(Reproducido) La unidad nacional está por encima de los regímenes políticos y de especímenes políticamente tan execrables como Pedro Sánchez.

Ni la soberanía nacional ni la unidad de España se negocian, sino que se defienden. Nunca, bajo ninguna circunstancia, se debe consentir que el Gobierno de España sitúe mediadores entre el Estado de Derecho constitucional y el golpismo independentista.

Situar mediadores o relatores significa, en la práctica, poner en el mismo nivel de legitimidad el Estado de Derecho constitucional y la ruptura del mismo. Es, de facto, legitimar como admisibles las demandas separatistas. La libertad y la ley no se negocian y menos con intermediarios.

Establecer mediadores supone asumir la demanda de bilateralidad, constante en las exigencias independentistas, que buscan poner a España y a la Comunidad Autónoma de Cataluña como si fueran entidades políticas del mismo nivel.

La vigencia de nuestra unidad nacional, de la Constitución y del imperio de la Ley, por encima de quienes pretenden romperlas mediante actos de rebelión, o mediante una negociación que equivale a una traición a España y a todos los españoles.

Dicho lo anterior, tenemos toda la autoridad política, legal y moral para exigir a nuestras Fuerzas Armadas que asuman la solución correctora del caos que vivimos, que restablezcan la legalidad y que detengan al presidente del Gobierno por premiar a los separatistas con tal de mantenerse en el poder. Cada minuto que pase sin respuesta nos aleja más de la continuidad histórica de España.

Un Estado que renuncia a defenderse frente a quienes quieren destruirlo no es Estado, es un cadáver. Por eso es imperativo que el Ejército asuma el mandato constitucional de preservar la unidad de España.

Queremos tener esperanza en el papel de las Fuerzas Armadas ante una situación límite como la que vivimos. Queremos creer que el principal rasgo distintivo de los militares españoles sigue siendo su patriotismo. El papel arbitral del Ejército ante esa situación límite debe ser el de restablecer el orden legal de acuerdo al mandato constitucional. Si el Gobierno no lo hace y desatiende los llamamientos de la oposición para que convoque elecciones, deben ser los militares los que defiendan las fórmulas legales que reglan nuestra convivencia dentro de una patria común e indivisible.

Pedro Sánchez está arrastrando a nuestro país a una quiebra de consecuencias imprevisibles. España corre el riesgo de ser pasto de las llamas y difícilmente un pirómano, y mucho menos un traidor a las órdenes del separatismo, puede tener legitimidad moral para imponer su autoridad a millones de españoles.

Reiteramos la urgencia de una solución correctora que permita regenerar una situación que solo puede empeorar si continúa en las mismas manos hasta hacerse irreversible.

Por ello, la solución pasa únicamente por la salida del poder de un presidente repugnante y felón, que nunca estuvo al servicio de los españoles, y la posterior llamada de los ciudadanos a a las urnas. Si Pedro Sánchez se obstina en vender España a los separatistas por un plato de lentejas, en acertada expresión de Casado, entonces es el Ejército quien debería asumir la tarea que le encomienda el artículo 8 de la Constitución.

El PP de Pablo Casado ha estado esta vez a la altura de la gravedad del momento al alertar de una «alta traición» del presidente Sánchez a España, por sus concesiones a los independentistas catalanes. De momento, Pablo Casado ha subrayado que Sánchez es un presidente «ilegítimo» y ha avisado de que baraja todos los mecanismos legales a su alcance para frenar al presidente del Gobierno, incluida una moción de censura, por admitir un diálogo con los separatistas con presencia de una especie de mediador o «relator». Desde Ciudadanos, Albert Rivera se ha apresurado a decir que no le prestará los votos para una moción de censura, y ha insistido en reclamar elecciones ya.

En Cuenca, Casado ha advertido de que «no se puede vender España a cambio de un plato de lentejas en Moncloa». El líder del PP, en un acto con simpatizantes, ha subrayado que Sánchez es un presidente «ilegítimo», porque ilegítimo es estar «chantajeado». «Sánchez está deslegitimado para seguir al frente del Gobierno de España. Cada día que pasa en el Gobierno es un escarnio para este país».

Elecciones inmediatas

«Exigimos la convocatoria inmediata de elecciones, y si no pondremos todos los mecanismos parlamentarios a nuestro alcance » para devolver la dignidad al Gobierno de España, ha subrayado.

Casado ha enviado un mensaje al PSOE, donde se han escuchado voces críticas por la actitud del Gobierno ante los independentistas: «Antes de que rompan España, deberían poner freno a su secretario general, que es el mayor felón» que han tenido. «Es un mentiroso compulsivo».

«O rectifican o el PP no tiene absolutamente nada que hablar con el Partido Socialista», ha advertido.

Pedro Sánchez está traicionando a España y no tiene límite por seguir en Moncloa a costa de lo que haga falta. Estamos viendo cómo el independentismo usa los Presupuestos para seguir rompiendo España y Sánchez para seguir en Moncloa, a costa de doblegar a 57 millones de españoles.

Asistimos a una rendición del Gobierno de España ante esos socios que le hicieron presidente. Sánchez sabe que se lo debe todo a los independentistas que se van a sentar en el banco de los acusados por intentar cercenar los derechos y libertades de los españoles.

Millones de españoles apoyan las protestas del pueblo de Venezuela contra Maduro. La situación política en aquel país no difiere en lo sustancial de la que vivimos en España. Maduro ha entregado su país a la corrompida oligarquía chavista vinculada al narcotráfico y Pedro Sánchez está dispuesto a entregar España a los separatistas con tal de mantener unos meses más su millonario nivel de vida.

La ilegitimidad de Maduro y la ilegitimidad de Sánchez para mantenerse en el poder a toda costa merecen el más severo correctivo en nombre de la dignidad y del futuro de ambas naciones.