España
Torra reta al Supremo tras ser inhabilitado: «Soy diputado y president»
El Tribunal Supremo ha acordado mantener por el momento la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar al presidente de la Generalitat, Quim Torra, el acta de diputado autonómico al considerar que no pueden dejar de aplicarse las leyes y que la pérdida de la credencial no es irreversible.
La Sala de lo Contencioso Administrativo, que ya rechazó tomar medidas cautelarísimas, ha desestimado por unanimidad la petición de Torra de suspender cautelarmente la resolución del árbitro electoral mientras estudiaba el fondo del asunto, pretensión que también apoyaba la Fiscalía.
Pero el president sigue sin aceptar la postura del Supremo: «Nada ha cambiado y no daremos marcha atrás»; «Soy diputado y presidente de Cataluña porque así lo decidió la ciudadanía y porque así lo votó el Parlament», manifestó tras conocer el auto del alto tribunal. En un análisis preliminar, los magistrados creen que la JEC es competente para actuar y «debía» hacerlo después de que Torra fuera condenado a año y medio de inhabilitación por no retirar los lazos amarillos de edificios públicos en campaña electoral, y de que PP, Ciudadanos y Vox reclamaran que se ejecutara esa condena, aún no firme. «Consideramos que el interés general que debe prevalecer es ahora el que está presente en la sentencia condenatoria», destaca la Sala, que asegura que no prejuzga el fondo del asunto.
La JEC aplicó la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que establece la incompatibilidad sobrevenida, aún sin sentencia firme, tras una condena de inhabilitación por un delito contra la administración pública, «lo que tiene fundamento en la necesidad de que todos los gestores públicos gocen de la confianza y el respeto de los ciudadanos», subrayan los magistrados.
Acceder a la suspensión cautelar que pide Torra, concluyen, supondría no aplicar «preceptos legales vinculantes de cuya regularidad constitucional no hemos dudado y a los que todos los poderes públicos estamos vinculados». Insisten en que no es la JEC la que priva a Torra de su escaño, sino una condena y su aplicación según la LOREG, una ley cuya constitucionalidad, subrayan, no cuestionan «en este momento».
Los magistrados acogen así las alegaciones de los letrados de las Cortes, en defensa de la JEC, y se apartan del criterio del fiscal, que planteó dudas sobre la competencia del árbitro electoral, recordó la seria división en su seno y pidió dejar sin efecto temporalmente su acuerdo. El presidente de la Generalitat alegó que el órgano competente para decidir sobre su escaño era el Parlament, pero la Sala destaca el carácter orgánico de la LOREG y estima que es la ley «aplicable aquí», siempre a partir de un examen preliminar y cautelar, ya que no entra a analizar el fondo del recurso.
Torra también argumentó que si se le retiraba la credencial se generaría un daño irreparable, pero los magistrados señalan que, en la hipótesis de que finalmente le dieran la razón, no habría problemas para devolverle el acta. Los jueces, que imponen a Torra el pago de las costas -600 euros- son tajantes al rechazar sus quejas sobre una supuesta actuación «intempestiva, sesgada, indebida o parcial» de la JEC; consideran esas críticas «claramente inconsistentes» y alertan de una extralimitación en el ejercicio del derecho a la defensa. En respuesta, ponen en valor la «misión trascendente» que la LOREG encomienda a las juntas electorales, que actúan de forma independiente, para garantizar un régimen de elecciones libres.
Los magistrados sostienen que la citada ley se aplica desde su entrada en vigor con pleno respeto al principio constitucional de igualdad, por lo que no entienden tampoco cómo se han podido ver afectadas las libertades ideológicas, de expresión o de reunión de Torra. Además de este auto, la Sala se ha dirigido este jueves al Parlament para recordarle que no es la Mesa quien debe recurrir el acuerdo del árbitro electoral -como hizo el pasado 14 de enero-, sino el pleno, y le da un plazo de quince días para subsanar el error bajo riesgo de que archive el caso.
España
Acrecentado fariseísmo sindical. Por Jesús Salamanca Alonso
«Hoy, mencionar a los sindicatos mayoritarios es motivo de chanza, mofa y pitorreo burlesco y descontrolado. Siete años esperando las movilizaciones de calado y no han dado un solo paso».
