AN.- Abortad a vuestros hijos cuanto queráis, educadlos según os plazca, inculcadles vuestros corruptos principios, pero cejad en el empeño de pervertir a los nuestros con vuestras teorías escatológicas como dimensión de vuestro satánico universo. Acaso la pretensión de la mafia progresista de arrebatarnos a nuestros hijos sirva para que la derecha social española diga ‘basta’ y para que afrontemos todos a una el desafío de plantar batalla a su prevaleciente ideología. Ni un paso atrás. La derecha política debe sacudirse sus complejos y reivindicar el concepto de la decencia frente a quienes quieren imponer a nuestos hijos el de la inmoralidad. Hemos aceptado durante años que la izquierda asuma el control de las ideas oficiales a cambio de que no nos llamen ultras ni fascistas. Hasta ahora  nos habían impuesto sus sucios mantras por la rendición ideológica de la derecha liberal y por el temor de una mayoría social a sus métodos matonistas. Pero es la hora de decirles alto y claro que se acabó la dictadura del pensamiento único. Y que si nos llaman fascistas, aceptaremos encantados el cumplido a condición de que no seamos ni pensemos nunca como ellos.

Nuestra ventaja sobre ellos es que no se creen las bondades de sus propuestas en cuestiones concernientes a la moral antinatural ni en su aceptación por una mayoría social. Si lo creyeran, no requerirían de tribunales de odio ni de policías del pensamiento. Cuando tienen que parapetar tanto sus infames fundamentos doctrinales frente a críticas intelectuales y refutaciones morales, entonces es que saben de la debilidad de sus argumentos, y que estos no defienden el bien general y sí los intereses de las elites mundialistas que quieren aniquilar nuestra forma civilizadora de vida para convertirnos en sus esclavos.

«Los niños no son propiedad de los padres», ha dicho la ministra de Educacións. Y lleva razón la ministra, seguramente no hay algo más evidente para quien trae a un niño al mundo, para quien lo cría y lo ve crecer que los niños no son de los padres. Pero mucho menos del Estado. Los padres tienen eso sí, el gusto y la responsabilidad de educarlos como les parece mejor para ellos. Y ese principio tan sensato está reconocido en nuestra Constitución. Si la ministra de Educación ha querido expropiar a los padres de su gusto y de su responsabilidad, la ministra de Igualdad, Irene Montero, directamente ha señalado que hay niños dominados por padres homófobos que tienen que ser liberados por el Estado.

Menos mal que tenemos un Estado progresista que libera a los niños de sus padres. Hay que librar la lucha de clases en el seno de la familia. Estas declaraciones de las dos ministras han sido la reacción al acuerdo al que han llegado Vox, el PP y Ciudadanos en Murcia para poner en marcha el pin parental. El Gobierno de Sánchez va a hacer un requerimiento al Gobierno de Murcia y va a llevar el asunto a los tribunales. El caso del pin parental es un caso muy interesante y nada sencillo sobre el derecho del Estado a fijar los contenidos de la enseñanza que reciben los niños y el derecho de los padres a elegir la enseñanza que quieren para sus hijos, de los que no son los dueños pero sí los responsables. Estamos hablando de los límites de los derechos y las fronteras siempre son viscosas en este campo. El pin parental que ha conseguido sacar adelante Vox consiste en que los padres autoricen o no autoricen cualquier charla, taller o actividad que afecte a cuestiones sobre la identidad de género, el feminismo o las cuestiones LGTBI. Estamos hablando de actividades complementarias, impartidas por personas ajenas al centro que no están dentro del currículum. Por parte de Vox, Espinosa de los Monteros ha argumentado que tiene derecho a autorizar o no autorizar estas charlas.

La ministra de Educación Isabel Celaá, la Ministra Portavoz y de Hacienda María Jesús Montero y la ministra de Igualdad Irene Montero

Hemos llegado a esta polémica porque los contenidos educativos se han convertido en una trinchera ideológica. Mal asunto. Llevamos décadas sin un acuerdo amplio sobre qué y cómo deben estudiar nuestros hijos. La Administración, el Estado, tiene derecho a establecer cuáles son los contenidos de los programas de enseñanza que son obligatorios. Lo ideal es que esos contenidos estén consensuados y sean para todos. Pero los padres también tienen derecho a que sus hijos reciban la formación moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. El conflicto se planteó en la época de Zapatero porque había una serie de padres que consideraban que la asignatura de Educación para la Ciudadanía vulneraba su libertad y debía asistirles la objección de conciencia. El asunto llegó al Supremo, que, con una sentencia muy controvertida, aseguró que no había derecho a la objección de conciencia porque la materia de esa asignatura no podía vulnerar la libertad de conciencia de los padres. Ahora, con el pin parental, no estamos en el mismo caso porque no se discute sobre un asignatura que esté en el plan de estudios impartida por profesores. Aquí estamos hablando de una enseñanza que no está incluida en el plan de estudios y que no imparten los profesores. Ya veremos qué dicen los tribunales, pero parece lógico que en una sociedad plural, los contenidos que no estén en el programa sean autorizados por los padres. Seguro que hay padres que quieren decidir sobre la asistencia de sus hijos a una charla extraescolar sobre el genocidio de Stalin provocado por la deskulakización.

En el anterior y denostado régimen, los padres mayoritariamente educaban a sus hijos para que fueran capaces de afrontar riesgos, de valorar posibilidades, de asumir la incertidumbre del resultado de sus actos. La mafia izquierdista pretende hoy que los padres, manipulados por los intereses que usufructúan el poder, estén obligados a obedecer a políticas tan repugnantes como Irene Montero, a no pensar por sí mismos, a vender a unos pocos la libertad, la seguridad y hasta el futuro de sus hijos.

Curioso es este Estado que, pretendiendo ser la encarnación del interés general, sólo asegura de hecho los intereses particulares de los diversos grupos partidarios en función de la capacidad de presión que sus hombres posean, o del número de votos obtenidos.

La consumación de esta gran farsa democrática se encuentra privada de cualquier derecho, ya que la responsabilidad rechazada es solo la otra cara de la libertad.