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Tribunales

Nuevo fraude a la Seguridad Social desde Sevilla: Peonadas falsas por coger ajos, cebollas o naranjas

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Pagaban a una trama de empresas ficticias para simular un trabajo y poder cobrar después ayudas públicas. Así operaba la mayor red de peonadas falsas detectada hasta la fecha enSevilla para beneficiarse del subsidio agrario. Empresarios, testaferros, conseguidores y falsos trabajadores forman parte de la última gran estafa contra las arcas públicas que deja al campo andaluz y sus trabajadores reales como víctimas colaterales de este fraude. Ya está en manos de la Justicia y los investigados ya superan el centenar. Algunas fuentes del caso apuntan que podrían alcanzar los dos centenares, lo que refleja la magnitud de una trama con epicentro en Sevilla.

«No estamos ante un hecho puntual, sino que se viene desarrollando desde, al menos, el año 2016 hasta ahora por personas que, valiéndose de sus conocimientos mercantiles, han creado un entramado empresarial con el fin de dar credibilidad a relaciones laborales entre mercantiles tanto para la emisión de facturación falsa como para dar de alta para el cobro de ayudas y subvenciones estatales de forma fraudulenta».

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Y para llevar a cabo estas operaciones financieras «se necesita de un grupo de personas que, desarrollando cada una su papel: administrador de la empresa, conseguidor de clientes para facturación falsa y captador de personas para ser dadas de altas».

Estos párrafos se incluyen en uno de los atestados de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional entregados al Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, que desde el año 2017 investiga una nueva macroestafa en la provincia a la Seguridad Social que gira en torno a empresas ficticias, facturas falsas y el cobro de peonadas para acceder al subsidio agrario.

El número de personas investigadas hasta la fecha en esta causa, cuya instrucción se prevé larga en el tiempo, supera el centenar, según han trasladado fuentes del TSJA. En concreto, la Policía Nacional, tras su investigación, expone que los hechos investigados podrían constituir delitos de grupo organizado, fraude de prestaciones y falsedad documental y en su comisión habrían participado hasta 139 personas. El número de imputados, según fuentes del caso consultadas, irá a más porque la instrucción no está cerrada.

Trabajadores que nunca llegaron a trabajar y que pagaban 20 euros por jornadas reales para obtener las 35 peonadas necesarias para el subsidio agrario; facturas falsas; contratos cuyo objetos no eran realizados; empresas que nunca contrataron a nadie ni tenían movimientos bancarios para pagar salarios,… son sólo algunos de los hechos investigados.

Estos hechos vuelven a demostrar que los delincuentes tienen en su punto de mira el engaño a la administración estatal. De hecho, la última Memoria de la Fiscalía de Andalucía refleja que en 2018 se registraron 42 causas como delitos económicos en los juzgados de Sevilla y provincia, sin tener en cuenta Dos Hermanas.

De éstos, una quincena de estas investigan delitos contra la Seguridad Social y seis, fraudes de subvenciones. En los primeros, según señala la Fiscalía Superior de Andalucía, conlleva la imputación de los ficticios empresarios y, además, de los ficticios trabajadores. En este caso concreto los falsos empleados ascienden a 130.

Empresa para tapar actividades ilegales

El atestado policial refleja que tanto Labransur como Interservi fueron «creadas expresamente con la única intención de dar apariencia legal a diversas actividades ilegales». En la causa también obra un informe emitido por la Unidad Especializada de la Seguridad Social de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla.

Entre su habitual modo de proceder, cobraban 20 euros por día de trabajo a cada persona que quisiera que le dieran de alta para poder acceder a las 35 jornadas necesarias para obtener el subsidio agrario. «Si tenemos en cuenta que, según la Inspección de Trabajo, Labransur declaró 3.387 jornadas reales en función de los 459 trabajadores supuestamente contratados y si todos ellos hubiesen sido dados de alta con ese propósito estafador de beneficiarse de las ayudas, los responsables investigados habrían recibido 67.740 euros», expone la Policía, que sugiere que estas cantidades pueden aumentar «considerablemente» si se tienen en cuente los dados de altas por Interservi.

Más del 50 por ciento de los trabajadores dados de alta por Labransur tienen sus domicilios fuera de Sevilla y más de la mitad son extranjeros, en su mayoría rumanos. Los implicados con el fin de intentar eludir cualquier tipo de investigación «no han dudado» en realizar gestiones comerciales bajo el mismo prisma de fraude en diferentes lugares tanto de Sevilla como de Córdoba y con empresas ubicadas en Madrid o Albacete.