Los desencuentros entre la CEOE y los sindicatos vasallos del sanchismo se han trasladado a los propios trabajadores. Las discrepancias en la negociación son el motivo de las movilizaciones impulsadas por los sindicatos mayorías que, dicho sea de paso, cada vez representan a menor número de trabajadores. El único «mérito» alcanzado por las dos formaciones mayoritarias es ser muy afines al sanchismo y al desaparecido «yolandismo», que repartía millones y cambiaba de traje como el que reparte chuches entre los niños de educación infantil. Son sindicatos sin credibilidad hacia los que no se descarta una movilización contra su fariseísmo cabalgante, mala gestión, su mediocridad, su parasitismo y su nula ocupación por los problemas de los trabajadores.
Hoy, mencionar a los sindicatos mayoritarios es motivo de chanza, mofa y pitorreo burlesco y descontrolado. Siete años esperando las movilizaciones de calado y no han dado un solo paso. Se han dedicado al parasitismo, a evitar las madrugadas y al pago de viajes de sus afiliados a paraísos exóticos con fondos del Erario público. Ahora investiga la fiscalía europea si tales viajes eran financiados también por fondos europeos. No entramos en sus Agencias de Viales, que son cosa privativa de ellos, siempre que no se usen fondos públicos.
De esos sindicatos, cada vez más afines a la mafia criminal sanchista y al ruinoso «yolandismo tombolero», requieren cada vez mayor control y mayor transparencia, entre otras cuestiones para poder confiar en ellos, aunque lo que no se ha hecho… mal lo pueden arreglar a toro pasado. Esa transparencia pasa por que sea el Tribunal de Cuentas quien actúe con rigor sobre la facturación, subvenciones y otros pagos. También la UCO debe actuar contra los ministerios de riego económico para callar bocas a los sindicatos y domesticarlos, sin asonadas ni alborotos ni movilizaciones ni ruido de ningún tipo.
Lo del «yolandismo» está por salir y sorprende que la prensa de investigación no haya sacado nada: se ha detenido en los siete mil euros del viaje a la entrega de los Óscar, el viaje a ver al Papa y pagos varios en hoteles gallegos y no gallegos. Pero eso es el chocolate del loro. Tranquilidad, que todo se sabe y todo se desgrana: pongamos como ejemplo el recorrido «archisobado» del Peugeot, pues resulta que no era un Peugeot, sino un Mercedes de más de setenta mil euros, que paraba cuatrocientos metros antes de llegar al destino. ¡Manda huevos! Falsos hasta para viajar. Es como si los sindicalistas de un sindicato obrero viajan en un Mercedes para hacer campaña electoral y paran en la misma puerta del destino donde lo pueden ver todos los trabajadores de esa empresa. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Sera, por eso, por lo que Félix Bolaños ha dicho «que no quiere verla (a Yolanda Díaz) en el sanchismo ni en la puerta de entrada. Él sabrá a qué se refiere, en qué está pensando y qué es lo que sabe de antemano que tanto le asusta.
Volviendo a las discrepancias iniciales, éstas tienen un claro origen: los salarios, el incumplimiento de la normativa y la propia negociación. El punto de inflexión no es otro, según la CEOE, que la reducción de jornada a 37,5 horas semanales. Lo sorprendente es que los sindicatos viciados nunca señalan la reducción de salarios en esa misma proporción ni se comprometen a pagar nada. Ellos piden y que paguen otros. ¡Cómo se nota que están acostumbrados a las gambas! Generalmente, cuando se consigue algo, suelen cargarse de méritos que no suelen ser suyos.
¡Qué poca dignidad sindical! ¡Cuánto abuso, corrupción y falsedad acumulan y encubre el Gobierno! Al menos, ya tenemos tres comunidades autónomas que van a ir eliminando las ayudas y subvenciones a los sindicatos y la próxima será la andaluza. Esta gente, con tal de no perder un euro, son capaces de acogerse a la «prioridad nacional» e intentar convencer a sus afiliados que la idea ha sido suya, aunque la defiendan los partidos. Por cierto, la idea de la «prioridad nacional» era la sorpresa que el PSOE tenía guardada para recuperar votos y lanzarla en la campaña andaluza, pero se le ha pinchado el globo y, lo que consideraban extraordinaria medida, ahora la rechazan. Torpes y cenizos hasta más no poder.
El demérito sindical radica en que ahora, cuando ven perdida su situación de privilegio, piden con urgencia que «se blinde su dotación económica». ¡Qué cara más dura y espalda más! ¿Cuántos crustáceos aspiran a descabezar? Hoy por hoy lo único que hay que blindar en los sindicatos es su urgente modernidad y el mantenimiento de sus estructuras con fondos de los afiliados, así como olvidarse de subvenciones, montantes económicos y patrimonio sindical que se otorgan para callar al oponente.
