio de 2018 realizado por el International Center for the Study of Radicalization (ICSR), del King’s College de Londres, calculó que más de 5.900 personas —3.379 hombres, 1.023 mujeres y 1.502 menores— de Europa occidental se unieron al Estado Islámico. Otras 7.250 personas del este de Europa se unieron a la organización.

Según los cálculos del ICSR, alrededor de 1.765 combatientes han vuelto a la Europa occidental, y 784 han vuelto a Europa del Este. Al menos 800 combatientes del EI están retenidos en centros de detención kurdos en el norte de Siria. En torno a 700 de las esposas de los combatientes y 1.500 de sus hijos también están en campos, según Reuters. Sigue sin saberse cuántos de los combatientes del EI no contabilizados han muerto en el campo de batalla y cuántos están escondidos.

En Austria, por ejemplo, de 250 combatientes del EI, han vuelto 93. En Bélgica, de los 500 combatientes del EI, han vuelto 123. En Gran Bretaña, de los 850 combatientes, han vuelto 425. En Dinamarca, de los 145 combatientes del EI, han vuelto 72. En Francia, de los 1.900 combatientes del EI, han vuelto 400. En Italia, de los 129 combatientes del EI, han vuelto 11. En los Países Bajos, de los 300 combatientes del EI, han vuelto 60. En España, de los 210 combatientes del EI, han vuelto 30.

En Suecia, de las 300 personas que se calcula que salieron del país para unirse al Estado Islámico, han vuelto aproximadamente 150, según el Servicio de Seguridad Sueco (Säpo). Se cree que en torno a 100 combatientes suecos han muerto en el campo de batalla; el Gobierno no tiene información sobre el paradero de los otros.

Entre 35 y 40 combatientes suecos del EI han vuelto a Estocolmo, pero el ayuntamiento no se ha puesto en contacto con ni uno solo de los retornados, y quizá ni siquiera sepa dónde vive ninguno de ellos, según una revelación de la televisión sueca, SVT, la cadena nacional pública.

La SVT sondeó a varios funcionarios de cinco ayuntamientos suecos —Gotemburgo, Estocolmo, Örebro, Malmö y Borås— donde vive la mayoría de los 150 retornados del EI, y descubrió que esos ayuntamientos, en conjunto, sólo tienen conocimiento del paradero de un máximo de 16 adultos y 10 niños.

Esa aparente apatía se ha atribuido a la carencia legislativa de Suecia. “Somos casi el único país de la UE que no tiene leyes contra la participación en y cooperación con organizaciones terroristas”, dijo Magnus Ranstorp, experto antiterrorista de la Universidad de la Defensa de Suecia en Estocolmo. “Por supuesto que somos vulnerables —añadió—. Los que son peligrosos y andan por nuestras calles pueden reclutar a más, e incluso pueden planear actos terroristas”.

Entretanto, cientos de combatientes yihadistas extranjeros que están retenidos en Siria representan una “bomba de relojería” y podrían escapar y ser una amenaza para Occidente, a menos que los países hagan algo más por llevarlos de vuelta, según las autoridades encabezadas por los kurdos y respaldadas por EE. UU., y que los están reteniendo.

“Parece que la mayoría de los países han decidido que ya han terminado con ellos, que los van a dejar aquí, pero es un gran error”, dijo Abdulkarim Omar, de las Fuerzas Democráticas Sirias. “Sus países de origen deben hacer más para enjuiciar a los combatientes extranjeros y rehabilitar a sus familias, o si no, esto será un peligro y una bomba de relojería”.

En febrero de 2019, el presidente de EE. UU., Donald Trump, pidió a los países europeos que repatriaran y enjuiciaran a sus combatientes extranjeros:

Estados Unidos le está pidiendo a Gran Bretaña, Francia, Alemania y otros aliados europeos que se hagan con el control de 800 combatientes del ISIS que hemos capturado en Siria y los lleven a juicio. El califato está a punto de caer. La alternativa no es buena, en el sentido de que estaremos obligados a ponerlos en libertad…

Estados Unidos no quiere ver cómo estos combatientes del ISIS se filtran a Europa, que es adonde se espera que vayan. Hacemos mucho y gastamos mucho. Es hora de que otros den el paso y hagan el trabajo para el que son tan capaces. ¡Estamos retrocediendo después de una victoria completa sobre el califato!