La Inspección de Trabajo, en su informe donde incluye la sanción a los trabajadores para que devuelvan los subsidios, expone que los servicios contratados por otras empresas a Labransur recogidos en sus respectivos contratos para la recolección de ajos, cebollas o naranjas en fincas de Cantillana, Lora del Río, Palma del Río, Fuente Palmera o Albacete nunca llegaron a realizarse. En Albatece, Labransur sólo tuvo una persona contratada.

Dispuestos a devolver las prestaciones indebidas

Esto es, facturas sin una contraprestación real, falsas. Además, dicha facturación servía de soporte a trabajos que se realizaron por terceras personas pero que «por diversos motivos (jubilación, desempleado,…) no podía facturarlos».

No existen movimientos bancarios relacionados con el pago de nóminas o salarios. En definitiva, Labransur vendió facturas falsas, no tuvo actividad agrícola y no tuvo trabajadores, como admitió el testaferro J.E.P.A.

Una de las abogadas de los trabajadores, Rosario Serrano, ha dicho: «Es cierto que ha existido compra de peonadas agrícolas, algo, incluso un número importante de trabajadores lo han reconocido y están dispuestos a devolver las prestaciones, pero también los hay que sí han prestado sus servicios por cuenta ajena para Labransur, desconociendo dichos trabajadores quién era su empleador real. Labransur ficticiamente ocupa la posición de la empresa real, creándose una falsa apariencia empresarial para eludir obligaciones y responsabilidades».

¿Quién es quién en esta trama?

La Policía Nacional, en el marco de la investigación a Labransur e Interservi, hace una radiografía de quién es quién en toda esta trama delictiva para estafar a la Seguridad Social con base en Burguillos y cuyas redes alcanza otros rincones de la provincia, Córdoba y Castilla-La Mancha, en la que participan empresarios y trabajadores.

R.A.R. es el cabecilla. Responsable de ambas mercantilesy persona de referencia en otras empresas que también han dado de alta a personas para que puedan acceder a las ayudas estatales, lo que demuestra que «no se está ante un hecho asilado, sino que ha hecho de esta actividad su forma de vida» . F.J.R.M. tiene un papel al mismo nivel que el anterior implicado.

J.E.P.A. aparecía como administrador único de Labransur pero al final era un mero testaferro de los dos anteriores.

J.E.P.A., su madre y las parejas de los dos líderes eran los encargados de sacar dinero de las cuentas de estas sociedades para desviarlo a cuentas particulares. J.E.P.A. cobraba 300 euros cada vez que iba a un banco. Además, tenía una nómina de 800 euros de Interservi.

«Escasa cantidad para una persona que administra dos mercantiles con 1.000 personas dadas de alta y que genera unos volúmenes de negocio por un importe de 1,3 millones». Los «conseguidores» de personas dispuestas a pagar por las peonadas eran tres, dos de ellos hermanos. Según la Policía, existen, al menos, cinco personas que se ofrecieron para que las sociedades investigadas le hicieran facturas falsas para justificar sus trabajos. Y el elemento fundamental para esta trama son los trabajadores ficticios. Hasta 130, según la Policía Nacional. Por cierto, la sede social facilitada a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria se situaba en Burguillos en una vivienda «en avanzado estado de deterioro, inhabitable desde hace bastante tiempo».


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España

La Abogacía del Estado (del “estado” bolivariano, se entiende) carga contra la juez del 8-M por abrir una «causa general de la crisis sanitaria»

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Rosa María Seoane, la fiscal que defendió a los acusados de la sublevación catalana
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Se dirige en apelación a la Audiencia Provincial solicitando la nulidad de la instrucción contra el delegado del Gobierno en Madrid

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) –

La Abogacía del Estado, ejerciendo la defensa del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha apelado directamente a la Audiencia Provincial de Madrid solicitando la revocación del auto por el que la juez Carmen Rodríguez-Medel abrió la investigación penal por permitir la manifestación del 8-M en Madrid. El escrito carga duramente contra la instructora, a la que acusa de convertir la instrucción «en una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria» saltándose incluso las suspensiones procesales vigentes en el estado de alarma.

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El recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, está firmado por la abogada del Estado Rosa María Seoane – la misma que defendió la tesis de la sedición durante el juicio por el ‘procés’ independentista en Cataluña–, y fue presentado el pasado 20 de abril, es decir, casi un mes antes de que se elaborara el informe de la Guardia Civil que se relaciona con la polémica destitución del jefe de la comandancia del instituto armado en Madrid, Diego Pérez de los Cobos.

