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Opinión

El coronel de La Legión Enrique de Vivero insta a «poner en alerta» a la población española tras la «deriva separatista»

Redacción

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Enrique de Vivero Fernández.- El pasado domingo 12 de julio ha tenido lugar las elecciones a los parlamentos autonómicos en Galicia y País Vasco. Antes de hacer un análisis político de los resultados, extraigamos algunas consecuencias de los resultados electorales y de su comparación con las elecciones de 2016 en ambas comunidades autónomas.

Comencemos por las elecciones en Galicia. A simple vista se nos presenta como una victoria arrolladora de Núñez Feijóo. Así, los populares han obtenido 41 parlamentarios, el BNG 19 y el PSOE 15. Al hacer la comparación con el 2016 vemos que el PP ha mantenido sus 41 actas, el BNG ha dado un salto espectacular, el PSOE ha subido un parlamentario y Podemos ha desaparecido.

Hasta aquí los datos, pero tenemos que mirar el fondo y no quedarnos en la superficie. Lo primero que llama la atención es la abstención tan elevada que se ha producido: más de 900.000 personas no han ido a depositar su voto, de un censo de de 2.234.309. Es decir que el partido de la abstención es el que ha ganado las elecciones, por mucho que el PP diga que ha ganado con más de 625.000 votos.

El BNG saca pecho y presume de su impresionante avance desde los 6 escaños en 2016 a los 19 actuales.

El PSOE presume que ha ganado un diputado, a pesar de haber obtenido menos votos que en 2016. Como hacer trampas en el solitario.

Podemos ha desaparecido del parlamento después de perder cerca de 25.000 votos. VOX no ha conseguido su objetivo de conseguir representación, pero sí ha logrado obtener el respaldo de casi 27.000 electores, lo que en días previos parecía una cifra inalcanzable.

En el País Vasco también se han producido unos resultados curiosos. El primero es la muy baja participación, un 52% del censo, lo que convierte a la abstención en el partido ganador. El PNV sube hasta los 31 escaños, pero curiosamente le han votado 50.000 vascos menos; es decir, pierde votos pero aumenta escaños.

Bildu alcanza el segundo puesto con 22 actas, aumentando en dos el resultado de 2016. Al PSOE le sucede lo mismo, aumenta un escaño respecto a 2016 pero tiene menos votos. Otros que se hacen trampa jugando al solitario. Los de Pablo Iglesias han perdido la mitad del electorado. Y es que desde que se ha convertido en marqués de Galapagar pierde seguidores. El PP, a pesar de tener un buen candidato, Carlos Iturgáiz, se ha desangrado en votos y escaños, y a pesar de ir en coalición con Ciudadanos, se ha dejado por el camino cerca de 60.000 votos. No le pueden echar la culpa a VOX de su derrota. Los de Abascal han conseguido rentabilizar muy bien los votos y han conseguido un diputado por Álava, lo que les permite entrar en el Parlamento vasco, lo que creo que está resultando especialmente doloroso para el PP.

Vayamos ahora al análisis político de estos resultados en las dos comunidades autónomas. Ambas tienen en común la baja participación, en el caso de las provincias vascongadas, la más baja de la historia. Las elecciones autonómicas se antojan como algo innecesario por parte de una gran masa del electorado.

En ambas regiones, la abstención ha sido el partido ganador con gran diferencia sobre el primer partido en votos. El sistema autonómico que nos dio la Constitución del 78 es totalmente ficticio, solo se trataba de agradar a vascos y catalanes. En el caso de los vascos, además con el premio gordo gracias al Concierto Económico, lo que coloquialmente se conoce como el Cupo, que permite al Gobierno vasco fijar unas pensiones superiores al resto de España, y dar un trato especial a los inmigrantes en el aspecto económico.

El País Vasco es la segunda región española en renta per cápita, casi duplica la de Andalucía o Extremadura. La especial distinción que se tiene en el aspecto económico con el País Vasco hace que los vascos se puedan permitir unos lujos impensables en Andalucía o Extremadura.

La cuestión económica ha hecho que muchos votantes de derechas voten al PNV, que es la principal garantía a la hora de establecer estas diferencias con el resto de España.

