Ver a los yayoflautas con banderas republicanas y otros símbolos involucionistas, repitiendo los mantras ideológicos dialécticos de la izquieda radical, de la mano de Podemos y los sindicatos, a lomos propagandísticos de LaSexta y de Cuatro, nos predispone claramente contra ellos (no confundir con el colectivo de pensionistas).

Existe en España un clima general de involución promovida por la izquierda y los separatistas. Cualquier causa es buena para intentar poner el país patas arriba. Como la presencia masiva de perroflautas en las calles no era  nada decoroso ni presentable a los ojos de la mayoría de los ciudadanos, la izquierda y sus medios propagandísticos han promovido el «agit prop» de los yayoflautas con el cuento de las pensiones. Ni siquiera han tenido el pudor de camuflarlos con otras banderas y con otros mensajes que no sean los mismos que rechaza la mayoría social silenciosa.

En España la pirámide poblacional se ha invertido: baja natalidad y aumento de esperanza de vida. Si a ello unimos que para no abultar las cifras de paro y para evitar conflictividad social se ha abusado de prejubilaciones (algunos llevan 20 años recibiendo la pensión), pues tenemos el motivo de las escasas cuantías que reciben los pensionistas. Antes algunos datos que necesariamente deben ser puestos sobre la mesa: en España, los pensionistas perciben el 80 por ciento de lo que percibían durante su actividad laboral. En otros países europeos reciben el 50 por ciento. Sólo Holanda es más generosa. Allí los pensionistas cobran el cien por cien de sus antiguas nóminas con la condición, eso sí, de que hayan cotizado durante cincuenta años. Las pensiones en España devoran el 60 por ciento de los presupuestos generales. Si suben las pensiones, inevitablemente tendrían que reducirse las inversiones en otras materias. La teta de la vaca no da para más. Lo que ha cotizado un pensionista español durante su vida laboral le daría para vivir doce años. El sistema público de pensiones les permite sin embargo cobrarlas de por vida. Nos preguntamos por qué salen ahora a las calles y no cuando gobernaba la izquierda y las pensiones eran más bajas. Nos preguntamos por qué no tuvieron la voluntad ni el coraje de conservar y luchar por el andamiaje social creado en 1959 por el franquismo y el nacional sindicalismo de la Falange, y que fueron la base de nuestro postrero desarrollo gracias al estado del bienestar, la seguridad social o la sanidad pública, que aún sobreviven.

En vez de oponerse a la destrucción de las conquistas económicas, sociales y morales del régimen anterior, que humanizaba a los mayores hasta el punto de que apenas existían geriátricos, los yayoflautas de hoy se dedicaron durante años a echar por tierra todo lo bueno y fecundo de aquella España, malvendiendo su futuro a unos políticos que hoy conceden más privilegios y cuidados a un inmigrante ilegal que a cualquiera de ellos.

Esto escribía un lector: «Me provoca un rechazo visceral el cinismo de los yayoflautas. Son ellos los que apoyaron y legitimaron la deconstrucción del estado nacional. Son los que votaron a Súarez, y luego a Felipe, y más tarde a Aznar, y ahora muchos de ellos a Podemos. Se autoproclaman ‘indignados’ y de una mano van con los mentores ideológicos del régimen bolivariano que mata literalmente de hambre a centenares de ancianos venezolanos cada año, y de la otra con los sindicalistas de CC OO-UGT, cuyos dirigentes llevan años traicionando a los trabajadores y colaborando en la precarización laboral y el desastre social con su apoyo furibundo a la inmigración masiva y el marxismo cultural. Sólo les importa su pensión y les da igual las condiciones que sufren los que se las pagan.

Habéis colaborado en mantener a flote este sistema genocida y antiespañol, ¿y ahora os quejáis? Habéis votado con las tripas en vez de con el cerebro. Habéis sido unos cobardes conniventes. Tengo 34 años y la gente más cazurra y maleducada que he conocido tenía más de 60 años, muchos de ellos de un cariz moral lamentable, altísimamente materialistas y egoístas, inmorales y cínicos, defensores de la inmigración masiva. Los jubilados de sesenta y pico y setenta y pocos son los peores. Fueron adoctrinados durante el tardofranquismo en la progrez y el comunismo.

Estos sesentones y setentones han vivido muy bien gracias al legado y herencia del padre del que reniegan, Francisco Franco (colocándose en empresas públicas hoy privatizadas, gozando de la protección laboral del fuero del trabajo…) Ahora que la herencia ha sido dilapidada, se quejan.

Ni la bisoñez ni la ignorancia me bastan ya para explicar este comportamiento, pero claro, es más fácil ver el fútbol que leer un poco de historia contrastada, de economía y de realidades actuales y pasadas».