A lo largo de 18 páginas, Seoane denuncia que la instructora ha ignorado las disposiciones del estado de alarma para los tribunales y ha vulnerado el derecho del delegado del Gobierno a un proceso con todas las garantías, por lo que solicita a la Audiencia que declare su nulidad.

Entre otros aspectos, señala que «en su afán de encontrar indicios de la tipicidad de los hechos denunciados», Rodríguez-Medel ha desbordado el ámbito competencial que ella misma acotó respecto a la investigación de estos hechos -la manifestación del 8 de marzo- y solicita a la Guardia Civil información «no solamente sobre la actuación del Delegado del Gobierno, sino que cualesquiera otras autoridades que ni siquiera identifica, convirtiendo esta instrucción en una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria».

Como ejemplo, la Abogacía señala lo solicitado respecto del informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, dirigido por Fernando Simón, respecto del cual no se solicita únicamente información acerca de la eventual recepción por la Delegación del Gobierno del informe, que es lo que debería ser objeto de la investigación penal abierta, sino que va más allá al preguntar a la guardia civil qué difusión tuvo el citado informe.

A juicio de los servicios jurídicos del Estado, la jueza ha iniciado este proceso penal sin que existan indicios de la tipicidad penal de los hechos denunciados, sino «meras sospechas e hipótesis, deficiencia que se trata de suplir con las diligencias acordadas, que no buscan el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos, sino averiguar si los mismos pueden ser típicos, buscando indicios de esa tipicidad, constituyendo así una auténtica investigación prospectiva vulnerando la presunción de inocencia del denunciado».

TESIS DE LA DEFENSA

En este punto, la Abogacía del Estado expone su tesis de defensa al considerar que «lo que no es indiciario sino manifiesto y notorio es que hasta el día 14 de marzo, día en que se aprobó la declaración de estado de alarma, no había ninguna resolución de ninguna autoridad competente en materia sanitaria, ni local, ni autonómica, ni estatal, que limitara las concentraciones de personas, ya no en ejercicio de un derecho fundamental, como lo es el derecho de reunión, sino con ningún objeto y finalidad».

A juicio de la defensa, había recomendaciones sanitarias que fueron intensificándose, sobre todo a partir del día 11 de marzo y a todos los niveles administrativos, pero las mismas, en tanto eran recomendaciones y no prescripciones, no supusieron impedimento alguno para limitar la celebración de eventos deportivos, como el partido de fútbol celebrado en Madrid el día 7 de marzo entre el Atletico de Madrid y el Sevilla FC en el estadio del primero con asistencia de unos 60.000 espectadores; además de normal funcionamiento de recintos cerrados, espectáculos públicos, como cines, teatros, etc,

Frente a todo ello, considera que «lo que pretende la instructora, no es verificar si determinados indicios de incumplimiento del ordenamiento son ciertos, sino de encontrar tales indicios. Indicios de que la ausencia de prohibición de actos conmemorativos del 8 de marzo, fue un actuación arbitraria y a sabiendas de su injusticia»

TRAMITACIÓN EN PLENO ESTADO DE ALARMA

Otro de los puntos del informe carga contra la celeridad mostrada por la magistrada de Madrid en este asunto en pleno estado de alarma, cuando los plazos procesales se encuentran suspendidos y la justicia sólo actúa en los denominados por el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) servicios esenciales, que requieren resolución de urgencia.

Es más, recuerda que el auto del 23 de marzo que se impugna, por el que se incoan las diligencias penales, reconoce de forma expresa que no había urgencia alguna por lo que al dictarlo desatiende todo lo excepcionalmente acordado, como eran razones de salud pública, para favorecer y permitir sin causar indefensión a ninguna parte o el aislamiento social.

«Pues bien, la apertura de diligencias previas y el acuerdo de practicar diligencias de investigación no urgentes supone una vulneración de las normas que resultan de aplicación durante la vigencia del estado de alarma», incide el escrito.


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Salud

Fernando Simón, en el punto de mira de la Guardia Civil: Principal sospechoso en la investigación penal por el aquelarre feminista del 8-M

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La investigación penal sobre la autorización de la manifestación del 8-M y otras concentraciones en plena expansión del coronavirus apunta a Fernando Simón.

