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Internacional

Orbán dice que no piensa “ceder al chantaje” del Parlamento Europeo ante las previsibles sanciones por no querer inmigrantes

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El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha afirmado este martes que no tendrá en cuenta la opinión del Parlamento Europeo (PE) sobre el Estado de derecho y la democracia en su país y que no piensa «ceder al chantaje».
Orbán ha intervenido ante el pleno del PE, reunido en Estrasburgo (Francia) y que votará el miércoles si pide iniciar una proceso sancionador contra Hungría por “no respetar los valores fundamentales de la Unión Europea (UE)”. Por la mañana, el mandatario ha asegurado que el PE está preparando «una venganza» debido a que este país no quiere inmigrantes.

Sobre la posibilidad de que el Parlamento Europeo decida proponer la activación del artículo 7 que implica dejar sin derecho a veto a Hungría de las grandes decisiones europeas, Orbán ha acusado a los eurodiputados de pretender «acallar» al pueblo húngaro y querer «dar lecciones de lo que le conviene o no le conviene».

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Orbán ha reivindicado «el derecho del pueblo húngaro» a decidir sobre su gestión de la inmigración, en referencia a las críticas por las vallas construidas en sus fronteras y el trato a los refugiados. «Se quiere condenar a Hungría porque los húngaros decidieron que su patria no sería un país de inmigrantes. Me opongo a que las fuerzas de la Eurocámara partidarias de la inmigración nos chantajeen. No cederemos, no importa lo que voten», ha afirmado.

El primero de los dirigentes políticos en intervenir en la discusión abierta con Orbán fue el líder del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, de la misma familia política que el húngaro, que se mostró a favor de que el Consejo incluya en el orden del día decidir sobre las medidas a tomar en Hungría. «Hay que velar por atender los valores europeos en todas las ocasiones y en todas las familias políticas», ha añadido Weber.


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Internacional

Donald Trump firma su orden contra Twitter y Facebook y dice que «el fact-checking es activismo político»

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Donald Trump ha firmado su anunciada «orden ejecutiva» sobre las redes sociales a cuenta de la batalla que ha lanzado en los últimos días y que comenzó cuando Twitter decidió desafiar al presidente incluyendo de forma sorpresiva mensajes sobre verificaciones de sus afirmaciones, el famoso ‘fact-checking’ cada vez más en boga últimamente.

En este sentido, Trump se ha descolgado afirmando que «el fact-checking es activismo político». Lo dijo en plena denuncia sobre la parcialidad de los responsables de las principales redes sociales que, dice, están en contra de los conservadores.

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Trump apareció con un ejemplar del New York Post en su mesa del despacho oval de la Casa Blanca antes de firmar públicamente su nuevo decreto sobre las redes sociales. El de Trump es un movimiento que parece, empero, más político que con aplicaciones reales, más encuadrado en su batalla dialéctica que en algún tipo de normativa aplicable que vaya a cambiar algo a corto plazo en el funcionamiento de las redes sociales.

Sí que ha mostrado intención Trump de acabar con la «sección 230» de la Ley de Decencia de Comunicaciones, que exime a estas plataformas de responsabilidad por el contenido que publican. Según las intenciones de Trump, si las redes sociales censuran contenido, pasarían a ser responsables del contenido que sí se publica, y estarían sujetas a esa normativa por tanto.

Trump ha asegurado que los ‘fact-checkings’ que las redes sociales realizan son «decisiones editoriales» que, según él, están dirigidos por las grandes tecnológicas de la liberal Silicon Valley con el objetivo de dañar a los conservadores republicanos. «Estamos hartos de ello» ha sentenciado Trump firmando una orden que dice que pretende defender la libertad de expresión.

El origen de la nueva batalla

Esta última batalla entre Donald Trump y Twitter, su medio de comunicación preferido, por otra parte, arrancó, o más bien, estalló, el martes. Trump estaba colgando mensajes en los que aseguraba que el voto por correo en las elecciones estaba manipulado, deslizando la idea de que se estaba preparando un fraude electoral.

Entonces, los responsables de Twitter decidideron dar un giro a su estrategia e intervenir directamente en los mensajes de la cuenta de Trump. En los dos mensajes críticos hicieron sendas inserciones a modo de ‘fact-checking’ o verificación de hechos, dando a entender que las afirmaciones del presidente no eran ciertas.

Haciendo ‘click’ en las inserciones de Twitter, el usuario accedía a una zona donde se recopilaban una serie de informaciones que desmentirían las afirmaciones de Trump sobre ese supuesto fraude en el voto por correo.

Era evidente que la batalla estaba planteada y que Trump haría algo para contraatacar tras este posicionamiento de Twitter, el servicio de publicación de mensajes más utilizado por él. Por cierto, la de Donald Trump es la octava cuenta con más seguidores de todo el planeta, con 88 millones de seguidores. El número 1 mundial en Twitter es, precísamente, su antecesor en la Casa Blanca, Barack Obama, con 127 millones de seguidores. Entre ellos, actores y cantantes famosos.

