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Economía

Los costes de la sanidad pública aumentan en 1.500 millones de euros: Sanidad universal… ruina nacional

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Pacientes españoles tienen que permanecer en el pasillo de un hospital
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Con el voto en contra de los diputados del Partido Popular y la abstención de los representantes de Ciudadanos, el pleno del Congreso ha aprobado esta semana el real decreto que restablece la asistencia sanitaria para todas las personas que se encuentren en España, independientemente de que sean nacionales, extranjeros o inmigrantes irregulares.

La ministra de Sanidad, Carmen Montón, defendió el real decreto porque «dignifica la acción política», a la vez que contribuye a mejorar la vida de los ciudadanos «eliminando desigualdades a través de la garantía de sus derechos, la solidaridad y la cohesión social».

La medida es un disparate económico y una injusta manera de equiparar a los ilegales que se encuentran en España por asaltar la frontera con cualquier español que lleva años cotizando. La sanidad española, como todos los servicios públicos nacionales, son el resultado del esfuerzo y el trabajo de muchas generaciones de compatriotas que los hicieron posible. En países mucho más ricos que el nuestro, como es el caso de Estados Unidos, los pacientes deben hacer frente al coste de los gastos sanitarios. En España, con una deuda millonaria, con las pensiones sobre el alambre, con una economía cada vez menos competitiva, con salarios de los más bajos de la UE, se derrocha lo que no tenemos en beneficio de personas que no contribuyen al sostenimiento de nuestro modelo productivo.

¿Cuántos más inmigrantes se apuntarán al “efecto llamada” para disfrutar hasta de una sanidad gratis? ¿A cuántos más impuestos deberemos hacer frente para mantener estos derroches? ¿Hasta cuándo permitirán los españoles que sus gobernantes les roben el presente y les dejen sin futuro? Mientras la castuza política vive blindada en viviendas inaccesibles y disfruta de privilegios propios de millonarios, el pueblo nativo español parece haber sido condenado a pagar impuestos “suecos” y a disfrutar de servicios nigerianos.

Es preciso decirlo alto y claro. Los que hoy entran ilegalmente en España en avalancha son los que acabarán con las pensiones del futuro. El bienestar logrado por nuestros padres y abuelos, trabajando de sol a sol, lo disfrutan ya los recién llegados, sin haber aportado nada. Ellos ocuparán las camas de los hospitales mientras los españoles de origen tendrán que permanecer en los pasillos. En definitiva, la ceguera de este Gobierno está cavando la tumba de España y los españoles. El problema no son los emigrantes, el verdadero problema son los dirigentes que tenemos, ya que al final de su etapa política tendrán asegurada una pension y vivirán en zonas donde no tendrán que estar en contacto con la delincuencia. No tienen sentido de futuro para España, solo atienden a su bienestar y ambición.

Todos somos responables de que esto suceda. Todos somos responsables por resignarnos a la tragedia social y económica que se avecina.

Teniendo en cuenta las dificultades presupuestarias que lo afectan y el alargamiento de la esperanza de vida, el sistema sanitario español está al borde de la quiebra financiera. La inmigración trae desequilibrios suplementarios: un creciente número de beneficiarios no cotizantes, el turismo sanitario, la aparición de enfermedades raras o erradicadas, enfermedades tropicales y la tuberculosis muy frecuente en las zonas con alta inmigración africana. La misma organización de los servicios de urgencia se ve perturbada por comportamientos compulsivos, incluso agresivos, de personas que no respetan las normas y las reglas de los establecimientos hospitalarios. Este aumento de demanda sanitaria, al no haber sido ni anticipado ni financiada lleva a los hospitales a contratar a médicos extranjeros muchas veces de baja cualificación.

Los costes de la sanidad pública se han incrementado en 1.500 millones de euros, pero para la ministra Montón, este problema no existe. Y no solo se está disparando el gasto, sino que se reduce alarmantemente la calidad y se incrementan las listas de espera. Y aquí ya no hablamos de gastos, sino de vidas humanas.

Su objetivo ahora es que “la universalidad de la sanidad es irrenunciable”, es decir, el gratis total a los ilegales, lo que unido a la pretensión del irresponsable de Marlaska, que piensa reducir las barreras de entrada, multiplica exponencialmente el efecto llamada, propalado a los cuatro vientos por la cadena Al Jazzera y otras que señalan España como el país coladero de inmigrantes.

