El presidente del Gobierno insta a Casado a negociar «hoy mismo» un acuerdo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial y retirar la polémica reforma pactada con Podemos.

Tras el toque de atención que dio Bruselas el jueves al Gobierno por su propuesta para reformar la ley del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Pedro Sánchez pasó toda la presión al Partido Popular y a Pablo Casado para que se avenga a negociar su renovación y así retirar la polémica proposición de reforma pactada con Podemos.

«Esto tiene fácil solución si el PP vuelve a la senda de la responsabilidad de Estado y de sus obligaciones constitucionales, y se sienta a negociar», afirmó el Presidente del Gobierno tras la última jornada del Consejo Europeo de este viernes en Bruselas.

Sánchez insistió en que el Ejecutivo está dispuesto a negociar con Casado «hoy mismo si quiere» para llegar a un acuerdo y acabar así con «el bloqueo absoluto del PP» en la renovación del órgano de los jueces. El líder socialista mostró su predisposición a hacer concesiones, pero señaló que «lleva dos años esperando a Casado» para la renovación y en este tiempo llegaron a dos acuerdos que «los rompió el PP de manera unilateral, el último en agosto que estaba cerrado al 99%». «Nosotros estamos dispuestos en base a los términos del acuerdo de julio a volver a sentarnos y desatascar el bloqueo de esta situación ya», insistió.

La nueva oferta de Sánchez a los populares para negociar la renovación del CGPJ llega después de que el jueves el portavoz de Justicia de la Comisión Europea, Christian Wigand, advirtiera de que el Ejecutivo comunitario estaba «siguiendo de cerca los acontecimientos» sobre la reforma propuesta por PSOE y Podemos, algo que provocó un fuerte revuelo al ser interpretado como un posible toque de Bruselas al Ejecutivo español. Sánchez no quiso entrar a valorar el comunicado de la Comisión y se limitó a mostrar «respeto absoluto» al brazo ejecutivo comunitario.

Documento de la UE

La Comisión Europea se refirió además al Informe sobre el Estado de Derecho publicado recientemente. En este documento, Bruselas urgía a España a renovar el CGPJ subrayando la necesidad de reducir la influencia del poder legislativo o ejecutivo sobre el poder judicial para despolitizarlo y fortalecer su independencia.

Sin embargo, la propuesta presentada esta semana en el Congreso por PSOE y Podemos va precisamente en la dirección contraria, al rebajar las mayorías en el Congreso y Senado para la elección de los vocales y recortar las atribuciones del CGPJ cuando entra en funciones tras finalizar su mandato de cinco años.

La proposición de los partidos del Gobierno de coalición no ha podido llegar en peor momento, justo cuando la negociación entre la Eurocámara y el Consejo para desbloquear los fondos europeos sigue encallada, precisamente por la cláusula para retirar las ayudas a los países que violen los principios del Estado de Derecho (Rule of Law). La reforma planteada socavaría estos principios y podría acabar dificultando la llegada de las ayudas europeas a España.

El PP respondió rápidamente a la oferta de negociación de Sánchez. En este sentido, el PP reiteró sus condiciones para ello. En primer lugar, que el Gobierno retire la reforma, «ya que es contraria a la Constitución y a los Tratados Europeos, y que va contra la independencia judicial y la separación de poderes». En segundo lugar, reclamó que Podemos «no tenga nada que ver en este proceso como partido imputado [ante los tribunales] que arremete contra el Poder Judicial y contra el Rey».

Es una clara referencia a las críticas a la monarquía que han hecho el vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón. Por último, los populares instaron a Sánchez a aceptar su reclamación de «despolitización del proceso de renovación del poder judicial que llevamos planteando durante meses».

Además, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) acordaron este viernes que no acudirán a las reuniones que convoque el Ministerio de Justicia mientras se mantenga la Proposición de Ley.

En un comunicado, ambas asociaciones resaltaron que en defensa de la independencia judicial han decidido «no acudir a las reuniones convocadas ni a las reuniones que ulteriormente se organicen por el Ministerio de Justicia para los próximos días».

Además, advirtieron al Gobierno de que no se puede hablar de planes de choque o proyectos de reforma «con quien justifica, promueve y apoya un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ataca de plano a la independencia judicial» y ubica a España «fuera de los valores y estándares europeos de separación de poderes».