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20 años del chavismo en el poder: por qué esta vez Nicolás Maduro parece cerca del final

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Por Darío Mizrahi.- “Venezuela está herida en el corazón; estamos al borde de un sepulcro. Pero como los pueblos no pueden morir, porque los pueblos son la expresión de Dios, (…) más allá de toda esta catástrofe inmensa, hoy en Venezuela estamos viviendo una verdadera resurrección (…). Yo llamo a que unamos lo mejor de nuestras voluntades, porque es el momento de salir de la tumba”.

El discurso, que leído en estos días parece de Juan Guaidó, fue pronunciado por Hugo Chávez el 2 de febrero de 1999, ante lo que en ese momento era el Congreso de la República. El teniente coronel, que había ganado las elecciones del 6 de diciembre de 1998 con el 56,2% de los votos, hizo en su toma de posesión una descripción lapidaria sobre el estado de Venezuela, y prometió un futuro de prosperidad para todos.

Hoy, tras 20 años de hegemonía de su proyecto político, el país atraviesa una crisis más terrible que cualquiera de las que conoció en el pasado. El gobierno de Nicolás Maduro, que lo sucedió en la presidencia el 5 de marzo de 2013 —elegido y preparado por él mismo en sus últimos meses de vida—, parece al borde del colapso.

“La figura de Chávez cambió el escenario político venezolano, pero su cuenta es deficitaria. Es cierto que se le debe el hecho de tener una agenda social para las personas de menos recursos, pero el chavismo acabó con la institucionalidad y con la economía del país. Es muy difícil anotarle algo en el haber, porque la realidad es que en su historia democrática Venezuela no había estado nunca en las condiciones en las que está en la actualidad”, sostuvo Domingo Alberto Sifontes, profesor de historia en la Universidad de Carabobo, consultado por Infobae.

Del humanismo a la lucha por la supervivencia

Un proceso que nació arrasando en las urnas y que prometía la “resurrección de Venezuela”, con una democracia participativa y una “economía humanista”, se convirtió en un régimen atrincherado en el Estado, que reprime la voluntad popular y que degradó las condiciones materiales a niveles impensables.

El PIB se achicó un 41,5% en la última década, algo pocas veces visto. La hiperinflación trepó a 1.698.488% en 2018, la más alta en la historia de América Latina y la sexta a nivel mundial. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), realizada por las universidades Andrés Bello, Central y Simón Bolívar, el 94% de los hogares son pobres por ingresos, y un 48% padece pobreza multidimensional.

Esos indicadores permiten comprender el éxodo masivo de venezolanos: 2,6 millones huyeron del país desde 2015, de acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones. La opción por el escape creció con el deterioro socioeconómico y con la constatación de que un cambio político parecía imposible.

Las grandes protestas contra el gobierno de Maduro comenzaron en 2014, un año después de su ajustado y discutido triunfo contra Henrique Capriles en las elecciones presidenciales. En ese momento empezó a quedar claro que el chavismo estaba dispuesto a todo para aferrarse al poder.

La respuesta a las movilizaciones fue la represión indiscriminada, que dejó más de 40 muertos, y el encarcelamiento de dirigentes opositores. El caso más emblemático fue el de Leopoldo López, condenado a 13 años y 9 meses de cárcel, en una causa en la que “el 100% de las pruebas se inventaron”, según admitió desde el exilio el fiscal Franklin Nieves.

La erosión de la democracia terminó de consumarse en 2017 y 2018. Primero, con el uso del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como un instrumento para vaciar de poder a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición tras el triunfo resonante que obtuvo en 2015, en las últimas elecciones libres que se realizaron. Después, con los fraudulentos comicios del 20 de mayo pasado, en los que Maduro obtuvo la reelección con los principales líderes y partidos opositores proscritos, y sin permitir ninguna instancia de fiscalización independiente.

