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Tribunales

Los independentistas quieren volver a debatir sobre la autodeterminación en el Parlament

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Los grupos de JxCat, ERC y la CUP han registrado este martes en el Parlament una propuesta de resolución de respuesta a la sentencia en la que consta un apartado por el que piden que la Cámara reitere poder debatir sobre la autodeterminación en los plenos.

El documento consultado por Europa Press rechaza la sentencia del Tribunal Supremo contra los impulsores del 1-O y plantea que el Parlament “reitera y reiterará, tantas veces como lo quieran los diputados y las diputadas, la reprobación de la monarquía, la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Catalunya a decidir su futuro político”.

Estos son tres de los puntos de advertencia del Tribunal Constitucional a la Mesa del Parlament, a la que ha exigido paralizar el trámite de propuestas que vayan en ese sentido, después de haber anulado propuestas de resolución aprobadas en la Cámara sobre estos respectos.

De hecho, en la reunión de la Mesa del Parlament, antes de que se aceptara a trámite, los letrados de la Cámara han advertido al órgano rector de que este punto de la propuesta de resolución contravenía los autos y advertencias del TC.

“El Parlament denuncia la censura que el TC pretende imponer al Parlament, claramente incompatible con la autonomía y la inviolabilidad de la cámara”, expone otro apartado del escrito, mientras que otro punto defiende que las competencias autonómicas no pueden definir los límites de lo que se puede hablar o no en la Cámara y otro recuerda que se han aprobado decenas de resoluciones políticas sobre el derecho a la autodeterminación desde 1989.

Bajo el título ‘Propuesta de resolución en respuesta a la sentencia del 1-O’, el documento es el punto de consenso al que han llegado republicanos, ‘cupaires’ y JxCat, después de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, lanzara el martes pasado su propia propuesta en el pleno extraordinario sobre la sentencia, sin avisar a ninguno de los tres grupos, generando fricciones entre ellos.

En aquel plenario, pese a las reticencias de la CUP, no se permitió introducir documentos ni de los grupos ni del Govern ni del presidente para que fueran votados por el hemiciclo.

Ahora, esta propuesta en principio tampoco podrá ser debatida en el pleno ordinario fijado para este miércoles y jueves, ya que, para hacer una modificación del orden del día –ya sea reuniendo a la Junta de Portavoces o bien en el mismo pleno–, se tendría que haber registrado por vía de urgencia, algo que no ha sucedido, explican fuentes parlamentarias, por lo que debería respetarse el plazo de siete días para que los grupos presenten enmiendas.

Con todo, el artículo 83 del reglamento del Parlament establece que no se puede modificar el orden del día sin haber cumplido los trámites reglamentarios, “a excepción de un acuerdo explícito en el sentido contrario, adoptado por mayoría absoluta”; una mayoría que los tres grupos independentista tienen en el hemiciclo.

EL DOCUMENTO

En la exposición de motivos, el documento critica la sentencia del 1-O porque considera que es “una regresión en materia de libertades, no solo para Catalunya, sino para todo el Estado” y sostiene que limita derechos fundamentales y criminaliza la disidencia política.

Reprocha que el TC intente “imponer al Parlament una vulneración inaceptable del derecho a la representación política”, por lo que rechaza la sentencia y las decisiones del Constitucional.

“El Parlament exige la libertad de los presos políticos, el libre retorno de los exiliados y el fin de la represión”, piden votar en la cámara, así como expresar la indignación sobre una sentencia que tachan de injusta porque consideran que limita el ejercicio de derechos fundamentales en lo que tildan de deriva autoritaria del Estado que afecta a todos los demócratas.

Hacen referencia concreta al “escándalo democrático” que supone la condena de 11 años a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y afirman el carácter cívico y no violento del movimiento independentista, según el texto.

El texto advierte de que la sentencia establece un precedente inaceptable a partir del cual todas las formas de protesta como el paro de un desahucio, la ocupación de un centro de atención primaria o el corte de una calle, “pueden convertirse en un delito de sedición”.

Los impulsores del documento también quieren que el Parlament reitere que el conflicto entre Catalunya y el resto del Estado es “político y no se resolverá mediante los tribunales”, y avisan de que las mayorías parlamentarias no renunciarán a sus convicciones por más represión que haya.


