Tribunales
‘Alt News’: «Los hombres españoles estamos siendo conducidos al matadero y ninguno tiene el valor de decir ‘basta»

AD.- «Los hombres españoles estamos siendo conducidos al matadero y ningumo tiene el valor de decir ‘basta’». La indignación del director de AD, Armando Robles, era bien perceptible durante su intervención de hoy en en ‘Alt News’, el progama de Radio Cadena Española que conduce y dirige Santiago Fontenla. Su indignación vino dada por la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos, comunicada este jueves, que impone a tres exfutbolistas del Arandina penas que suman 38 años de privación de libertad, por un delito de agresión sexual sobre una adolescente y como cooperadores necesarios de los delitos de sus compañeros. La única prueba contra los condenados ha sido el testimonio de la joven, que el día de autos accedió voluntariamente al piso de los futbolistas.
Robles lamentó que, una vez más, la presión social de las feministas justifique la fumigación de los derechos fundamentales de tres hombres. «Miles de hombres españoles están siendo lentamente aniquilados por el sistema, física y espiritualmente, y ningún partido, ni siquiera Vox, ha tenido el valor de cuestionar la sentencia de ayer, absolutamente descabellada, para no ser apuntados por las feministas».
«Las claves del funcionamiento de la justicia fundamentalista de género en el siguiente principio: condenar con la simple palabra de la mujer, liquidando de facto la presunción de inocencia. Esta teoría nos recuerda el valor de la palabra del blanco frente a la del negro, o de la del ario frente al judío, para que no nos acusen de políticamente incorrectos. La venganza, el resentimiento y la revancha de género parecen ser la fuente de inspiración de la justicia de género vigente y que progres y feministas defienden tan abiertamente y sin rubor alguno, lo que apunta a una preocupante insensibilidad social en los valores democráticos y de justicia», señaló Robles.
Y añadió: «Es imperativo acabar con toda esta basura de género, que acabaría con la industria del maltrato, tan necesaria para mantener este estado de persecución del hombre tan rentable políticamente».
Comparó la sentencia a los jugadores del Arandina «con la pena ridícula que le ha caído al cobarde asesino chileno de un patriota en Zaragoza». «La alimaña asesina andaba por cierto libre tras dejar tetrapléjico a un mozo de escuadra. ¿Justicia? Van a intentar destruir al varón blanco heterosexual, sin cuartel», dijo.
También subrayó que la Fiscalía haya solicitado a la Audiencia de Las Palmas 19 años de cárcel para un mujer acusada de haber matado a su pareja para evitar que descubriera las mentiras sobre las que había construido su relación, como un falso embarazo, guardar su cuerpo durante meses en un bidón y luego tirarlo al mar.
«Si una mujer te acusa de violación, 38 años. Si una mujer te acuchilla, te descuartiza y te tira como un desecho al mar la fiscalía pide 19 años. Cuando nos enfrentemos al hecho insólito de que el testimonio falso de una mujer malvada bastaría para que nos cayesen cuarenta años de cárcel, probablemente ya será demasiado tarde. En comparación con este régimen tan hediondo y putrefacto, el de Franco fue plenamente garantista. Los hombres españoles heterosexuales deberían sentirse avegonzados por no hacer nada y aterrados por lo que en cualquier momento les puede caer encima. Insisto, basta el testimonio de cualquier mujer malvada, fría y calculadora, para que les puedan caer 40 años de cárcel. A la condena judicial se añadiría también la condena social agitada por las feministas».
Tras calificar como «unos pardillos» a los jóvenes condenados en Burgos, Robles calificó de «vergüenza» el fallo del juzgado. Ninguno de los tres exjugadores han hecho nada. Han sido condenados sin una sola prueba incriminatoria. No existen pruebas de AND y hay pruebas en las que la menor asegura que no fue agredida sexualmente.
Por último, Robles reflexionó sobre el diferente rasero en la aplicación de la justicia a los tres jugadores del Arandina y a los encacelados por el procés independentista. Recordó que estos podrían recobrar la libertad en 2020 tras permanecer algo más de dos años en prisión por hechos tan graves como la perpetración de un golpe de estado destinado a romper España y acabar con su institucionaliad democrática.
Recurrirán la sentencia
Los tres exjugadores de la Arandina CF condenados por un delito de agresión sexual a una menor de quince años, Raúl C.C; C.S.S, ‘Lucho’; y V.V.R, ‘Viti’, han asegurado este jueves que recurrirán la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos que les condena a penas de prisión que suman 114 años y han sostenido que se trata de una denuncia «falsa». A la salida del tribunal, ‘Lucho’ ha calificado de «vergüenza» el fallo de la Audiencia Provincia y ha mostrado su perplejidad por que un sumario con más de 8.000 páginas se haya podido despachar en dos semanas.
El exjugador de la Arandina ha negado los hechos por los que se les considera culpables de agresión sexual y ha insistido en que la presencia del cuarto jugador el club el día de los hechos es clave, ya que estuvo presente en todo momento en el salón de la vivienda, salvo cinco minutos que acudió a su habitación. En este sentido, ha lamentado que el juez haya considerado inválido este testimonio y ha desvelado que existe un vídeo en que el que se ve a ese cuarto jugador en la vivienda, así como mensajes de texto de la menor en los que asegura que no había sido violada y apostillaba, en relación a ellos tres, que «se van a cagar».
‘Lucho’ ha sostenido que ni él, ni sus excompañeros del club son violadores, sino «unos pardillos» a los que se les está intentando «joder la vida» y ha remarcado que se les acusa de cosas que nunca sucedieron.
Por su parte, ‘Viti’ también ha calificado de «vergüenza» el fallo del juzgado y ha animado a que quien tenga pruebas contra ellos que las enseñe, a la vez que ha matizado que ninguno de los tres exjugadores han hecho nada. ‘Viti’ ha relacionado la denuncia con un posible intento de la menor de conseguir dinero y ha reconocido que está «acojonado» ante una sentencia de 38 años de prisión que achaca al carácter mediático del caso.
Por su parte, la abogada de R.C.H, Olga Navarro, ha asegurado estar «bastante decepcionada» con la sentencia, que ha calificado de «absolutamente incongruente», y ha insistido en que la menor ha mentido de forma continuada a lo largo de todo el proceso, e incluso la ha acusado de cambiar hasta en cuatro ocasiones su versión.
La letrada ha hecho un llamamiento a la sociedad para que se acabe con las denuncias falsas y ha asegurado que este caso ha «destrozado» la vida a los tres exjugadores, mientras que, por otro lado, ha desmentido que los teléfonos móviles de los jóvenes no tuvieran actividad mientras permanecieron en el piso.
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España
El juez del Tribunal Supremo que investiga al Fiscal General le acusa de «destruir pruebas». Pero aquí no dimite nadie