En abril, Trump tuiteó: “Tenemos 1.800 prisioneros del ISIS tomados como rehenes en nuestras batallas finales para destruir la totalidad del califato en Siria. Se está decidiendo ahora qué hacer con estos peligrosos prisioneros… Los países europeos no están ayudando nada, aunque esto se hizo en gran medida por su bien. Se están negando a aceptar de vuelta a los prisioneros desde sus países específicos. ¡Eso no está bien!”.

El 24 de junio, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió que todos los combatientes extranjeros detenidos en Siria e Irak sean repatriados, investigados y enjuiciados o puestos en libertad. “No es aceptable la continua detención de individuos no sospechosos de crímenes, a falta de una base legal y una revisión judicial independiente y regular”, dijo.

La renuencia de Europa a recuperar el control de sus combatientes del EI se basa en una mezcla de factores jurídicos, económicos y políticos. Algunos países empezaron a repatriar a los hijos de los yihadistas del EI caso por caso, pero aceptar de vuelta a los combatientes extranjeros y sus familias es profundamente impopular y comporta riesgos políticos.

En Francia, por ejemplo, el primer ministro, Édouard Philippe, dijo hace poco que prefería que los yihadistas franceses fuesen repatriados, en vez de arriesgarse a que eludan la justicia. Deberían “ser juzgados, condenados y castigados en Francia, en vez de que desaparezcan y vayan a su aire para planear otros actos, también contra nuestro país, otra vez”, dijo en una entrevista del 30 de enero con France Inter. Sus declaraciones desataron una inmediata indignación. Valérie Boyer, del partido centroderechista Les Républicains, dijo en el Parlamento que el Gobierno debía “impedir la vuelta de los yihadistas que han traicionado a Francia y combatido contra nuestra civilización”.

Nicolas Bay, diputado de la Asamblea Nacional, y también miembro de la junta ejecutiva del partido de Marine Le Pen, Agrupación Nacional (RN), añadió:

“Los yihadistas franceses, por su compromiso con las organizaciones que han declarado la guerra a nuestro país, y habiendo cometido actos innobles en nuestro territorio; estos yihadistas han optado deliberadamente por romper con Francia y no hay ninguna justificación para concederles ninguna protección”.

En vez de prepararse para su vuelta, el Gobierno debería hacer todo lo posible por impedir que vuelvan a territorio francés. Deben ser juzgados por las autoridades sirias e iraquíes competentes.

Philippe dio después un giro de 180 grados. En una entrevista el 6 de marzo con BFM TV, dijo: “No vamos a traer de vuelta a nadie. La doctrina francesa ha sido siempre que los combatientes franceses que van a zonas de combate están luchando contra nosotros. Cuando sean detenidos, serán juzgados y, si es necesario, castigados allí mismo [en Irak o Siria]”.

El Wall Street Journal, en un reciente editorial: “El problema de Occidente con los combatientes extranjeros”, señaló que los gobiernos europeos se enfrentan a un callejón sin salida: o repatrian y enjuician a sus yihadistas, o se arriesgan a que desaparezcan del radar y perpetren nuevos atentados en Europa. Escribió el Journal:

“En febrero, el presidente Trump tuiteó que EE. UU. está pidiéndole a Gran Bretaña, Francia, Alemania y otros aliados europeos que recuperen el control de sus combatientes del ISIS y los enjuicien en casa. Indonesia, Marruecos, Rusia y Sudán empezaron el proceso hace meses, pero los gobiernos europeos se siguen resistiendo”.

Plegados a la presión política doméstica, los políticos europeos, como el secretario del Interior británico, Sayid Yavid, se han comprometido a rechazar a los miembros del ISIS e incluso a despojarlos de su ciudadanía. Las autoridades alemanas y francesas también han expresado públicamente su escepticismo sobre aceptar a terroristas encarcelados. Los países que han criticado a EE. UU. por la Bahía de Guantánamo están ahora haciendo la vista gorda a la detención de sus ciudadanos en otras partes…

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) han tratado a los detenidos con humanidad, pero no los pueden retener para siempre. En algún momento, a la organización no le quedará otra opción que dejar a los prisioneros, agravando mucho más una amenaza para la seguridad manejable. Estos combatientes curtidos en la batalla son especialmente peligrosos, por sus conocimientos prácticos y el respeto que podrían inspirar en los aspirantes a yihadistas.

