El 89,8 por ciento de los médicos de los servicios de Urgencias españoles admite que se realizan pruebas diagnósticas de «utilidad dudosa» por prevención ante posibles problemas legales con los pacientes, según una encuesta entre 1.449 profesionales realizada por la Organización Médica Colegial (OMC), las sociedades españolas de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) y de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES).

Este estudio, una actualización de los datos presentados en 2017, tiene como objetivo valorar cómo repercuten en los profesionales médicos que desarrollan su actividad profesional en Urgencias la medicina defensiva (excesivas pruebas diagnósticas para descartar incluso situaciones insólitas y evitar así denuncias de pacientes) y la iatrogenia (daño en la salud causado o provocado por un acto médico).

Ante esta situación, se cuestionó a los médicos sobre la presión judicial a la que son sometidos, el apoyo institucional que reciben en estos casos o la formación que reciben en materia médico-legal. Según sus respuestas, hasta un 91,3 por ciento siente que la presión judicial ha aumentado «claramente» en los últimos años, y el 88,7 considera que la amenaza de denuncia condiciona su práctica profesional.

Un 63 por ciento cree que esta situación alarga los tiempos de estancia de los pacientes. Todas estas percepciones, no obstante, disminuyen cuando se pregunta a los profesionales respecto a la opinión de su propia práctica personal. Los médicos lamentan igualmente la «falta de respaldo» ante un conflicto legal (en un 88% de los casos), como de la dirección de su centro (79,1%).

Además, hasta un 86,7 por ciento considera que no posee los conocimientos médico-legales suficientes para afrontar estas situaciones. En base a todas estas estadísticas, demandan de una manera claramente mayoritaria (96,1%) que se debe potenciar la formación en esta materia. Finalmente, los médicos de Urgencias perciben un «alto riesgo» de reclamaciones y denuncias judiciales ante los tribunales (92,3%).

«Muy preocupante»

Durante la presentación de la encuesta, el presidente de la OMC, Serafín Romero, ha valorado como «muy preocupante» la práctica de la medicina defensiva, algo «extendido» entre los médicos. Para paliar esta situación, ha apostado, entre otras medidas, por la necesidad de disponer de un baremo de daños sanitarios. «Llevamos más de una década reclamándolo. Se está eternizando», ha criticado.

En la misma línea, la presidenta saliente de SESPAS, Beatriz González López-Valcárcel, ha señalado que la iatrogenia «no es solo un problema clínico, sino de salud pública». «Muchas veces en atención sanitaria más no es mejor», ha reivindicado. Misma opinión ha expresado el coautor del estudio, Andreu Segura: «Prevenir, a veces, puede ser peor que curar. Es lo que ocurre en medicina defensiva».

«Plantea un problema deontológico, ya que se genera un conflicto de intereses porque las decisiones del médico no se guían principalmente al beneficio del paciente, sino a protegerse de problemas legales. Además, recarga los servicios y dilata las esperas. También es un factor de riesgo para la iatrogenia, porque nos exponemos al sobrediagnóstico y al sobretratamiento. Más datos no dan mejor comprensión de la realidad. Hay que asumir que nos podemos equivocar», ha defendido.

Siguiendo con las posibles soluciones para atajar esta práctica, el presidente del Colegio de Médicos de Zamora, Sebastián Martínez Fernández, coautor del estudio, ha apostado por crear la especialidad de Urgencias y Emergencias. «Resolvería muchos problemas, ya que muchos de los médicos no están formados en este tema legal. Desde luego, no saldrían estos porcentajes de preocupación», ha aseverado.