Alberto García Reyes.- Mercedes Alaya tenía razón. Fue apartada de la instrucción del caso con una maniobra burda con la que intentaron abocarla a una disyuntiva humillante: o el ascenso a la Audiencia o nada. La juez pidió una comisión de servicio para continuar al frente de la causa sin tener que renunciar a su oportunidad para ganar la plaza que por experiencia le correspondía, pero el poder político actuó para impedirlo. Era consejero de Justicia Emilio de Llera, un fiscal fichado por Susana Díaz que vejó a Alaya en multitud de comparecencias públicas hablando de su aspecto físico o de cualquier cosa que desviara la atención de lo importante: la magistrada había encontrado una maquinaria de corrupción en la Junta de Andalucía que permitía al gobierno socialista distribuir el dinero de los parados a su antojo, con total desprecio a la normativa vigente, beneficiando a empresas afines, a compañeros del partido y a familiares. Y se atrevió incluso a proponer una hipótesis superior sobre el «modus operandi» de los entonces todopoderosos presidentes y consejeros.

En opinión de la juez, los intrusos que estaban cobrando prejubilaciones en empresas en las que jamás habían trabajado sólo podían lograr esto si el método político utilizado había eliminado todas las barreras de control. Es decir, se trataba de un operativo organizado desde la cúpula de la Junta para el manejo arbitrario de los recursos públicos y que había degenerado en tres aberraciones principales: la compra de la llamada «paz social» en territorios en los que los trabajadores habían empezado a manifestarse contra el gobierno por la falta de medidas para favorecer el empleo; la desindustrialización de Andalucía con dinero de los contribuyentes; y la creación de un modelo de reparto que provocaba una competencia desleal en los sectores en los que intervenía, ya que las ayudas sólo podían lograrlas quienes estaban cerca del poder y mientras unas empresas tenían que lidiar con la crisis sin la menor posibilidad de obtener una subvención, otras se salvaban gracias a la colaboración directa de la Administración.

«La Junta colabora con quien colabora», había dicho en la grabación que dio origen a todo el escándalo el director general de Mercasevilla. Alaya supo ver todo esto por encima de la maraña de intrusos, conseguidores, empresas fantasmas, la compra de cocaína y demás variables del caso. Y a partir de ahí comenzó la persecución contra su prestigio.

Su supuesta relación con Zoido

Alfonso Guerra insinuó una supuesta relación con Juan Ignacio Zoido, que había sido el denunciante, los medios afines se encargaron de destacar las instrucciones supuestamente fallidas de la juez para difundir la idea de que investigaba siguiendo directrices políticas. IU la calificó de «pija, ultra y católica». Griñán llegó a decir desde su escaño en el Parlamento que Alaya «pone los autos que el PP le dice». Chaves la acusó de iniciar «una causa general contra la Junta de Andalucía». Y De Llera se despachó diciendo que a pesar de tener tanto trabajo seguía «tan guapa como siempre».

Se le impidió continuar en comisión de servicio para poner a una sustituta que ha archivado decenas de piezas y que ha sido denunciada por los seis fiscales de Sevilla ante el Consejo General del Poder Judicial por haber dilatado la instrucción hasta que las piezas separadas han ido prescribiendo… La campaña contra la juez que puso en jaque al gobierno socialista andaluz ha sido descarada desde que decidió mirar hacia arriba y no conformarse con la teoría de «los cuatro golfos» que desde el comienzo difundió el PSOE. Pero la verdad es mucho más tozuda que todas las artimañas de aquellos que han intentado dar lecciones de democracia mientras retrasaban el envío de la documentación al juzgado o incluso dejaban de mandar papeles que comprometían a los principales responsables políticos. La Audiencia de Sevilla ha determinado, en una dura sentencia, que la teoría de Alaya era cierta.

La juez diabólica que no sabía instruir tenía razón. Y gracias a su empeño en soledad, junto con la insistencia de algunos medios, ahora podemos saber que la sala de mando de Andalucía había organizado una trama para desviar dinero a un «fondo de reptiles» que permitía comprar la paz social en las zonas en las que la Junta había sido incapaz de generar empleo. Una partida que se usó para ganar elecciones y en la que se produjeron unas sobrecomisiones a aseguradoras y conseguidores cuyo destino real nunca se pudo averiguar. Ahí está tal vez la parte más escandalosa de esta historia. Alaya había empezado a investigar precisamente el rastro del dinero cuando fue apartada del caso. ¿Dónde fueron a parar realmente las comisiones? ¿Se las quedaron las aseguradoras o los fondos siguieron otro destino?

No hay que olvidar que en la grabación que originó todo esto, el condenado por pedir una comisión a unos empresarios les dijo: «El dinero puede ser para los niños saharahuis o para carteles de Felipe González».

De ese hilo quería tirar la juez cuando la ascendieron forzosamente y la retiraron de la instrucción. Tal vez los implicados sabían entonces que Mercedes Alaya estaba hurgando en el gran quid de la cuestión.