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Economía

Los costes de la sanidad pública aumentan en 1.500 millones de euros: Sanidad universal… ruina nacional

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Pacientes españoles tienen que permanecer en el pasillo de un hospital
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Con el voto en contra de los diputados del Partido Popular y la abstención de los representantes de Ciudadanos, el pleno del Congreso ha aprobado esta semana el real decreto que restablece la asistencia sanitaria para todas las personas que se encuentren en España, independientemente de que sean nacionales, extranjeros o inmigrantes irregulares.

La ministra de Sanidad, Carmen Montón, defendió el real decreto porque «dignifica la acción política», a la vez que contribuye a mejorar la vida de los ciudadanos «eliminando desigualdades a través de la garantía de sus derechos, la solidaridad y la cohesión social».

La medida es un disparate económico y una injusta manera de equiparar a los ilegales que se encuentran en España por asaltar la frontera con cualquier español que lleva años cotizando. La sanidad española, como todos los servicios públicos nacionales, son el resultado del esfuerzo y el trabajo de muchas generaciones de compatriotas que los hicieron posible. En países mucho más ricos que el nuestro, como es el caso de Estados Unidos, los pacientes deben hacer frente al coste de los gastos sanitarios. En España, con una deuda millonaria, con las pensiones sobre el alambre, con una economía cada vez menos competitiva, con salarios de los más bajos de la UE, se derrocha lo que no tenemos en beneficio de personas que no contribuyen al sostenimiento de nuestro modelo productivo.

¿Cuántos más inmigrantes se apuntarán al “efecto llamada” para disfrutar hasta de una sanidad gratis? ¿A cuántos más impuestos deberemos hacer frente para mantener estos derroches? ¿Hasta cuándo permitirán los españoles que sus gobernantes les roben el presente y les dejen sin futuro? Mientras la castuza política vive blindada en viviendas inaccesibles y disfruta de privilegios propios de millonarios, el pueblo nativo español parece haber sido condenado a pagar impuestos “suecos” y a disfrutar de servicios nigerianos.

Es preciso decirlo alto y claro. Los que hoy entran ilegalmente en España en avalancha son los que acabarán con las pensiones del futuro. El bienestar logrado por nuestros padres y abuelos, trabajando de sol a sol, lo disfrutan ya los recién llegados, sin haber aportado nada. Ellos ocuparán las camas de los hospitales mientras los españoles de origen tendrán que permanecer en los pasillos. En definitiva, la ceguera de este Gobierno está cavando la tumba de España y los españoles. El problema no son los emigrantes, el verdadero problema son los dirigentes que tenemos, ya que al final de su etapa política tendrán asegurada una pension y vivirán en zonas donde no tendrán que estar en contacto con la delincuencia. No tienen sentido de futuro para España, solo atienden a su bienestar y ambición.

Todos somos responables de que esto suceda. Todos somos responsables por resignarnos a la tragedia social y económica que se avecina.

Teniendo en cuenta las dificultades presupuestarias que lo afectan y el alargamiento de la esperanza de vida, el sistema sanitario español está al borde de la quiebra financiera. La inmigración trae desequilibrios suplementarios: un creciente número de beneficiarios no cotizantes, el turismo sanitario, la aparición de enfermedades raras o erradicadas, enfermedades tropicales y la tuberculosis muy frecuente en las zonas con alta inmigración africana. La misma organización de los servicios de urgencia se ve perturbada por comportamientos compulsivos, incluso agresivos, de personas que no respetan las normas y las reglas de los establecimientos hospitalarios. Este aumento de demanda sanitaria, al no haber sido ni anticipado ni financiada lleva a los hospitales a contratar a médicos extranjeros muchas veces de baja cualificación.

Los costes de la sanidad pública se han incrementado en 1.500 millones de euros, pero para la ministra Montón, este problema no existe. Y no solo se está disparando el gasto, sino que se reduce alarmantemente la calidad y se incrementan las listas de espera. Y aquí ya no hablamos de gastos, sino de vidas humanas.

Su objetivo ahora es que “la universalidad de la sanidad es irrenunciable”, es decir, el gratis total a los ilegales, lo que unido a la pretensión del irresponsable de Marlaska, que piensa reducir las barreras de entrada, multiplica exponencialmente el efecto llamada, propalado a los cuatro vientos por la cadena Al Jazzera y otras que señalan España como el país coladero de inmigrantes.

A esta locura suicida se une el nuevo impulso al turismo sanitario. Miles de inmigrantes traen a sus familiares a España para tratamientos costosísimos, desde trasplantes de cadera y de hígado a diálisis y otros, pasando en muchos casos por delante de los españoles, o envían millones en medicinas a sus parientes, un disparate que no sucede en ningún país del planeta. La ‘universalidad’ y el turismo sanitario costarán más de 3.000 millones (no los 1.100 estimados) anuales, robados literalmente a la clase media y a la clase trabajadora. El descontrol del gasto en Sanidad desde que fue transferida a las comunidades autónomas es total y absoluto, un escándalo nacional, que nos cuesta casi el doble de lo que debería.

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Economía

Fomento cifra en más de 7,3 millones de euros los daños en transporte e infraestructuras por las protestas en Cataluña

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El Ministerio de Fomento cifra en más de 7,3 millones de euros las pérdidas económicas causadas por las protestas en Cataluña contra la sentencia del procés.

“Sin lugar a dudas – explica el Ministerio en un comunicado – las incidencias que se están produciendo dentro de Cataluña en la red de infraestructuras y los servicios de transporte, más allá de otras cuestiones que son difíciles de valorar (por ejemplo, imagen exterior), tienen una afección directa muy relevante tanto a los usuarios como en su vertiente económica”.