En Galicia, el PP ha tenido que cambiar sus postulados ideológicos y adoptar tintes nacionalistas para diferenciarse en el aspecto de la lengua. Parodiando a Groucho Marx: Estos son mis principios, pero si no le gustan tengo otros». El discurso de Núñez Feijóo en Galicia se aproxima al de los nacionalistas, con un barniz socialdemócrata para no perder electorado.

En el País Vasco hemos visto un desplazamiento del voto de la extrema izquierda (Podemos) hacia el sector más radical del independentismo, el partido EH Bildu. Los vascos parece que ya han olvidado que va a hacer 23 años que mataron a Miguel Ángel Blanco y que hoy día 15 de julio hace 20 años que José María Martín Carpena fue asesinado en Málaga por la banda terrorista ETA. Sin embargo, los defensores de los etarras son lo que crecen más. Hemos visto la actuación de los proetarras en esta campaña reventando los mítines de VOX o del PP, y todo ello con el beneplácito del Gobierno PNV-PSOE.

Todo esto no ha sucedido en cuatro año, sino que ha sido consecuencia de la permisividad con la que los diferentes gobiernos de España han hecho frente al problema vasco, siendo complacientes a cambio de votos en los apoyos a la aprobación de los presupuestos del Estado. El cupo vasco se negocia a cambio de apoyos en las votaciones en el Congreso. Esto lo han hecho y lo siguen haciendo los gobiernos de PSOE y PP. El caso del Gobierno actual es el más escandaloso, ha tenido que ceder a las presiones de lo peor de los partidos políticos independentistas y separatistas para poder gobernar.

En Galicia el BNG ha conseguido aunar con su discurso separatista e independentista a los votantes de Podemos, convirtiéndose en la segunda fuerza en esta Comunidad. Es preocupante la deriva que están tomando los partidos con ideología separatista en España, con la connivencia del Gobierno actual, que se ha vendido por un plato de lentejas.

La situación en España se ha ido agravando con el paso de los años desde el 78. La Constitución Española se elaboró basada en la buena fe de las comunidades autónomas. Nuestros Padres Constituyentes fueron demasiado confiados: no se puede poner al zorro a guardar las gallinas.

Estas elecciones en Galicia y País Vasco han puesto de manifiesto la deriva independentista en Galicia y el País Vasco. Cuando un partido político, como el PP, tiene que cambiar su ideario y su discurso para poder ganar las elecciones, tenemos un grave problema. EL PP debería recordar que el incumplimiento de de las promesas electorales por parte del Gobierno de Mariano Rajoy le supuso perder la mayoría absoluta en Congreso y Senado, y poner las bases de la escisión de los votantes de derechas, dando lugar al nacimiento de VOX. El PP debe buscar en su política contemporizadora la pérdida de votos que fueron a parar a VOX .

Cuando los defensores de los asesinos de ETA aumentan su poder en Vascongadas, nos encontramos que un sector de la población, de forma contranatura, se inclina por ideologías que defienden la extorsión, la violencia y si hace falta quitar la vida a las personas, esto no va ser un obstáculo para ellos. Cuando se tiene una fiera en casa y se le deja crecer , esa fiera termina por devorarte.

Estas elecciones deberían poner en alerta a la población española. Hay que abandonar la comodidad y el hedonismo que la izquierda ha inyectado en la masa acomodaticia y subvencionada, adormecida ahora con mayor gravedad por la pandemia del COVID, que está explotando con gran eficacia el Gobierno social –comunista.

Hoy se ha dado a conocer el CIS de Tezanos , que le otorga al PSOE un aumento de votos y su consolidación como primera fuerza a nivel nacional. Debe ser que este sondeo no se ha hecho en Galicia.

Por otro lado ABC, con una encuesta de GAD 3, nos dice que el PP se convierte en la primera fuerza a nivel nacional. Estos han debido de hacer la encuesta solamente en Galicia.

De cualquier forma asistimos a encuestas pagadas por todos, el caso del CIS y otras la de ABC, no sabemos pagada por quién, en las cuales lo que se intenta es crear opinión para que los españoles, a los que este Gobierno ha conseguido atemorizar con el COVID, no tengamos opinión si no que creamos lo que nos cuentan como si fuésemos niños pequeños.