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Tribunales

La amenaza de un segundo juicio por desobedecer con los lazos planea sobre Torra

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El presidente de la Generalitat, Quim Torra, el pasado lunes camino al TSJC para ser juzgado por desobiediencia
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La sala contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha acordado llevar a la vía penal al presidente catalán, Quim Torra, por desoír una orden suya del pasado mes de septiembre para que retirara del Palau una pancarta de apoyo a los políticos presos con un lazo amarillo.

En un auto, que cuenta con el voto particular de uno de los cuatro magistrados, el TSJC resuelve deducir testimonio contra Torra ante la sala penal del alto tribunal por no haber descolgado la pancarta, dentro del plazo de 48 horas que le dio, a raíz un recurso que la asociación Impulso Ciudadano presentó para mantener la neutralidad del edificio incluso fuera de período electoral.

De prosperar este proceso penal, esta sería la segunda causa abierta a Quim Torra por negarse a quitar símbolos de apoyo a los políticos presos de los edificios públicos dentro de los plazos establecidos, lo que el lunes pasado ya le llevó a juicio ante el TSJC, en este caso por desobedecer presuntamente a la Junta Electoral.

El TSJC ordenó el pasado 20 de septiembre a Torra que retirara la pancarta, con el lema «Libertad presos políticos y exiliados» y flanqueada con un lazo amarillo, al considerar que debe garantizarse la «neutralidad institucional» del edificio, como medida cautelar mientras resuelve el recurso presentado por Impulso Ciudadano, asociación liderada por el exdiputado de Cs en el Parlament José Domingo.

El presidente de la Generalitat, no obstante, desoyó el ultimátum de 48 horas que le dio el tribunal y recurrió en paralelo la orden, tras lo que el TSJC dictó un nuevo requerimiento en el que instaba a los Mossos d’Esquadra a retirar los símbolos de apoyo a los presos del Palau «de forma inmediata».

Ante ese segundo requerimiento dirigido a la policía catalana, el 27 de septiembre personal de mantenimiento del Palau retiró la pancarta, tras lo que cuatro activistas independentistas -los exdiputados Lluís Llach y Antonio Baños, la actriz Silvia Bel y la portavoz de la plataforma Som Escola, Teresa Casals- desplegaron otra con el lema «Libertad de opinión y expresión. Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos».

En su auto, fechado el 4 de noviembre -antes del juicio a Torra-, la sala contenciosa desestima el recurso que presentó el presidente catalán y le advierte de que la pancarta y el lazo son símbolos «cuya naturaleza no es neutral y, por ende, inevitablemente partidista».

En su recurso, Torra invocaba la libertad de expresión, pero la sala le recuerda que el presidente tiene ocasión de ejercitarla «en todos los foros y en todos los formatos a su alcance, en el Parlament y en los medios públicos y privados de comunicación», sin invadir los derechos de libertad ideológica y neutralidad institucional planteados por Impulso Ciudadano.

La sala acuerda además deducir testimonio contra el presidente de la Generalitat, y remitirlo a la sala civil y penal del TSJC para que lo investigue, después de que el 27 de septiembre constatara, a través de su secretaria judicial, que la pancarta seguía en el Palau pese a haber expirado el ultimátum a Torra.

Por ese motivo, el tribunal decidió requerir al comisario de los Mossos que diera instrucciones a sus fuerzas para descolgar la pancarta, lo que no fue necesario porque, a las 15.40 horas de ese mismo 27 de septiembre, la policía catalana levantó acta constatando que se había retirado.

Voto particular

Como ya hizo cuando el tribunal dio el ultimátum a Torra el pasado 19 de septiembre, el magistrado Eduard Paricio se desmarca de la sala en un voto particular al considerar que una pieza de medidas cautelares no es el marco «idóneo» para adoptar decisiones que responden a cuestiones de fondo.

El juez alega que en este caso se discute sobre cuestiones de una «notable complejidad jurídica» ya que afectan a los límites del derecho de los cargos a la libertad de expresión, al alcance y naturaleza de la neutralidad que se puede exigir a las instituciones y a los derechos de los ciudadanos al respecto.