Pues bien, ya este miércoles, Trump dio su primer paso adelante. El presidente tomó la palabra para asegurar que «regulará» o incluso «cerrará» las redes sociales si «silencian» a las voces conservadoras, horas después de que Twitter incluyese por primera vez un aviso que ponía en duda la veracidad de un mensaje del mandatario.

«Los republicanos creen que las plataformas de redes sociales silencian por completo las voces conservadoras. Las regularemos firmemente o las cerraremos antes de dejar que ocurra algo así», ha añadido, considerando que ya en 2016 estas redes intentaron -«y fracasaron»- algo similar. «No podemos dejar que una versión más sofisticada ocurra de nuevo», ha advertido.

Trump ha asegurado que tampoco se puede permitir la implantación del voto por correo, «una vía libre para el engaño, la falsificación y el robo de papeletas». Con este sistema, ha afirmado el mandatario, «ganará el que más engañe».


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Hispanoamérica

Hacinados y sin alimentos: así son tratados por la dictadura de Maduro los inmigrantes venezolanos que volvieron al país por el coronavirus

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Por Lucas Goyret.- A principios de mayo, la vicepresidenta de la dictadura chavista, Delcy Rodríguez, resaltó en conferencia de prensa “las bondades del modelo venezolano” para frenar la pandemia de coronavirus. Las autoridades del régimen, además, denuncian casi a diario las condiciones en las que son presuntamente tratados los migrantes venezolanos en otros países. Sin embargo, cada vez son más los reportes de tratos “inhumanos” que reciben los venezolanos que decidieron volver al país por la pandemia.

Según ACNUR, la agencia para los refugiados de la ONU, a fines de abril eran casi 6.600 los venezolanos que regresaron pese a las catastrófica situación humanitaria y sanitaria que atraviesa el país. ¿Entonces por qué decidieron volver? “Yo he tenido contacto con varios de ellos. Una de las razones por las que vuelven es que quieren estar cerca de sus familias. Tienen mucho miedo de los que les pueda pasar en Venezuela por la pandemia, viendo que otros países, con mejores sistemas de salud, se han visto afectados seriamente”, explicó David Smolansky, comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la crisis de refugiados y inmigrantes venezolanos.

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“Las consecuencias en Venezuela por el coronavirus, si golpea como golpeó a otros países, pueden ser inimaginables. Entonces ellos quisieran estar cerca de sus familiares ante esta situación. También hay casos de personas que fueron desalojadas, se quedaron sin su hogar, y no tienen otra opción que volver a Venezuela. También tenemos casos de personas que han perdido su trabajo, y no les queda otra que volver. Hay otros que tienen mucho miedo, mucha incertidumbre, mucha ansiedad, y ante eso prefieren estar en su país”, agregó.

No obstante, las condiciones en las que son recibidos distan mucho de lo promocionado por el régimen, que se esfuerza en mostrarse como un “ejemplo mundial” ante la pandemia.

Smolansky sostuvo que al llegar a suelo venezolanos, los inmigrantes “son seriamente maltratados por el régimen”. En esa línea, detalló las vejaciones a las que son sometidos: “Muchos de ellos han dormido días en el piso, han estado en albergues hacinados, aglomerados, donde se rompe cualquier tipo de protocolo de distanciamiento social para evitar el contagio. Hemos tenido denuncias de que a muchos no se les ha dado la comida constantemente como se le ofreció. Y peor aún, obviamente no todos ellos viven en la frontera venezolana, muchos van a otras ciudades del país, por ejemplo a la capital Caracas, y han denunciado que efectivos de la Guardia Nacional les cobran moneda extranjera, específicamente 30.000 pesos colombianos, para poder trasladarlos”.

“Esto de trato humanitario no tiene nada. Las autoridades colombianas han hecho un esfuerzo importante en permitir ese corredor humanitario en el puente internacional Simón Bolívar, y en el puente de Tienditas. Pero una vez que llegan a Venezuela están en manos de la dictadura. Está recibiendo tratos crueles y degradantes. Ya de por sí los inmigrantes son una población vulnerable, y ante este trato que están recibiendo en Venezuela para su retorno, se hace más vulnerables. Muchos me han dicho que una vez que pase la pandemia y se reabra la frontera quisieran volver a Colombia; incluso si tienen la oportunidad de llevarse a su familia se la llevan”, relató el ex alcalde del municipio El Hatillo, quien se encuentra exiliado en Estados Unidos por la persecución de la dictadura de Maduro.

Smolansky compartió con este medio uno de los tantos videos que le hicieron llegar los venezolanos que volvieron a su país para afrontar la pandemia cerca de sus familias. Desde la terminal de pasajeros de San Antonio, en el estado fronterizo de Táchira, uno de los inmigrantes, cuya identidad no reveló, mostró y relató la difícil situación que debieron atravesar: “Hay alrededor de mil personas. Aquí nos están usando como escudo por temas políticos. No nos están dando alimentación, dormimos todos aglomerados, en plena pandemia. Lo que están haciendo es llenar un bus, sacan un video de cuando la gente se monta, le dan la vuelta a la terminal, y vuelven y bajan a la gente para usarlo como tema político”.

