Los agentes investigan adjudicaciones presuntamente fraudulentas de empresas públicas dependientes de Hacienda

La UCO, sorprendida con el material incautado a Leire Díez: «Hay dinamita»

La palmaria ignorancia e incapacidad de la política cántabra, muy conocida en la Vega del Pas, en temas técnicos e informáticos, a la hora de cuidar sus comunicaciones escritas, va a redundar en el fin del «sanchismo».

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha topado con un filón documental que podría hacer tambalear los cimientos de varias instituciones públicas. Según confirman fuentes solventes próximas a la investigación, los agentes encargados de desprecintar y analizar el material intervenido a Leire Díez, exdirectiva de Correos y militante socialista, no ocultan su asombro ante la relevancia de los hallazgos. «Hay dinamita», aseguran con rotundidad fuentes solventes, subrayando que el contenido de sus dispositivos electrónicos y agendas personales es mucho más explícito de lo que se preveía inicialmente.

El pasado 10 de diciembre, en una operación coordinada que sacudió el tablero político, el Instituto Armado desplegó un operativo que incluyó 19 entradas y registros en diversas sedes mercantiles y domicilios particulares. Entre los objetivos prioritarios figuraban tres inmuebles vinculados directamente a Díez: una residencia en Cantabria, el apartamento de una colaboradora cercana en el barrio madrileño de Las Tablas y una vivienda en Leganés. Fue en este último punto donde los agentes localizaron el grueso del material que ahora quita el sueño a más de un alto cargo del Ejecutivo.

El «Grupo Hirurok»: comisiones y contratos a medida

A pesar del optimismo de los investigadores ante la calidad de la prueba obtenida, la instrucción se enfrenta a un primer valladar jurídico. El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha dictado una providencia por la cual acota estrictamente el análisis de la información incautada al periodo comprendido entre los años 2021 y 2023. Esta decisión responde a la estrategia de la defensa del exalto cargo, que busca evitar a toda costa que la Guardia Civil bucee en documentación posterior que pudiera abrir nuevos frentes judiciales. Bajo el foco del Juzgado Central de Instrucción número 5 se encuentran una serie de adjudicaciones bajo sospecha emanadas de empresas públicas dependientes del Ministerio de Hacienda. La Fiscalía Anticorrupción ha puesto la lupa sobre cinco expedientes administrativos cuyo valor conjunto asciende a los 132 millones de euros. Entre ellos destaca, por su simbolismo y por la presunta chapuza documental, el contrato otorgado a Servinabar 2000 SL, la empresa ligada al entorno de Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE.

Los agentes de la UCO sostienen que los dispositivos electrónicos de Díez —dos teléfonos móviles de última generación y un ordenador portátil— junto con sus agendas manuscritas, son la pieza del puzzle que faltaba para entender cómo se fraguaron estas operaciones en el seno de la administración. La tesis de los investigadores es que Leire Díez formaba parte de una estructura de toma de decisiones paralela bautizada como el «Grupo Hirurok» (término que en euskera significa ‘los tres juntos’). Este núcleo duro estaba integrado por la propia Díez, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, y el empresario navarro Antxon Alonso, socio de Cerdán en Servinabar.

Según los informes remitidos al juzgado, este triunvirato se habría servido de su ascendencia y sus vínculos con diversos «cargos públicos» para teledigitalizar la adjudicación de contratos en entes como la SEPI, Mercasa, Sepides y Correos. El objetivo final no era otro que el lucro personal a través del cobro de comisiones ilegales que la UCO cifra, indiciariamente, en unos 750. 000 euros. En el caso concreto de la exmilitante socialista, se han detectado pagos por valor de 21. 500 euros que habrían sido canalizados de forma opaca a través de la sociedad Mediaciones Martínez SL.

Uno de los ejemplos más flagrantes de esta operativa es el contrato menor adjudicado por Mercasa a la empresa de Alonso. Los investigadores sospechan que los 18. 119 euros pagados por un supuesto informe técnico de las oficinas de la sede central respondieron a un «trabajo inexistente». La UCO ha constatado que dicho informe no solo era innecesario, sino que estaba plagado de falsedades y valoraciones infladas sobre los costes de rehabilitación, con el único fin de generar una justificación mendaz para el cambio de sede de la sociedad pública y, de paso, regar de fondos a los miembros de la trama.

El magistrado Pedraz, en un intento de blindar la causa contra futuras nulidades, ha ordenado separar quirúrgicamente el material estrictamente relacionado con los delitos investigados de aquel que pertenece a la esfera íntima de la acusada. Para ello, ha abierto una pieza separada de expurgo. El instructor ha conminado a la UCO a que ponga a disposición del juzgado todos los efectos originales y sus copias de trabajo, advirtiéndoles seriamente de que deben abstenerse de utilizar cualquier información de los dispositivos en tanto no se realice este filtrado. Sin embargo, fuentes judiciales recuerdan que el origen de esta causa es, precisamente, un hallazgo casual. El «caso Hirurok» nació tras el análisis de los terminales de Antxon Alonso en el marco del ‘caso Koldo’. Si durante el periodo 2021-2023 analizado ahora en los móviles de Díez aparecieran indicios de otros delitos de forma fortuita, la UCO estaría obligada a dar cuenta de ello, lo que podría derivar en nuevas piezas separadas.

Lo que más ha llamado la atención de los especialistas en delitos telemáticos de la Guardia Civil es la disparidad de comportamiento entre los principales investigados. Mientras que Vicente Fernández Guerrero, hombre de la máxima confianza de la actual candidata socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, entregó un teléfono móvil «impoluto», Leire Díez conservaba prácticamente todo su historial de comunicaciones. Tal y como adelantó THE OBJECTIVE, Fernández Guerrero realizó un borrado sistemático, deliberado y profesional de su terminal antes de ser detenido. Una maniobra que los investigadores califican como un indicio claro de que el expresidente de la SEPI era plenamente consciente de la gravedad de los hechos que ahora están siendo investigados.

Por el contrario, el dispositivo de Díez es un libro abierto. En él se han localizado hilos de conversación, tanto en aplicaciones de mensajería instantánea como en correos corporativos y personales, que están permitiendo a la UCO reconstruir las cronologías de las reuniones y los contactos entre la red de intermediación y los altos cargos públicos. Estas comunicaciones son, a juicio de los investigadores, la prueba de cargo que refuerza la hipótesis de que existía una red organizada para influir no solo en pequeñas adjudicaciones, sino también en grandes operaciones estratégicas como rescates públicos de empresas, venta de patrimonio inmobiliario del Estado y adjudicaciones presuntamente ilegales. La «dinamita» que la UCO dice haber encontrado en el material de Díez apunta directamente a la existencia de un ecosistema de favores en el que la frontera entre lo público y lo privado se desdibujó por completo bajo la sombra de la SEPI.