La derecha española debería asumir que si quiere ganar las elecciones, debe presentar un frente unido, pero para ello los dirigentes del PP van a tener que mostrar una nueva cara que sea capaz de aglutinar e ilusionar a un electorado tan dividido, que a los únicos que beneficia es a la izquierda más sectaria, demagógica y de corte totalitario en sus formas de gobernar España (“Los pueblos de la tierra no sólo deben elegir al hombre que los conduzca: deben saber cuidarlo de los enemigos que tienen en las antesalas de todos los gobiernos”) Eva Perón.

*Enrique de Vivero fue coronel jefe del Tercio Gran Capitán I de La Legión, con base en Melilla.

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España

El Régimen de la Impunidad: Manual de supervivencia del socialista que nunca dimite

Redacción

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Pedro Sánchez no ha venido a Madrid a gobernar. Ha venido a colonizar. Y lo ha hecho con la misma eficacia metódica con la que el cáncer coloniza un órgano: sin prisa pero sin pausa, destruyendo las defensas institucionales una a una hasta convertir el Estado en un aparato de su supervivencia política. La corrupción, en el sanchismo, no es un accidente del sistema. Es el sistema.

Mientras la izquierda mediática nos vende el relato del progresismo ilustrado que combate la corrupción «de la derecha», el Gobierno más caro de la democracia española —en ministros, en asesores, en chiringuitos institucionales— ha construido una fortaleza de impunidad que haría sonrojar a cualquier república bananera del Caribe. Pero aquí no hay plátanos: hay millones de euros públicos desviados, fondos europeos malversados, y una red clientelar que transforma cada ministerio en una sucursal del Partido Socialista Obrero Español.

La economía de la corrupción: cuando el expolio es política de Estado

Empecemos por lo tangible, porque los progres adoran hablar de «justicia social» mientras vacían las arcas públicas. El impacto económico del sanchismo no se mide solo en la deuda pública desbocada —ya rozamos el 120% del PIB, para alegría de nuestros nietos— sino en el coste oportunidad de una España que podría haber prosperado y, en cambio, se ha convertido en un parque temático de subvenciones a fundaciones afines y chiringuitos ideológicos.

El caso más escandaloso no es uno solo: es la constelación. Los ERE andaluces, que dejaron en evidencia décadas de saqueo sistemático del dinero público para comprar votos y financiar estructuras partidarias, fueron apenas el aperitivo. La trama de los fondos Next Generation, donde el criterio de reparto parece dictado más por la proximidad al PSOE que por la viabilidad empresarial, ha convertido la reconstrucción post-pandemia en un reparto de botín. Mientras tanto, el Banco de España alerta de la inflación galopante y el empobrecimiento de la clase media, Sánchez y su séquito de ministros viven en una realidad paralela donde la corrupción —eso que ellos llaman «presuntas irregularidades» cuando afecta a los suyos— es un mal necesario para mantener el poder.

Pero el daño económico va más allá de los millones desfalcados. Es el efecto crowding-out de la inversión privada que huye de un país donde las reglas del juego se escriben en el despacho de Moncloa según convenga a la agenda del día. Es el cierre de empresas que no pueden competir con los monopolios subvencionados por el Estado amigo. Es la juventud española condenada al exilio laboral porque aquí el mérito ha sido sustituido por el carnet de afiliado.

La hipocresía progre: cuando el anticorrupción es solo un hashtag

Aquí llegamos al núcleo ideológico del engaño. La izquierda española —y su brazo mediático en los grandes periódicos y televisiones públicas— ha construido su identidad moral en torno a la supuesta superioridad ética. Son los «demócratas» contra los «fascistas». Los «honrados» contra la «derecha corrupta». Han llenado espacios televisivos y plataformas digitales con la retórica del «no es no» y la «transparencia radical».

Y luego llega la realidad, incómoda como un invitado no deseado.

Pedro Sánchez, el hombre que prometió «regeneración democrática», ha convertido la Moncloa en un bunker de opacidad. El caso de los fondos reservados de la Casa Real —que el Gobierno se apresuró a destapar para humillar a la monarquía— contrasta obscenamente con el hermetismo absoluto sobre los gastos de la Presidencia del Gobierno, los contratos de emergencia sanitaria sin concurso público, o los informes de inteligencia que convenientemente desaparecen cuando apuntan a altos cargos socialistas.