Por este motivo, concluye en su voto particular que antes de adoptar medidas como las que han asumido sus compañeros de sala se tendría que permitir que las partes desplegaran con profundidad sus razonamientos y que pudieran aportar las pruebas que consideren necesarias.

A su entender, en el actual momento procesal de esta causa no se presenta con «suficiente claridad» el debate «como para permitir que entre en juego el principio de apariencia de buen derecho en la toma de una decisión cautelar».

El auto del TSJC se ha hecho público dos días después de que el TSJC dejara visto para sentencia el juicio por desobediencia contra Torra, para quien la Fiscalía pide un año y ocho meses de inhabilitación por desoír una orden de la Junta Electoral para que retirara el lazo del Palau en la campaña del 28A.


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Tribunales

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea limita la libertad de expresión

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En la imagen: Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo. Por Judith
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Por Judith Bergman.- Una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea parece darles a los países miembros de la UE un poder insólito para determinar el discurso público online, para determinar lo que los ciudadanos pueden o no pueden leer. En la imagen: Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo. (Fuente de la imagen: Transparency International/Flickr)

El 3 de octubre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó en una sentencia que los tribunales nacionales de los países miembros de la UE pueden ordenar a Facebook la retirada de material difamatorio a nivel mundial:

“Las leyes de la UE no impiden que un proveedor de alojamiento, como Facebook, reciba la orden de eliminar comentarios idénticos y, en ciertas circunstancias, equivalentes a comentarios previamente declarados ilegales. Además, las leyes de la UE no impiden que dicha orden judicial produzca efectos a nivel mundial, dentro del marco de las leyes internacionales pertinentes que corresponda a los países miembros tener en cuenta.”

La sentencia se produjo después de que la política austriaca Eva Glawischnig-Piesczek, presidenta del partido Die Grünen (Los Verdes), demandara a Facebook Irlanda en los tribunales austriacos. Según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea:

“Ella [Eva Glawischnig-Piesczek] solicitó que se ordenase a Facebook suprimir un comentario publicado por un usuario de esa red social que atentaba contra su honor, así como alegaciones idénticas y/o de contenido similar.

“El usuario de Facebook de que se trata había compartido en su página personal un artículo de la publicación austriaca en línea oe24.at titulado “Los Verdes: a favor del mantenimiento de unos ingresos mínimos para los refugiados”. Esto generó en la citada página una imagen en miniatura del sitio de origen, en la que se incluía el título y un breve resumen del citado artículo, al igual que una fotografía de la Sra. Glawischnig-Piesczek. Asimismo, en relación con el artículo, dicho usuario publicó un comentario redactado en términos que los tribunales austriacos declararon contrarios al honor de la Sra. Glawischnig-Piesczek, ofensivos y difamatorios. Cualquier usuario de Facebook podía consultar esa reseña.”

La sentencia ha generado preocupación entre las organizaciones que defienden la libertad de expresión. Thomas Hughes, director ejecutivo de ARTICLE 19, una organización sin ánimo de lucro que trabaja para “proteger el derecho a la libertad de expresión en todo el mundo”, dijo:

“Esta sentencia tiene graves repercusiones para la libertad de expresión en internet en todo el mundo.

“Obligar a las redes sociales como Facebook a eliminar automáticamente publicaciones al margen de su contexto infringirá nuestro derecho a la libertad de expresión y restringirá la información que vemos en la red. (…)

“La sentencia también significa que un tribunal en un país miembro de la UE podrá ordenar la retirada de publicaciones en las redes sociales en otros países, aunque no sean consideradas ilegales allí. Esto sentaría un peligroso precedente donde los tribunales de un país pueden controlar lo que pueden ver los usuarios de internet en otro país. Esto podría estar abierto a abusos, en particular de regímenes con una deficiente ejecutoria en materia de derechos humanos.”

Según el artículo 19:

“La sentencia significa que Facebook tendría que usar filtros automatizados para identificar publicaciones en las redes sociales que sean consideradas “contenido idéntico” o “contenido equivalente”. Se usa la tecnología para identificar y borrar contenido que se considera ilegal en la mayoría de los país, por ejemplo, imágenes de abuso infantil. Sin embargo, esta sentencia podría provocar que se usen filtros para las publicaciones de texto en busca de contenido difamatorio, lo que es más problemático, dado que el significado del texto podría cambiar en función del contexto. Aunque la sentencia ha hablado sólo debería retirarse el contenido que sea en esencia el mismo que la publicación ilegal original, es probable que los filtros automatizados cometan errores.”