Muchos combatientes puestos en libertad podrían infiltrarse en Irak, mezclarse con las poblaciones suníes simpatizantes y prepararse para un resurgimiento del ISIS. Otros podrían aprovechar los vacíos de seguridad en Libia o Somalia o provocar conflictos en otras regiones inestables. Quizá el mayor riesgo es que algunos volverán a Occidente entre los refugiados, sin ser detectados. Los países que dudan de recuperar a sus ciudadanos deberían darse cuenta de que podrían volver de todas formas, pero clandestinamente.

Fuente: Gatestone Institute


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La determinación francesa para poner fin a la libertad de expresión

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Por medio de una nueva ley, el Gobierno francés ha decidido delegar la censura estatal en plataformas online como Facebook, Google, Twitter, YouTube, Instagram y Snapchat. De ahora en adelante, unas compañías privadas se verán obligadas a actuar como policía del pensamiento por cuenta del Estado francés so pena de fuertes multas.
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Por Judith Bergman.- El 13 de mayo, el Parlamento francés adoptó una ley que requiere a plataformas online como Facebook, Google, Twitter, YouTube, Instagram y Snapchat[1] que retiren el contenido reportado como «promotor del odio» en 24 horas y en una hora el reportado como «terrorista». De no hacerlo, podrían ser objeto de multas exorbitantes, de hasta 1,25 millones de dólares o del 4% de los ingresos globales de la plataforma en caso de que persista en su negativa.

Como es frecuente en las leyes europeas sobre los discursos de odio, el espectro del contenido online considerado «odioso» bajo la denominada Ley Avia (en referencia a la legisladora que la promovió) es muy amplio e incluye «la incitación al odio, o el insulto discriminatorio en función de la raza, la religión, la etnia, el género, la orientación sexual o la discapacidad».

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Esta norma francesa está directamente inspirada en la controvertida ley alemana NetzDG, adoptada en octubre de 2017 y explícitamente mencionada en el preámbulo de aquélla.

«Este proyecto de ley pretende combatir la difusión del discurso del odio en internet», se lee en la introducción de la Ley Avia.

Nadie puede discutir la exacerbación del discurso del odio en nuestra sociedad (…) los ataques al otro por lo que es, por sus orígenes, sus creencias religiosas, su sexo o su orientación sexual (…) remiten (…) [a] las épocas más oscuras de nuestra historia (…) la lucha contra el odio, el racismo y el antisemitismo en internet es un objetivo de interés público que justifica (…) provisiones efectivas y poderosas (…) esta herramienta de apertura al mundo, de acceso a la información, a la cultura, a la comunicación [está haciendo referencia a internet], puede convertirse en un auténtico infierno para quienes se convierten en objetivo de ‘haters’ o de acosadores ocultos tras las pantallas y los pseudónimos. Según una encuesta llevada a cabo en mayo de 2016, el 58% de nuestros conciudadanos consideran internet el nodo principal del discurso del odio. Más del 70% dicen habérselas visto con el discurso del odio en las redes sociales. El ciberacoso puede ser devastador, sobre todo para la gente joven (…) Sin embargo (…) se presentan pocas denuncias, pocas investigaciones concluyen exitosamente y se dictan pocas sentencias: todo esto crea un círculo vicioso (…)

Tras reconocer que el «odio» online es complicado de perseguir con la legislación existente, porque «se presentan pocas denuncias, pocas investigaciones concluyen exitosamente y se dictan pocas sentencias», pero aún así confiado en que la censura es la panacea para los problemas percibidos, el Gobierno francés decidió delegar la tarea de la censura estatal en las propias plataformas online. De ahora en adelante, unas empresas privadas se verán obligadas a actuar como policía del pensamiento por cuenta del Estado francés so pena de exponerse a fuertes multas. Como en Alemania, esa ley hará que las plataformas exhiban un celo desusado en la eliminación o bloqueo de todo lo que pueda ser percibido como odioso, para evitar las sanciones.

El propósito de la ley parece ser doble: a la censura efectiva mediante la eliminación o el bloqueo de comentarios hay que sumar las (inevitables) consecuencias de la censura sobre el debate online en general. «La gente se lo pensará dos veces antes de cruzar la línea roja si sabe que es muy probable que se le pidan cuentas», afirmó la ministra francesa de Justicia, Nicole Belloubet, en unas declaraciones que sonaron ominosas en boca de un miembro de un Gobierno de un país que aún se sigue proclamando democrático.

