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Tribunales

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea limita la libertad de expresión

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En la imagen: Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo. Por Judith
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Por Judith Bergman.- Una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea parece darles a los países miembros de la UE un poder insólito para determinar el discurso público online, para determinar lo que los ciudadanos pueden o no pueden leer. En la imagen: Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo. (Fuente de la imagen: Transparency International/Flickr)

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El 3 de octubre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó en una sentencia que los tribunales nacionales de los países miembros de la UE pueden ordenar a Facebook la retirada de material difamatorio a nivel mundial:

“Las leyes de la UE no impiden que un proveedor de alojamiento, como Facebook, reciba la orden de eliminar comentarios idénticos y, en ciertas circunstancias, equivalentes a comentarios previamente declarados ilegales. Además, las leyes de la UE no impiden que dicha orden judicial produzca efectos a nivel mundial, dentro del marco de las leyes internacionales pertinentes que corresponda a los países miembros tener en cuenta.”

La sentencia se produjo después de que la política austriaca Eva Glawischnig-Piesczek, presidenta del partido Die Grünen (Los Verdes), demandara a Facebook Irlanda en los tribunales austriacos. Según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea:

“Ella [Eva Glawischnig-Piesczek] solicitó que se ordenase a Facebook suprimir un comentario publicado por un usuario de esa red social que atentaba contra su honor, así como alegaciones idénticas y/o de contenido similar.

“El usuario de Facebook de que se trata había compartido en su página personal un artículo de la publicación austriaca en línea oe24.at titulado “Los Verdes: a favor del mantenimiento de unos ingresos mínimos para los refugiados”. Esto generó en la citada página una imagen en miniatura del sitio de origen, en la que se incluía el título y un breve resumen del citado artículo, al igual que una fotografía de la Sra. Glawischnig-Piesczek. Asimismo, en relación con el artículo, dicho usuario publicó un comentario redactado en términos que los tribunales austriacos declararon contrarios al honor de la Sra. Glawischnig-Piesczek, ofensivos y difamatorios. Cualquier usuario de Facebook podía consultar esa reseña.”

La sentencia ha generado preocupación entre las organizaciones que defienden la libertad de expresión. Thomas Hughes, director ejecutivo de ARTICLE 19, una organización sin ánimo de lucro que trabaja para “proteger el derecho a la libertad de expresión en todo el mundo”, dijo:

“Esta sentencia tiene graves repercusiones para la libertad de expresión en internet en todo el mundo.

“Obligar a las redes sociales como Facebook a eliminar automáticamente publicaciones al margen de su contexto infringirá nuestro derecho a la libertad de expresión y restringirá la información que vemos en la red. (…)

“La sentencia también significa que un tribunal en un país miembro de la UE podrá ordenar la retirada de publicaciones en las redes sociales en otros países, aunque no sean consideradas ilegales allí. Esto sentaría un peligroso precedente donde los tribunales de un país pueden controlar lo que pueden ver los usuarios de internet en otro país. Esto podría estar abierto a abusos, en particular de regímenes con una deficiente ejecutoria en materia de derechos humanos.”

Según el artículo 19:

“La sentencia significa que Facebook tendría que usar filtros automatizados para identificar publicaciones en las redes sociales que sean consideradas “contenido idéntico” o “contenido equivalente”. Se usa la tecnología para identificar y borrar contenido que se considera ilegal en la mayoría de los país, por ejemplo, imágenes de abuso infantil. Sin embargo, esta sentencia podría provocar que se usen filtros para las publicaciones de texto en busca de contenido difamatorio, lo que es más problemático, dado que el significado del texto podría cambiar en función del contexto. Aunque la sentencia ha hablado sólo debería retirarse el contenido que sea en esencia el mismo que la publicación ilegal original, es probable que los filtros automatizados cometan errores.”

La sentencia “socava el antiguo principio de que un país no tiene derecho a imponer sus leyes sobre la libertad de expresión en otro país”, declaró Facebook en un comunicado.

