Manuel Marín.- Cualquier otra alternativa a los dos grandes partidos sería sorprendente e inédita, y el reto de la democracia española consiste en recuperar una estabilidad política e institucional inexistente desde 2016. Las elecciones parten con una premisa novedosa: la radicalización ideológica de un amplio segmento de la ciudadanía dividida sobre su concepto de la unidad de España, que votará pensando más en la necesidad de impedir que la izquierda o la derecha gobiernen que en un respaldo a su opción ideológica.

Desde esta perspectiva, las elecciones se reducirán a un simple plebiscito sobre Pedro Sánchez, asimilable incluso a un referéndum sentimental sobre la vigencia de la Constitución, vista la insistencia del PSOE por reformarla de modo más permisivo a favor del nacionalismo. Por eso, será con toda probabilidad la campaña más crispada, salvando la excepcionalidad de 2004 tras los atentados del 11-M. Y también la más larga porque, un mes después, las municipales, autonómicas y europeas podrían condicionar la conformación del próximo Gobierno de la Nación.

Miedo a un tsunami

El PSOE ya ha ofrecido indicios nítidos de su estrategia. Sánchez ha convocado ahora porque si hubiese prolongado artificialmente la legislatura hasta otoño corría el riesgo de que un tsunami en el PSOE lo incapacitara como candidato. Su campaña girará en torno a tres ejes: ha sido un presidente que no ha cedido ante el chantaje del separatismo pese a haber ofrecido «diálogo» constructivo hasta el final; es el presidente de la igualdad y los «avances sociales»; y representa la moderación progresista entre la radicalización populista o el separatismo excluyente, y la fotografía de un «neofascismo renovado» en la «alianza» de PP, Ciudadanos y Vox.

Sin embargo, Sánchez dejará una puerta abierta a la clásica ambivalencia propia de las campañas. Cree haber reforzado su imagen institucional, da por hecho que recibirá como mínimo un millón de votos nuevos provenientes del votante fugado a Podemos, que ahora se ve sin amparo ideológico y que se siente víctima de la guerra de egos y la fractura de Unidos Podemos, y reivindicará la socialdemocracia constructiva limítrofe con Ciudadanos para no cerrar la opción de gobernar junto a Albert Rivera. Sánchez cree que la imagen de éste junto a los líderes de Vox pasará factura a Cs en su favor, para que el PSOE sea la fuerza más votada.

El segundo, favorecido

El PP parte de una posición de estabilidad electoral tras meses en caída. Parece haber tocado fondo ya. Difícilmente podrá repetir sus actuales 137 diputados por la irrupción de Vox, pero confía en las apelaciones al voto útil para recuperar a una parte de su electorado. Pablo Casado parte con una desventaja y con una ventaja, a partes iguales.

La desventaja, basada en el auge del voto emocional, sentimental, radicalizado y «de moda» de Vox, por más que llegue a derivar en un fenómeno pendular que pueda decaer en meses víctima de su sobreactuación. La ventaja, el nuevo código político instaurado precisamente por Sánchez que legitima al segundo en las urnas para formar gobierno sin complejos, y el lastre que pueda suponer a Ciudadanos presentarse ante la opinión pública como un partido bisagra que pueda poner en riesgo la prioridad de que Sánchez no vuelva a gobernar.

Voto útil ideologizado

Así las cosas, los tres millones de votos obtenidos por Ciudadanos en 2016 serán determinantes si se convierten en un magma variable condicionado por el voto útil que se decante por el eje izquierda-derecha en detrimento de un centro político en riesgo de descafeinarse y que, en principio, deberá aspirar a mantenerse como palanca, pero no como alternativa real de poder. Su inicio de campaña será a la baja en los sondeos, habituados a sobredimensionar la expectativa de Ciudadanos. Rivera queda así ante una compleja tesitura, en la que deja un resquicio a cualquier opción, incluida la de apoyar al PSOE en ayuntamientos y autonomías aunque no en el Gobierno…

La política de alianzas va a ser a partir de ahora una exigencia ciudadana más que un recurso demagógico de partidos ya habituados a los vetos mutuos y al bloqueo institucional. Eso puede ser un factor que genere desconfianza entre el electorado y que perjudique a Rivera. Superar la barrera de los cien escaños se va a convertir en una dificultad añadida para todos los partidos, y elucubrar con cualquier cálculo o pronóstico será más difícil que nunca por la «italianización» de nuestra vida parlamentaria.

«Sumar para restar»

Y también, por la complejidad añadida que propone la ley D´Hondt. En las provincias que reparten tres escaños es factible que haya tres partidos. En las de cinco, haría falta una concatenación sideral para que hubiese cinco partidos con escaño. De este modo, se da la paradoja de que si el partido más votado en la mayoría de ellas fuese el PSOE, lo sería en detrimento de Unidos Podemos, y sumar más escaños socialistas implicará a la vez restar escaños de la izquierda y complicar el sumatorio hasta una mayoría suficiente para una investidura de Pedro Sánchez. Sería de facto un proceso de «mutua anulación» en la izquierda. En la derecha, al contrario, la fragmentación puede producir el «efecto Andalucía». Así, la hipotética pérdida de escaños del PP llegaría, en contra de la lógica electoral, a favorecerle para fraguar una supuesta mayoría junto a Ciudadanos y Vox superior a los 176 escaños.

Las elecciones serán prematuras para un PSOE lastrado por el fracaso de Sánchez y el mandato más breve y desgastado en democracia; para un PP en fase de reanimación llamado a perder escaños; y para un Ciudadanos empático pero consciente de haber cometido numerosos errores tácticos. Pero sobre todo, para un Podemos en fase de descomposición que ya no quedará para restar votos al PSOE, sino para restar escaños al bloque de la izquierda. Con todo, resucita un temor: el de que ningún bloque ideológico alcance la suma suficiente para una investidura. Sin haberse celebrado todavía las elecciones, emerge el fantasma de una repetición de comicios.