Hoy es el comienzo de la ruptura de la caja única de la Seguridad Social. Otra gran hazaña en nombre de la igualdad y de la solidaridad del Gobierno socialcomunista y un paso fundamental en el desmantelamiento y el debilitamiento de la nación española.

El Gobierno de Sánchez claudica ante una de las principales reivindicaciones del PNV: conseguir que el País Vasco gestione la Seguridad Social. La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, y el consejero vasco de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, están citados este jueves en Vitoria para concretar el calendario de transferencias pendientes, en el que se incluirá la gestión del régimen económico de la Seguridad Social.

La reunión se cerró el pasado 5 de febrero en un encuentro previo entre Darias y Erkoreka que se celebró en Madrid y al que el Ejecutivo autonómico llevó su reivindicación de traspaso a Euskadi de una treintena de competencias recogidas en el Estatuto de Gernika que aún no son gestionadas por las instituciones autonómicas. Entre ellas, una de las más relevantes y más reclamada por el Ejecutivo de Vitoria es la relativa a la gestión del régimen económico de la Seguridad Social que, tal y como ha precisado este miércoles la líder de los socialistas vascos, Idoia Mendia, se incluirá en el calendario que propondrá la ministra.

Según ha concretado, se trataría de transferir a Euskadi «medios materiales y humanos: funcionarios y edificios». «Lo que no se rompe es la caja única. Las pensiones las va a seguir pagando y garantizando el Gobierno de España», ha dejado claro. El Ejecutivo vasco será el que gestionaría estos fondos, aunque no podría subir las pensiones por su cuenta. La comunidad tiene un déficit de unos 2.200 millones en el sistema, por lo que se nutre de la solidaridad regional.

La de Prisiones es otra de las competencias pendientes más relevantes para el Gobierno vasco. Su portavoz y consejero de Autogobierno, Josu Erkoreka, ha vuelto a insistir este miércoles en que no hay motivos para no hacer efectivo este traspaso porque «no plantea problemas técnicos, ni jurídicos» y ni tan siquiera «políticos» desde la desaparición de ETA.

En este sentido, ha rechazado que se «intente mezclar este anuncio» con factores como el acercamiento de los presos de ETA a cárceles próximas a sus lugares de origen, tal y como reclama el gabinete de Iñigo Urkullu. «Quienes lo mezclan todo solo quieren inocular miedo», ha advertido.

En el anterior encuentro, Darias y Erkoreka acordaron que el primer paquete de traspasos incluiría la legislación sobre productos farmacéuticos, los seguros escolares y las ayudas previas a la jubilación ordinaria de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo. También se decidió constituir grupos de trabajo para tratar sobre la litigiosidad competencial y evitar recursos en tres leyes, dos vascas y una española. Se trata de las leyes vascas sobre establecimientos comerciales y de la Policía, así como los decretos estatales sobre la seguridad digital.

Las negociaciones entre ambos ejecutivos, que quedaron interrumpidas tras convocarse las últimas elecciones generales, se han retomado a petición del Gobierno vasco que lo solicitó al central una vez que se conformó el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El anterior Gobierno de Sánchez se comprometió a cumplir un calendario de trabajo en el que se establecía el traspaso a Euskadi, en distintos plazos y hasta 2020, de un total de 33 competencias recogidas en el Estatuto de Gernika. De él quedaron fuera el Instituto Social de la Marina y la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, que ahora se podría incluir, mientras que la de prisiones no fue incluida entre las prioritarias.