“También abre la puerta a que se impongan obligaciones a las empresas de internet para que vigilen de forma proactiva el contenido y después interpreten si es “equivalente” a contenido que se ha declarado ilegal.”

La sentencia “permite en esencia que un país o región decida lo que los usuarios de internet de todo el mundo pueden decir y a qué información pueden acceder”, dijo Victoria de Posson, alta directiva en Europa de la Computer & Communications Industry Association, una asociación de la industria a la que pertenecen Google y Facebook.

La sentencia parece, en efecto, estar abriendo una caja de Pandora para el espacio, siempre menguante, de la libertad de expresión en Europa y potencialmente en todo el mundo, aunque se desconoce, en este momento, cómo podría afectar la sentencia a la libertad de expresión a nivel mundial.

Los intentos gubernamentales en Europa de censurar la libertad de expresión llevan mucho tiempo en marcha: en Alemania, la controvertida ley de censura, conocida como NetzDG, que entró en vigor el 1 de octubre de 2017, exige a las redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube que censuren a sus usuarios en nombre del Estado alemán. Las empresas propietarias de las redes sociales están obligadas a borrar o bloquear cualquier “delito penal” en internet como el libelo, el bulo, la difamación o la incitación en un plazo de 24 horas desde la recepción de la queja de un usuario. Las empresas de las redes sociales cuentan con siete días para los casos más complicados. Si no lo hacen, el Gobierno alemán puede imponerles una multa de hasta 50 millones de euros por no acatar la ley.

Presumiblemente, la nueva sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, podría significar que un tribunal alemán ordenara eliminar lo que según la NetzDG se considera contenido ilegal, o su equivalente, en otros países miembros de la UE en los que no existe una ley de censura tan draconiana.

Francia está considerando adoptar una ley similar a la de Alemania. A principios de julio, la Asamblea Nacional de Francia adoptó un proyecto de ley diseñado para acotar el discurso del odio en internet. El proyecto de ley les da a las redes sociales 24 horas para retirar el “contenido de odio” o de lo contrario se enfrentarán a multas de hasta el 4% de sus ingresos globales. El proyecto de ley se ha mandado al Senado francés. De nuevo, si el proyecto de ley se convierte en ley, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría significar que los tribunales franceses podrían exigir que Facebook retirara lo que los tribunales consideran contenido ilegal o su equivalente según la ley francesa.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en otras palabras, parece darles a los países miembros de la UE un poder insólito para determinar el discurso público online, para determinar lo que los ciudadanos pueden o no pueden leer. Naturalmente, está por ver exactamente cómo los tribunales nacionales de los países miembros de la UE interpretarán en la práctica la sentencia, pero las perspectivas parecen aún más sombrías para el futuro de la libertad de expresión en Europa.

(Gatestone Institute)


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Tribunales

Un senador del partido de Evo Morales cobró 800.000 dólares para hacer obras en un pueblo que no existe

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Por Tuffí Aré Vásquez.- El escándalo fue visibilizado por la propia Presidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Añez, en su mensaje a la nación. El senador del MAS, Jorge Choque Salomé, ha sido acusado por el director del Fondo Indígena, Rafael Quispe, de inventarse un pueblo fantasma llamado Curuxa, en la provincia Aroma de La Paz, y de recibir en 2010 alrededor de bs 6 millones (más de USD 800.000) en su cuenta bancaria personal para proyectos destinados a esa comunidad que no existe y a otras poblaciones.

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Pese a que el propio Quispe ha pedido desde hace por lo menos dos años que Choque sea licenciado del Senado para evitar la protección del partido de Evo Morales, el legislador ocupa aún su curul en el Parlamento boliviano y tiene sólo detención domiciliaria. En horas recientes, el director del Fondo Indígena insistió en que pedirá a la justicia que le revoquen las medidas sustitutivas y que sea enviado preso al penal de San Pedro. Al mismo tiempo, solicitará que se amplíe la investigación por este caso al actual candidato a la Presidencia por el MAS, el ex ministro de Economía Luis Arce, y al ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, por haber avalado los desembolsos irregulares de recursos como miembros del directorio del exFondioc.

