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Tribunales

Apuntan a cargos del PSPV y Compromís en el caso de los enchufes en Valencia

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Jorge Rodríguez, tras su dimisión como presidente de la Diputación de Valencia
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La causa que investiga los contratos irregulares en la Diputación de Valencia para favorecer a personas afines a PSPV-PSOE y Compromís sigue su curso mientras el principal imputado, el expresidente socialista Jorge Rodríguez, va desgranando su estrategia judicial para tratar de desvincularse de los hechos.

El llamado caso Alquería indaga en las supuestas contrataciones de directivos al margen de la ley en la empresa pública Divalterra, heredera de la antigua Imelsa (también foco de otros casos de corrupción de la etapa del PP). Según las conclusiones de la Fiscalía y la Unidad de delincuencia económica y fiscal (UDEF) de la Policía, habría servido de herramienta política de colocación de una serie de «peones» necesarios para poder llevar a cabo las aspiraciones de cada uno de los partidos en el poder.

Para ello, habrían formado una «estructura de gobierno paralela» con la que crearon siete puestos de alta dirección que ocuparon personas afines a PSPV-PSOE y Compromís.

En el marco de la causa -basada en los presuntos delitos de malversación y prevaricación-, fue detenido en junio de 2018 Rodríguez, en ese momento presidente de la Diputación y actualmente alcalde de la localidad de Ontinyent por unas siglas distintas a las del PSOE, del que fue expulsado. Junto a él fueron arrestados otros cinco cargos de la empresa pública. Los investigadores consideran que Rodríguez era pleno sabedor de los hechos y que éstos se realizaron con su consentimiento.

La defensa que ejerce el exministro del Interior Antonio Camacho trata de demostrar lo contrario y ha solicitado la práctica de algunas llamativas diligencias que entre los círculos socialistas se interpretan tanto como un intento de descargar su responsabilidad como de llevar la batalla interna en el partido a esta causa.

La batalla interna

En un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, ha pedido que se cite a varios testigos para que declaren sobre el conocimiento de las prácticas que se indagan. Concretamente, menciona a José Manuel Orengo, Concha Andrés, Pablo Seguí, Maria Josep Amigo, Emili Altur, Josep Bort y Xavi Rius. Algunos de ellos siguen siendo cargos actuales del PSPV y de Compromís.

Precisamente uno de los más relevantes es Orengo, quien fue número tres de los socialistas valencianos y asesor del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Varias de las personas interrogadas hasta el momento apuntaban al primer equipo de la empresa pública Imelsa (anterior a Divalterra), del que él formó parte, como el responsable de dar apariencia de legalidad a las contrataciones de personas afines a los partidos. Además, en las actas consta que defendió la contratación de directivos en Imelsa pasando por alto los requisitos de publicidad, mérito y capacidad, sobre lo cual el PP advirtió al tratarse de una posible irregularidad. A ello se añade que Orengo nunca fue cercano al propio Rodríguez, en uno de tantos enfrentamientos que han marcado la vida interna de los socialistas valencianos para controlar el partido.

El expresidente de la corporación provincial no sólo ha presentado ante el juez la petición de esas testificales, sino que la ha acompañado de documentación en la que consta el reparto inicial de áreas entre PSPV y Compromís en Imelsa cuando estos partidos pasan a dirigir la Diputación de Valencia (antes de que la empresa pública acabara refundada en Divalterra).

El cuadro se menciona en un informe de la Udef en el que se desgrana esa primera estructura de gestión, donde el PSPV tenía la gerencia y Compromís la vicegerencia con competencias divididas entre cada partido. En esos folios constan las firmas de la mayoría de cargos a los que Rodríguez ha pedido que se cite como testigos. Su rúbrica, por el contrario, no.

La explicación desde la defensa es que Orengo, junto al resto, señale cuántos directivos había en esa época y cuántos en la siguiente, que es la que se investiga y en la que cual alegan que se recortaron puestos. Según entiende, no se puede determinar con lo instruido por ahora ni la ilegalidad de los contratos ni que la prevaricación esté del todo clara. Para los investigadores, sin embargo, el cuadro que esgrime Rodríguez no desmonta la tesis de las supuestas irregularidades, ya que consideran que ni aparecen en él los contratos de alta dirección ni vendría a desmentir que éstos se realizaron al margen de Divalterra.

