Un tribunal marroquí condenó el lunes a dos meses de prisión a 18 subsaharianos que formaban parte del grupo de 116 que fueron devueltos desde Ceuta a Marruecos el 23 de agosto tras un acuerdo entre los gobiernos de Rabat y Madrid.

Según informaron este miércoles fuentes de la Asociación Manos Solidarias, que ha defendido a este grupo de jóvenes, se trata de personas originarias Camerún, Costa de Marfil, Senegal o Nigeria, entre otros países.
Los condenados ya están recluidos en la Prisión de Tetuán, mientras que se desconoce el paradero exacto de los otros 98 subsaharianos expulsados ese mismo día.

Los delitos por los que se les ha condenado tras un largo juicio de varias horas son: agresión de policías, porte de armas, lanzamiento de piedras a las fuerzas del orden y entrada ilegal al territorio de Marruecos.

Las fuentes precisaron que son muy raros los procesos por el salto ilegal a la frontera y solo se han registrado en contadas ocasiones. Consideraron más grave el hecho de que se desconozca el paradero de los demás subsaharianos devueltos aquel 23 de agosto. No se sabe si los 98 siguen en Marruecos (ni en qué ciudad) o si en algunos casos han sido repatriados a sus países.

Para devolver a los 116 subsaharianos, el ejecutivo español invocó un “acuerdo de readmisión” firmado en 1992 entre los gobiernos de Rabat y Madrid, aunque el gobierno marroquí calificó posteriormente la devolución como una mera “medida” tomada “independientemente del marco jurídico”, en palabras de su ministro portavoz, Mustafa Jalfi.

En aquella comparecencia del 30 de agosto, Jalfi se negó a responder a una pregunta sobre el destino de los 116 emigrantes.

Sin embargo, ese mismo día, y tras una reunión excepcional de los ministros de Interior, Exteriores y Emigración, los embajadores africanos acreditados en Rabat fueron informados de los traslados masivos de inmigrantes desde el norte hacia el sur de Marruecos con vistas a la repatriación definitiva a sus países respectivos.

Sin concretar si en entre ellos se encontraban algunos de los 116, fuentes oficiales cifraron el número de emigrantes trasladados a la fuerza en unos 1.800, una cifra que Amnistía Internacional (AI) ha subido hasta las 5.000 personas.

Si bien el gobierno marroquí ha insistido en que los traslados se han hecho según la legalidad marroquí, han recibido numerosas críticas, no solo de AI, sino también de numerosas organizaciones marroquíes pro derechos humanos, que han denunciado la falta de garantías con que se hicieron (y supuestamente siguen haciéndose) los traslados.