“La democracia no es simplemente hacer elecciones. Es frágil y difícil de mantener. Venezuela es un país que vivió durante 40 años bajo un proceso democrático de separación de poderes, pero no creó una cultura. Cuando una sociedad no está educada en términos democráticos, una herramienta como las elecciones puede terminar sirviendo para que venga una persona y la convierta en un instrumento para un proyecto autoritario”, afirmó Félix Seijas, profesor de estadística en la Universidad Central de Venezuela y director de la consultora Delphos C.A., en diálogo con Infobae.

A pesar de la debacle económica, social y política, Maduro creyó que tenía asegurada la continuidad en el cargo. Sus adversarios estaban divididos y debilitados, y las presiones de la comunidad internacional parecían estériles.

No obstante, el escenario cambió radicalmente este 10 enero, cuando asumió su segundo mandato. La ratificación de un gobierno considerado ilegítimo por gran parte de los venezolanos y del mundo occidental creó la oportunidad para que la oposición retome la iniciativa tras muchos meses de desconcierto.

La Asamblea Nacional declaró a Maduro usurpador del cargo y nombró a Juan Guaidó presidente encargado el 23 de enero. Tras más de un año de quietud, regresaron las protestas masivas a la calle. Y con ellas la represión, que ya causó al menos 35 muertes en dos semanas.

“La población venía de un período de mucho tiempo sin protestar, había una necesidad tremenda —continuó Seijas—. El 33% decía estar dispuesto a manifestarse si surgía un referente, y el 50% esperaba que apareciera alguien por fuera del liderazgo tradicional.

Aunque Guaidó viene de los partidos, tiene características de outsider. Menos del 3% de las personas sabía quién era. Es alguien joven, con un cuadro familiar muy estable, con un fenotipo muy venezolano y una forma de hablar que no es la de un político clásico. Era la figura que la gente estaba esperando, y se conjugó con el no reconocimiento internacional de la jura de Maduro”.

Los países enfrentados al chavismo lanzaron una ofensiva diplomática mucho más agresiva que cualquier otra. Por un lado, Guaidó fue reconocido como mandatario interino por Estados Unidos, por la mayoría de los países de América Latina y por la Unión Europea. Por otro, Washington ejecutó la acción más drástica desde el comienzo del conflicto: bloqueó los activos de PDVSA, impidiéndole al gobierno acceder a su única fuente relevante de ingresos genuinos.

Esta combinación de eventos dejó al chavismo en terapia intensiva. Pero, aunque no haya estado nunca tan cercado como ahora, sería un error darlo por muerto. En estos 20 años enfrentó tres crisis que parecían terminales y, sin embargo, logró reponerse. El desenlace está abierto, y lo que suceda en las próximas semanas será decisivo.

“Esta dualidad de poder sólo se puede mantener un tiempo corto, porque ninguno de los dos gobiernos tiene la capacidad total y reconocida para ejercer sus compromisos. A Guaidó le faltan los recursos y el apoyo militar, y Maduro tiene muchas dificultades financieras. Es una situación que se agota y que reduce las posibilidades de que haya un equilibrio político. Mientras más tiempo pase, peores se ponen las condiciones y hay menores probabilidades de buscar un diálogo entre las partes”, dijo a Infobae Carlos A. Romero, profesor de ciencia política en la Universidad Central de Venezuela.

Las tres grandes crisis del chavismo

Chávez, que saltó a la fama liderando un fallido golpe militar el 4 de febrero de 1992, fue él mismo víctima de uno diez años después. El 11 de abril de 2002 una protesta liderada por Fedecámaras y por la Confederación de Trabajadores de Venezuela terminó en un confuso enfrentamiento armado con manifestantes oficialistas, que dejó 19 muertos.

En las primeras horas del 12 de abril, el inspector General de la Fuerza Armada, Lucas Rincón Romero, confirmó el golpe. Dijo que el alto mando militar le pidió la renuncia a Chávez, y que este la aceptó —algo que él negaría después—. Pedro Carmona, titular de Fedecámaras, asumió la presidencia y disolvió la Constitución, la Asamblea Nacional y el TSJ.