Para ellos, Rodríguez continúa siendo el responsable directo de los hechos, aunque es posible que Anticorrupción no se oponga a la declaración de los testigos.

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Tribunales

Los independentistas quieren volver a debatir sobre la autodeterminación en el Parlament

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Los grupos de JxCat, ERC y la CUP han registrado este martes en el Parlament una propuesta de resolución de respuesta a la sentencia en la que consta un apartado por el que piden que la Cámara reitere poder debatir sobre la autodeterminación en los plenos.

El documento consultado por Europa Press rechaza la sentencia del Tribunal Supremo contra los impulsores del 1-O y plantea que el Parlament “reitera y reiterará, tantas veces como lo quieran los diputados y las diputadas, la reprobación de la monarquía, la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Catalunya a decidir su futuro político”.

Estos son tres de los puntos de advertencia del Tribunal Constitucional a la Mesa del Parlament, a la que ha exigido paralizar el trámite de propuestas que vayan en ese sentido, después de haber anulado propuestas de resolución aprobadas en la Cámara sobre estos respectos.

De hecho, en la reunión de la Mesa del Parlament, antes de que se aceptara a trámite, los letrados de la Cámara han advertido al órgano rector de que este punto de la propuesta de resolución contravenía los autos y advertencias del TC.

“El Parlament denuncia la censura que el TC pretende imponer al Parlament, claramente incompatible con la autonomía y la inviolabilidad de la cámara”, expone otro apartado del escrito, mientras que otro punto defiende que las competencias autonómicas no pueden definir los límites de lo que se puede hablar o no en la Cámara y otro recuerda que se han aprobado decenas de resoluciones políticas sobre el derecho a la autodeterminación desde 1989.

Bajo el título ‘Propuesta de resolución en respuesta a la sentencia del 1-O’, el documento es el punto de consenso al que han llegado republicanos, ‘cupaires’ y JxCat, después de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, lanzara el martes pasado su propia propuesta en el pleno extraordinario sobre la sentencia, sin avisar a ninguno de los tres grupos, generando fricciones entre ellos.

En aquel plenario, pese a las reticencias de la CUP, no se permitió introducir documentos ni de los grupos ni del Govern ni del presidente para que fueran votados por el hemiciclo.

Ahora, esta propuesta en principio tampoco podrá ser debatida en el pleno ordinario fijado para este miércoles y jueves, ya que, para hacer una modificación del orden del día –ya sea reuniendo a la Junta de Portavoces o bien en el mismo pleno–, se tendría que haber registrado por vía de urgencia, algo que no ha sucedido, explican fuentes parlamentarias, por lo que debería respetarse el plazo de siete días para que los grupos presenten enmiendas.

Con todo, el artículo 83 del reglamento del Parlament establece que no se puede modificar el orden del día sin haber cumplido los trámites reglamentarios, “a excepción de un acuerdo explícito en el sentido contrario, adoptado por mayoría absoluta”; una mayoría que los tres grupos independentista tienen en el hemiciclo.

EL DOCUMENTO

En la exposición de motivos, el documento critica la sentencia del 1-O porque considera que es “una regresión en materia de libertades, no solo para Catalunya, sino para todo el Estado” y sostiene que limita derechos fundamentales y criminaliza la disidencia política.

Reprocha que el TC intente “imponer al Parlament una vulneración inaceptable del derecho a la representación política”, por lo que rechaza la sentencia y las decisiones del Constitucional.

“El Parlament exige la libertad de los presos políticos, el libre retorno de los exiliados y el fin de la represión”, piden votar en la cámara, así como expresar la indignación sobre una sentencia que tachan de injusta porque consideran que limita el ejercicio de derechos fundamentales en lo que tildan de deriva autoritaria del Estado que afecta a todos los demócratas.