La sentencia “socava el antiguo principio de que un país no tiene derecho a imponer sus leyes sobre la libertad de expresión en otro país”, declaró Facebook en un comunicado.

“También abre la puerta a que se impongan obligaciones a las empresas de internet para que vigilen de forma proactiva el contenido y después interpreten si es “equivalente” a contenido que se ha declarado ilegal.”

La sentencia “permite en esencia que un país o región decida lo que los usuarios de internet de todo el mundo pueden decir y a qué información pueden acceder”, dijo Victoria de Posson, alta directiva en Europa de la Computer & Communications Industry Association, una asociación de la industria a la que pertenecen Google y Facebook.

La sentencia parece, en efecto, estar abriendo una caja de Pandora para el espacio, siempre menguante, de la libertad de expresión en Europa y potencialmente en todo el mundo, aunque se desconoce, en este momento, cómo podría afectar la sentencia a la libertad de expresión a nivel mundial.

Los intentos gubernamentales en Europa de censurar la libertad de expresión llevan mucho tiempo en marcha: en Alemania, la controvertida ley de censura, conocida como NetzDG, que entró en vigor el 1 de octubre de 2017, exige a las redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube que censuren a sus usuarios en nombre del Estado alemán. Las empresas propietarias de las redes sociales están obligadas a borrar o bloquear cualquier “delito penal” en internet como el libelo, el bulo, la difamación o la incitación en un plazo de 24 horas desde la recepción de la queja de un usuario. Las empresas de las redes sociales cuentan con siete días para los casos más complicados. Si no lo hacen, el Gobierno alemán puede imponerles una multa de hasta 50 millones de euros por no acatar la ley.

Presumiblemente, la nueva sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, podría significar que un tribunal alemán ordenara eliminar lo que según la NetzDG se considera contenido ilegal, o su equivalente, en otros países miembros de la UE en los que no existe una ley de censura tan draconiana.

Francia está considerando adoptar una ley similar a la de Alemania. A principios de julio, la Asamblea Nacional de Francia adoptó un proyecto de ley diseñado para acotar el discurso del odio en internet. El proyecto de ley les da a las redes sociales 24 horas para retirar el “contenido de odio” o de lo contrario se enfrentarán a multas de hasta el 4% de sus ingresos globales. El proyecto de ley se ha mandado al Senado francés. De nuevo, si el proyecto de ley se convierte en ley, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría significar que los tribunales franceses podrían exigir que Facebook retirara lo que los tribunales consideran contenido ilegal o su equivalente según la ley francesa.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en otras palabras, parece darles a los países miembros de la UE un poder insólito para determinar el discurso público online, para determinar lo que los ciudadanos pueden o no pueden leer. Naturalmente, está por ver exactamente cómo los tribunales nacionales de los países miembros de la UE interpretarán en la práctica la sentencia, pero las perspectivas parecen aún más sombrías para el futuro de la libertad de expresión en Europa.

(Gatestone Institute)


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Tribunales

Sentencia caso ERE: Alaya tenía razón

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La juez Mercedes Alaya, instructora del caso
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Alberto García Reyes.- Mercedes Alaya tenía razón. Fue apartada de la instrucción del caso con una maniobra burda con la que intentaron abocarla a una disyuntiva humillante: o el ascenso a la Audiencia o nada. La juez pidió una comisión de servicio para continuar al frente de la causa sin tener que renunciar a su oportunidad para ganar la plaza que por experiencia le correspondía, pero el poder político actuó para impedirlo. Era consejero de Justicia Emilio de Llera, un fiscal fichado por Susana Díaz que vejó a Alaya en multitud de comparecencias públicas hablando de su aspecto físico o de cualquier cosa que desviara la atención de lo importante: la magistrada había encontrado una maquinaria de corrupción en la Junta de Andalucía que permitía al gobierno socialista distribuir el dinero de los parados a su antojo, con total desprecio a la normativa vigente, beneficiando a empresas afines, a compañeros del partido y a familiares. Y se atrevió incluso a proponer una hipótesis superior sobre el «modus operandi» de los entonces todopoderosos presidentes y consejeros.