A esta locura suicida se une el nuevo impulso al turismo sanitario. Miles de inmigrantes traen a sus familiares a España para tratamientos costosísimos, desde trasplantes de cadera y de hígado a diálisis y otros, pasando en muchos casos por delante de los españoles, o envían millones en medicinas a sus parientes, un disparate que no sucede en ningún país del planeta. La ‘universalidad’ y el turismo sanitario costarán más de 3.000 millones (no los 1.100 estimados) anuales, robados literalmente a la clase media y a la clase trabajadora. El descontrol del gasto en Sanidad desde que fue transferida a las comunidades autónomas es total y absoluto, un escándalo nacional, que nos cuesta casi el doble de lo que debería.


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Economía

López Obrador acusa a Repsol de lucrarse con un contrato de gas en 2003

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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó este jueves a la multinacional española Repsol de lucrase a costa de licitaciones otorgadas por el Gobierno mexicano en 2003.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario expuso que hace años el Gobierno otorgó a la energética “el permiso para explotar gas en la Cuenca de Burgos (en el Golfo de México) a Repsol”, cuando la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) ya lo estaba produciendo.

“La justificación para dárselo a Repsol fue que iban a producir más gas. Manejaron el contrato como 10 años, no aumentó la producción de gas y se le entregaron recursos por miles de millones de dólares. Le fue muy bien a la empresa y muy mal al país”, abundó.

La declaración surgió a raíz de que el líder de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) fuese cuestionado por la prensa por la cancelación de concursos para buscar socios privados a Pemex, luego de firmar un acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

El miércoles, el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, expresó su sorpresa porque el mismo día que firmaron el acuerdo de inversión para diversos sectores, entre ellos el energético, la Secretaría de Energía canceló la licitación para buscarle socios a la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

Este jueves, López Obrador contestó a esto que, si se abren o no nuevas licitaciones, “va a depender de lo que ellos (los empresarios) hagan”.

“Si se estuviese produciendo con los contratos (ya existentes) ellos tendrían más fuerza para estar pidiendo que se convocaran más rondas”, remachó.

Fue después de esto que el mandatario sacó a relucir el ejemplo de Repsol como un ejemplo de lo que su Gobierno no hará.

Agregó que este tipo de acciones “son vicios que vienen de tiempo atrás”.

“Les puedo probar que hay contratos de otros tiempos que han sido jugosísimos para las empresas y malos negocios para la Hacienda pública”, dijo.

Desde su llegada al poder el pasado 1 de diciembre de 2018, López Obrador ha defendido una política energética alejada de la de su predecesor, Enrique Peña Nieto (2012-2018), quien impulsó una reforma energética que abría el sector a la iniciativa privada tras décadas de monopolio estatal.

Si bien desde el Gobierno se ha insistido en que no se derogará dicha reforma y se seguirá apostando por la inversión privada y extranjera, esta será más controlada para evitar casos como los que expuso este jueves el mandatario.

 


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Economía

Prohibido ser agoreros

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Yolanda Valdeolivas
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Yolanda Gómez (R).- Hoy hemos conocido el buen comportamiento del mercado laboral en el mes de mayo, en el que la ocupación creció en 211.752 trabajadores, acercándose ya el número de afiliados total a los 19,5 millones. Son, sin duda, buenas cifras por las que todos debemos felicitarnos.

Sin embargo, más que de los buenos datos de paro, de lo que hoy todo el mundo está hablando es de la reprimenda que la secretaria de Estado de Empleo ha echado al Banco de España. Yolanda Valdeolivas, ha instado al organismo supervisor a que «pida perdón» y deje de lado «los malos augurios» sobre el mercado de trabajo por la subida a 900 euros del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) porque «no se corresponden con la realidad». Recordemos que el pasado mes de febrero, el Banco de España auguró que esta subida, superior al 22% sobre el salario mínimo, podría traducirse en la pérdida de 125.000 empleos.

Resulta cuanto menos extraño que el Gobierno diga a un organismo autónomo y en teoría independiente lo que debe o no debe hacer y cómo deben ser sus previsiones. Pero además es que no ha sido solo el Banco de España, sino que la mayoría de los analistas y de los organismos internacionales, como el FMI, han advertido de los efectos adversos que puede tener una subida de golpe del salario que normalmente reciben los trabajadores menos cualificados y especialmente jóvenes y mujeres. No se si la secretaria de Estado extenderá esta exigencia de petición de disculpas a todos ellos.