Pero el alzamiento duró menos de 48 horas. Miles de chavistas salieron a las calles de Caracas a protestar contra el gobierno de facto, que había sido reconocido por Estados Unidos y por algunos países más, pero que era repudiado por muchos otros. Militares leales a Chávez lo liberaron de prisión y le permitieron reasumir la presidencia. Carmona fue arrestado y luego se exilió en Colombia.

La asonada terminó fortaleciendo al chavismo, que encontró un argumento para desacreditar a toda la oposición. Desde ese momento, cada nueva manifestación en contra, por más legítima que fuera, pasó a ser acusada de golpista. Un artilugio dialéctico continúa operando en la actualidad, 17 años después.

Chávez no volvió a enfrentar una crisis comparable y murió con el aura de líder imbatible. Algo que no pudo trasladar a su heredero. Maduro llegó a la presidencia con la debilidad originaria de no tener un liderazgo propio, y de haber arribado a la cúspide del poder sólo por lealtad.

No había cumplido un año en Miraflores cuando lo pusieron contra las cuerdas por primera vez. El 12 de febrero de 2014 comenzó un ciclo de protestas que se extendería por buena parte del año, bautizadas como “la salida”.

Las movilizaciones estuvieron lideradas por estudiantes universitarios y por los opositores más radicales: Leopoldo López, Antonio Ledezma y María Corina Machado. Comenzaron protestando por el deterioro de la situación económica, por la violencia y por los abusos del gobierno, pero terminaron pidiendo la renuncia de Maduro.

El Gobierno salió adelante con una escalada autoritaria. La represión fue brutal y quedó documentada en videos que mostraron a agentes de las fuerzas de seguridad y a los “colectivos” —bandas armadas que responden al gobierno— disparando a quemarropa a jóvenes desarmados. Los presos políticos comenzaron a contarse de a cientos.

Como resultado del desgaste por el paso del tiempo sin resultados concretos, y por el miedo que se empezó a propagar en la población, el movimiento se diluyó.

Más puntos más de contacto pueden encontrarse entre lo que está ocurriendo ahora y los sucesos de 2017. El avance del gobierno sobre las instituciones democráticas se volvió obsceno tras el triunfo opositor en las elecciones legislativas de diciembre de 2015. Con el TSJ como arma, Maduro empezó a bloquear todas las resoluciones de la Asamblea Nacional (AN), volviéndola impotente, y en 2016 canceló arbitrariamente el referéndum revocatorio que impulsaba para que los ciudadanos pudieran decidir si lo querían como presidente.

El quiebre del orden constitucional se volvió explícito el 30 de marzo de 2017, cuando el TSJ cometió la torpeza de dejar por escrito lo que venía haciendo de hecho: por medio de la decisión 156, asumió formalmente las competencias de la AN. La disolución del Poder Legislativo, una forma de golpe de Estado vista muchas veces en América Latina, desató una condena internacional generalizada y propició el inicio de una nueva serie de movilizaciones.

El Gobierno volvió a responder reprimiendo, pero de forma mucho más desenfrenada. En los meses siguientes, los muertos fueron más de 150 y miles resultaron heridos o fueron arrestados de manera irregular.

En un nuevo paso hacia el establecimiento de una dictadura, Maduro creó la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Se suponía que era para redactar una nueva Constitución, pero se terminó convirtiendo en un suprapoder capaz de dictar leyes sin restricciones, reemplazando en la práctica a la AN. Sus miembros fueron electos en un proceso escandaloso, sin participación de la oposición, y con un fraude denunciado por la empresa Smartmatic, proveedora del servicio de voto electrónico, que reportó una diferencia de un millón de votantes entre los que informó el gobierno y los que fueron realmente.

