Con el voto en contra de los diputados del Partido Popular y la abstención de los representantes de Ciudadanos, el pleno del Congreso ha aprobado esta semana el real decreto que restablece la asistencia sanitaria para todas las personas que se encuentren en España, independientemente de que sean nacionales, extranjeros o inmigrantes irregulares.

La ministra de Sanidad, Carmen Montón, defendió el real decreto porque «dignifica la acción política», a la vez que contribuye a mejorar la vida de los ciudadanos «eliminando desigualdades a través de la garantía de sus derechos, la solidaridad y la cohesión social».

La medida es un disparate económico y una injusta manera de equiparar a los ilegales que se encuentran en España por asaltar la frontera con cualquier español que lleva años cotizando. La sanidad española, como todos los servicios públicos nacionales, son el resultado del esfuerzo y el trabajo de muchas generaciones de compatriotas que los hicieron posible. En países mucho más ricos que el nuestro, como es el caso de Estados Unidos, los pacientes deben hacer frente al coste de los gastos sanitarios. En España, con una deuda millonaria, con las pensiones sobre el alambre, con una economía cada vez menos competitiva, con salarios de los más bajos de la UE, se derrocha lo que no tenemos en beneficio de personas que no contribuyen al sostenimiento de nuestro modelo productivo.

¿Cuántos más inmigrantes se apuntarán al “efecto llamada” para disfrutar hasta de una sanidad gratis? ¿A cuántos más impuestos deberemos hacer frente para mantener estos derroches? ¿Hasta cuándo permitirán los españoles que sus gobernantes les roben el presente y les dejen sin futuro? Mientras la castuza política vive blindada en viviendas inaccesibles y disfruta de privilegios propios de millonarios, el pueblo nativo español parece haber sido condenado a pagar impuestos “suecos” y a disfrutar de servicios nigerianos.

Es preciso decirlo alto y claro. Los que hoy entran ilegalmente en España en avalancha son los que acabarán con las pensiones del futuro. El bienestar logrado por nuestros padres y abuelos, trabajando de sol a sol, lo disfrutan ya los recién llegados, sin haber aportado nada. Ellos ocuparán las camas de los hospitales mientras los españoles de origen tendrán que permanecer en los pasillos. En definitiva, la ceguera de este Gobierno está cavando la tumba de España y los españoles. El problema no son los emigrantes, el verdadero problema son los dirigentes que tenemos, ya que al final de su etapa política tendrán asegurada una pension y vivirán en zonas donde no tendrán que estar en contacto con la delincuencia. No tienen sentido de futuro para España, solo atienden a su bienestar y ambición.

Todos somos responables de que esto suceda. Todos somos responsables por resignarnos a la tragedia social y económica que se avecina.

Teniendo en cuenta las dificultades presupuestarias que lo afectan y el alargamiento de la esperanza de vida, el sistema sanitario español está al borde de la quiebra financiera. La inmigración trae desequilibrios suplementarios: un creciente número de beneficiarios no cotizantes, el turismo sanitario, la aparición de enfermedades raras o erradicadas, enfermedades tropicales y la tuberculosis muy frecuente en las zonas con alta inmigración africana. La misma organización de los servicios de urgencia se ve perturbada por comportamientos compulsivos, incluso agresivos, de personas que no respetan las normas y las reglas de los establecimientos hospitalarios. Este aumento de demanda sanitaria, al no haber sido ni anticipado ni financiada lleva a los hospitales a contratar a médicos extranjeros muchas veces de baja cualificación.

Los costes de la sanidad pública se han incrementado en 1.500 millones de euros, pero para la ministra Montón, este problema no existe. Y no solo se está disparando el gasto, sino que se reduce alarmantemente la calidad y se incrementan las listas de espera. Y aquí ya no hablamos de gastos, sino de vidas humanas.

Su objetivo ahora es que “la universalidad de la sanidad es irrenunciable”, es decir, el gratis total a los ilegales, lo que unido a la pretensión del irresponsable de Marlaska, que piensa reducir las barreras de entrada, multiplica exponencialmente el efecto llamada, propalado a los cuatro vientos por la cadena Al Jazzera y otras que señalan España como el país coladero de inmigrantes.

A esta locura suicida se une el nuevo impulso al turismo sanitario. Miles de inmigrantes traen a sus familiares a España para tratamientos costosísimos, desde trasplantes de cadera y de hígado a diálisis y otros, pasando en muchos casos por delante de los españoles, o envían millones en medicinas a sus parientes, un disparate que no sucede en ningún país del planeta. La ‘universalidad’ y el turismo sanitario costarán más de 3.000 millones (no los 1.100 estimados) anuales, robados literalmente a la clase media y a la clase trabajadora. El descontrol del gasto en Sanidad desde que fue transferida a las comunidades autónomas es total y absoluto, un escándalo nacional, que nos cuesta casi el doble de lo que debería.