El ministro, señor Bolaños ha defendido en la tribuna del Congreso la Ley de Memoria Democrática (LMD), alegando que se trataba de un “reencuentro” y el comunista señor Santiago, como si fuera una “reparación” …. Pues entonces que no traten de engañar al respetable: mejor hubieran titulado la norma polémica como Ley de Reencuentro y Reparación del Frente Popular u otras expresiones similares y todos tan contentos. Pero que no confundan al ciudadano con titular esta norma como “memoria”, ni mucho menos como “democrática”. Porque no es ni una cosa ni la otra, pues a mi juicio las destruye inexorablemente.

Lo que la norma -atendiendo a su articulado- verdaderamente pretende, es destruir todos los recuerdos y memorias de quienes sufrieron la persecución izquierdista durante la IIª República, Guerra Civil y Régimen del 18 de Julio, con la coartada de alabar a quienes sufrieron represión en la zona nacional o durante la época de Franco; que ya han recibido todo tipo de halagos e indemnizaciones desde 1979. Eso pudiera interpretarse incluso como fraude de ley o abuso de derecho.

Humildemente, creo que esta norma ha sido confeccionada por fanáticos o indocumentados. Y me explico: unos por haber asimilado el odio, que, desde principios de los años cuarenta, empezó a esparcir e inocular la popular Pirenaica, la cadena de radio comunista que emitía desde Moscú; y otros por haber quedado trastornados u obsesionados en exceso, tras leer varios libros de fantasía histórica, como le ocurrió al Ingenioso Hidalgo con los libros de caballería.

La ley en cuestión se convierte en un verdadero rodillo totalitario, cuando crea determinados organismos para fiscalizar el cumplimiento de los objetivos de la norma. Es curioso que, declarando la nulidad de todos los tribunales civiles, militares y administrativos de la guerra y posguerra, instituya una especie de entes o comités, que en puridad son verdaderos jurados administrativos; es decir, lo que pudiera ser la checa de Fomento y de Bellas Artes en el Madrid de agosto de 1936, a los efectos de inspeccionar y vigilar la aplicación de esta norma neroniana.

Estas especies de checas oficiales adquieren incluso potestades reglamentarias para desarrollar los preceptos de la LMD, lo que resulta inaudito, pues ello supone que se le atribuyan una especie de poder normativo. La potestad reglamentaria le corresponde al Estado, como detentador de la capacidad normativa, pero que una comisión o jurados administrativos tengan capacidad de informar sobre los reglamentos de las leyes ni siquiera lo habíamos visto en las checas de la zona roja o republicana, cuando aplicaban la pena capital a un detenido y confiscaban bienes a miles de detenidos…. Parece ser que les gusta esta forma de reprimir o reprender a quien disienta de sus ideas.

Tras la hojarasca boscosa del preámbulo y los primeros artículos neutrales de la ley, viene la represión. Pura y dura. Hasta el punto que establece un régimen sancionador que, a diferencia de la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939, no permite ni exenciones, ni retractaciones ni siquiera atenuantes, como sí permitió la ley mencionada de 1939. Por tanto, esta modalidad represiva incluso se muestra más tiránica que lo fue, por ejemplo, la checa del socialista García Atadell, quien permitió las recomendaciones y las referencias de vecinos, amigos y familiares para no perseguir a determinadas personas. Curiosamente, la sentencia judicial que condenó a muerte a García Atadell será declarada nula, por imperativo de la LMD. Lo que tengo mis dudas es que en el fondo lo permitan, cuando García Atadell renunció a sus ideales socialistas antes de morir, por lo que pueda ser que esos comités de funcionarios sin alma, aficionados y expertos –presumo que todos sean radicales, como garantía de “neutralidad”- no le permitan al desafortunado de García Atadell ser libre en la eternidad. Y es que esta norma, llega a planteamientos absurdos, pudiendo una persona ser declarada a la vez víctima y objeto de sanción, como pudiera ser mi caso en particular, si ofendiera a la memoria de las víctimas, cuando yo sería una “víctima” más, por haber nacido hace más de medio siglo en Pontevedra y ser mi lengua materna el gallego, en concordancia con lo conceptúa como víctima el articulado de esta ley. Incluso el caso de Manuel Hedilla sería más ejemplarizante. Las dos condenas de muerte que le impuso el tribunal militar que le juzgó en Salamanca, por mor de la Unificación, serían declaradas nulas; incluso la condena que en ausencia recibió en la zona republicana… Pero, al ser jefe provisional de la Falange durante los primeros meses de la guerra podría ser considerado como un caso especial de culpabilidad, pues la norma declara la ilegalidad de las organizaciones que apoyaron el alzamiento; y la Falange fue el movimiento político que más contribuyó en dicho sentido.

Con todo, estas incongruencias y estupideces son típicas de las tiranías, como bien demostró el premio Nobel Alexandr Soljenitsin en Archipiélago GULAG.

Lo que sí es verdaderamente preocupante y hasta repugnante es el sistema sancionador que instaura la LMD, pues permite que cualquier persona pueda denunciar la infracción de esta ley ante esa comisión o comisiones represivas aún por dilucidar, lo que atendiendo el fanatismo de ciertos grupos memorialistas, el número de denuncias me temo que será muy elevado. Es decir, se instituye la delación como forma de actuación administrativa, lo que resulta increíble en una sociedad democrática occidental. Así, si yo escribiera, por ejemplo, que Franco puso en marcha la revolución social que el país necesitaba, a diferencia de lo que ha hecho la izquierda durante los últimos cuarenta años, pudiera que cualquier fanático radicalizado me denunciara ante la junta suprema o delegación territorial de marras; y teniendo presente la poca imparcialidad de dichos entes sería sancionado probablemente a pagar una cantidad astronómica, que ningún miembro activo de la kale borroka ha abonado nunca; mucho menos ahora cuando Bildu colabora con el Estado.