“En mi condición de director del Fondo Indígena, tengo en custodia toda la documentación de este caso. El senador Choque se inventó un pueblo fantasma y se hizo desembolsar más de Bs 6 millones en su cuenta bancaria particular. No hay nada de obras para las comunidades. El tiene ya una imputación formal y hemos pedido al juez la revocatoria de las medidas sustitutivas. Ojalá la justicia se ponga de lado del derecho. Debemos recuperar el dinero. No existe esa comunidad en la zona de Collana y los fiscales han protegido a Choque. Supuestamente los recursos se debían destinar a forraje de cebada y de semilla que no llegaron nunca”, explicó Quispe.

El director del Fondo Indígena, creado por el gobierno de Evo Morales y de donde salieron millonarios recursos para comunidades, muchos de ellos desviados irregularmente, dijo que en las anormalidades están involucrados ex ministros como Luis Arce, Juan Ramón Quintana, Nemesia Achacollo (detenida), y ex directivos como Melva Hurtado y Gabriel Mamani. También indicó que hay fiscales como Edwin Blanco, que no han actuado bien en el caso. ”Los miembros del directorio debieron haber fiscalizado el uso de los recursos. Es tiempo que el Fiscal del Estado, Juan Lanchipa, se ponga las pilas y haya justicia”, apuntó Quispe.

Aunque la alcaldesa del municipio de Collana, Bertha E. Quispe, ratificó que en su zona no existe el pueblo de Curuxa y que sólo se vio una vez en un taller al senador acusado, Jorge Choque Salomé ha negado ante los medios haber inventado un pueblo fantasma para desviar recursos del Fondo Indígena. Su abogado Luis Velasco advirtió con iniciar un proceso penal por delitos contra el honor de las personas a quienes acusan al senador del MAS de inventar un pueblo fantasma.

El senador fue detenido en 2015

Las denuncias contra el senador del partido de Evo Morales se remontan a septiembre de 2015. Fue precisamente Rafael Quispe quien las hizo en su condición de diputado opositor. A fines de noviembre de ese año se ordenó su detención por los presuntos delitos cometidos en 2010, cuando el legislador masista era dirigente campesino.

De acuerdo a la acusación, Choque Salomé recibió en su cuenta personal Bs 2,9 millones ($us 400.000) del Fondo Indígena en cuatro desembolsos hechos en un solo día (14 de septiembre), según el registro de ejecución de gastos (Sigma) del ministerio de Economía.

El dinero era para la ejecución de cuatro proyectos de producción de forraje con semilla certificada en los municipios de Sisa Sica, Calamarca, Colquencha y Collana.

El Fondo Indígena transfirió para el proyecto de producción de forraje en Collana 739 mil bolivianos y un monto similar para el proyecto en Sica Sica. Ambos figuran en la lista de proyectos irregulares y “fantasmas” que reveló la Contraloría General.

“Me sorprende la actitud canalla de un senador del MAS que se ha inventado el nombre de un pueblo para construir obras fantasmas con dinero del Fondo Indígena”, dijo la presidente interina Jeanine Añez durante su mensaje a la Nación.

La entidad indígena también desembolsó para la producción de forraje en Colquencha 712.500 bolivianos y un monto similar para el proyecto en Calamarca. Estos dos proyectos fueron observados por la Interventora.

Como descargo, el senador del MAS reconoció haber gastado los Bs 6 millones del Fondo Indígena, pero aclaró que los proyectos no fueron cerrados. “Tenemos todos los descargos. Si hay observaciones se mostrarán las aclaraciones”, dijo.

Choque se presentó a declarar de manera voluntaria en 2015 ante una comisión de fiscales, integrada por Ángelo Saravia y Edwin Blanco. Al concluir la citación el legislador fue arrestado, en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, en espera de la audiencia de medidas cautelares. Luego le dieron arresto domiciliario. Ante esa situación, Rafael Quispe dijo que se ha pedido al juez segundo cautelar anticorrupción de La Paz la revocatoria de las medidas. De su parte, la fiscal Heidy Gil informó de la ampliación de la investigación al ex ministro Juan Ramón Quintana y a la exdirectiva Felipa Huanca.