Hacen referencia concreta al “escándalo democrático” que supone la condena de 11 años a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y afirman el carácter cívico y no violento del movimiento independentista, según el texto.

El texto advierte de que la sentencia establece un precedente inaceptable a partir del cual todas las formas de protesta como el paro de un desahucio, la ocupación de un centro de atención primaria o el corte de una calle, “pueden convertirse en un delito de sedición”.

Los impulsores del documento también quieren que el Parlament reitere que el conflicto entre Catalunya y el resto del Estado es “político y no se resolverá mediante los tribunales”, y avisan de que las mayorías parlamentarias no renunciarán a sus convicciones por más represión que haya.

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Tribunales

Registran la casa del abogado de Puigdemont por blanqueo de dinero del narco Sito Miñanco

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La juez de la Audiencia Nacional María Tardón está dirigiendo una operación contra el blanqueo de capitales relacionado con el delito contra la salud pública y ha ordenado el registro de la casa de Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont y del narcotraficante Sito Miñanco.

Fuentes próximas a la investigación han señalado que el registro se está practicando en el domicilio de Boye en Madrid y que el abogado no está detenido.

La operación, que coordina la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional y que desarrollan agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional, está vinculada a la causa judicializada de José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, de 62 años.

El histórico narcotraficante gallego fue detenido en febrero de 2018 junto a una veintena de presuntos miembros de su banda acusados de los delitos de tráfico de drogas, blanqueo y pertenencia a organización criminal de extrema gravedad.

Las investigaciones apuntaban que Miñanco lideraba una importante red de narcotraficantes desde 2016, meses después de que se le otorgara la semilibertad, lo que le permitía dormir diariamente en el Centro de Inserción Social (CIS) de Algeciras (Cádiz). De hecho, fue arrestado cuando salía de ese centro.

Fuentes de la Audiencia Nacional han informado de esta operación en la que se están practicando varios registros en una causa que está secreta.

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Sociedad

Un padre, condenado a trabajos comunitarios por dar un “capón” a su hijo

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Un hombre que propinó un “capón” a su hijo para corregir su actitud rebelde y desafiante cuando le recriminó sus malos resultados escolares tendrá que cumplir 31 días de trabajos comunitarios al haber confirmado la Audiencia Provincial de Murcia la sentencia que lo condenó como autor de un delito de maltrato en el ámbito familiar.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, desestima así el recurso que el acusado presentó contra la condena impuesta por un Juzgado de lo Penal de Murcia en febrero de 2018 y que incluye también una orden de alejamiento en cumplimiento de la cual no podrá acercarse al menor durante seis meses y un día. El Juzgado declaró como hechos probados que los mismos ocurrieron cuando al recoger el acusado a los hijos, entregados por su expareja, se produjo una discusión en el transcurso de la cual uno de ellos salió en defensa de la madre. Fue entonces cuando, decía la sentencia, el denunciado lo cogió del brazo y le propinó golpes en el pecho y un pescozón en la cabeza.

En su recurso, el acusado alegó que no cometió delito alguno, ya que se limitó a tratar de corregir una actitud rebelde y desafiante de este hijo surgida cuando le censuró su bajo rendimiento académico. Y añadió que solo trataba de corregir su comportamiento, no de atentar contra su integridad física, lo que consideró podía realizar en el ejercicio legítimo de su degber como padre.

Sin embargo, la Sala de la Audiencia, que tiene como ponente a la magistrada Ana María Martínez, comenta que aunque el “capón” fuera para reprender su actitud desafiante por haberle recriminado sus malas calificaciones, supuso ejercer violencia física sobre el menor, aunque este no llegar a sufrir lesión alguna. “Quienes tenemos hijos, se lee en la sentencia, provenimos, en muchos caso, de una educación en que sí existía el castigo y la corrección: la zapatilla, la bofetada y hasta el cinturón, y tenemos que aprender formas de educar que no lleven implícita esa parte violenta”.

Comenta igualmente que “la familia es un espacio nuevo de convivencia entre sus miembros, en el que debe imperar la igualdad y el comedimiento, por más difícil que resulte la labor de educación, a veces, en el día a día”.

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