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Economía

Cataluña pierde 3.800 empresas y un 28% de inversión por el secesionismo

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El vicepresidente y conseller de Economía de la Generalitat, Pere Aragonès
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El Govern de la Generalitat aprovechó un día informativamente apático como un sábado 29 de diciembre para anunciar que Cataluña saldrá del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y por tanto del control más estricto del Ministerio de Hacienda a partir de mañana.

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El vicepresidente, Pere Aragonès, lo anunció como un paso hacia la vuelta a los mercados de la comunidad. Ayer, el presidente, Quim Torra, escogió algunos datos —PIB, paro y exportaciones— para presumir de la evolución económica de la región. Ese discurso omite que desde el pulso secesionista lanzado en el otoño de 2017, Cataluña se desacelera más rápido que la economía nacional y, sobre todo, ha perdido la confianza de ahorradores e inversores. Desde el 1-O Cataluña ha perdido 3.819 empresas, 22.263 millones de euros en depósitos y casi un tercio de la inversión extranjera en la región.

El referendo ilegal desató la inseguridad. En tres meses familias y empresas retiraron de entidades con sede en Cataluña 31.400 millones en depósitos, lo que forzó a grupos como Caixabank y el Sabadell a llevar sus sedes a otras autonomías. A día de hoy, ni esos bancos han vuelto a instalar su domicilio social en Cataluña ni ese volumen de depósitos se ha recuperado del todo.

A pesar de la normalización de los dos últimos trimestres, Cataluña se ha dejado 22.263 millones en ahorros y es la única comunidad que pierde cuota de mercado de forma significativa sobre el total de depósitos del país, al bajar 1,8 puntos porcentuales, del 15,06% al 13,26%, según datos del Banco de España. Solo otras dos regiones, Madrid y Murcia, pierden peso, pero en cuestión de décima, 0,56 y 0,11 puntos respectivamente.

Más preocupante se antoja la salida de empresas de Cataluña por cuanto esta no ha cesado. En 2017 el número de compañías que abandonaron la región ascendió a 2.536, y solo 548 instalaron en esta comunidad su domicilio social, de forma que la región perdió 1.988 sociedades netas. Entre enero y septiembre de este año, con 1.831 salidas netas, la tendencia no ha remitido: Cataluña ha perdido 2.145 compañías y únicamente 314 han apostado por ubicarse en la región más rica del país.

Cataluña parece haber dejado de ser también polo de atracción de la inversión internacional. En los doce meses inmediatamente anteriores al 1-O había recibido 4.028,8 millones de euros de inversión extranjera directa, según datos de la secretaría de Estado de Comercio. En los doce siguientes cayó un 28%, a 2.900,4 millones, y en el conjunto de 2017 perdió el 60% de la inversión.

Esa tendencia contrasta notablemente con lo que sucede en el resto del país. Mientras que entre enero y septiembre de este año Cataluña ya ha perdido un 16,8% de inversión extranjera, en el conjunto de España se ha duplicado. El descenso de la inversión extranjera en Cataluña «estaría relacionado con la paralización, el retraso o la cancelación de decisiones de inversión», analiza el último informe al respecto de Comercio.

Desaceleración económica

«Cerramos un año con buenos datos económicos. 20 trimestres continuados de crecimiento del PIB; más de 60 meses de disminución interanual del paro, que sitúan Cataluña cerca de una barrera que parecía imposible de alcanzar como es llegar al 10% de paro, y también se han registrado más exportaciones que nunca», defendió ayer Torra en su mensaje de fin de año.

Es cierto que la economía catalana, que ha estado tutelada por el Estado tanto a raíz de la aplicación del artículo 155 de la Constitución como a través del FLA, mantiene el pulso. El año pasado creció un 3,2%, tres décimas menos que en 2016 pero dos más que la media nacional, según los datos de la Contabilidad Regional del INE. Y también es verdad que su desaceleración se enmarca, como en el caso del conjunto de la economía española, en el menor crecimiento global. Pero no menos cierto es que Cataluña empieza a dar síntomas de una desaceleración más acusada que la del resto del país.