La situación parecía insostenible para Maduro. Sin embargo, la ANC entró en funciones el 30 de julio de 2017, y las manifestaciones fueron perdiendo densidad, hasta que concluyeron. Rechazado por la mayoría de la población y por casi todos los países de Occidente, y en medio de una implosión económica pocas veces vista, el chavismo resistió gracias a que mantuvo el monopolio de la fuerza.

Los militares, beneficiarios como ningún otro sector de la gestión Maduro, que les entregó el control de los sectores más sensibles de la economía y del Estado, explican la supervivencia de un proceso que de otra manera sería inviable.

Una crisis distinta a las anteriores

“Una diferencia crucial es que los dos ciclos anteriores fueron provocados por protestas sociales. En esta ocasión, el disparador fue un poder público, la AN. Apelando a la Constitución, desarrolló un conjunto de actividades apoyadas por buena parte del mundo democrático internacional y por una enorme cantidad de venezolanos que aspiran a un cambio político. Esto es muy interesante desde la perspectiva de las transiciones en América Latina, que generalmente se dieron de facto, por la fuerza. Aquí se desarrolla a través de una acción constitucional”, dijo a Infobae el politólogo Luis Salamanca, profesor de la Universidad Central de Venezuela.

Es cierto que en 2017 ya había destrucción de riqueza, desabastecimiento e hiperinflación, ingredientes que pueden hacer caer a cualquier gobierno. Pero no es lo mismo una suba de precios de 2.600% como la que registró Venezuela en 2017, a un porcentaje que ya supera el millón y medio. Con el agravante que implica la percepción de que las cosas están cada vez peor.

También es cierto que en 2017 el aislamiento internacional era bastante claro. Desde hace dos años, los únicos apoyos que conserva el régimen son Rusia, China, Irán, Bolivia y Nicaragua. Pero una cosa es la condena y la expulsión de foros multilaterales, y otra es el desconocimiento del gobierno y el reconocimiento de otro en su lugar.

“Hay dos elementos que ayudan a comprender esta situación como distinta —dijo Romero—. En primer lugar, el activismo de una parte de la comunidad internacional bajo el liderazgo de EEUU, que prácticamente la ha impuesto un ultimátum al gobierno. Lo segundo es la agudización de la crisis económica, que ha contribuido a que en las encuestas una mayoría de los venezolanos diga que quiere que se vaya Maduro”.

El factor que parece continuar vigente es el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). El alto mando militar, encabezado por Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, grabó un video en el que llamó golpe de Estado a la proclamación de Guaidó como presidente y ratificó su lealtad a Maduro. Pero eso no significa que no haya grietas en los círculos castrenses.

“Desde 2017 han sido continuos los pronunciamientos de militares activos —dijo Seijas—. No están las cosas cómodas internamente, porque la crisis económica ha puesto a los mandos medios a dudar. Cuando Guaidó fue juramentado, el alto mando tardó 24 horas en aparecer en televisión. Dijeron que era un golpe, pero se tomaron un día. Además, no han estado reprimiendo los militares ni la Guardia Nacional, sino el FAES (cuerpo especial de la Policía), que es una institución distinta. Por eso no ha habido un día en que Maduro no se muestre con militares. La necesidad de recalcar eso es porque las cosas no están bien”.

Lo más difícil para la FANB en este momento debe ser contener a las bases, a los soldados rasos, que son ciudadanos que padecen el desastre económico como el resto, y que no acceden a los privilegios de los estamentos superiores. Pero Maduro viene haciendo un importante trabajo de depuración para neutralizar posibles levantamientos.

