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Tribunales

Apuntan a cargos del PSPV y Compromís en el caso de los enchufes en Valencia

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Jorge Rodríguez, tras su dimisión como presidente de la Diputación de Valencia
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La causa que investiga los contratos irregulares en la Diputación de Valencia para favorecer a personas afines a PSPV-PSOE y Compromís sigue su curso mientras el principal imputado, el expresidente socialista Jorge Rodríguez, va desgranando su estrategia judicial para tratar de desvincularse de los hechos.

El llamado caso Alquería indaga en las supuestas contrataciones de directivos al margen de la ley en la empresa pública Divalterra, heredera de la antigua Imelsa (también foco de otros casos de corrupción de la etapa del PP). Según las conclusiones de la Fiscalía y la Unidad de delincuencia económica y fiscal (UDEF) de la Policía, habría servido de herramienta política de colocación de una serie de «peones» necesarios para poder llevar a cabo las aspiraciones de cada uno de los partidos en el poder.

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Para ello, habrían formado una «estructura de gobierno paralela» con la que crearon siete puestos de alta dirección que ocuparon personas afines a PSPV-PSOE y Compromís.

En el marco de la causa -basada en los presuntos delitos de malversación y prevaricación-, fue detenido en junio de 2018 Rodríguez, en ese momento presidente de la Diputación y actualmente alcalde de la localidad de Ontinyent por unas siglas distintas a las del PSOE, del que fue expulsado. Junto a él fueron arrestados otros cinco cargos de la empresa pública. Los investigadores consideran que Rodríguez era pleno sabedor de los hechos y que éstos se realizaron con su consentimiento.

La defensa que ejerce el exministro del Interior Antonio Camacho trata de demostrar lo contrario y ha solicitado la práctica de algunas llamativas diligencias que entre los círculos socialistas se interpretan tanto como un intento de descargar su responsabilidad como de llevar la batalla interna en el partido a esta causa.

La batalla interna

En un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, ha pedido que se cite a varios testigos para que declaren sobre el conocimiento de las prácticas que se indagan. Concretamente, menciona a José Manuel Orengo, Concha Andrés, Pablo Seguí, Maria Josep Amigo, Emili Altur, Josep Bort y Xavi Rius. Algunos de ellos siguen siendo cargos actuales del PSPV y de Compromís.

Precisamente uno de los más relevantes es Orengo, quien fue número tres de los socialistas valencianos y asesor del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Varias de las personas interrogadas hasta el momento apuntaban al primer equipo de la empresa pública Imelsa (anterior a Divalterra), del que él formó parte, como el responsable de dar apariencia de legalidad a las contrataciones de personas afines a los partidos. Además, en las actas consta que defendió la contratación de directivos en Imelsa pasando por alto los requisitos de publicidad, mérito y capacidad, sobre lo cual el PP advirtió al tratarse de una posible irregularidad. A ello se añade que Orengo nunca fue cercano al propio Rodríguez, en uno de tantos enfrentamientos que han marcado la vida interna de los socialistas valencianos para controlar el partido.

El expresidente de la corporación provincial no sólo ha presentado ante el juez la petición de esas testificales, sino que la ha acompañado de documentación en la que consta el reparto inicial de áreas entre PSPV y Compromís en Imelsa cuando estos partidos pasan a dirigir la Diputación de Valencia (antes de que la empresa pública acabara refundada en Divalterra).

El cuadro se menciona en un informe de la Udef en el que se desgrana esa primera estructura de gestión, donde el PSPV tenía la gerencia y Compromís la vicegerencia con competencias divididas entre cada partido. En esos folios constan las firmas de la mayoría de cargos a los que Rodríguez ha pedido que se cite como testigos. Su rúbrica, por el contrario, no.

La explicación desde la defensa es que Orengo, junto al resto, señale cuántos directivos había en esa época y cuántos en la siguiente, que es la que se investiga y en la que cual alegan que se recortaron puestos. Según entiende, no se puede determinar con lo instruido por ahora ni la ilegalidad de los contratos ni que la prevaricación esté del todo clara. Para los investigadores, sin embargo, el cuadro que esgrime Rodríguez no desmonta la tesis de las supuestas irregularidades, ya que consideran que ni aparecen en él los contratos de alta dirección ni vendría a desmentir que éstos se realizaron al margen de Divalterra.

Para ellos, Rodríguez continúa siendo el responsable directo de los hechos, aunque es posible que Anticorrupción no se oponga a la declaración de los testigos.