Desde el primer momento, cuando el presidente del país, Emmanuel Macron, encargó a un grupo liderado por Laetitia Avia que confeccionara la ley, ésta ha sido objeto de críticas. Así, la Comisión Consultiva Nacional de Derechos Humanos la criticó por incrementar el riesgo de censura, y la La Quadrature du Net, organización que lucha contra la censura y la vigilancia online, advirtió de que «los breves plazos para la retirada y las cuantiosas multas incentivarán a las plataformas a hiper-eliminar contenido». La organización en defensa de la libertad de expresión Article 19, con sede en Londres, afirmó que la ley representa una amenaza para la libertad de expresión en Francia. Gabrielle Guillemin, de dicha organización, sostiene:

La Ley Avia permitirá en la práctica al Estado francés delegar la censura online en las compañías tecnológicas dominantes, de las que se esperará que actúen como juez y parte a la hora de determinar qué es un contenido ‘manifiestamente ilegal’. La Ley atañe a una amplia gama de contenidos, así que no siempre tomarán la decisión correcta.

El Gobierno francés ha ignorado las preocupaciones manifestadas por grupos en defensa de la libertad de expresión y de los ciberderechos, y el efecto será demoledor para la libertad de expresión online en Francia.

Dados los plazos de que dispondrán las compañías para responder, hemos de esperar que pequen de exceso de precaución cuando tengan que decidir si un contenido es legal o no. Igualmente, habrán de emplear filtros que, inevitablemente, les llevarán a una sobre-retirada de contenido.

La ley también ha topado con rechazo en Francia. El 22 de mayo, Guillaume Roquette, director editorial de Le Figaro Magazine, escribió:

«Con el pretexto de combatir el contenido ‘odioso’ en internet, [la Ley Avia] implanta un sistema de censura que es tan eficaz como peligroso (…) el ‘odio’ es el pretexto al que recurren sistemáticamente quienes quieren silenciar las opiniones disidentes.

Este texto [la ley] es peligroso porque, según el abogado François Sureau, «introduce la penalización criminal de… la conciencia». Es peligroso (…) porque delega la regulación del debate público (…) en internet en multinacionales norteamericanas (…) Una democracia digna de tal nombre debería aceptar la libertad de expresión».

Jean Yves Camus, de Charlie Hebdo, ha dicho que se trata de «un placebo para combatir el odio» y señalado que «hiperenfocarse en el odio online» enmascara el auténtico peligro:

«No fue el odio online lo que mató a Ilan Halimi, Sarah Halimi, Mireille Knoll, las víctimas de Bataclan, el Hyper Cacher y Charlie; fue una ideología denominada antisemitismo y/o islamismo (…) ¿Quién determina qué es odio y qué es crítica? Acaban de abrir la caja de Pandora (…) Hay un riesgo de una lenta pero inexorable marcha hacia un lenguaje digital hiperregulado por la corrección política, tal y como la definen minorías activas».

«¿Qué es el odio?», se pregunta retóricamente el escritor francés Éric Zemmour. «¡No sabemos! Tienes el derecho a no amar… tienes el derecho a amar, tienes el derecho a odiar. Es un sentimiento… No puede judicializarse, legislarse».

Pues bien, eso es lo que las leyes sobre el discurso del odio hacen, ya sea en la web o en el mundo no digital. Exigir a compañías privadas –o al Gobierno–que actúen como una policía del pensamiento no es propio de un Estado que dice conducirse según el imperio democrático de la ley.

Por desgracia, la pregunta no es si Francia será el último país europeo en introducir leyes así de censoras, sino cuáles le seguirán.

[1] Así como otras plataformas online y motores de búsqueda que alcancen un cierto nivel de actividad en Francia (nivel que será especificado en un decreto posterior).

(Gatestone)


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(VÍDEO BRUTAL) “¡Pedazo de mierda! ¡Vete a tu país! ¡Que vergüenza! ¡Que le estás haciendo a la criatura!”

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… En estos términos, y otros varios, se expresa en el siguiente vídeo la indignada ciudadana italiana que grita valientemente al hombre negro que, en medio de la calle de una ciudad anónima, -por lo que hemos entendido, cerca de una estación- está nada menos que desollando a un gato encima de un improvisado montón de leña para cocinarlo y, suponemos, comérselo después.