“Los niveles más bajos están en una situación de calamidad, como todos los venezolanos. Eso se reflejó en la protesta militar del 21 de enero en un destacamento llamado Cotiza. El 23 de enero, en algunos estados como Monagas, la Guardia Nacional dejó pasar a los manifestantes. Pero los cuadros medios, que son los que históricamente han dado los golpes de Estado en Venezuela, están presos, fueron desmantelados el año pasado, cuando se detuvo a los principales comandantes de batallón. Se calcula que hay 180 arrestados. Entonces, ¿Maduro conjuró el resigo militar con esas detenciones? Puede ser que por un tiempo. Pero la crisis sigue expandiéndose”, sostuvo Salamanca.

La dimensión temporal se volvió una de las más decisivas de este periplo. Si bien la sensación compartida por la mayoría de los observadores es que Maduro tienes pocas probabilidades de sostenerse en el largo plazo, nadie sabe realmente cuánto puede durar ese largo plazo. Por otro lado, para salir de la encerrona en la que está ahora necesita que pase el tiempo, porque eso puede debilitar a la oposición.

“Siempre está la posibilidad de que Maduro resista. Todos los signos muestran que va a intentar atrincherarse y aguantar. El tiempo es su principal arma, porque le da la posibilidad de que la población se canse y de que la oposición dé un paso en falso y pierda el apoyo. Están tratando de llevarla a un diálogo para desprestigiarla. Pero es complicado, porque la comunidad internacional parece decidida a terminar con la salida de Maduro del poder y los opositores han dado muestras de unidad y no han caído en trampas. El cerco es muy grande y se reduce la capacidad de maniobra del gobierno. Esto crea mayores incentivos para que el entorno civil y militar de Maduro abandone el barco”, concluyó Seijas.

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El Parlamento de Ecuador rechaza la propuesta para legalizar el aborto en caso de violación

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Manifestantes protestan este martes tras la negativa del Legislativo ecuatoriano a despenalizar el aborto
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La Asamblea Nacional de Ecuador ha rechazado la propuesta para legalizar el aborto para víctimas de violación en caso de incesto con 65 votos a favor de la propuesta, 59 en contra y seis abstenciones.

La votación no ha alcanzado la cifra de votos necesarios que se encuentra en 70 para que la reforma fuera aprobada, según ha recogido el diario «El Comercio». Curas, monjas y grupos religiosos han protestado este martes frente a las puertas del Congreso para luego celebrar el resultado con alabanzas.

«Se quería legalizar el crimen de un inocente y lo que han hecho los legisladores es respetar el sentir del pueblo», ha señalado Amparo Medina, de la organización Red Pro Vida, según ha recogido la agencia de noticias Reuters. «Es una victoria de los niños por nacer que ahora tienen derecho a vivir».

Por su parte, la asambleísta Marcela Aguiñaga, quien apoyaba la despenalización del aborto, ha indicado que «la lucha continúa por las miles de mujeres que han sido obligadas a parir de sus agresores, por las que han fallecido en la clandestinidad y por las que aún no nos rendimos».

Cuestión de derechos

«Será ley porque no es un tema de dogmas, es un tema de derechos», ha subrayado Aguiñaga a través de su cuenta en la red social Twitter.

El aborto es legal en el país cuando se encuentra en riesgo la vida o la salud de la embarazada o cuando una mujer con discapacidad mental quede embarazada como resultado de una violación.

El país cuenta con unas altas tasas de violencia de género y, según una encuesta de 2012, aproximadamente el 25 por ciento de las mujeres sufre violencia sexual a lo largo de su vida, con una tasa particularmente alta de violaciones de niñas adolescentes. Así, cerca de 2.000 niñas menores de catorce años dan a luz en Ecuador cada año.

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Bolsonaro, contra Bachelet: “Si no fuera por Pinochet, Chile hoy sería una Cuba”

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Combo de imágenes de Jair Bolsonaro y Michelle Bachelet
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El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, lanzó este miércoles una durísima crítica a la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, a quien acusó de defender a “vagabundos” y atacó incluso por el lado personal.