En opinión de la juez, los intrusos que estaban cobrando prejubilaciones en empresas en las que jamás habían trabajado sólo podían lograr esto si el método político utilizado había eliminado todas las barreras de control. Es decir, se trataba de un operativo organizado desde la cúpula de la Junta para el manejo arbitrario de los recursos públicos y que había degenerado en tres aberraciones principales: la compra de la llamada «paz social» en territorios en los que los trabajadores habían empezado a manifestarse contra el gobierno por la falta de medidas para favorecer el empleo; la desindustrialización de Andalucía con dinero de los contribuyentes; y la creación de un modelo de reparto que provocaba una competencia desleal en los sectores en los que intervenía, ya que las ayudas sólo podían lograrlas quienes estaban cerca del poder y mientras unas empresas tenían que lidiar con la crisis sin la menor posibilidad de obtener una subvención, otras se salvaban gracias a la colaboración directa de la Administración.

 

«La Junta colabora con quien colabora», había dicho en la grabación que dio origen a todo el escándalo el director general de Mercasevilla. Alaya supo ver todo esto por encima de la maraña de intrusos, conseguidores, empresas fantasmas, la compra de cocaína y demás variables del caso. Y a partir de ahí comenzó la persecución contra su prestigio.

Su supuesta relación con Zoido

Alfonso Guerra insinuó una supuesta relación con Juan Ignacio Zoido, que había sido el denunciante, los medios afines se encargaron de destacar las instrucciones supuestamente fallidas de la juez para difundir la idea de que investigaba siguiendo directrices políticas. IU la calificó de «pija, ultra y católica». Griñán llegó a decir desde su escaño en el Parlamento que Alaya «pone los autos que el PP le dice». Chaves la acusó de iniciar «una causa general contra la Junta de Andalucía». Y De Llera se despachó diciendo que a pesar de tener tanto trabajo seguía «tan guapa como siempre».

Se le impidió continuar en comisión de servicio para poner a una sustituta que ha archivado decenas de piezas y que ha sido denunciada por los seis fiscales de Sevilla ante el Consejo General del Poder Judicial por haber dilatado la instrucción hasta que las piezas separadas han ido prescribiendo… La campaña contra la juez que puso en jaque al gobierno socialista andaluz ha sido descarada desde que decidió mirar hacia arriba y no conformarse con la teoría de «los cuatro golfos» que desde el comienzo difundió el PSOE. Pero la verdad es mucho más tozuda que todas las artimañas de aquellos que han intentado dar lecciones de democracia mientras retrasaban el envío de la documentación al juzgado o incluso dejaban de mandar papeles que comprometían a los principales responsables políticos. La Audiencia de Sevilla ha determinado, en una dura sentencia, que la teoría de Alaya era cierta.

La juez diabólica que no sabía instruir tenía razón. Y gracias a su empeño en soledad, junto con la insistencia de algunos medios, ahora podemos saber que la sala de mando de Andalucía había organizado una trama para desviar dinero a un «fondo de reptiles» que permitía comprar la paz social en las zonas en las que la Junta había sido incapaz de generar empleo. Una partida que se usó para ganar elecciones y en la que se produjeron unas sobrecomisiones a aseguradoras y conseguidores cuyo destino real nunca se pudo averiguar. Ahí está tal vez la parte más escandalosa de esta historia. Alaya había empezado a investigar precisamente el rastro del dinero cuando fue apartada del caso. ¿Dónde fueron a parar realmente las comisiones? ¿Se las quedaron las aseguradoras o los fondos siguieron otro destino?

No hay que olvidar que en la grabación que originó todo esto, el condenado por pedir una comisión a unos empresarios les dijo: «El dinero puede ser para los niños saharahuis o para carteles de Felipe González».

De ese hilo quería tirar la juez cuando la ascendieron forzosamente y la retiraron de la instrucción. Tal vez los implicados sabían entonces que Mercedes Alaya estaba hurgando en el gran quid de la cuestión.


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