Mientras Cataluña creció en el tercer trimestre de 2018 un 0,5% respecto al segundo trimestre, el conjunto de España repuntó un 0,6%. Es más, las últimas estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) apuntan a que el PIB de Cataluña estaría creciendo en términos interanuales al 2,5%, por debajo de la media nacional (+2,7%), lo que apunta a una mayor desaceleración.

Más empleo, pero a menos ritmo

El desafío independentista también se estaría notando en las tasas de creación de empleo. Aunque en los últimos meses ha mejorado, el ritmo de afiliación a la Seguridad Social en esta región, que venía creciendo más que en el conjunto de España, se situó a lo largo del primer semestre por debajo y ahora crece a igual tasa, 2,8% al cierre del pasado noviembre, según datos del Ministerio de Trabajo.

«En Cataluña se ha dado un shock que no ha pasado en otras comunidades y que ha hecho que el empleo pase de crecer por encima de la economía española a hacerlo por debajo», concluye un reciente estudio de BBVA Research que calcula que sin la incertidumbre política, pero también el efecto en el turismo de los cambios regulatorios y los atentados terroristas Cataluña habría creado unos 30.000 puestos de trabajo más.

Aragonès vendió el pasado sábado la salida de Cataluña del FLA y su paso al Fondo de Facilidad Financiera (FFF) como un paso intermedio para volver a financiarse a medio plazo en los mercados, pos sí sola y sin la ayuda del Estado, como ya hace Andalucía. Algo a día de hoy impensable. No solo porque a través de ese fondo volverá a pedir este año 7.000 millones más al Estado, que ya acumula 57.513 millones de deuda de la Generalitat, el 73% del total.

Las agencias de «rating», a diferencia de la mejora de la calificación crediticia a España y otras comunidades como Madrid, siguen considerando la deuda catalana como «bono basura», lo que refleja la desconfianza de los inversores, que exigirían a Cataluña un coste inasumible de asumir por el Govern en caso de querer financiarse sin el respaldo del Estado.


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Economía

Violentas caídas en las Bolsas por el aumento de casos de coronavirus fuera de China

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Aumenta la preocupación en los mercados financieros ante la extensión del Covid-19 fuera de China, con especial incidencia en Japón, Corea del Sur y ahora también en Europa, sobre todo en Italia. La Bolsa más afectada en las últimas horas ha sido la de Seúl, en la que el índice Kospi ha perdido esta madrugada cerca de un 4 por ciento. La Bolsa de Tokio no ha podido reaccionar; está cerrada por el día del Emperador. El mercado de Hong Kong se ha dejado cerca de un 2 por ciento, mientras la Bolsa china de Shanghai ha sido la mejor parada, con una pérdida de apenas un 0,3 por ciento.

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La Bolsa de Milán arranca la semana con una caída superior al 3,5 por ciento. Dentro de casa, el índice Ibex 35 pierde un 2,7 por ciento tras las primeras operaciones del día. Se coloca en 9.620 puntos. Los analistas técnicos sitúan el próximo nivel de soporte a la baja en la zona de los 9.400/9.500 puntos. Hoy caen con especial fuerza las empresas relacionadas con el transporte y el turismo. El Gestor de los aeropuertos AENA, la aerolínea hispano británica IAG, la central de reservas Amadeus han abierto con pérdidas importantes. De hecho, IAG ni siquiera ha podido comenzar a negociarse a su hora debido al exceso de órdenes de venta. Cuando lo ha hecho se ha desplomado un 8 por ciento.