Los ruidosos yayoflautas, además, no están siendo nada honestos a la hora de reconocer el mal del enfermo, y prefieren atenerse a diagnósticos políticamente correctos aunque la enfermedad se cronifique. Les preocupa más salvarle la cara al régimen de 1978 que buscar una salida real y efectiva a la falta de fondos para subir las pensiones. Y es que España tiene un problema político estructural que nos ha llevado a crecer muy por debajo de nuestro potencial en el pasado y nos llevará a la ruina sin la menor sombra de duda en el futuro. Cualquier análisis económico sobre España que no empiece por tener en cuenta que el actual modelo de Estado, que representa un despilfarro anual en relación a un Estado descentralizado equivalente al 10% del PIB, es una estafa intelectual incapaz de explicar nuestro futuro. Y esto no es un juicio de valor: son matemáticas. El problema de España, el futuro de nuestros hijos, es un modelo de Estado tan disparatado que es único en el mundo, y donde los dos tercios de gasto público –excluida la Seguridad Social– son descentralizados; que compara con solo un tercio del gasto descentralizado en los Estados federales, algo que España ni siquiera es.

Pero no solo se trata de un modelo de Estado imposible de financiar, es que su ineficiencia de gestión resulta abrumadora. Donde antes había una persona hoy hay 17; en lugar de caminar todos en la misma dirección se camina en direcciones opuestas. Es más fácil mover productos e instalar empresas entre países de la UE que entre CCAA, donde existen 300.000 empleados públicos dedicados a tiempo completo a inventar, implantar y vigilar el cumplimiento de normativas destinadas a destruir el mercado único, a fragmentar España. La insolidaridad entre comunidades es total. ¡Se blindan hasta los ríos! Los proyectos más absurdos, las inversiones más disparatadas, las duplicidades de todo tipo, el nepotismo y la corrupción, tanto institucional como personal, encuentran el entorno más favorable que pueda imaginarse para crecer sin límite ni control. No hacen falta muchos cálculos para ver que el Estado autonómico será la ruina de España.

El origen del Estado de las autonomías es claro e inequívoco: una imposición a los españoles derivada de las ansias de enriquecimiento y relevancia social de los “padres” de la Transición, unos irresponsables sin el menor sentido del Estado, cuyo pistoletazo de salida fue el “café para todos” del mediocre Suárez, uno de los mayores desatinos de la historia de España. Este grupo de insensatos, de los que Camilo José Cela dijo que, “si tuvieran honor se habrían pegado un tiro”, puso en marcha un mecanismo infernal único en el mundo, económicamente inviable e intrínsecamente corrupto, en el que se inventaron diecisiete autonomías contrarias a la realidad histórica y objetiva de España, y una partitocracia totalitaria que somete al Ejecutivo el resto de poderes del Estado e impone un sistema electoral no representativo de listas cerradas que además prima a los partidos nacionalistas y separatistas, cuyos votos valen hasta cinco veces los del resto de los españoles.

Para entender los graves problemas estructurales que este modelo de Estado representa, hay que tener un mínimo de conocimientos económicos, que parecen inexistentes en la gran mayoría de tertulianos, analistas y políticos en general. El primero es que, tal y como se demuestra en la estructura económica de España, cada puesto creado en el sector público destruye 2,5 puestos de trabajo en el sector privado. Es decir, si se eliminan todos los empleados públicos nombrados a dedo o con oposiciones a medida, que son unos dos millones, eso crearía 5 millones de puestos de trabajo en el sector privado, lo que significa una creación neta de 3 millones de empleos. Y, sin embargo, una de las estupideces más repetidas es que, si se eliminan empleos públicos innecesarios, subirá el paro. El paro juvenil es el mayor del mundo desarrollado, peor incluso que en Grecia –el 53% frente a una media del 15%–, y esto es consecuencia directa del modelo de Estado.

Otro hecho estructural que agrava lo anterior es que España no solo es uno de los pocos países de la OCDE en los que la media salarial del sector público supera a la del sector privado, es que la diferencia es la más elevada. El sueldo medio en el sector público en 2013 fue de 39.907 euros brutos anuales frente a 25.983 en el sector privado. Las CCAA son las que tienen los sueldos más elevados, particularmente en las empresas públicas. La Administración Central, la que de verdad lleva España, es la que tiene sueldos más bajos, entre 1.217 y 2.160 euros mensuales. Y si vamos a los 20.000 asesores a dedo estamos hablando de 7.500 euros mensuales, o por ejemplo, los chóferes de los concejales del Ayuntamiento de Madrid, absolutamente innecesarios, 3.750 euros. La relación entre empleados públicos y privados el del 20,4% (la más alta de la OCDE), pero la relación entre masa salarial pública y privada es del 31%. No hay forma de justificar esto ni ante el pueblo español ni ante nadie.

Pero no solo hablamos de salarios, hablamos también de lujos disparatados que no existen en ningún otro lugar. Los más claros son los coches oficiales, las oficinas de lujo y las inversiones injustificadas, un coste adicional que no solo carece de justificación alguna, sino que es un auténtico insulto en un país con 5 millones de parados.

Y finalmente, el colmo de lo inaudito, Cataluña, donde un presidente de gobierno permitió el incumplimiento diario de la Constitución y de la Ley, así como la utilización de la sede de la Generalitat como centro de mando y de operaciones del proceso independentista, financiando con nuestro dinero la secesión.

Pedir a los yayoflautas que denuncien estas cosas es misión imposible. Nunca reconocerán qué parte de culpa han tenido en la incubación de la metástasis que hoy padecemos todos. A su desdén y cobardía durante años frente a los problemas estructurales reales, se añade que hoy se hayan convertido en colaboradores necesarios de la izquierda y los separatistas en el proceso de ruptura y destrucción de España.