CONTRADICE LAS RECOMENDACIONES DE DOCTRINA DE LA FE Y EL CONSEJO DE EUROPA.

El Vaticano amenaza a sus empleados con sanciones y despidos si no se vacunan.

A pesar de que la Congregación para la Doctrina de la Fe dictaminó que no se puede obligar a vacunarse a nadie y que el Consejo de Europa sostuvo que la vacunación es voluntaria y no se puede sancionar a quien no se vacune, el estado del Vaticano ha decidido imponer la vacunación a sus empleados bajo amenaza de sanciones o despidos.

El 21 de diciembre del 2020 la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó una nota sobre la vacunación durante esta pandemia que, entre otras consideraciones, decía lo siguiente:

Al mismo tiempo, es evidente para la razón práctica que la vacunación no es, por regla general, una obligación moral y que, por lo tanto, la vacunación debe ser voluntaria.

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó el pasado 27 de enero la resolución 2361 de 2021, sobre consideraciones éticas, legales y prácticas en torno a la aplicación de las vacunas contra el Covid19. Dicha resolución dice expresamente que los gobiernos deben asegurarse de que los ciudadanos estén informados de que la vacunación NO es obligatoria y de que nadie es presionado política, social o de otro modo para que se vacune, si no lo desea; deben además velar por que nadie sea discriminado por no haber sido vacunado, por posibles riesgos para la salud o por no querer ser vacunado.

Sin embargo, se ha sabido que en un decreto emitido a principios de este mes, el cardenal gobernador del Estado de la Ciudad del Vaticano advierte que los empleados que se nieguen a recibir la vacuna COVID-19 cuando se considere necesario para su trabajo podrían enfrentarse a sanciones e incluso al despido.

El decreto del 8 de febrero del cardenal Giuseppe Bertello, presidente de la Comisión Pontificia del Estado de la Ciudad del Vaticano, establece las normas que deben seguir los empleados del Vaticano, los ciudadanos y los funcionarios de la Curia Romana para controlar la propagación del coronavirus en el territorio del Vaticano, como el uso de mascarillas y el distanciamiento físico. El incumplimiento de las normas podría acarrear multas.

«La emergencia sanitaria debe ser afrontada para garantizar la salud y el bienestar de la comunidad de trabajo, respetando la dignidad, los derechos y las libertades fundamentales de cada uno de sus miembros», señala el documento, firmado por Bertello y el obispo Fernando Vérgez Alzaga.

Una de las medidas incluidas en la orden es el protocolo de la vacuna COVID del Vaticano. En enero, la ciudad estado comenzó a ofrecer la vacuna de Pfizer-BioNtech a los empleados, residentes y funcionarios de la Santa Sede.

Según el decreto del cardenal Bertello, la autoridad suprema, junto con la oficina de salud e higiene, «evaluó el riesgo de exposición» al COVID-19 y su transmisión a los empleados en el desempeño de sus actividades laborales y «puede considerar necesario poner en marcha una medida preventiva que prevea la administración de una vacuna para proteger la salud de los ciudadanos, los residentes, los trabajadores y la comunidad laboral».

El decreto establece que a los empleados que no puedan recibir la vacuna por «razones de salud acreditadas» se les podrán asignar temporalmente «funciones diferentes, equivalentes o, en su defecto, inferiores» que presenten menor riesgo de contagio, manteniendo su salario actual.

La orden también dice que «el trabajador que se niegue a someterse, sin razones sanitarias probadas», a la administración de la vacuna «está sujeto a las disposiciones» que se encuentran en el artículo 6 de las normas de la Ciudad del Vaticano de 2011 sobre la dignidad de la persona y sus derechos fundamentales en materia de controles sanitarios en la relación laboral.

El artículo 6 de las normas dice que una negativa puede acarrear «consecuencias de diverso grado que pueden llegar hasta la interrupción de la relación laboral».

Además de la vacunación, las medidas contenidas en el decreto incluyen la limitación de las reuniones de personas y de los desplazamientos, la obligación de llevar correctamente la mascarilla y de mantener el distanciamiento físico, así como de observar el aislamiento si es necesario.

Las multas por incumplimiento de estas medidas oscilan en su mayoría entre 25 y 160 euros (30 a 193 dólares).

Si se descubre que alguien ha incumplido una orden legal de autoaislamiento o cuarentena por tener COVID-19 o haber estado expuesto a él, la multa oscila entre 200 y 1.500 euros (de 242 a 1.812 dólares).

El decreto encarga a los gendarmes del Vaticano (Guardia Suiza) que intervengan cuando observen el incumplimiento de las medidas y emitan las multas.