Una “actitud canalla”, dice la presidente

En su mensaje del 22 de enero pasado a los bolivianos, la presidenta transitoria Jeanine Añez expresó su sorpresa por este caso de presunta corrupción. “Me sorprende la actitud canalla de un senador del MAS que se ha inventado el nombre de un pueblo para construir obras fantasmas con dinero del Fondo Indígena ¿Quién controla esos recursos? ¿A quién rendía cuentas ese senador?”, afirmó la primera mandataria de Bolivia.

También la alcaldesa de Collana, Bertha Quispe, se mostró contrariada por la denuncia. “No existe (la población de Curuxa) con ese nombre en el municipio de Collana. No conozco ninguna comunidad que lleve ese nombre, porque nosotros componemos siete comunidades, tres cantones y ninguno de ellos lleva ese nombre”, relató. Otros comunarios del lugar, consultados por un canal de televisión, también negaron la existencia del pueblo de Curuxa.

De acuerdo a datos que figuran en la página web de la Cámara de Senadores de Bolivia, Jorge Choque Salomé, es uno de los cuatro senadores del MAS elegidos por el departamento de La Paz. Nació el 3 de abril de 1978 en la comunidad Amachuma, de la provincia Aroma. Ha sido miembro de la comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de esa cámara y sus cargos sindicales más destacados los ha tenido en la Federación Sindical Única de Trabajadores Agrarios de la Provincia Aroma y en la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Tupac Katari”.


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Tribunales

Los juristas consideran un «error» tipificar como delito la exaltación del franquismo

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Concentración a las puertas del cementerio de Mingorrubio durante la exhumación de Franco.
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El anuncio el pasado lunes de la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, en el que aseguró que el Gobierno tiene la intención de tipificar la exaltación del franquismo como delito en el Código Penal fue recibido con recelo por parte de los diferentes grupos políticos de la Cámara baja, también entre la propia izquierda. El líder de Más País, Íñigo Errejón, lo rechaza como una «restricción del derecho a la libertad», mientras que desde el PNV, el diputado Aitor Esteban afeó a los socialistas que propongan «modificaciones legislativas por capítulos». Para los expertos penalistas supone, además, entrar en un terreno «resbaladizo» o, directamente, un «error» que sigue «la tendencia de la invasión del derecho penal en todos los aspectos de la vida».

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El acuerdo programático del 30 de diciembre entre PSOE y Unidas Podemos para un Gobierno de coalición ya señalaba medidas de este tipo, relacionadas con la memoria histórica, a las que Lastra añadió que «en democracia no se homenajea a dictadores ni a tiranos».

Aunque aún se desconocen los detalles del futuro texto o si se terminará aprobando, lo cierto es que su sola mención ya genera dudas. «Es preocupante desde una concepción liberal y democrática del derecho porque es una intervención excesiva por parte del derecho penal. Me parece muy lamentable que haya gente que haga apología del franquismo, pero también que la forma de responder sea esta. Es un gesto que tiene mucho de búsqueda de la espectacularidad», opina el catedrático de Derecho de la Universitat Oberta de Catalunya, Josep Maria Tamarit.

El principal límite con el que se toparía este nuevo delito sería concretamente la libertad de expresión, un derecho especialmente protegido en la Constitución. «El derecho penal ha de ser el último recurso salvo en los supuestos extremadamente intolerantes. Para sacrificar la libertad de expresión ha de existir una justificación», defiende Alfonso Reclusa, abogado penalista y Profesor de Derecho Penal de la Universidad Internacional de la Rioja, que insiste en que «esta argumentación no pretende defender el franquismo, está defendiendo que los ciudadanos puedan pensar lo que les de la gana».