Según recoge El Confidencial, las diligencias de la Guardia Civil han acreditado que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad manejaba al menos tres días antes del aquelarre feminista datos que evidenciaban la gravedad de la crisis. Pese a ello, no tomó ninguna medida para evitar ese acto multitudinario ni otros que tuvieron lugar ese fin de semana.

Las pesquisas, dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 51 de plaza de Castilla, también apuntalan los indicios contra el delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco, que está imputado en la causa por un presunto delito de prevaricación por haber permitido las aglomeraciones de esos días previos a la declaración del estado de alarma, obviando las alertas del Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso y de las organizaciones sanitarias europeas y mundiales. Otros altos cargos de la delegación y del ministerio pueden seguir ahora los pasos de Franco, según fuentes próximas al caso.

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Las indagaciones del instituto armado atribuyen a Simón un papel decisivo en la suspensión de un congreso evangélico que iba a celebrarse en Madrid entre el 19 y 21 de marzo. El 5 de marzo, tres días antes del 8-M, responsables de esa congregación fueron convocados en el ministerio para hablar sobre un brote de Covid-19 en una de sus iglesias y estudiar la anulación del congreso. El propio ministro de Sanidad Salvador Illa y Simón coincidieron en que debía suspenderse por el alto riesgo de propagación del virus.

Los investigadores contraponen las precauciones de Simón por el acto religioso con su actitud permisiva en torno al 8-M y el resto de aglomeraciones de ese fin de semana. También recuerdan que la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una advertencia el 14 de febrero sobre el peligro de los actos multitudinarios y que, el 2 de marzo, el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades publicó una circular aún más contundente que desaconsejaba la autorización de aglomeraciones.


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Sociedad

La Fiscalía investiga la muerte de al menos 17 ancianos en una residencia de Madrid

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Un familiar atiende a los periodistas a las puertas de la residencia de ancianos Monte Hermoso, en Madrid.
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La Fiscalía de Madrid ha incoado diligencias de investigación penal a raíz de una denuncia presentada por el Defensor del Paciente tras la muerte de al menos 17 ancianos con coronavirus en la residencia Monte Hermoso de Madrid, según han informado fuentes judiciales a RTVE.

El ministerio público va determinar si se ha cometido algún delito en la respuesta a este brote, por el que se han podido contagiar decenas de residentes, especialmente vulnerables a la enfermedad que causa el Covid-19.

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El paso lo ha dado este miércoles a raíz de una denuncia de la asociación El Defensor del Paciente en la que esta se hacía “eco de varias noticias publicadas en distintos medios de comunicación en las que informan de la muerte de al menos 19 personas” y varias decenas de contagiados, si bien la Comunidad de Madrid solo confirmó el martes el fallecimiento de 17 residentes en el geriátrico Monte Hermoso.

Esta epidemia deja por ahora más de 13.700 personas infectadas en España, casi la mitad en Madrid. En todo el país han fallecido unas 600 personas con coronavirus, de los cuales más de 350 en esta comunidad, según los últimos datos oficiales recopilados por RTVE.

En un escrito que reproduce Europa Press, la presidenta de la asociación denunciante, Carmen Flores, se queja de “la falta de seguridad extrema, de limpieza, de personal y de medios” en general en este centro, situado junto a la Casa de Campo, en la capital.

A casa “sin pruebas”

Diversos familiares de esta residencia se han quejado de “opacidad” y “mala gestión”. Según el testimonio que recoge la misma agencia de Diego Meneses, sobrino de una residente, en los últimos días se habían puesto en contacto con los familiares de los ancianos para avisarles de que Monte Hermoso era un foco de coronavirus y que les ofrecieron llevarse a sus familiares a casa “pero sin hacerles la prueba del coronavirus”.

Meneses ha dicho que cree que están desbordados por el número de casos, al menos 75 entre ancianos y trabajadores.

Según la versión de otro familiar, el lunes recibieron una carta en la que se les animaba a sacar a los residentes y, si no, se les indicaba que “había que firmar” si la persona se quedaba allí; y que el martes la dirección les remitió otra comunicación en la que les explicaba que se procedía a “reforzar la plantilla”, con ayuda tanto de la Consejería de Sanidad como del Hospital Clínico San Carlos, informa Efe.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, indicó el martes que se están poniendo en marcha medidas para que todos los hospitales estén en contacto con las residencias de mayores.

Las denuncias de opacidad y caos en las residencias se suceden en las últimas en varias comunidades, después de que se hayan conocido brotes en varios geriátricos que han causado numerosas muertes a personas que normalmente tienen ya diversas patologías.


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