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Sociedad

643.037 inmigrantes llegaron a España en 2018 y la población española se redujo en 9.368 personas

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La llegada de inmigrantes a España en 2018 compensó el aumento de las defunciones y la caída de la natalidad e hizo que se registrase el mayor aumento poblacional desde 2008, de 276.186 personas, lo que situó la población residente en España en 46,93 millones de habitantes.

Así, según los últimos datos de la Estadística de Migraciones que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2018 se registró el mayor aumento poblacional desde 2008 cuando lo hizo en 570.333 personas, aunque advierte de que ese es el primer año de la serie histórica en términos homogéneos.

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El alza del pasado año fue consecuencia de un saldo migratorio positivo de 333.672 personas (hubo 643.037 llegadas procedentes del extranjero y 309.365 salidas) que compensó el saldo vegetativo negativo de 56.262 personas (367.374 nacimientos, frente a 423.636 defunciones).

Destaca el INE que la llegada de extranjeros es la mayor desde 2008, primer año de la serie homogénea, y que la salida de población es la menor registrada desde el mimo año. Unas llegadas que crecieron un 20,8 % respecto al año anterior y unas salidas que cayeron un 16,1 %.

En términos relativos, el crecimiento anual de la población se ha duplicado desde el 0,28 % de 2017 al 0,59 % de 2018. Según estas cifras, a fecha 1 de enero de 2019 residían en España 46,93 millones de personas, la mayor cifra desde 2012 cuando vivían aquí 46,82 millones.

2018 se ha convertido en el tercer año de crecimiento ininterrumpido de la población que vive en España, que aumentó en 86.940 personas en 2016 y en 131.408 en 2017, tras cuatro años consecutivos de caídas (2012 -con 90.326 ciudadanos menos-, 2013 con 215.691, 2014, con 62.634 y 2015 con 9.466 habitantes menos).

Explica el INE que el crecimiento de la población en 2018 se debió al aumento de los habitantes extranjeros, ya que los de nacionalidad española se redujeron.

Así, el número de extranjeros aumentó en 285.554, hasta los 4,85 millones a 1 de enero de 2019 debido, en gran medida, a un saldo migratorio positivo de 330.197 personas.

Por el contrario, la población de nacionalidad española se redujo en 9.368 personas debido al saldo vegetativo negativo (de 102.682 personas), que no se vio compensado ni por el saldo migratorio positivo (3.475 personas) ni por las adquisiciones de nacionalidad española (90.828).

Si solo se contabiliza a los españoles nacidos en España, el pasado año la población se redujo en 98.595 personas.

Al desglosar los datos de entradas y salidas de España se observa que de las 643.037 personas que optaron por establecer su residencia en España (casi un 21 % más que un año antes), 83.728 eran españoles, mientras que de las 309.365 que se fueron (un 16 % menos) 80.253 también lo eran.

Y entre los extranjeros que llegaron a España destaca el aumento de los venezolanos, con 42.803 más, seguidos de los colombianos (39.977) y marroquíes (32.217), mientras que los que más descendieron fueron los procedentes de Ecuador (4.173 menos), Rumanía (2.359) y Bulgaria (1.387).

Pese a estas cifras la población extranjera mayoritaria sigue siendo la marroquí, con 714.239 ciudadanos viviendo en España, seguida de la procedente de Rumanía (671.233), Reino Unido (287.292), Italia (244.148), Colombia (199.540) y China (190.624).

En términos relativos, los mayores crecimientos de población se dieron entre los residentes de Venezuela (47 %), Honduras (32,4 %) y Colombia (25,1%) y los principales descensos entre los de Ecuador (3 %), Bulgaria (1,1 %) y Rumanía (0,4 %).

Por comunidades autónomas, en 2018, la población creció en trece comunidades autónomas y se redujo en las cuatro restantes.

Los mayores incrementos fueron los de Baleares (1,79 %), Comunidad de Madrid (1,39 %) y Canarias (1,39%) y los principales descensos los registraron el Principado de Asturias (0,52 %), Extremadura (0,47%) y Castilla y León (0,43 %).


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Salud

La Justicia condena al Gobierno socialista de Aragón por no entregar material de protección a los sanitarios

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Concentración en el hospital San Jorge de Huesca del personal sanitario para pedir la dimisión de la consejera de Sanidad de Aragón, Pilar Ventura, que afirmó que para los sanitarios era un estímulo hacerse sus propios equipos de protección para la epidemia del coronavirus a mediados de mayo
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El Juzgado de lo Social de Teruel ha condenado a la Diputación General de Aragón (DGA), el Salud y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) por vulneración de los derechos de los trabajadores, estableciendo que deben proporcionar equipos de protección individual (EPI) frente a la Covid-19 a los empleados públicos sanitarios del grupo A.