El joven, con un barbijo cubriendo su rostro, agradeció el trato de las autoridades colombianas, y desmintió la versión del chavismo que indica que los inmigrantes venezolanos han recibido malos tratos en el país vecino: “Intentan decir que en todos los países nos tratan mal, que nos echaron a la calle. Eso es mentira. Colombia nos trató muy bien, nos ayudó, nos dio de comer. Nos trajo gratis hasta nuestro destino que era Cúcuta. Ahí nos volvieron a dar comida y nos acompañaron hasta que cruzamos el puente”.

Smolansky contó que muchos de estos venezolanos que vuelven al país tienen miedo de hacer este tipo de denuncias por temor a represalias de los brazos armados de la dictadura: “Los cuerpos de seguridad del régimen, específicamente el SEBIN y el DGCIM, llegaron a donde ellos estaban, por algunas horas les secuestraron el teléfono, y los amenazaron con llevárselos detenidos si seguían denunciando los tratos recibidos a su retorno”.

Además, sostuvo que al regresar a Venezuela “ni siquiera les realizar los tests, simplemente les tomaron la temperatura”: “A algunos los aislaron por dos semanas, pero es algo aleatorio del régimen; algunos simplemente fueron aislados uno o dos días”.

El comisionado de la OEA para la crisis de refugiados y inmigrantes venezolanos indicó que “el régimen, desde su carácter criminal, ha utilizado esta pandemia para militarizar mucho más el país, para profundizar la represión, y sobre todo sofisticar el control social, apoyándose de actores externos como Rusia, Cuba y China”.

La semana pasada la ONG Provea denunció que muchos migrantes “son reclutados bajo engaño y forzados a trabajar por grupos armados, paramilitares colombianos” y al menos 12 bandas criminales.

También aseveró que las cifras reportadas por la dictadura “no son transparentes”: “Yo creo que hay muchos más casos de los que conocemos”.

En los últimos días el régimen de Maduro reportó que la cifra de contagios ya supera los 800. El dictador, que acusó al presidente colombiano Iván Duque de querer “contaminar” a Venezuela con el coronavirus, indicó que el aumento de casos se debe a contagios “importados” de otros países, como Colombia.

José Manuel Olivares, diputado de la Asamblea Nacional (AN), rechazó los datos y acusaciones del régimen: “Venezuela sigue siendo el país que menos pruebas realiza en América Latina. Pese a las reiteradas mentiras de Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro, Venezuela hoy es el país menos eficiente en el diagnóstico del COVID-19. El tiempo promedio en el interior del país para recibir el resultado de la prueba va de 12 a 14 días: dos semanas para recibir un diagnóstico fuera de la ciudad de Caracas”.

Además, el gobierno interino alertó en los últimos días, en medio del aumento de casos de contagios, que la situación podría tornarse “catastrófica”, mientras los hospitales del país siguen con desabatecimiento de agua, insumos médicos, y hasta elementos básicos como batas, máscaras y anteojos para tratar a pacientes con COVID-19.

(Infobae)


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Europa

Hungría, faro moral de Europa: prohíbe a las personas transexuales registrar oficialmente su cambio de sexo

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El Parlamento húngaro ha aprobado este martes una ley que impide modificar el sexo con el que los ciudadanos aparecen identificados en los documentos oficiales, bloqueando así el reconocimiento legal del cambio de sexo, en una medida que afecta a unas 30.000 personas trans en el país.

El cambio legal, impulsado por el Gobierno húngaro, ha sido aprobado gracias a la mayoría absoluta de que dispone el Fidesz, el partido del primer ministro Viktor Orbán. La ley determina que en los documentos oficiales debe registrarse el sexo biológico, determinado por los cromosomas, y que ese dato no puede ser modificado nunca.

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Organizaciones europeas de defensa de los derechos de las personas de la comunidad LGBTI (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales), como ILGA-Europe y Transgender Europe habían pedido que se retirara la propuesta al entender que aumentará la «discriminación y violencia» que sufren las personas transexuales.

También habían protestado la comisaría de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic; el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, y diversas ONG y partidos de la oposición húngaros.

Las críticas se centran en que la nueva legislación dificultará la vida de mucha gente, que tendrán que explicar las contradicciones entre sus documentos y su identidad o que, por ejemplo, serán hospitalizadas en alas que no corresponden con su identidad sexual. El Gobierno de Orbán afirma que, pese al cambio legal, las personas trans podrán vivir su vida y expresar su identidad tal como lo han hecho hasta ahora.

La Sociedad Háttér, de defensa de los derechos LGBTI, ha denunciado que se trata de una ley inconstitucional y que pedirá al presidente que no firme la ley y la recurra ante el Tribunal Constitucional. Aseguran también que contradice la normativa internacional en derechos humanos. Amnistía Internacional ha calificado la reforma de «escandalosa» y ha denunciado que «empuja a Hungría de vuelta a la Edad Media».


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