La “afección económica” de las protestas se desglosa de la siguiente manera, siempre según Fomento, con datos de ADIF, RENFE, Puertos, AENA y ENAIRE:

  • 2,1 millones por los costes derivados de las reparaciones motivadas por actos vandálicos

  • 1,2 millones en costes ocasionados al aeropuerto de El Prat, especialmente en las instalaciones del aparcamiento

  • Cerca de 600.000 euros en la infraestructura ferroviaria

  • Más de 360.000 euros en carreteras y autopistas

  • 1,2 millones de euros en indemnizaciones

  • Casi 4 millones de euros se corresponden a ingresos que no se han producido por parte de las empresas del grupo de empresas

Hasta el pasado sábado, las protestas en Barcelona, en su mayoría pacíficas pero con la acción violenta de grupos reducidos, se habían saldado con 600 heridos, entre ellos un policía nacional en estado grave y cuatro manifestantes que han perdido un ojo, y 28 encarcelados.

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Economía

La política del avestruz

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Carmen Tomás.- En los últimos días hemos asistido a una auténtica catarata de informes sobre la evolución de la economía española este año y el próximo. Todos, sin excepción, rebajan sus expectativas sobre crecimiento y empleo. El lunes le tocó el turno al servicio de estudios del BBVA. Y también creen estos expertos que el PIB crecerá este año por debajo del 2%, un 1,9% concretamente. En consonancia con esta previsión, también bajarán las afiliaciones a la Seguridad Social, es decir se creará menos empleo, y se reducirá menos el paro. De hecho, será en 2020 cuando piensan en BBVA que la tasa de paro bajará del 14%. Pero, además, opinan que tampoco cumpliremos los objetivos de déficit público. Nos salvará de una caída mayor, el comportamiento de las exportaciones, el consumo público y la inversión en vivienda

Ya sólo faltaba el movimiento del Gobierno en funciones y ya sabemos que en el plan presupuestario que ha enviado Bruselas, insiste en ser optimista, el más. Cree el Ejecutivo que el crecimiento de la economía este año será del 2,1%, apenas una décima menos de su idea inicial y muy por encima del resto de observadores. Para el próximo ejercicio, la expectativa es que el PIB aumente un 1,8%. En ambos años, considera el Gobierno que habrá equilibro entre la demanda interna y externa y ya considera que la tasa de paro bajará del 14% este año 2019.

El plan presupuestario fija una revalorización de las pensiones el año que viene del 0,9% y una subida salarial para los funcionarios del 2%. Por supuesto, en esta línea optimista, el Gobierno piensa que va a cumplir con los objetivos de déficit público, que este año se situará en el 2%. Este cuadro está desde luego en línea con las últimas declaraciones tanto de Sánchez como de Calviño que el mismo lunes a titular de Economía seguía insistiendo en la fortaleza de la economía española. En esta ocasión habló de que estamos aún en una fase expansiva del ciclo, incluso para 2020.

El gobierno puede seguir insistiendo en que no pasa nada para intentar que los españoles sigan en babia el máximo tiempo posible. La decisión del gobierno en funciones parece, al menos hasta el 10-N, seguir insistiendo en la política del avestruz: las cosas no van mal y sólo los socialistas somos capaces, si la economía empeora, de enderezar esta fase de caída. Comprobaremos cuál es su capacidad de persuasión y la de olvido de los ciudadanos. La anterior crisis con los socialistas en el gobierno nos dejó más de 3 millones de parados y las arcas públicas temblando de deudas. Veremos.

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Economía

Bruselas avisa a España de que el presupuesto para 2020 no asegura el ajuste exigido

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Ursula von der Leyen
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La Comisión Europea (CE) ha advertido este martes al Gobierno español de que su plan presupuestario para 2020 conlleva un “riesgo importante” de desviarse del ajuste fiscal que exige Bruselas para 2020 y le pidió que envíe unas cuentas actualizadas tan pronto como el proyecto sea enviado al Congreso.

En una carta enviada a la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, el Ejecutivo comunitario advierte de que el plan remitido el 15 de octubre no respetaría los requisitos comunitarios de ajuste del déficit estructural, control del gasto público y reducción de la deuda pública.

La misiva -firmada por el vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis, y el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici- reconoce, sin embargo, que el borrador es una prórroga del anterior debido “a la naturaleza en funciones” del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

No obstante, Bruselas señala que este proyecto conduce a una mejora del déficit estructural, sin tener en cuenta el ciclo económico, equivalente al 0,1 % del PIB, una cifra que “se queda corta” con respecto al esfuerzo estructural recomendado del 0,65 %. La diferencia son unos 6.600 millones en ajustes que el futuro Gobierno tendrá que adoptar a través de más impuestos o menos gastos.

Excesivo gasto público

También destaca que el proyecto incluye un crecimiento nominal de la tasa de gasto público primario del 3,8 % , que “excede” el incremento máximo recomendado por la UE, del 0,9 %.

“En general, estos elementos no parecen estar en línea con los requisitos de política presupuestaria” pactados entre la UE y España, expone la carta, que añade que “apuntan a un riesgo significativo de desviación en 2020 y a lo largo de 2019 y 2020 en conjunto”.

En estas circunstancias, la Comisión Europea recuerda la “importancia” enviar un borrador presupuestario “actualizado”, aunque entiende que su tramitación en España “se ha retrasado con respecto a su calendario habitual” por la situación política.

“Por tanto, invitamos a las autoridades españolas a presentar, tan pronto como el borrador presupuestario para 2020 sea enviado al Congreso, un proyecto actualizado a la Comisión Europea y al Eurogrupo que asegure el cumplimiento de las recomendaciones para España”, cierra la epístola.

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