Enaltecimiento del terrorismo

Otra cuestión que entra en debate es la tolerancia hacia las ideas que van en contra de la propia Constitución. En los supuestos de enaltecimiento del terrorismo, una figura en la que podría basarse el delito de exaltación del franquismo, existe una amplia jurisprudencia en el Tribunal Constitucional que tiende hacia la defensa de la libertad de expresión «excepto cuando se incita a la violencia, elemento pque sí se criminaliza», señala Guillermo Aguillaume, especialista en Derecho Público. «Y no veo que haya una conexión con la incitación a la violencia en muchos casos que podrían ser considerados apología del franquismo», añade.

Entre los absueltos de este delito se encuentra, por ejemplo, el exconcejal de Madrid Guillermo Zapata, que fue llevado a juicio en 2015 por un chiste sobre Irene Villa, víctima de un atentado de ETA en 1991. La Audiencia Nacional determinó que sus comentarios no eran «reprobables a nivel penal». Precisamente Zapata ha sido uno de los críticos con la medida anunciada por Lastra esta semana. «Menos meter nuevos delitos de opinión en el código penal y más apoyar que se acabe con la impunidad de los franquistas», escribió en Twitter.

En Europa habría que viajar hasta Alemania para encontrar un tipo penal similar al que el PSOE quiere implantar en España, en este caso relacionado con el recuerdo al régimen Nazi. Un caso «excepcional» como los definen los juristas consultados.


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Tribunales

El juez reabre el caso de Marta del Castillo y ordena investigar los documentos aportados por los padres

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Antonio del Castillo atiende a los medios en la puerta de su casa hace unos días
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El caso de Marta del Castillo vuelve a vivir un nuevo episodio. El juez de Instrucción número cuatro de Sevilla ha acordado la reapertura de la causa abierta en su día para investigar la posible implicación en la muerte de la joven sevillana en enero de 2009 de Francisco Javier Delgado, hermano del único acusado del asesinato, Miguel Carcaño, y que fue absuelto por la Audiencia de Sevilla de encubrimiento y amenazas. Esta decisión del instructor llega después de que los padres de Marta hayan aportado al juzgado nuevos documentos que para éstos respaldan la última versión, la séptima, ofrecida por el asesino, en la que acusa a su hermanos.

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El instructor, en base a dichos documentos, ha ordenado la reapertura de estas diligencias y encomienda a la Policía Nacional la realización de la investigación de los mismos para, entre otras cuestiones, “determinar la comprobación de los mismos, la veracidad que pudieran tener y si de ellos resultan hechos que pudieran ser conducentes a esclarecer el lugar en el que se encuentre el cuerpo de Marta o la posible participación en su muerte de terceras personas, que hasta la fecha no estuviesen enjuiciadas por tales hechos”.

La documentación aportada por los padres de la joven asesinada probaría que Carcaño obtuvo un préstamo hipotecaria por el piso donde murió Marta con documentación falsa.

Por la desaparición y muerte de Marta fueron juzgados Carcaño, sus amigos Samuel Benítez y Javier García «El Cuco», su hermano Francisco Javier Delgado y la novia de éste, María García, pero sólo Carcaño y El Cuco, que entonces era menor, fueron condenados.

Carcaño fue juzgado junto a su hermano, la novia de este y Samuel Benítez, pero mientras a él se le acusó de asesinato, dos delitos de agresión sexual (uno de ellos como cooperador necesario), un delito contra la integridad moral y profanación de cadáveres, Samuel Benítez y María García fueron juzgados por encubrimiento, delito contra la integridad moral y profanación de cadáveres, y Francisco Javier Delgado también por amenazas.

Según el fiscal que actuó entonces en el caso, Luis Martín, un hipotético nuevo juicio solo podría tener como acusados a Samuel Benítez, Francisco Javier Delgado y María García y requeriría hallar «pruebas objetivas de su participación directa» en la muerte de la joven.

La última versión de Carcaño, la séptima, señala a su hermano como autor material del crimen, al interponerse Marta en una pelea entre ambos, aunque una investigación judicial contra Francisco Javier Delgado se archivó provisionalmente.


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