La señora, con mascarilla, repite que es una vergüenza, y que se vaya a su país, cosa que nos tememos que no hará.

Bienvenidos todos ustedes a la “Nueva Normalidad”

Disfruten lo votado.

Gato desollado. Italia

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La izquierda pedófila y su Nuevo Orden Pederasta: Abusos infantiles masivos en Alemania: políticos y psicólogos de izquierdas daban la custodia de niños a pedófilos

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Este miércoles, el Partido Verde de Berlín pidió que se abra una investigación sobre un escándalo de abusos infantiles masivos que durante más de tres décadas, hasta 2003, involucró a niños adoptivos cuya custodia fue concedida a pedófilos con el conocimiento de las autoridades.

Según un nuevo informe publicado el lunes, las autoridades de educación y el Senado de Berlín occidental estaban al tanto de esa práctica, que fue «aceptada, apoyada y defendida» por políticos y académicos de izquierdas a lo largo de los años 70, 80 y 90 del siglo pasado.

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«Había y hay redes», dijo la política Marianne Burkert-Eulitz a Berliner Zeitung, que pide al Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) y al Partido Democrático Libre (FDP) que se responsabilicen del escándalo.

En uno de los casos, entre los años 1970 y 2003 las autoridades de bienestar infantil de la ciudad en repetidas ocasiones concedieron la custodia de niños al pedófilo Fritz H., que vivía solo, pese a sus antecedentes penales. Los niños, algunos de apenas seis años, sufrieron horrores indescriptibles, violaciones y maltratos. Un niño discapacitado incluso murió estando bajo la custodia de Fritz.

Dos de las víctimas del hombre han demandado al Estado por el trauma que vivieron, pero el Senado de Berlín hasta ahora les ha negado un juicio, argumentando que los delitos habrían prescrito.

«Una red entre instituciones educativas»

Fritz no fue el único pedófilo al que le fue confiado el cuidado de niños. El informe, compilado por investigadores de la Universidad de Hildesheim, descubrió que al menos tres pedófilos más recibieron la custodia de menores, mientras que una red de miembros de alto rango del Instituto Max Planck, la Universidad Libre de Berlín y la escuela Odenwald en Hesse supervisó el programa.

Los investigadores describieron el esquema como una «red entre instituciones educativas». Todavía se desconoce el número exacto de víctimas, y muchos archivos relacionados con la red siguen clasificados por las autoridades municipales y estatales, pero los investigadores afirman que los servicios sociales permitieron a los pedófilos ‘cazar’ con impunidad «en toda Alemania».

 

Un psicólogo que abogaba por la pedosexualidad


El psicólogo Helmut Kentler, cuyo Centro Pedagógico de Berlín se encargaba de buscar padres adoptivos para los niños, se encuentra en el centro del escándalo. La institución de Kentler fue apoyada a finales de la década de 1960 por el alcalde Willy Brandt, miembro del SPD. En sus cartas al Senado, Kentler avaló a Fritz como un «experto» en el cuidado de niños. El psicólogo también visitaba regularmente a los menores a los que cuidaban Fritz y otros pedófilos.

Sin embargo, Kentler difícilmente puede ser acusado de engañar a los políticos. El psicólogo fue un defensor abierto de la «pedosexualidad», y durante toda su carrera profesional abogó por la normalización del sexo con niños. En 1999 declaró que la pedofilia «puede tener un efecto muy positivo en el desarrollo de la personalidad de un niño».

Además, Kentler sabía que los padres adoptivos pedófilos probablemente tenían «una relación sexual» con los niños cuya custodia les encargaba, declarando explícitamente este hecho en un informe al Senado. Sus declaraciones al respecto no fueron cuestionadas por otros políticos. Los políticos que apoyaron a Kentler y a su institución podrían haber puesto fin a esta horrible práctica en cualquier momento, pero en lugar de ello la apoyaron, la promovieron y la defendieron.

Tanto Kentler como Fritz, así como los políticos que los apoyaron, ya murieron. Los documentos que detallan el alcance total de los abusos todavía están bajo llave en el archivo del Departamento de Educación de Berlín. Los legisladores verdes exigen que sean revelados y que el escándalo de abusos se haga público en toda su depravación.


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