En todo caso, haría bien Yolanda Valdeolivas en no lanzar tan pronto las campanas al vuelo. Esta situación nos recuerda demasiado al debate en 2008 entre Solbes y Pizarro, en el que este último recibió todo tipo de críticas e insultos por agorero y después vino lo que vino. Espero y deseo que la historia no se repita y que sea el Banco de España y los teóricos de la economía quienes fallen en sus previsiones y no, una vez más, un Gobierno socialista incapaz de adelantarse y prever las futuras crisis.


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Economía

Hacienda interrumpe la celebración de un enlace en Badajoz: “Hemos venido a embargar su boda”

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El matrimonio en el despacho de su abogado - HOY
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Dos inspectores de la Agencia Tributaria irrumpieron el pasado 1 de junio en la celebración del convite de una boda en Badajoz porque al parecer la empresa del catering debía dinero a Hacienda. En concreto, según informa el diario Hoy, todo ocurrió cuando necesitó ayuda para ir al baño. En su camino se encontró con dos hombres con un portátil, que tras identificarse le dijeron: «Somos de la Agencia Tributaria. Hemos venido a embargar su boda».

La novia en un principio creía que ambos investigaban posibles pagos en negro o los regalos. Pero no fue así. La razón por la que ambos agentes irrumpieron en el enlace fue que la empresa de catering le debía dinero a la Agencia Tributaria. Así, el objetivo de los inspectores era averiguar cómo era su contrato con este negocio e interceptar el pago, es decir, que los novios le diesen el dinero a Hacienda para paliar la deuda fiscal del catering. De esta manera, uno de los días más felices para esta pareja, se tornó en pesadilla. Ambos, de 39 y 43 años, llevan juntos diez años, tienen dos hijos pequeños y hace un año decidieron casarse e invertir sus ahorros en una boda especial en la que reunir a sus familias.

Ambos alegan que le estropearon parte del evento y que sufrieron daños morales. Y es que tras la entrada de los inspectores los camareros del catering dejaron sin servir los postres y el champán para brindar. Por ello han contratado al abogado pacense Eduardo Gil Mastro y van a presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial a la Agencia Tributaria. «No entiendo la agresividad de ir a la boda, hablar con nosotros, llamar a la Guardia Civil… Podían notificarnos, como lo han hecho luego por escrito y por email, que no debíamos pagar a la empresa porque quieren que hagamos el pago directamente a Hacienda como acreedores. Perdimos servicios, por no hablar del daño moral», relata el novio.

Como cualquier pareja, eligieron fecha, sitio para la ceremonia y se pusieron a buscar un salón para el banquete y el baile. Encontraron una finca perfecta para lo que querían, firmaron un contrato y pagaron una señal a través de una transferencia bancaria. En ningún momento, explica la novia, les pidieron un pago en ‘B’. «En el contrato pone que, tras el abono final, nos darían la factura, así que todo estaba bien».

El abogado de la pareja, Eduardo Gil, cree que los trabajadores de la Agencia Tributaria llamaron a los agentes de la Guardia Civil porque alguien se negó a darles datos y querían que levantasen acta. Lo que no comprenden los novios es que una vez más les colocasen a ellos en el centro de la investigación en un día tan delicado. «Solo les pedíamos arreglarlo el lunes, pero nos decían que no y nos repetían lo mismo de nuevo, lo de la empresa», dice la novia.

Dos días después de la boda, los novios acudieron de nuevo a la sala para recoger sus cosas e informar a la empresa de que no les pagarían. Ese mismo día dos agentes de la Agencia Tributaria fueron a su casa y hablaron con la madre de la novia. «Estuvimos a punto de no irnos de luna de miel porque estábamos preocupados. Finalmente nos animamos, pero no nos lo quitábamos de la cabeza. En Venecia nos llegó por email el requerimiento para que retuviésemos el pago y presentásemos los papeles del contrato y la transacción. Más adelante nos darán un número de cuenta para ingresárselo a Hacienda», dice la novia. «Eso lo entendemos. Es normal ¿Por qué no lo hicieron así? Una carta o un correo con el requerimiento en lugar de meterse en la boda», concluye el novio.


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