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Economía

La banca no podrá deducirse el impuesto de las hipotecas

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Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, celebrada este jueves en el Palacio de la Moncloa.
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El Consejo de Ministros ha aprobado este jueves un real decreto ley por el que obliga a los bancos a asumir el pago del impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas, en lugar de hacerlo los clientes, como ocurría hasta ahora.

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo que esta medida se adopta para expresar “con toda contundencia y claridad” que el impuesto lo paga la banca.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este miércoles este cambio normativo pocas horas después de que el pleno de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo decidiera, en un agrio debate y por 15 votos contra 13, que la tasa debía asumirla el cliente y no las entidades financieras, en contra de lo determinado en tres sentencias de mediados de octubre.

El Supremo sale de su embrollo jurídico sobre el impuesto hipotecario haciendo pagar a los clientes y no a los bancos

Incluso antes de conocerse la “controvertida” sentencia del Supremo, que atribuía a los clientes la tasa, el Gobierno había manifestado su voluntad de estar junto a los ciudadanos y prestar el apoyo necesario a las comunidades autónomas depositarias de este gravamen, ha dicho.

Pero siempre “con todo respeto a la autoridad judicial”, ya que el Gobierno ha cumplido con su deber dentro de su capacidad ejecutiva con este decreto, que entra en vigor mañana tras su publicación en el BOE.

A partir de ahora, ha explicado Celaá, será la banca la que se haga cargo de la tasa, con lo que el Ejecutivo muestra una vez más su responsabilidad y su rapidez en la actuación “al estar junto a los problemas de los ciudadanos y su resolución”, en un tema que afecta a millones de personas.

Y es que la compra de vivienda es una cuestión en la que millones de personas “ponen la ilusión de su vida, es un proyecto vital”, ante lo cual el Gobierno “ha mostrado su responsabilidad y rapidez en la respuesta actuando en 24 horas”.

La banca no podrá deducirse el impuesto de las hipotecas

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que este cambio normativo acompañará a la propia modificación del artículo 29 del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para que la banca asuma el impuesto.

Montero ha justificado la urgencia de estos cambios por la “confusión” generada después de que el Tribunal Supremo dictaminara que son los ciudadanos quienes tienen que abonar el impuesto, pese a que previamente lo había asignado a la banca.

El decreto tiene como “único” objetivo “que los ciudadanos no tengan que pagar más este impuesto, que ahora pagarán los bancos”, ha añadido, y si no se ha planteado su eliminación, ni siquiera en aquellas comunidades autónomas donde gobierna, ha explicado la ministra, es porque aporta unos 2.000 millones de euros a las arcas públicas, que se destinan a Sanidad, Educación y Dependencia.

Los que abogan por su eliminación tendrán que plantear qué instrumentos alternativos ofrece para estos recursos, o habrá que “pensar” que quieren “limitar” el Estado del bienestar.

La rectificación del Supremo sobre una sentencia suya anterior “generó una gran alarma social e inseguridad jurídica en los ciudadanos y en el mercado hipotecario”, ha dicho Montero, y el Gobierno, “desde el respeto a la justicia y a la separación de poderes”, lamenta el cambio de criterio.

Pero, como dijo el presidente Sánchez, “ayer habló el poder judicial y hoy lo hace el Gobierno”, que tiene que garantizar la seguridad jurídica del mercado hipotecario, dos cuestiones que quedaron en entredicho estas ultimas semanas.

La urgencia de la medida se justifica por la confusión generada con la controvertida sentencia y la necesidad de clarificar en el futuro la normativa acerca del sujeto pasivo de este impuesto.

El cambio fundamental afecta a un párrafo en el artículo 29 de la ley, que establece que cuando se trate de un préstamo con garantía hipotecaria, se considera sujeto pasivo al prestamista, “así no deja lugar a dudas”.

El texto modifica también el artículo 15 de la ley del impuesto de sociedades, para dejar claro que el gasto no será deducible por el prestamista.

Montero ha confirmado también que el Ministerio de Economía anunciará en unas semanas la puesta en marcha de una autoridad para evitar que las entidades financieras apliquen cláusulas abusivas para contrarrestar el pago del impuesto.

Asimismo, confía en “no tener dificultades para su convalidación”, ya que la mayoría de los grupos políticos se han mostrado partidarios de la defensa del consumidor.

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Economía

Fomento cifra en más de 7,3 millones de euros los daños en transporte e infraestructuras por las protestas en Cataluña

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El Ministerio de Fomento cifra en más de 7,3 millones de euros las pérdidas económicas causadas por las protestas en Cataluña contra la sentencia del procés.

“Sin lugar a dudas – explica el Ministerio en un comunicado – las incidencias que se están produciendo dentro de Cataluña en la red de infraestructuras y los servicios de transporte, más allá de otras cuestiones que son difíciles de valorar (por ejemplo, imagen exterior), tienen una afección directa muy relevante tanto a los usuarios como en su vertiente económica”.