“Señora Michelle Bachelet: Si no fuera por el personal de (Augusto) Pinochet, que derrotó a la izquierda en 1973, entre ellos a su padre, hoy Chile sería una Cuba”, dijo Bolsonaro en respuesta a declaraciones de la expresidenta chilena, quien criticó la violencia policial y la situación de los derechos humanos en Brasil.

“Nos acusa de que no estamos castigando a los policías que matan gente en Brasil”, pero “está defendiendo los derechos humanos de los vagabundos”, afirmó el líder de la ultraderecha brasileña en declaraciones ofrecidas a periodistas a las puertas del Palacio de la Alvorada, residencia oficial de la Presidencia.

Según Bolsonaro, “lo único” que tiene en común con Bachelet es el nombre Michelle, el mismo de su esposa, pero por lo demás sólo puede expresar sus “pésames” a la expresidenta de Chile.

“Perdió la pelea con la agenda ambiental, igual que Macron, y ahora viene con la agenda de los derechos humanos”, dijo Bolsonaro, en alusión al embate verbal que mantuvo con el presidente galo a causa de sus críticas por los incendios desatados en la Amazonía y la falta de compromiso de Brasil con el medioambiente.

En el mismo tono beligerante, el presidente brasileño agregó que “parece que la gente que no tiene nada que hacer, como Michelle Bachelet, va para la silla de derechos humanos de la ONU”.

Las declaraciones de Bolsonaro fueron una respuesta a algunas críticas que Bachelet hizo a Brasil este mismo miércoles, durante la presentación de un balance de su gestión como alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, cargo que ocupa desde hace un año.

“Entre enero y junio de 2019, sólo en Río de Janeiro y Sao Paulo, se nos ha informado de 1.291 personas asesinadas por la policía, un aumento del 12 al 17 % comparado con el mismo periodo del año pasado”, detalló Bachelet en relación a Brasil en ese balance, presentado en Ginebra.

Agregó además que la mayoría de las víctimas fueron habitantes de las favelas y afrodescendientes, todo en un contexto de “un marcado aumento de la violencia policial” y de “discursos que legitiman las ejecuciones extrajudiciales y la ausencia de rendición de cuentas”.

Ese es precisamente el discurso de Bolsonaro, quien suele decir que “bandido bueno es bandido muerto” y afirma que si un policía mata a un delincuente, cualquier sea la circunstancia, debería recibir una “condecoración” en vez de ser investigado.

La polémica con la funcionaria de la ONU ocurre en vísperas de una visita a Brasil del canciller chileno, Teodoro Ribera, quien será recibido este jueves por su homólogo brasileño, Ernesto Araújo, y reafirmará las excelentes relaciones entre los presidentes Jair Bolsonaro y Sebastián Piñera, adversario político de Bachelet.

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Un brutal ataque a un local para adultos en México se salda con al menos 26 muertos

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Puerta de entrada de 'El caballo blanco', el local atacado
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La masacre con 26 muertos en un bar nocturno del puerto de Coatzacoalcos, en el oriental estado de Veracruz, exhibe la fuerza del narcotráfico en algunas regiones de México y deja al descubierto una nueva grieta en la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador.

‘El caballo blanco’, un local para adultos, fue atacado el martes a las 22.00 hora local (03.00 GMT) cuando se encontraba repleto de gente, primero con ráfagas de metralleta por individuos que dispararon de forma indiscriminada para después lanzar bombas molotov.

La cifra, todavía preliminar, es de 26 muertos y 11 lesionados que están hospitalizados.

Este día, López Obrador lamentó la masacre y calificó la jornada de “muy difícil” en este puerto de Veracruz, un estado que padece la dura disputa entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel Los Zetas desde hace años.

Si bien esta masacre no es el único suceso sangriento de las últimas horas en el país, que acumula 20.135 homicidios de enero a julio.

En Nuevo Laredo, ciudad fronteriza con Estados Unidos, murieron este martes 12 personas en diferentes choques de presuntos sicarios con las fuerzas de seguridad. Y hace unos días, en la también fronteriza Ciudad Juárez mataron a balazos a tres niñas y a su tío en su casa.