En los demás mercados, el oro sube con fuerza, supera el precio de 1.680 dólares, que es su nivel más elevado de los últimos siete años. El dinero busca refugio también en el mercado de deuda, lo que hace subir los precios de los bonos al tiempo que se reduce su rentabilidad. El rendimiento de los bonos españoles a diez años en el 0,20 por ciento. Es su rentabilidad más baja desde el pasado verano. El bono de Estados Unidos al mismo plazo ofrece un 1,42 por ciento. Baja su rentabilidad al mismo ritmo que sube el precio ante la mayor demanda de los inversores internacionales. Por su parte, el petróleo, que llegó a rozar los 60 dólares el pasado jueves, hoy se paga a poco más de 56. La caída de la demanda de carburantes en China por la epidemia de coronavirus ha provocado un descenso en el consumo mundial de crudo y, por tanto, en los precios. El euro salta de nuevo el listón de 1,08 dólares. La moneda común se ha revalorizado tras los pobres datos que se publicaron el viernes en EEUU, donde los indicadores de actividad han sido peores de lo que se esperaba, tanto en el sector industrial como en el de servicios.

Hoy se conocerá el índice IFO de confianza empresarial en Alemania. Un referencia que los mercados suelen tener muy en cuenta. Se espera un dato débil. La economía alemana ha perdido mucho fuelle en los últimos trimestres. De hecho bordea la recesión. Mañana los mercados saldrán de dudas, porque se conocerá el PIB de Alemania. Se espera un crecimiento de apenas una décima de punto al cierre del último trimestre del año pasado. El martes, además, se conocerá el índice de confianza del consumidor de Estados Unidos. Es un dato de gran relevancia, por cuanto más de las dos terceras partes del PIB estadounidense descansa y se justifica por el consumo privado.

El jueves los mercados tendrán que cotizar el IPC de España, también los índices de confianza empresarial y del consumidor en la zona euro y, sobre todo, el PIB de EEUU. La economía de aquél país está creciendo actualmente a un ritmo anual del 2,1 por ciento.

El viernes se esperan otros dos importantes datos referidos a Alemania, como son el IPC y la tasa de paro. La inflación se encuentra actualmente en Alemania en el 1,7 por ciento y el desempleo en el 5 por ciento. En el capítulo corporativo, hoy ha publicado resultados laboratorios Almirall. Ha aumentado su beneficio un 54 por ciento, hasta 136 millones de euros y ha anunciado el pago de un dividendo de 0,20 euros. El miércoles se conocerán las cuentas de Iberdrola. El Tesoro no tiene previstas subasta de deuda en esta semana.


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Economía

Las empresas aún desconocen las bases de cotización de 2020 por el caos ministerial

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José Luis Escrivá y Yolanda Díaz, ministros de Seguridad Social y Trabajo
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La decisión de Pedro Sánchez de desgajar de Trabajo las áreas de Seguridad Social y Migraciones y componer con ellas un nuevo ministerio fue estudiada con detalle por el presidente del Gobierno con el objetivo de guardar a buen recaudo el presupuesto de las pensiones públicas, una factura superior a 150.000 millones de euros anuales. Sánchez dejó en manos socialistas esta factura y cedió Trabajo a su aliado en el Gobierno, que designó como titular a Yolanda Díaz. Una decisión que en la práctica ha generado un caos de gestión en el departamento que dirige José Luis Escrivá, un reconocido técnico procedente de la Autoridad Fiscal Independiente (Airef), que aún tiene pendiente completar su equipo en un ministerio cargado de problemas.

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Al dividirse Trabajo, lo que se visualiza es que una cosa es el empleo y otra distinta las pensiones, cuando estas se financian, precisamente, con las cotizaciones que pagan los trabajadores. En la práctica se ha roto la integridad de un departamento en materias como la inspección de trabajo, que entiende de asuntos que tienen que ver indistintamente con ambas carteras, como la contratación fraudulenta, la salud laboral o aquellas normas relacionadas con las altas y bajas de los trabajadores, además del control de las cuotas de la Seguridad Social. Resulta extraño también haber separado el actual SEPE (que gestiona las políticas activas de empleo y el pago de las prestaciones) del sistema de pensiones, cuando las cuotas que pagan los trabajadores por desempleo son consideradas cotizaciones de la Seguridad Social.

