La Fiscalía pide penas que oscilan entre 38 y 40 años de cárcel para cada uno de los tres exjugadores de la Arandina C.F. a los que acusa en total de un delito contra la libertad sexual, otros dos de agresión sexual a menor de 16 años y un cuarto delito de agresión sexual «continuado» a menor de 16 años.

El Ministerio Público dirige así su escrito de calificación provisional contra los procesados Carlos Cuadrado «Lucho», de 24 años; Víctor Rodríguez «Viti», de 22 y Raúl Calvo, de 19, todos ellos arrestados en diciembre de 2017 por hechos ocurridos un mes antes, han informado fuentes de la Fiscalía.

En el escrito, la acusación pública considera que los tres procesados mantenían contactos telefónicos y mediante redes sociales, sobre todo por Whatsapp, desde septiembre de 2017 con una menor de edad, de 15 años, a la que conocían con anterioridad y cuya edad sabían, con el fin de convencerla para mantener relaciones sexuales con ellos.

Fue el 24 de noviembre de 2017 cuando la menor acudió al domicilio de los tres encausados donde, después de una conversación, fue obligada a mantener relaciones sexuales con todos ellos en el salón de la casa, para seguidamente ser de nuevo obligada por uno de ellos, Raúl Calvo, a soportar otra relación sexual en un dormitorio de la vivienda, sostiene la Fiscalía de Burgos.

Para el Ministerio Público, los hechos constituyen un delito contra la libertad sexual, un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años y otros dos delitos de agresión sexual, en ambos casos también a menor de 16 años.

Establece que los tres procesados son supuestos autores de un delito contra la libertad sexual, mientras que del delito continuado a menor de 16 años acusa a Raúl Calvo como autor y a los otros dos procesados como cooperadores necesarios, en relación con el delito cometido en el salón de la casa.

De uno de los delitos de agresión sexual a menor de 16 años considera autor a Carlos Cuadrado y cooperadores necesarios a los otros dos jóvenes, mientras que del otro delito con la misma tipificación establece como autor a Víctor Rodríguez y como cooperadores necesarios los otros dos.

Para Raúl Cuadrado «Lucho», demanda en total cuarenta años de cárcel, de los que un año corresponde al delito contra la libertad sexual, quince al delito continuado a menor de 16 años y doce años a cada uno de los otros dos delitos de agresión sexual.

Además de las penas de cárcel, reclama la prohibición de que el encausado se comunique por cualquier medio con la víctima y que se acerque a ella a menos de mil metros durante dieciséis años por uno de los delitos de agresión sexual, mientras por el otro solicita las mismas prohibiciones de comunicación y de aproximación, pero por un periodo de trece años.

La Fiscalía pide para Carlos Cuadrado «Lucho» un total de 39 años de prisión, de los que uno tiene que ver con el delito contra la libertad sexual, catorce con un delito de agresión sexual a menor de 16 años y doce años por agresión sexual continuada a menor.

Por el otro delito de agresión sexual a menor de 16 años demanda doce años de cárcel, además de solicitar también la prohibición de acercarse y comunicarse a la víctima por un total de veintiséis años.

Para el tercer procesado, Víctor Rodríguez «Viti», el ministerio público solicita una pena global de 38 años de prisión, distribuida en un año por el primero de los delitos, catorce por agresión sexual a menor de 16 años, doce por delito continuado de agresión sexual y otros doce años por el otro delito de agresión sexual a menor de 16 años del que le acusa.

En este caso, la solicitud de prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima suma veintiséis años.

La Fiscalía pide también diez años de libertad vigilada para cada encausado y, como responsabilidad civil, pide que los procesados indemnicen conjunta y solidariamente a la menor, a través de sus padres, en 50.000 euros por el daño moral causado y solicita imponer además a Raúl Cuadrado el pago de una indemnización de otros 20.000 euros a la víctima por el daño moral causado.

Pide también la acusación pública que el juicio que se celebre se desarrolle a puerta cerrada para la protección de los menores intervinientes en el proceso.