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España

La Abogacía del Estado (del “estado” bolivariano, se entiende) carga contra la juez del 8-M por abrir una «causa general de la crisis sanitaria»

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Rosa María Seoane, la fiscal que defendió a los acusados de la sublevación catalana
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Se dirige en apelación a la Audiencia Provincial solicitando la nulidad de la instrucción contra el delegado del Gobierno en Madrid

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) –

La Abogacía del Estado, ejerciendo la defensa del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha apelado directamente a la Audiencia Provincial de Madrid solicitando la revocación del auto por el que la juez Carmen Rodríguez-Medel abrió la investigación penal por permitir la manifestación del 8-M en Madrid. El escrito carga duramente contra la instructora, a la que acusa de convertir la instrucción «en una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria» saltándose incluso las suspensiones procesales vigentes en el estado de alarma.

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El recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, está firmado por la abogada del Estado Rosa María Seoane – la misma que defendió la tesis de la sedición durante el juicio por el ‘procés’ independentista en Cataluña–, y fue presentado el pasado 20 de abril, es decir, casi un mes antes de que se elaborara el informe de la Guardia Civil que se relaciona con la polémica destitución del jefe de la comandancia del instituto armado en Madrid, Diego Pérez de los Cobos.

A lo largo de 18 páginas, Seoane denuncia que la instructora ha ignorado las disposiciones del estado de alarma para los tribunales y ha vulnerado el derecho del delegado del Gobierno a un proceso con todas las garantías, por lo que solicita a la Audiencia que declare su nulidad.

Entre otros aspectos, señala que «en su afán de encontrar indicios de la tipicidad de los hechos denunciados», Rodríguez-Medel ha desbordado el ámbito competencial que ella misma acotó respecto a la investigación de estos hechos -la manifestación del 8 de marzo- y solicita a la Guardia Civil información «no solamente sobre la actuación del Delegado del Gobierno, sino que cualesquiera otras autoridades que ni siquiera identifica, convirtiendo esta instrucción en una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria».

Como ejemplo, la Abogacía señala lo solicitado respecto del informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, dirigido por Fernando Simón, respecto del cual no se solicita únicamente información acerca de la eventual recepción por la Delegación del Gobierno del informe, que es lo que debería ser objeto de la investigación penal abierta, sino que va más allá al preguntar a la guardia civil qué difusión tuvo el citado informe.

A juicio de los servicios jurídicos del Estado, la jueza ha iniciado este proceso penal sin que existan indicios de la tipicidad penal de los hechos denunciados, sino «meras sospechas e hipótesis, deficiencia que se trata de suplir con las diligencias acordadas, que no buscan el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos, sino averiguar si los mismos pueden ser típicos, buscando indicios de esa tipicidad, constituyendo así una auténtica investigación prospectiva vulnerando la presunción de inocencia del denunciado».

TESIS DE LA DEFENSA

En este punto, la Abogacía del Estado expone su tesis de defensa al considerar que «lo que no es indiciario sino manifiesto y notorio es que hasta el día 14 de marzo, día en que se aprobó la declaración de estado de alarma, no había ninguna resolución de ninguna autoridad competente en materia sanitaria, ni local, ni autonómica, ni estatal, que limitara las concentraciones de personas, ya no en ejercicio de un derecho fundamental, como lo es el derecho de reunión, sino con ningún objeto y finalidad».

A juicio de la defensa, había recomendaciones sanitarias que fueron intensificándose, sobre todo a partir del día 11 de marzo y a todos los niveles administrativos, pero las mismas, en tanto eran recomendaciones y no prescripciones, no supusieron impedimento alguno para limitar la celebración de eventos deportivos, como el partido de fútbol celebrado en Madrid el día 7 de marzo entre el Atletico de Madrid y el Sevilla FC en el estadio del primero con asistencia de unos 60.000 espectadores; además de normal funcionamiento de recintos cerrados, espectáculos públicos, como cines, teatros, etc,

Frente a todo ello, considera que «lo que pretende la instructora, no es verificar si determinados indicios de incumplimiento del ordenamiento son ciertos, sino de encontrar tales indicios. Indicios de que la ausencia de prohibición de actos conmemorativos del 8 de marzo, fue un actuación arbitraria y a sabiendas de su injusticia»

TRAMITACIÓN EN PLENO ESTADO DE ALARMA

Otro de los puntos del informe carga contra la celeridad mostrada por la magistrada de Madrid en este asunto en pleno estado de alarma, cuando los plazos procesales se encuentran suspendidos y la justicia sólo actúa en los denominados por el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) servicios esenciales, que requieren resolución de urgencia.

Es más, recuerda que el auto del 23 de marzo que se impugna, por el que se incoan las diligencias penales, reconoce de forma expresa que no había urgencia alguna por lo que al dictarlo desatiende todo lo excepcionalmente acordado, como eran razones de salud pública, para favorecer y permitir sin causar indefensión a ninguna parte o el aislamiento social.

«Pues bien, la apertura de diligencias previas y el acuerdo de practicar diligencias de investigación no urgentes supone una vulneración de las normas que resultan de aplicación durante la vigencia del estado de alarma», incide el escrito.