En las últimas horas, un vídeo difundido muestra a dos hombres siendo degollados en Coatzacoalcos, uno de ellos supuesto dueño del bar atacado, Agustín Javier Ronson González.

Durante el asesinato, los perpetradores del crimen advierten que “el material (la droga) no se vende sin sello” y que la “la plaza (su área) tiene dueño”.

Cruce de acusaciones

Este martes, López Obrador apuntó a un posible “contubernio” entre autoridades locales y el crimen organizado, que derivó en esta masacre.

De acuerdo con su información, dada a conocer desde Palacio Nacional, uno de los posibles responsables había sido detenido en julio, pero fue puesto en libertad por la Fiscalía General del Estado (FGE) del estado de Veracruz. Además, indicó que se investigaría esta institución.

Según el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, Ricardo “N”, Ricardo “N”, alias La Loca, uno de los presuntos autores materiales de esta masacre, y fue detenido en julio pero liberado “en menos de 48 horas” por la Fiscalía estatal.

Pero horas después, la Fiscalía estatal negó haberlo liberado, exhibiendo un claro choque entre instituciones en un país donde la impunidad en los crímenes es de más del 98 %.

“Absolutamente falso que Ricardo “N” alias La Loca haya estado a disposición de la FGE, fue la FGR (Fiscalía General de la República) quien conoció del asunto y determinó su situación jurídica”, se defendió.

Además, aseguraron que La Loca fue detenido nuevamente el 7 de agosto por la Policía Naval y puesto nuevamente a disposición de la delegación de la FGR.

Grieta en la estrategia de seguridad

Este nuevo acto de violencia sucede cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador está preparando su discurso de gobierno el próximo domingo con una gestión en materia de seguridad muy criticada.

Pese a su promesa de reducir la inseguridad, los niveles continúan al alza y en los primeros siete meses de 2019 han ocurrido 20.135 homicidios en todo el país, con un promedio nacional de 95,8 casos por día, según cifras oficiales.

Entre sus acciones para frenar la ola de violencia está atender las causas y, sobre todo, la creación de la Guardia Nacional, un cuerpo impulsado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y conformado por militares, marinos y policías federales.

Este cuerpo, con decenas de miles de elementos, ha sido criticado por organizaciones civiles y organismos internacionales, preocupados porque solidifica la presencia de militares en las calles.

“No existe una estrategia nacional de seguridad, hay algunos planes y programas, pero no hay una estrategia integral”, dijo este miércoles en entrevista con Efe el especialista en temas de seguridad Javier Oliva.

Para Oliva, la masacre en Coatzacoalcos es un reflejo de la “lógica y dinámica” del crimen organizado y “una clara evidencia de la creciente ola de criminalidad” que se vive en México, que además no entiende de partidos políticos.

El investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señaló que los hechos de Veracruz “dejan ver la ausencia de objetivos a nivel de regiones y a nivel estatal”.

Reconoció que los únicos que “están haciendo el trabajo” son los militares y la Guardia Nacional “quienes hacen lo que pueden” pero desafortunadamente son un número reducido y en ocasiones se ven rebasados como se ha podido ver en casos recientes.

Para el especialista, lo ocurrido en Coatzacoalcos es un indicativo de la extorsión de parte del crimen organizado hacia establecimientos, que deben pagar cuotas o vender sus drogas.

Oliva consideró que el posicionamiento en los últimos días del Gobierno mexicano respecto al tema de seguridad no ha sido el mejor.

Primero, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó y desmintió que negociara un pacto con el crimen organizado, en unas declaraciones muy confusas.

Y hace unos días, López Obrador dijo que “el Ejército no se usa para reprimir al pueblo”. Y cuestionado sobre si el “narco” también es pueblo, dijo: “Sí, es pueblo, todos son seres humanos”.

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