¿Pero quiénes van a ser los denunciantes conocidos o anónimos? En teoría, toda la panoplia de no pocos activistas de los foros de la Memoria y demás colectivos que durante los últimos años se han dedicado a destruir o pintarrajear los monumentos de caídos que aún se conservaban en España. Lo que sería tremendo para el denunciado-investigado, pues hay que recordar la conducta malvada con que han actuado estos ciudadanos en relación con la Historia de la guerra civil en los últimos años; a saber: los cientos  de monumentos, monolitos o simples recordatorios de batallas de la contienda, de los soldados nacionales muertos en combate (70.000 hombres) y los mártires y ejecutados por los rojos (más de 100.000 almas, como mínimo) han sido atacados o aniquilados clandestinamente por la fobia y delirio de una serie de individuos, como si siguieran un auténtico plan de exterminio, tolerado incomprensiblemente  en todo el territorio nacional durante las últimas décadas.

Y el establecimiento de este sistema de delaciones y denuncias que propugna el articulado de la ley, abre de par en par la puerta para que cualquier persona pueda denunciar a cualesquiera otros por motivos inconfesables, con la justificación de que el denunciado haya enaltecido el franquismo… Incluso aflorarán chantajes y estafas contra ciudadanos pacíficos que sintieran temor ante la posibilidad de que pudieran ser denunciados. Y quienes decidirán la inocencia o el castigo no será la autoridad judicial sino la especie de organismos sancionadores a que hemos aludidas. En fin, para echarse las manos a la cabeza…

Estos ideologizados hombres, tan prestos en la destrucción monumental, también han participado en la recolección del presunto número de represaliados durante la guerra y franquismo, que fue oficiosamente institucionalizado en aquellas actuaciones judiciales efectuadas por el entonces juez Baltasar Garzón contra sus fantasmas ideológicos del pasado. Curiosamente, en esta recolección de datos también han participado corrientes afiliados de la UGT o Izquierda Unida y por supuesto determinados izquierdistas que, sin conocimientos universitarios previos, han recibido subvenciones para realizar dicha labor recolectora… Cada cual que saque sus propias conclusiones al respecto…Pues bien, también ha dicho el diputado Enrique de Santiago en el Congreso que Naciones Unidas les ha requerido información al respecto. Dudo que sea cierto del todo, pero sí la ONU supiera la persecución que soportaron por mor de la guerra civil cientos de miles de compatriotas contrarios a la izquierda, sus endomingados funcionarios sentirían vergüenza y asombro. Y es que para llegar hasta aquí también ha habido mucho tonto útil.

En cualquier caso, la mayor humillación va a ser la que soportará la Memoria de los miles de personas perseguidas por los rojos durante la guerra y posguerra. La norma, de forma cínica, reconoce implícitamente que hubo persecución en la zona republicana, pues los primeros artículos de la LMD así parecen indicarlo. Pero, la consideración tan peculiar de víctima que institucionaliza la ley, hace imposible que pueda comentarse que los miles de martirios, crímenes y expoliaciones fueron efectuados por determinados individuos, en cuanto fueron ejecutados, encarcelados o huyeron hacia el exilio, pues cualquier fanático de izquierdas pudiera observar que tales personajes sufrieron daños morales, mencionados expresamente en el texto de la norma… Es decir, aquel anunciado plan de exterminio de la izquierda, tenía nombres y apellidos; y estos no pueden decirse en alta voz, bajo la amenaza de recibir una sanción pecuniaria extraordinaria. De esta forma tan simple, la ley erradica de un plumazo el recuerdo de tantos miles de martirios y salvajadas cometidos por individuos de la izquierda durante los años treinta y cuarenta.

Y es los investigadores dejarán de estudiar la terrible persecución soportada por los contrarios al Frente Popular en todo el territorio nacional, pues constituye un piélago de grandes proporciones. Tales estudiosos no recibirán ningún fondo para costearse tales indagaciones históricas y además siempre tendrán sobre sus cabezas la espada de Damocles de ser estigmatizados como enaltecedores del régimen de Franco. Por supuesto que no obtendrán ningún respaldo académico para continuar con sus exploraciones documentales, pues las élites universitarias se pondrán de perfil por temor a ser denunciadas ante la susodicha comisión o comités que se erijan en vía reglamentaria. Y tampoco habrá ninguna editorial que se atreva a publicar libro alguno sobre esta temática, so pena de ser castigadas económicamente con multas millonarias. Al fin y al cabo, la ley lo que, real o republicanamente, pretende es extinguir de forma definitiva todo recuerdo de la ferocidad de los antepasados ideológicos de la izquierda actual. Les molesta para su supervivencia política y mediática y, sobre todo, en el camino hacia su ensoñada III República.

Por si fuera poco, se pone fuera de la ley a todas aquellas organizaciones políticas que contribuyeron al Alzamiento Nacional, como pudiera ser el caso de la Falange o la Comunión Tradicionalista, desconociendo estos tiranos del papel que tanto la Falange como la Comunión Tradicionalista desaparecieron como entidades políticas autónomas e independientes por decreto de 19 de abril de 1937: lo que existió después fue el Movimiento Nacional, siquiera se denominase FET y de las JONS durante los primeros tiempos; institución que duró hasta abril de 1977, época en que fue extinguida por decreto del Gobierno de Adolfo Suarez, al abolir la Secretaría General del Movimiento. