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Sociedad

Bofetadas, insultos y amenazas a dos ancianas en una residencia de Hortaleza (Madrid)

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Francisco sospechaba que su madre, con alzhéimer, sufría malos tratos en la residencia de la tercera edad que el grupo Los Nogales tiene en Hortaleza. Allí ingresó a su familiar en la primavera de 2015. Era el tercer centro que pisaba. Pronto aparecieron en los brazos de la mujer hematomas a los que el personal sanitario no le daba justificación. Presentó varios escritos a la dirección del centro con fotografías de los moratones, pero le explicaban que sería la propia residente la que se los habría hecho. Un día escuchó chillar a su progenitora antes de que él llegara a la habitación y fue el momento en que decidió colocar una cámara en la ventana para grabar lo que ocurría cuando él cerraba la puerta de la sala y se marchaba a su domicilio.

«En el primer vídeo aparecía una trabajadora dando azotes a mi madre», cuenta a este diario. Esa prueba se la enseñó a la responsable del centro sin que se depuraran responsabilidades; también la llevó ante un juez, pero la desestimó. Pero en mayo de 2018, dos meses antes de que su madre falleciera en la residencia «de un síncope», como le transmitieron, consiguió inmortalizar el trato vejatorio que durante varios días tres empleados brindaron a su familiar y la compañera que tenía en la habitación. Esta vez optó por llevarlos a la Fiscalía Provincial de Madrid para que decidiera qué hacer con ellos. Las imágenes de cómo tratan a estas mujeres son repulsivas y no dejan lugar a dudas; por esta razón, el Ministerio Público ha llevado ante el juez una denuncia contra los trabajadores geriátricos de esta residencia. Se les acusa de propinar malos tratos físicos y psicológicos a las dos ancianas que tenían a su cargo. Los señalados son Mónica M. P.; Bryan N. C., y María Josefa T.L.

En los vídeos se ve a las dos octogenarias con actitud defensiva y calladas cuando los empleados comienzan con la liturgia para acostarlas y cambiarles la ropa. En uno de ellos se puede comprobar cómo la trabajadora más joven y con coleta le pellizca un pezón a una de ellas cuando la deja sin jersey para colocarle la parte de arriba del pijama. Se ve que no era la primera vez que la agredía de este modo, ya que la mujer se protegía con las manos el seno. Tras apretárselo, la víctima se toca para, presumiblemente, calmar su dolor.

«Te arranco la cabeza»

Como recoge el propio escrito de Fiscalía, queda constancia de estos hechos en las pruebas aportadas: los contratados les arrebatan bruscamente un objeto de la mano; echan la cabeza hacia atrás de una de ellas «violentamente» mientras la desviste y la residente se queja; dan dos bofetadas en la cara a la otra.

En uno de los momentos, la asalariada de Los Nogales saca bruscamente la dentadura postiza a una mientras le amenaza: «Cabrona, a ver que te quito esto, no se muerde ¿eh?». A continuación le dice a la compañera: «Y tú igual. Como me muerdas te arranco la cabeza, que estoy muy loca».

El esperpento no queda ahí. La misma trabajadora sale del baño y acerca su mano izquierda a una de las mujeres y le suelta: «He meado y me he sacado con la mano el chumino». Su actitud la lleva a dedicar a estas mujeres indefensas frases como: «Te arranco el pescuezo, ¿eh, puta?».

En otro momento de la grabación, la chica con coleta, Mónica, restriega un empapador seco a una de las ancianas en la cara mientras ella observa con la boca abierta desde su silla de ruedas. Junto a Bryan la desnudan por la parte de arriba bruscamente y le colocan el pijama también con violencia. Incluso el hombre le da dos bofetadas a la mujer en la cara, desatando las risas de ambos.También le lanza collejas y varios golpes en el brazo y la mano. Mónica le tapa la nariz hasta en dos ocasiones. La acercan hasta la cama con la silla y, al atrancarse las ruedas, la mueven rudamente, volviéndose a reír. Cuando se les pierde de vista en el vídeo se escucha a Mónica decirle hasta diez veces y de malas formas: «Ponte de pie». Otras dos la advierte: «¿Te tiro al suelo?». Dos noches, la chica de la coleta se despide diciéndoles: «Esta noche sabes quién va a venir. Va a venir el demonio y te va a llevar al infierno».

Desde Los Nogales informaron de que no tenían conocimiento de los vídeos que había grabado Francisco. Dos de los empleados denunciados ya no trabajan allí porque tenían contratos de un año de duración y vencieron en verano. Al otro se le notificó ayer mismo su carta de despido. Se encargaba de hacer suplencias.

Desde este grupo empresarial se notificó mediante comunicado que se presentaría como acusación particular de los denunciados. «Los hechos descritos por la Fiscalía son deleznables y repugnantes; impropios de gerocultores», señalaron en su documento.

Expedientes sancionadores

Este centro cuenta con un concierto de la Comunidad de Madrid. Desde la Consejería de Políticas Sociales y Familia se detalló que no había constancia de ninguna queja al respecto. Por la tarde trasladaron que se iban a incoar dos expedientes sancionadores contra la residencia: uno a través de la Dirección General de Atención a la Dependencia y Mayor y otro a través de los técnicos de Inspección de la Secretaría General Técnica de la Consejería por la denuncia presentada por la Fiscalía contra estos tres trabajadores. La resolución de estos dos procedimientos estará vinculada a la sentencia judicial. De momento, el Gobierno regional está recabando información para dar con todas las claves de la investigación.


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Sociedad

La destrucción del hombre europeo por el feminismo androfóbico, objetivo mundialista

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Rambla Libre
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Derk.- El tribunal que ha condenado por agresión sexual a los miembros de ‘la Manada’ y elevado su pena a 15 años de cárcel decidió no recoger en los hechos probados la grabación que fue hecha de esos mismos hechos tanto en audio como en video. Tan insólito como si se rechazaran las imágenes de las cámaras de seguridad en un proceso sobre un atraco en una sucursal bancaria.

Si ha existido tanta unanimidad respecto a la punibilidad de los hechos, ¿por qué se persigue con tanta saña al único periodista español que tuvo el valor de difundir algunas de las imágenes grabadas desde el teléfono móvil de la supuesta víctima?

Los hechos son especialmente graves porque dejan en la más completa indefensión jurídica a cualquier varón. Se rechazan las imágenes que acreditan una posible relación sexual consentida y en cambio se incorpora a hechos probados la declaración tanto de la víctima como de los “expertos de género”. Estos hablaron del “extrés postraumático” y de la “sumisión” de la víctima, lo que a la luz del contenido de las imágenes resultaría cuando menos discutido.

Desde 1997 he estudiado profundamente al feminismo en España, Reino Unido y Nueva Zelanda.

También las resoluciones de la ONU sobre esta materia. En 2004 publiqué el único trabajo (que yo conozca) sobre los suicidios de hombres que habían sido denunciados por maltrato: 257 al año. El androcidio ha ido creciendo, por lo que el INE eliminó el dato clave; esto, es, el desglose de suicidios por estado civil.

En 2008 eliminaron también los datos sobre niños asesinados por madre/padre, luego de que se dieran a conocer los elevados porcentajes de madres responsables de muertes de niños por maltrato (pinche aquí).

Años más tarde supimos del gran negocio que suponía para el Gobierno las denuncias por maltrato. Desde 2004 se han repartido miles de millones de euros de la UE. Incluso José Luis Rodríguez Zapatero promovió una ley para que el Tribunal de Cuentas no fiscalizara estas ayudas.

  • No han dudado en violar el artículo 14 de nuestra Constitución.

  • No han dudado en violar el principal derecho humano (“Todos iguales en derechos”).

  • No dudaron en ocultar las muertes de más de 257 seres humanos cada año.

  • No dudaron en ocultar, bajo las alfombras de la censura, la sangre de niños asesinados por sus madres. (Pinche aquí)

Y tampoco han dudado en repartirse miles de millones de euros, que tendrían que haber ido a parar a familias españolas que carecen de futuro. Ellos en cambio disfrutan de sus suntuosos casoplones en Pozuelo (Pedro Sánchez), Hipódromo de la Zarzuela (José Luis Rodríguez Zapatero), Galapagar (Pablo Iglesias) y Conde de Orgaz (Manuela Carmena), entre otros muchos.

Hace unos días se suicidó Rafael Pascual, concejal de Arauzo de Salce (Burgos), horas después de que la Guardia Civil fuese a buscarle por una denuncia de su pareja tras una discusión. En 2003 fueron 257 (la cifra es seguramente mayor) los hombres que se suicidaron ese año.

La casta política que ampara este tipo de cosas son el mal absoluto. Desde hace 20 años intentan destruirnos. No hay futuro. A cualquiera de ustedes, a cualquiera de sus hijos, podrían caerle veinte años de cárcel si son denunciados por una mujer malvada y sin escrúpulos. No importa que existan imágenes de los hechos que desacrediten la denuncia. Esas imágenes no serán tenidas en cuenta en un tribunal. Bastará el testimonio de la “víctima” y de las expertas en género. Cualquiera de ustedes, sea empresario, profesor, catedrático (en Harvard lo han hecho), médico, periodista, deportista, puede ser destruido de un plumazo.

Hace unos días, una dirigente socialista defendía la ‘castración selectiva’ de bebés recién nacidos. ¿Esta en prisión preventiva por inducción al genocidio de niños? Por supuesto que no. Son intocables. Ni siquiera el juez Serrano se ha atrevido a denunciarla.

Son auténticos monstruos (ellos y ellas). Y van ganando.


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Sociedad

Paula ha logrado cambiar su nombre y sexo en el DNI con solo nueve años

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La Voz de Galicia
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«Con seis añitos me dijo que era una niña, me entró miedo porque no sabía nada de la transexualidad, hasta que llegué a Arelas y me ayudaron muchísimo». Así explica la gallega Mónica Rodríguez cómo empezó el proceso de su hija Paula, que con tan solo nueve años acaba de conseguir que un juez autorice su cambio de nombre y sexo en el DNI. Desde el año 2007 hay una ley estatal que permite el cambio de nombre y sexo en el registro civil a los adultos trans que demuestren dos años de tratamiento. Pero los menores están en el limbo en esta legislación. Hasta tal punto que el Supremo ha presentado ante el Constitucional un requerimiento para que le aclare si es constitucional excluir a los menores de edad de este derecho, aún pendiente de resolución.

En Galicia desde hace unos años se concede el cambio de nombre. Hace dos y medio un menor de Valencia logró también que se reconociese su sexo sentido en el DNI, así que Cristina Palacios, presidenta de la asociación de familias de menores trans, Arelas, no se lo pensó. «El primero en Galicia fue Pablo, un chico de 15 años, pero nunca lo habían concedido a una niña tan pequeña, hay en autonomías que ni con 9 ni con 16».

Paula no ha tenido ningún problema en su entorno. Amigos, colegio, compañeros de gimnasia, «todos la aceptaron perfectamente», cuenta Mónica. Al principio en el centro educativo se sentían un poco reacios a que hiciese el tránsito tan pronto, «pero después no hubo ningún problema, los profes bien, los niños bien, en gimnasia la recibieron con mucho cariño… Hemos tenido muchísima suerte y no es lo normal», admite la madre de Paula.

Paula y su familia lo consiguieron, pero la demanda de esta asociación va más allá. «El proceso depende del juzgado, del juez y del fiscal, en la ley no están reflejados los menores por lo que depende del criterio de estos profesionales», cuenta Mónica. Es por eso que reclaman un cambio en la ley, para que incluya también el derecho de los menores a cambiar en el registro tanto su nombre como su sexo. Miguel Vieito, jurista, ha llevado estos procesos de solicitud ante los registros civiles de Galicia, y asegura que se produce una discriminación en el caso de los menores.

El problema es que ahora existe mucha discrecionalidad, ya que la autorización depende de cómo se interpreten varias normas, por lo que hay juzgados que conceden el cambio y otros que no, normalmente al recurrir la fiscalía.

Fuente: La Voz de Galicia


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Sociedad

India: cientos de trabajadoras se extirpan el útero para mantener sus empleos

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Las autoridades indias investigan cientos de casos de extirpaciones forzosas de útero concentradas en una comunidad de mujeres cortadoras de caña de azúcar en el oeste de la India, en lo que activistas atribuyen a presiones por aumentar su productividad, informa Efe.

«Según un informe previo del estado de Maharashtra, se han hecho más de 4.500 histerectomías en hospitales privados en la zona en los últimos tres años. El Gobierno ha ordenado ahora la formación de un comité investigador», dijo una activista de la oenegé india especializada en salud Jan Swasthya Abhiyan, Shweta Marathe.

El inusualmente alto número de extirpaciones en una comunidad tan específica y a la vez difícil de delimitar por la ausencia de contratos formales, la de las trabajadoras agrícolas temporales del distrito de Beed, está relacionado con la presión sobre estas mujeres por trabajar sin falla, señaló.

Las trabajadoras se enfrentan a multas de 500 rupias – unos 6,3 euros, el sueldo de todo un día – si no acuden a cortar caña de azúcar una jornada, y estar menstruando no es excusa. Por eso, afirmó la oenegé proderechos de las mujeres Makaan en un comunicado de prensa, «para librarse de las menstruaciones que se convierten en una barrera para su trabajo e ingresos, estas mujeres optan por la histerectomía».

LA IDEA NO LES CAE DEL CIELO, EXPLICA UNA OENEGÉ

Las mujeres que trabajan mientras menstrúan no son consideradas buenas trabajadoras y los contratistas llegan a avanzarlas dinero para que acometan la extirpación quirúrgica del útero en hospitales privados.

«Hay un claro interés comercial en la relación entre la comunidad médica, los contratistas y los dueños de las factorías de azúcar», denuncia Makaan. Los activistas denuncian que los médicos convencen a las mujeres que ya han tenido uno o dos hijos de que su útero carece de valor o señalando a posibles riesgos como cáncer o hinchazón irregular del útero. La lamentable condición de las mujeres, causado por una mala nutrición y las duras condiciones de trabajo, significa que las mujeres ya arrastran problemas de salud en cualquier caso, indica la oenegé.

Según el comunicado, mujeres que apenas ganan 10 euros diarios acaban recurriendo a préstamos o avances de dinero, o incluso a vender animales domésticos, para costear una operación que puede llegar a costar 30.000 rupias (382 euros).


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