El juez que investiga a García Ortiz le reprocha que haya hecho «desaparecer pruebas»
Hurtado señala la «falta de colaboración» del fiscal general del Estado por no haber comunicado al tribunal la eliminación de sus mensajes
El juez del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado por revelación de secretos -por la filtración de datos reservados del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso- ha reprochado a Álvaro García Ortiz que haya hecho «desaparecer pruebas» de sus móviles, tras constatar la Unidad Central Operativa (UCO) que eliminó sus mensajes en los días claves de la divulgación de esa información confidencial sobre la investigación al empresario por fraude tributario.
Así lo pone de manifiesto el magistrado Ángel Hurtado en la resolución en la que -tras la queja del fiscal general sobre la incorporación de datos reservados a los informes de la UCO- acuerda que acusaciones y defensas puedan consultar los anexos de esos dictámenes en la propia secretaría del tribunal, para reducir así el riesgo de filtraciones. El instructor toma esta decisión tras recibir el último informe de la UCO, fechado el pasado día 21, que incorpora tres anexos sobre lo «cambios de móvil» del fiscal general
El instructor señala que «es una evidencia» que García Ortiz «ha hecho desaparecer pruebas que podrían encontrarse en sus terminales móviles» a lo largo de la instrucción. Y «aunque ha dado distintas explicaciones para hacerlo», añade, «de haber mostrado algún grado de colaboración con el esclarecimiento de los hechos, bien podía haberlo comunicado antes de llevar a cabo tal desaparición» y «no aprovechar» para llevar a cabo ese borrado masivo el mismo 16 de octubre del pasado año, «cuando es notorio que este Tribunal Supremo se declara competente para conocer de la causa, a raíz de auto de 15 de octubre».
«Precauciones para sustraerse a la acción de la Justicia»
Ante esa eliminación de datos, y «el cauteloso «conjunto de precauciones para sustraerse a la acción de la Justicia», como dice nuestra LECrim -asegura-, se han acordado diversas diligencias «para tratar de recuperar pruebas», para lo que «ha sido necesario acudir a la realización de una serie de medidas de investigación tecnológica en búsqueda de los dispositivos móviles con los que se presume que ha desplegado su actividad delictiva, en las que, previsiblemente, el propio investigado debió haberse representado la posibilidad de encontrar datos relativos a terceros, que no había razón para descartar que ofrecieran información que contribuyese a ese esclarecimiento de los hechos».
Hurtado se refiere de forma expresa a lo que señala a este respecto la Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) cuando se refiere -con el lenguaje propio de finales del siglo XIX- a la «desigualdad» de condiciones entre el investigado y el Estado en un procedimiento penal en la medida en que «desde que surge en su mente la idea del delito, o por lo menos desde que, pervertida su conciencia, forma el propósito deliberado de cometerlo», aquel «estudia cauteloso un conjunto de precauciones para sustraerse a la acción de la Justicia y coloca al Poder público en una posición análoga a la de la víctima, la cual sufre el golpe por sorpresa, indefensa y desprevenida». Para restablecer esa igualdad, expone la norma procesal, «menester es que el Estado tenga alguna ventaja en los primeros momentos siquiera para recoger los vestigios del crimen y los indicios de la culpabilidad de su autor».
Y aunque deja claro que «no desconoce» que «carece de relevancia penal que un investigado llegue a hacer desparecer pruebas», añade que «tampoco se debe ignorar» que ese borrado de mensajes de su móvil (y también de las copias de seguridad, según ha constatado la UCO) «no tenga incidencia en el desarrollo de una instrucción penal».
La consulta de documentos, en el Supremo
Hurtado acuerda que, a partir de ahora, los anexos de los oficios que realice la UCO no se entregarán a las partes, que únicamente podrán consultarlos en la secretaría del alto tribunal. García Ortiz se quejó de una supuesta vulneración de la normativa de protección de datos por la divulgación de información reservada en los anexos a esos dictámenes.
El magistrado se ampara en el artículo 236 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que faculta a los jueces a adoptar las medidas necesarias para suprimir datos personales de resoluciones y documentos «siempre que no sean necesarios para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva», y sin que en ningún caso, pueda producirse indefensión a las partes.







Hildegarda Bingen
13/12/2019 at 09:47
Y a estos marroquíes también se van a atrever, los jueces catalanes, a condenarles a 38 años de cárcel a cada uno? O la pena depende de lo magrebí que sean?