La contradicción es brutal: exigen la transparencia extrema para el adversario mientras blindan con leyes mordaza y reformas del código penal —sí, esa reforma que rebaja penas para delitos de corrupción justo cuando sus socios del procés y sus propios militantes enfrentan tribunales— la suya propia. El «solo sí es sí» se ha convertido en el chiste legal del año cuando vemos cómo rebajan las penas por malversación mientras envían a la policía a registrar despachos de opositores.

Esta no es hipocresía ingenua. Es estrategia calculada. La izquierda cultural ha comprendido algo que la derecha española tardó en asimilar: el poder no se ejerce solo desde las instituciones, sino desde la narrativa. Si controlas los términos del debate —si puedes llamar «corrupción» a la donación de una empresa privada a un partido conservador pero «gestión necesaria» al desvío millonario de fondos públicos a una fundación afín— no necesitas ser honesto. Necesitas controlar los tribunales, los medios y las universidades.

El coste cultural: la normalización del robo como virtud progresista

Pero quizás el daño más profundo —y este es el que debería mantener despiertos a los españoles que aún creen en la política como servicio público— es la erosión cultural que el sanchismo ha provocado en el tejido moral de España.

Hemos pasado de una democracia donde la corrupción era un escándalo que provocaba dimisiones —recuérdese el caso Filesa o el impacto del caso Gürtel en el Partido Popular— a un régimen donde la impunidad es el precio de la gobernabilidad. Sánchez no dimite. Sus ministros no dimiten. Sus socios —condenados por sedición, por malversación, por terrorismo— no solo no dimiten: son recibidos con alfombra roja y ministerios estratégicos.

Esta normalización del cinismo político tiene un efecto corrosivo en la sociedad civil. Cuando el ciudadano observa que el presidente miente descaradamente sobre su tesis doctoral, sobre su patrimonio, sobre sus pactos con filoetarras, y no solo no paga consecuencias sino que es reelegido con mayorías artificiales, está aprendiendo una lección perversa: la honestidad es para perdedores.

La izquierda cultural —esa que nos sermonea sobre valores, ética y «bien común»— ha construido un sistema donde el fin justifica absolutamente todos los medios. Donde comprar votos con subvenciones es «política social». Donde el clientelismo es «cohesión territorial». Donde la mentira institucionalizada es «narrativa estratégica». Y donde quien señala estas contradicciones es, cómo no, «fascista», «reaccionario» o «negacionista».

Este es el daño cultural más profundo: la transformación de la política española en un mercado de vicios donde la virtud cívica ha sido sustituida por la lealtad tribal. Ya no importa qué se hace, sino para quién se hace. Ya no importa la legalidad, sino la «legitimidad histórica» que se otorgan a sí mismos quienes se consideran herederos de una verdad moral superior.

La resistencia empieza por llamar a las cosas por su nombre

Concluyo donde empecé, pero con la claridad que da el final del texto: España no tiene un problema de corrupción. Tiene un problema de régimen. Un régimen donde la división de poderes es una ficción literaria, donde el Consejo General del Poder Judicial es tomado por asalto, donde la Fiscalía actúa como bufete del partido en el Gobierno, y donde el presidente puede cambiar de opinión sobre la inviolabilidad del Rey, la unidad de España o la naturaleza de la democracia según le convenga para mantenerse una semana más en La Moncloa.

La izquierda española ha construido un sistema donde la corrupción no es un bug. Es una feature. Una herramienta de gobierno tan necesaria como el BOE. Porque cuando tu proyecto político consiste en transformar España en un laboratorio de experimentos identitarios que la mayoría rechaza, necesitas fondos públicos ilimitados, medios de comunicación domesticados y una justicia que mire hacia otro lado.

Pedro Sánchez no es un presidente corrupto por accidente. Es un presidente que ha entendido que en la España de 2024, la impunidad es el último recurso del progresismo cuando el debate de ideas ha fracasado. Y mientras la derecha española siga intentando jugar con reglas democráticas en un tablero donde el adversario ha cambiado las reglas por la pura voluntad de poder, seguiremos perdiendo no solo elecciones, sino el país mismo.

La batalla cultural no es una metáfora. Es la única batalla que queda cuando la corrupción institucionalizada ha reemplazado a la política. Y en esa batalla, la primera arma es la verdad: Sánchez no gobierna. Saquea. Y lo hace con la impunidad de quien sabe que, en su España, los corruptos de izquierdas nunca pagan.

 

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