La “afección económica” de las protestas se desglosa de la siguiente manera, siempre según Fomento, con datos de ADIF, RENFE, Puertos, AENA y ENAIRE:

  • 2,1 millones por los costes derivados de las reparaciones motivadas por actos vandálicos

  • 1,2 millones en costes ocasionados al aeropuerto de El Prat, especialmente en las instalaciones del aparcamiento

  • Cerca de 600.000 euros en la infraestructura ferroviaria

  • Más de 360.000 euros en carreteras y autopistas

  • 1,2 millones de euros en indemnizaciones

  • Casi 4 millones de euros se corresponden a ingresos que no se han producido por parte de las empresas del grupo de empresas

Hasta el pasado sábado, las protestas en Barcelona, en su mayoría pacíficas pero con la acción violenta de grupos reducidos, se habían saldado con 600 heridos, entre ellos un policía nacional en estado grave y cuatro manifestantes que han perdido un ojo, y 28 encarcelados.

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Economía

La política del avestruz

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Carmen Tomás.- En los últimos días hemos asistido a una auténtica catarata de informes sobre la evolución de la economía española este año y el próximo. Todos, sin excepción, rebajan sus expectativas sobre crecimiento y empleo. El lunes le tocó el turno al servicio de estudios del BBVA. Y también creen estos expertos que el PIB crecerá este año por debajo del 2%, un 1,9% concretamente. En consonancia con esta previsión, también bajarán las afiliaciones a la Seguridad Social, es decir se creará menos empleo, y se reducirá menos el paro. De hecho, será en 2020 cuando piensan en BBVA que la tasa de paro bajará del 14%. Pero, además, opinan que tampoco cumpliremos los objetivos de déficit público. Nos salvará de una caída mayor, el comportamiento de las exportaciones, el consumo público y la inversión en vivienda

Ya sólo faltaba el movimiento del Gobierno en funciones y ya sabemos que en el plan presupuestario que ha enviado Bruselas, insiste en ser optimista, el más. Cree el Ejecutivo que el crecimiento de la economía este año será del 2,1%, apenas una décima menos de su idea inicial y muy por encima del resto de observadores. Para el próximo ejercicio, la expectativa es que el PIB aumente un 1,8%. En ambos años, considera el Gobierno que habrá equilibro entre la demanda interna y externa y ya considera que la tasa de paro bajará del 14% este año 2019.

El plan presupuestario fija una revalorización de las pensiones el año que viene del 0,9% y una subida salarial para los funcionarios del 2%. Por supuesto, en esta línea optimista, el Gobierno piensa que va a cumplir con los objetivos de déficit público, que este año se situará en el 2%. Este cuadro está desde luego en línea con las últimas declaraciones tanto de Sánchez como de Calviño que el mismo lunes a titular de Economía seguía insistiendo en la fortaleza de la economía española. En esta ocasión habló de que estamos aún en una fase expansiva del ciclo, incluso para 2020.

El gobierno puede seguir insistiendo en que no pasa nada para intentar que los españoles sigan en babia el máximo tiempo posible. La decisión del gobierno en funciones parece, al menos hasta el 10-N, seguir insistiendo en la política del avestruz: las cosas no van mal y sólo los socialistas somos capaces, si la economía empeora, de enderezar esta fase de caída. Comprobaremos cuál es su capacidad de persuasión y la de olvido de los ciudadanos. La anterior crisis con los socialistas en el gobierno nos dejó más de 3 millones de parados y las arcas públicas temblando de deudas. Veremos.

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Economía

Bruselas avisa a España de que el presupuesto para 2020 no asegura el ajuste exigido

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Ursula von der Leyen
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La Comisión Europea (CE) ha advertido este martes al Gobierno español de que su plan presupuestario para 2020 conlleva un “riesgo importante” de desviarse del ajuste fiscal que exige Bruselas para 2020 y le pidió que envíe unas cuentas actualizadas tan pronto como el proyecto sea enviado al Congreso.

En una carta enviada a la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, el Ejecutivo comunitario advierte de que el plan remitido el 15 de octubre no respetaría los requisitos comunitarios de ajuste del déficit estructural, control del gasto público y reducción de la deuda pública.

La misiva -firmada por el vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis, y el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici- reconoce, sin embargo, que el borrador es una prórroga del anterior debido “a la naturaleza en funciones” del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

No obstante, Bruselas señala que este proyecto conduce a una mejora del déficit estructural, sin tener en cuenta el ciclo económico, equivalente al 0,1 % del PIB, una cifra que “se queda corta” con respecto al esfuerzo estructural recomendado del 0,65 %. La diferencia son unos 6.600 millones en ajustes que el futuro Gobierno tendrá que adoptar a través de más impuestos o menos gastos.

Excesivo gasto público

También destaca que el proyecto incluye un crecimiento nominal de la tasa de gasto público primario del 3,8 % , que “excede” el incremento máximo recomendado por la UE, del 0,9 %.

“En general, estos elementos no parecen estar en línea con los requisitos de política presupuestaria” pactados entre la UE y España, expone la carta, que añade que “apuntan a un riesgo significativo de desviación en 2020 y a lo largo de 2019 y 2020 en conjunto”.

En estas circunstancias, la Comisión Europea recuerda la “importancia” enviar un borrador presupuestario “actualizado”, aunque entiende que su tramitación en España “se ha retrasado con respecto a su calendario habitual” por la situación política.

“Por tanto, invitamos a las autoridades españolas a presentar, tan pronto como el borrador presupuestario para 2020 sea enviado al Congreso, un proyecto actualizado a la Comisión Europea y al Eurogrupo que asegure el cumplimiento de las recomendaciones para España”, cierra la epístola.

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