La segregación de competencias ha generado una maraña difícil de descifrar. Escrivá se ha tenido que enfrentar a este descontrol de la gestión, agravado por problemas de gran peso sin resolver en la agenda, como la reforma de las pensiones o la piedra en el camino puesta por el reciente traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social al País Vasco.

A toda esta complejidad de asuntos pendientes se une el día a día. Cuando está a punto de concluir el mes de febrero aún se desconoce cómo quedan las bases de cotización este 2020. La orden que lo regula tradicionalmente se publica a final del mes de enero y en ella se establecen los requisitos para las contrataciones. Es decir, los topes máximos y mínimos para las bases de cotización de las diferentes categorías profesionales, y sobre ellas se fija cuánto deben aportar al mes la empresa y el propio trabajador a la Seguridad Social en el régimen general. Además de actualizar los grupos que engloban a los autónomos, trabajadores del campo y del mar, con bases de cotización diferentes.

En vigor las normas de 2019

En la práctica, el hecho de que no estén publicadas estas normas de cotización no impide que se realicen contratos, pero para ello se tienen en cuenta las cotizaciones de 2019. Es quiere decir que una vez que se publiquen los correspondientes a este ejercicio las empresas, por ejemplo, deberán actualizar todas las nóminas de sus trabajadores y ajustar cuentas con la Seguridad Social lo que, en la práctica, supondrá un enredo considerable, además de un desembolso económico por los atrasos que no todas las empresas se lo van a poder permitir. Muchas de ellas, incluso, carecen de programas que puedan actualizar las nóminas con los ajustes correspondientes, que la propia Seguridad Social deberá comunicar también. Un proceso complejo.

«No tiene sentido que el salario mínimo haya subido hasta 950 euros y tenga efectos desde el 1 de enero y las bases mínimas se publiquen en otra fecha», asegura una fuente consultada por ABC. Las bases mínimas de cotización están referencias al salario mínimo, es decir suben en la misma cuantía, un 5,5% en este caso. Una vez aplicado este porcentaje la base mínima quedará fijada este ejercicio en 1.108 euros frente a los 1.050 euros del año pasado. La nueva cuantía es el resultado de dividir el nuevo salario mínimo anual (13.300 euros) entre doce meses, que es la periodicidad con la que se pagan las cotizaciones. Si bien, el Ejecutivo deberá confirmar esta cuantía exacta y es lo que se espera con la orden de cotización que ni la propia Seguridad Social sabe concretar cuándo se publicará.

El titular de la Seguridad Social también deberá despejar si vuelve a subir las bases máximas de cotización después del 7% aplicado el año pasado (en un principio se pensó en subirlas un 10%). Es una forma efectiva y rápida de ingresar dinero en un momento de fuerte crisis en el sistema de pensiones, con un déficit de unos 18.000 millones y una deuda superior a los 50.000 millones.

Subida de la base máxima

En el lado negativo está que volver a adoptar esta medida tiene sus riesgos, teniendo en cuenta el momento de fuerte desaceleración económica. Subir las cotizaciones supone encarecer la factura para el empresario y, por tanto, los costes laborales, lo que puede terminar afectado al empleo.

Se trata de una apuesta que, de llevarse a cabo, afectaría a algo más de un millón de trabajadores y llevaría la bases máximas de cotización a una cifra por encima de los 4.070 euros mensuales. Cuando un trabajador gana más de esa cantidad no tiene que cotizar por la cantidad que supere ese salario.

(ABC)


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Economía

Sánchez designa a la exministra de Vivienda con Zapatero, Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica

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La exministra de Vivienda Beatriz Corredor será la nueva presidenta de Red Eléctrica en sustitución de Jordi Sevilla, que anunció su renuncia al cargo el pasado mes de enero.

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Según ha informado este viernes Red Eléctrica Corporación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Corporación ha propuesto el nombramiento de Beatriz Corredor como consejera para cubrir la vacante de Sevilla.

Asimismo, la comisión ha informado favorablemente del nombramiento de Corredor como presidenta del consejo de administración y presidenta no ejecutiva de la compañía, una vez que sea nombrada consejera.


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