Pagaban a una trama de empresas ficticias para simular un trabajo y poder cobrar después ayudas públicas. Así operaba la mayor red de peonadas falsas detectada hasta la fecha enSevilla para beneficiarse del subsidio agrario. Empresarios, testaferros, conseguidores y falsos trabajadores forman parte de la última gran estafa contra las arcas públicas que deja al campo andaluz y sus trabajadores reales como víctimas colaterales de este fraude. Ya está en manos de la Justicia y los investigados ya superan el centenar. Algunas fuentes del caso apuntan que podrían alcanzar los dos centenares, lo que refleja la magnitud de una trama con epicentro en Sevilla.

«No estamos ante un hecho puntual, sino que se viene desarrollando desde, al menos, el año 2016 hasta ahora por personas que, valiéndose de sus conocimientos mercantiles, han creado un entramado empresarial con el fin de dar credibilidad a relaciones laborales entre mercantiles tanto para la emisión de facturación falsa como para dar de alta para el cobro de ayudas y subvenciones estatales de forma fraudulenta».

Y para llevar a cabo estas operaciones financieras «se necesita de un grupo de personas que, desarrollando cada una su papel: administrador de la empresa, conseguidor de clientes para facturación falsa y captador de personas para ser dadas de altas».

Estos párrafos se incluyen en uno de los atestados de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional entregados al Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, que desde el año 2017 investiga una nueva macroestafa en la provincia a la Seguridad Social que gira en torno a empresas ficticias, facturas falsas y el cobro de peonadas para acceder al subsidio agrario.

El número de personas investigadas hasta la fecha en esta causa, cuya instrucción se prevé larga en el tiempo, supera el centenar, según han trasladado fuentes del TSJA. En concreto, la Policía Nacional, tras su investigación, expone que los hechos investigados podrían constituir delitos de grupo organizado, fraude de prestaciones y falsedad documental y en su comisión habrían participado hasta 139 personas. El número de imputados, según fuentes del caso consultadas, irá a más porque la instrucción no está cerrada.

Trabajadores que nunca llegaron a trabajar y que pagaban 20 euros por jornadas reales para obtener las 35 peonadas necesarias para el subsidio agrario; facturas falsas; contratos cuyo objetos no eran realizados; empresas que nunca contrataron a nadie ni tenían movimientos bancarios para pagar salarios,… son sólo algunos de los hechos investigados.

Estos hechos vuelven a demostrar que los delincuentes tienen en su punto de mira el engaño a la administración estatal. De hecho, la última Memoria de la Fiscalía de Andalucía refleja que en 2018 se registraron 42 causas como delitos económicos en los juzgados de Sevilla y provincia, sin tener en cuenta Dos Hermanas.

De éstos, una quincena de estas investigan delitos contra la Seguridad Social y seis, fraudes de subvenciones. En los primeros, según señala la Fiscalía Superior de Andalucía, conlleva la imputación de los ficticios empresarios y, además, de los ficticios trabajadores. En este caso concreto los falsos empleados ascienden a 130.

Empresa para tapar actividades ilegales

El atestado policial refleja que tanto Labransur como Interservi fueron «creadas expresamente con la única intención de dar apariencia legal a diversas actividades ilegales». En la causa también obra un informe emitido por la Unidad Especializada de la Seguridad Social de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla.

Entre su habitual modo de proceder, cobraban 20 euros por día de trabajo a cada persona que quisiera que le dieran de alta para poder acceder a las 35 jornadas necesarias para obtener el subsidio agrario. «Si tenemos en cuenta que, según la Inspección de Trabajo, Labransur declaró 3.387 jornadas reales en función de los 459 trabajadores supuestamente contratados y si todos ellos hubiesen sido dados de alta con ese propósito estafador de beneficiarse de las ayudas, los responsables investigados habrían recibido 67.740 euros», expone la Policía, que sugiere que estas cantidades pueden aumentar «considerablemente» si se tienen en cuente los dados de altas por Interservi.

Más del 50 por ciento de los trabajadores dados de alta por Labransur tienen sus domicilios fuera de Sevilla y más de la mitad son extranjeros, en su mayoría rumanos. Los implicados con el fin de intentar eludir cualquier tipo de investigación «no han dudado» en realizar gestiones comerciales bajo el mismo prisma de fraude en diferentes lugares tanto de Sevilla como de Córdoba y con empresas ubicadas en Madrid o Albacete.

La Inspección de Trabajo, en su informe donde incluye la sanción a los trabajadores para que devuelvan los subsidios, expone que los servicios contratados por otras empresas a Labransur recogidos en sus respectivos contratos para la recolección de ajos, cebollas o naranjas en fincas de Cantillana, Lora del Río, Palma del Río, Fuente Palmera o Albacete nunca llegaron a realizarse. En Albatece, Labransur sólo tuvo una persona contratada.

Dispuestos a devolver las prestaciones indebidas

Esto es, facturas sin una contraprestación real, falsas. Además, dicha facturación servía de soporte a trabajos que se realizaron por terceras personas pero que «por diversos motivos (jubilación, desempleado,…) no podía facturarlos».

No existen movimientos bancarios relacionados con el pago de nóminas o salarios. En definitiva, Labransur vendió facturas falsas, no tuvo actividad agrícola y no tuvo trabajadores, como admitió el testaferro J.E.P.A.

Una de las abogadas de los trabajadores, Rosario Serrano, ha dicho: «Es cierto que ha existido compra de peonadas agrícolas, algo, incluso un número importante de trabajadores lo han reconocido y están dispuestos a devolver las prestaciones, pero también los hay que sí han prestado sus servicios por cuenta ajena para Labransur, desconociendo dichos trabajadores quién era su empleador real. Labransur ficticiamente ocupa la posición de la empresa real, creándose una falsa apariencia empresarial para eludir obligaciones y responsabilidades».

¿Quién es quién en esta trama?

La Policía Nacional, en el marco de la investigación a Labransur e Interservi, hace una radiografía de quién es quién en toda esta trama delictiva para estafar a la Seguridad Social con base en Burguillos y cuyas redes alcanza otros rincones de la provincia, Córdoba y Castilla-La Mancha, en la que participan empresarios y trabajadores.

R.A.R. es el cabecilla. Responsable de ambas mercantilesy persona de referencia en otras empresas que también han dado de alta a personas para que puedan acceder a las ayudas estatales, lo que demuestra que «no se está ante un hecho asilado, sino que ha hecho de esta actividad su forma de vida» . F.J.R.M. tiene un papel al mismo nivel que el anterior implicado.

J.E.P.A. aparecía como administrador único de Labransur pero al final era un mero testaferro de los dos anteriores.

J.E.P.A., su madre y las parejas de los dos líderes eran los encargados de sacar dinero de las cuentas de estas sociedades para desviarlo a cuentas particulares. J.E.P.A. cobraba 300 euros cada vez que iba a un banco. Además, tenía una nómina de 800 euros de Interservi.

«Escasa cantidad para una persona que administra dos mercantiles con 1.000 personas dadas de alta y que genera unos volúmenes de negocio por un importe de 1,3 millones». Los «conseguidores» de personas dispuestas a pagar por las peonadas eran tres, dos de ellos hermanos. Según la Policía, existen, al menos, cinco personas que se ofrecieron para que las sociedades investigadas le hicieran facturas falsas para justificar sus trabajos. Y el elemento fundamental para esta trama son los trabajadores ficticios. Hasta 130, según la Policía Nacional. Por cierto, la sede social facilitada a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria se situaba en Burguillos en una vivienda «en avanzado estado de deterioro, inhabitable desde hace bastante tiempo».