Ilocad S.L., el despacho del exjuez Baltasar Garzón, facturó a la sociedad panameña Maroil Trading 1.850.000 euros durante la segunda mitad del año 2016. La mercantil es una de las empresas del venezolano Wilmer Ruperti, magnate del transporte marítimo y de los medios de comunicación y un destacado «boliburgués», los empresarios que hicieron o incrementaron su fortuna con el chavismo.

Lo llamativo de estos pagos es que responden a un contrato cuyo objeto es elaborar «un informe independiente sobre el origen, desarrollo, consistencia (…) sobre las investigaciones abiertas en Estados Unidos de los casos que afectan a quien fuera director de los servicios de inteligencia de Venezuela, Hugo Carvajal». Estados Unidos reclamaba al general retirado Hugo Carvajal (ver información adjunta) por narcotráfico, entre otros delitos. Actualmente, el exjefe de la inteligencia chavista, que renunció a Maduro y apostó por Guaidó, se encuentra detenido en Madrid, a la espera de que se resuelva la petición de Estados Unidos.

La firma del contrato

El contrato fue suscrito el 17 de junio de 2016 por el propio Wilmer Ruperti, en representación de Maroil Trading Inc., y, el número dos de Garzón, Ricardo Arranz, director de Oficina y responsable del área Civil y Mercantil de Ilocad (International Legal Office for Cooperation & Development).

La «hoja de encargo de servicios jurídicos» no consistía en que Garzón o alguien de su equipo se convirtiera en abogado de Carvajal, sino en diseñar la estrategia de su defensa. El contrato se dividía en cinco bloques que suman 2,95 millones de euros. Solo tres meses después, en septiembre, cuando ya se habían realizado los primeros pagos, la petrolera estatal venezolana, Pdvsa, anunció que adjudicaba a la misma empresa, Maroil Trading Inc, un contrato de 138 millones de dólares, unos 123 millones de euros al cambio actual.

Según la información que publicó Reuters, la adjudicación era para «remover una gran cantidad de coque de petróleo ubicado en uno de sus terminales» (de Pdvsa). «El coque, un producto que resulta de mejorar el crudo pesado de la Faja del Orinoco, se ha acumulado rápidamente en el terminal, ubicado en la costa oriental venezolana, desde que un incendio en el 2009 obligó a detener sus exportaciones», añadía la agencia.

De este modo, en el mismo tiempo –y en plena crisis venezolana– que una empresa de Wilmer Ruperti recibía un contrato millonario de la petrolera estatal, esa misma compañía pagaba a Garzón la estrategia de defensa del exjefe del espionaje chavista.

El contrato que ahora publicamos lo negociaron personalmente Garzón y el general Hugo Carvajal a finales de julio de ese año. El exmagistrado viajó a Isla Margarita (Venezuela) para encontrarse con el general chavista, al que Estados Unidos identificaba como uno de los líderes del Cartel de los Soles, el grupo de narcos controlado por el Ejército chavista.

De hecho, Carvajal ya había sido detenido en 2014 por esta reclamación en la isla caribeña de Aruba, de soberanía holandesa, pero cedieron a las presiones que Caracas y pudo escapar.

El informe de Garzón debía cuestionar los métodos de la DEA y la justicia estadounidense para actuar en estos procesos de narcotráfico, de ahí que el trabajo de Garzón también fuera aplicable al caso de los sobrinos de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas fueron detenidos en Haití por narcotráfico el 10 de noviembre de 2015 en una operación de la agencia antidroga estadounidense. Una corte federal de Nueva York los condenó en el año 2017 a 18 años de cárcel por intentar introducir en Estados Unidos 800 kilogramos de cocaína suministrados por las FARC, la narcoguerrilla colombiana. Además, Ruperti reconoció haber pagado al bufete estadounidense que asumió la defensa de los «narcosobrinos».

En cuanto a la «hoja de encargo de servicios jurídicos» liderados por Baltasar Garzón a cambio de casi tres millones de euros, la partida más lucrativa, 1,7 millones, corresponde a la «investigación y elaboración de Informe Independiente». Le sigue la «conformación de Equipo de Trabajo», cifrada en medio millón de euros. Ilocad también cobraría un fondo para gastos que asciende a 250.000 euros; otros 300.000 eruos –en este caso anuales- por llevar la «estrategia de comunicación»; y 200.000 más por «servicios de Inteligencia e Investigación».

El contrato estipula que «el equipo de trabajo será elegido y formado por Ilocad, a cuyo frente estará su Director», es decir, el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Según los documentos consultados por este diario, las cantidades finalmente satisfechas ascendieron a al menos 1.850.000 euros de los casi tres millones presupuestados. La primera factura girada por Ilocad a Maroil Trading data del 20 de junio de 2016 y asciende a 500.000 euros para «formación grupo de trabajo y actividades y fondo de desplazamiento». El 30 de agosto de ese año Ilocad emitió dos facturas más: 1.025.000 euros divididos en «formación grupo trabajo, elaboración informe y estrategia comunicación» y otros 250.000para «formación grupo de trabajo y actividades y fondo de desplazamiento». Por último, el 1 de diciembre de 2016 el bufete de Garzón facturó 75.000 euros, que correspondían a un trimestre de «estrategia de comunicación».

La respuesta de Garzón

Fuentes oficiales del despacho de Baltasar Garzón se han remitido a un comunicado del año 2016 en el que reconocían que el exmagistrado «coordina un equipo multidisciplinar (…) para la elaboración de un informe (…) sobre las investigaciones abiertas en Estados Unidos de los casos que afectan entre otros a Hugo Carvajal». Añaden que no pueden dar ninguna información más «debido al deber de confidencialidad».

Garzón fundó Ilocad en junio del año 2012. Desde ese día y hasta finales de 2017, el último depósito contable disponible, el exjuez ha facturado con su empresa más de 14,3 millones de euros. Sus ingresos se comenzaron a disparar precisamente en el año 2016, cuando recibió los pagos de Ruperti por Carvajal, hasta facturar 3.495.061 euros. En 2017 la cifra de negocio alcanzó los 5,4 millones de euros.