La sentencia, que estima una demanda del sindicato médico FASAMET, que también han planteado en Huesca y Teruel, puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

La magistrada del caso, Elena Alcalde, recuerda que, el 9 de marzo pasado, los sindicatos médicos de Aragón, entre ellos FASAMET, informaron a la entonces consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Pilar Ventura, de que los profesionales no disponían de material, como batas impermeables, calzas, mascarillas, gafas, pantallas y guantes, solicitando a la Administración autonómica que los aportaran.

 

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Sentencia

La juez especifica que estos equipos deben ser los adecuados ante los riesgos de exposición al agente biológico virus SARS-CoV-2

En la resolución judicial, la juez especifica que estos equipos deben ser los adecuados ante los riesgos de exposición al agente biológico virus SARS-CoV-2 (nombre científico para el coronavirus) y ante el riesgo de contagio o infección que pueda llevar a desarrollar la Covid-19.

Alcalde se remite a una publicación de la OMS para indicar que el personal sanitario que atiende a los infectados en centros de salud precisa por paciente y día 25 batas; 25 mascarillas médicas; un equipo de protección respiratoria; 50 guantes no estériles; y unas gafas o un protector facial.

La juzgadora centra el debate jurídico en la tutela de derechos fundamentales y la prevención de riesgos laborales y frente a las argumentaciones esgrimidas por las administraciones codemandadas, sostiene que la administración autonómica conserva, dentro de su ámbito de competencia, la gestión de los correspondientes servicios sanitarios, debiendo asegurar en todo momento su adecuado funcionamiento.

La sentencia expresa que, aunque la salud no es un derecho fundamental, los demandantes invocan otros derechos que sí lo son, como el derecho a la integridad física y a la vida, protegidos como tales por la Constitución.

También ha puesto de relieve “la existencia de una conexión entre la protección de la salud y la integridad física hasta el punto de que, en ciertas ocasiones, cabe entender vulnerado el derecho fundamental de integridad física si existiera un peligro grave y cierto, o un efectivo daño a la salud”.

Por ello, la DGA, el Salud y el IASS “tienen el deber de proteger al personal que se encuentra a su servicio de los riesgos laborales que puedan sufrir en el desarrollo de su trabajo” .“Encontrándonos ante una pandemia son las encargadas de prevenir el riesgo de contagio y una vez previsto, adoptar medios para proteger a sus empleados y trabajadores y que no se vean afectados en su integridad física y salud, ni incluso su vida”, se lee en la sentencia.

Prevenir

Respecto a lo esgrimido por las codemandadas acerca de que la salud no es un derecho fundamental y que por tanto no tiene consistencia el pleito que se ha planteado, la magistrada responde diciendo que “existe tan íntima relación entre la salud y la integridad física, y que podría existir vulneración del artículo 15 de la Constitución, cuando se genere un riesgo grave para su salud de los trabajadores, omitiéndose las obligaciones de protección y prevención que competen al empleador”.

En su razonamiento incide en que “la declaración del estado de alarma no conlleva la suspensión de los derechos fundamentales aludidos en la demanda como la vida, la integridad física, ni la salud, ni tampoco supone la suspensión de los derechos a la protección y prevención de riesgos laborales”.

 

Los sanitarios

Gracias a su vocación de servicio a los demás, no sólo no han paralizado su trabajo, (…) sino que lo han desarrollado heroicamente”

La magistrada rechaza la premisa de las administraciones acerca de que se trata de un supuesto de fuerza mayor, imprevisible e inevitable y argumenta en contra que “la pandemia, y en consecuencia la crisis sanitaria que nos ocupa, no es un supuesto de fuerza mayor o riesgo catastrófico, ni un suceso que no hubiera podido preverse o que fuera inevitable” por lo que entiende que la Administración debió actuar “según el principio de precaución, acorde con ese nuevo orden que evidenciaban las coordenadas expuestas”.

Concluye diciendo que “debió preverse la necesidad de disponer de abundantes EPI para los sanitarios con la finalidad de protegerles frente al riesgo de contagio por Covid-19, lo cual redundaría en la protección del resto de la ciudadanía”.

Además, la titular del Juzgado de lo Social reconoce que “los empleados y trabajadores sanitarios han estado desarrollando su trabajo, a pesar del grave e inminente riesgo para su vida y su salud por su exposición a la Covid-19, y ello, fundamentalmente, por la falta de medios de protección individuales adecuados, aun cuando podrían haber interrumpido y abandonado su actividad, pero gracias a su vocación de servicio a los demás, no sólo no han paralizado su trabajo, a pesar de las condiciones de protección precarias, sino que lo han desarrollado heroicamente”.