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Salud

Fernando Simón, en el punto de mira de la Guardia Civil: Principal sospechoso en la investigación penal por el aquelarre feminista del 8-M

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La investigación penal sobre la autorización de la manifestación del 8-M y otras concentraciones en plena expansión del coronavirus apunta a Fernando Simón.

Según recoge El Confidencial, las diligencias de la Guardia Civil han acreditado que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad manejaba al menos tres días antes del aquelarre feminista datos que evidenciaban la gravedad de la crisis. Pese a ello, no tomó ninguna medida para evitar ese acto multitudinario ni otros que tuvieron lugar ese fin de semana.

Las pesquisas, dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 51 de plaza de Castilla, también apuntalan los indicios contra el delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco, que está imputado en la causa por un presunto delito de prevaricación por haber permitido las aglomeraciones de esos días previos a la declaración del estado de alarma, obviando las alertas del Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso y de las organizaciones sanitarias europeas y mundiales. Otros altos cargos de la delegación y del ministerio pueden seguir ahora los pasos de Franco, según fuentes próximas al caso.

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Las indagaciones del instituto armado atribuyen a Simón un papel decisivo en la suspensión de un congreso evangélico que iba a celebrarse en Madrid entre el 19 y 21 de marzo. El 5 de marzo, tres días antes del 8-M, responsables de esa congregación fueron convocados en el ministerio para hablar sobre un brote de Covid-19 en una de sus iglesias y estudiar la anulación del congreso. El propio ministro de Sanidad Salvador Illa y Simón coincidieron en que debía suspenderse por el alto riesgo de propagación del virus.

Los investigadores contraponen las precauciones de Simón por el acto religioso con su actitud permisiva en torno al 8-M y el resto de aglomeraciones de ese fin de semana. También recuerdan que la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una advertencia el 14 de febrero sobre el peligro de los actos multitudinarios y que, el 2 de marzo, el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades publicó una circular aún más contundente que desaconsejaba la autorización de aglomeraciones.


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Sociedad

La Fiscalía investiga la muerte de al menos 17 ancianos en una residencia de Madrid

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Un familiar atiende a los periodistas a las puertas de la residencia de ancianos Monte Hermoso, en Madrid.
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La Fiscalía de Madrid ha incoado diligencias de investigación penal a raíz de una denuncia presentada por el Defensor del Paciente tras la muerte de al menos 17 ancianos con coronavirus en la residencia Monte Hermoso de Madrid, según han informado fuentes judiciales a RTVE.

El ministerio público va determinar si se ha cometido algún delito en la respuesta a este brote, por el que se han podido contagiar decenas de residentes, especialmente vulnerables a la enfermedad que causa el Covid-19.

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El paso lo ha dado este miércoles a raíz de una denuncia de la asociación El Defensor del Paciente en la que esta se hacía “eco de varias noticias publicadas en distintos medios de comunicación en las que informan de la muerte de al menos 19 personas” y varias decenas de contagiados, si bien la Comunidad de Madrid solo confirmó el martes el fallecimiento de 17 residentes en el geriátrico Monte Hermoso.

Esta epidemia deja por ahora más de 13.700 personas infectadas en España, casi la mitad en Madrid. En todo el país han fallecido unas 600 personas con coronavirus, de los cuales más de 350 en esta comunidad, según los últimos datos oficiales recopilados por RTVE.

En un escrito que reproduce Europa Press, la presidenta de la asociación denunciante, Carmen Flores, se queja de “la falta de seguridad extrema, de limpieza, de personal y de medios” en general en este centro, situado junto a la Casa de Campo, en la capital.

A casa “sin pruebas”

Diversos familiares de esta residencia se han quejado de “opacidad” y “mala gestión”. Según el testimonio que recoge la misma agencia de Diego Meneses, sobrino de una residente, en los últimos días se habían puesto en contacto con los familiares de los ancianos para avisarles de que Monte Hermoso era un foco de coronavirus y que les ofrecieron llevarse a sus familiares a casa “pero sin hacerles la prueba del coronavirus”.

Meneses ha dicho que cree que están desbordados por el número de casos, al menos 75 entre ancianos y trabajadores.

Según la versión de otro familiar, el lunes recibieron una carta en la que se les animaba a sacar a los residentes y, si no, se les indicaba que “había que firmar” si la persona se quedaba allí; y que el martes la dirección les remitió otra comunicación en la que les explicaba que se procedía a “reforzar la plantilla”, con ayuda tanto de la Consejería de Sanidad como del Hospital Clínico San Carlos, informa Efe.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, indicó el martes que se están poniendo en marcha medidas para que todos los hospitales estén en contacto con las residencias de mayores.

Las denuncias de opacidad y caos en las residencias se suceden en las últimas en varias comunidades, después de que se hayan conocido brotes en varios geriátricos que han causado numerosas muertes a personas que normalmente tienen ya diversas patologías.


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