El Consejo de Ministros ha aprobado este jueves un real decreto ley por el que obliga a los bancos a asumir el pago del impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas, en lugar de hacerlo los clientes, como ocurría hasta ahora.

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo que esta medida se adopta para expresar «con toda contundencia y claridad» que el impuesto lo paga la banca.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este miércoles este cambio normativo pocas horas después de que el pleno de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo decidiera, en un agrio debate y por 15 votos contra 13, que la tasa debía asumirla el cliente y no las entidades financieras, en contra de lo determinado en tres sentencias de mediados de octubre.

El Supremo sale de su embrollo jurídico sobre el impuesto hipotecario haciendo pagar a los clientes y no a los bancos

Incluso antes de conocerse la «controvertida» sentencia del Supremo, que atribuía a los clientes la tasa, el Gobierno había manifestado su voluntad de estar junto a los ciudadanos y prestar el apoyo necesario a las comunidades autónomas depositarias de este gravamen, ha dicho.

Pero siempre «con todo respeto a la autoridad judicial», ya que el Gobierno ha cumplido con su deber dentro de su capacidad ejecutiva con este decreto, que entra en vigor mañana tras su publicación en el BOE.

A partir de ahora, ha explicado Celaá, será la banca la que se haga cargo de la tasa, con lo que el Ejecutivo muestra una vez más su responsabilidad y su rapidez en la actuación «al estar junto a los problemas de los ciudadanos y su resolución», en un tema que afecta a millones de personas.

Y es que la compra de vivienda es una cuestión en la que millones de personas «ponen la ilusión de su vida, es un proyecto vital», ante lo cual el Gobierno «ha mostrado su responsabilidad y rapidez en la respuesta actuando en 24 horas».

La banca no podrá deducirse el impuesto de las hipotecas

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que este cambio normativo acompañará a la propia modificación del artículo 29 del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para que la banca asuma el impuesto.

Montero ha justificado la urgencia de estos cambios por la «confusión» generada después de que el Tribunal Supremo dictaminara que son los ciudadanos quienes tienen que abonar el impuesto, pese a que previamente lo había asignado a la banca.

El decreto tiene como «único» objetivo «que los ciudadanos no tengan que pagar más este impuesto, que ahora pagarán los bancos», ha añadido, y si no se ha planteado su eliminación, ni siquiera en aquellas comunidades autónomas donde gobierna, ha explicado la ministra, es porque aporta unos 2.000 millones de euros a las arcas públicas, que se destinan a Sanidad, Educación y Dependencia.

Los que abogan por su eliminación tendrán que plantear qué instrumentos alternativos ofrece para estos recursos, o habrá que «pensar» que quieren «limitar» el Estado del bienestar.

La rectificación del Supremo sobre una sentencia suya anterior «generó una gran alarma social e inseguridad jurídica en los ciudadanos y en el mercado hipotecario», ha dicho Montero, y el Gobierno, «desde el respeto a la justicia y a la separación de poderes», lamenta el cambio de criterio.

Pero, como dijo el presidente Sánchez, «ayer habló el poder judicial y hoy lo hace el Gobierno», que tiene que garantizar la seguridad jurídica del mercado hipotecario, dos cuestiones que quedaron en entredicho estas ultimas semanas.

La urgencia de la medida se justifica por la confusión generada con la controvertida sentencia y la necesidad de clarificar en el futuro la normativa acerca del sujeto pasivo de este impuesto.

El cambio fundamental afecta a un párrafo en el artículo 29 de la ley, que establece que cuando se trate de un préstamo con garantía hipotecaria, se considera sujeto pasivo al prestamista, «así no deja lugar a dudas».

El texto modifica también el artículo 15 de la ley del impuesto de sociedades, para dejar claro que el gasto no será deducible por el prestamista.

Montero ha confirmado también que el Ministerio de Economía anunciará en unas semanas la puesta en marcha de una autoridad para evitar que las entidades financieras apliquen cláusulas abusivas para contrarrestar el pago del impuesto.

Asimismo, confía en «no tener dificultades para su convalidación», ya que la mayoría de los grupos políticos se han mostrado partidarios de la defensa del consumidor.