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Sociedad

Roma SI paga TRAIDORES: El sustituto de Pérez de los Cobos era el jefe de Aduanas de Barajas la noche de la llegada de la número 2 de la narcodictadura venezolana

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El teniente coronel David Blanes González, nuevo jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid en sustitución del cesado Diego Pérez de los Cobos, era el jefe de la Unidad Fiscal y Aeroportuaria del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas la noche en la que Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, aterrizó en suelo europeo para celebrar un encuentro con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Blanes llega a la jefatura de la Comandancia de la Guardia de Civil de Madrid tras la cesión de Diego Pérez de los Cobos por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras conocerse el informe de la Guardia Civil en el que se investigaba la manifestación feminista celebrada en Madrid el pasado 8 de marzo, cinco días antes de que Pedro Sánchez decretase el estado de alarma en todo el territorio por el impacto de la pandemia provocada por el coronavirus.

En las instalaciones del Aeropuerto de Madrid, la Guardia Civil y la Policía Nacional comparten autoridad. La zona de tránsito público está controlada por la Policía Nacional y la zona interior está bajo el control de la Guardia Civil: zona de seguridad, de maletas e incluso el espacio de las pistas.

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Unos 600 agentes de la Guardia Civil se encargan de su vigilancia y son ellos también los encargados de controlar lo que entra y sale de cada uno de los aviones para saber qué se introduce o se saca del territorio español.

El titular de Transportes, José Luis Ábalos, desveló el pasado 25 de enero que fue el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el que le dijo que fuera a Barajas a recibir a Delcy Rodíguez y que le dijera que «no bajara del avión» que había aterrizado en territorio español.

Este hecho fue una de las principales grandes polémicas del Gobierno Sánchez-Iglesias en sus primeras semanas de Gobierno. El PP y Vox presentaron a finales de enero varias denuncias en la Fiscalía General del Estado sobre este polémico encuentro con una de las personas de confianza del Gobierno venezolano de Nicolás Maduro, a pesar de que sobre Delcy Rodríguez está impuesta una prohibición de entrada y de tránsito en la Unión Europea.


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Redes sociales

Alvise la lía en Twitter con #CloacaGate: denuncia a Rubén Sánchez (Facua) e Ignacio Escolar para que acaben en la cárcel

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Alvise ha confirmado haber denunciado a Rubén Sánchez e Ignacio Escolar

Alvise Pérez, uno de los comunicadores más activos en las últimas semanas en Twitter, ha hecho temblar los cimientos de la izquierda denunciando a dos de sus principales defensores. El ex responsable de comunicación del diputado de Ciudadanos, Toni Cantó, ha publicado un tuit confirmando haber presentado una denuncia contra Rubén Sánchez, portavoz de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) e Ignacio Escolar, director de ‘eldiario.es’.

Durante esta semana, Alvise Pérez había avisado de que lo que finalmente ha publicado este viernes por la noche, iba a ser lo más destacado en los 10 años que lleva en Twitter: “Llevo aquí 10 años y lo que publicó esta semana es, con diferencia, uno de los mayores actos de justicia visto en años De los mayores por las pruebas, por lo que judicialmente implica, por lo mediático, y por el tiempo que lleváis esperándolo Este viernes, gran golpe a la MAFIA”.

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En los últimos días, Alvise Pérez también ha venido denunciando la “extorsión”, “coacción” y “amenazas”, recibidas por parte de Rubén Sánchez. El propio analista político dejaba caer ante esta coacción que “hoy muchos” iban a aprender “que a mí no se me extorsiona, no se me coacciona y no se me amenaza”

Finalmente, tras una larga y tensa espera, Alvise Pérez ha publicado el tuit del ‘#CloacaGate’ confirmando que pide un total de 23 años de cárcel para diferentes implicados en el caso que ya está en manos de la Justicia.

Alvise Pérez ha confirmado que haber registrado en el Juzgado de Instrucción nº24 de Madrid una denuncia que incluye una petición total de hasta 23 años de cárcel y 9 años de cárcel para Rubén Sánchez, Ignacio Escolar, FACUA, la Subdirección General del Ministerio de Asuntos Económicos, eldiario.es y otra persona a la que llama “Safergonza”.

El conocido tuitero ha denunciado a Rubén Sánchez, portavoz de Facua, por delito contra el honor, revelación de secreto y acceso indebido, por el que podría ser condenado a una pena máxima de 10 años de prisión y a Ignacio Escolar, director de ‘eldiario.es’, por un delito contra el honor, por el que podría recibir una pena máxima de prisión de dos años y 24 meses de multa. En la denuncia, también incluye al Ministerio de Asuntos Económicos, dirigido por Nadia Calviño.

 

El analista Alvise Pérez responde así a las últimas informaciones publicadas por Rubén Sánchez, quien ha acusado a Alvise Pérez de “dejar al descubierto datos bancarios de usuarios” que compraron material contra el Gobierno de Pedro Sánchez en su página web ‘gobiernodimision.online’.

“El Reglamento General de Protección de Datos establece que el responsable del tratamiento debe notificar a la autoridad de control -la AEPD en España– la violación de seguridad de los datos personales a más tardar en 72 horas. También debe comunicar lo ocurrido a los usuarios afectados sin dilación indebida”, han denunciado desde FACUA.

 


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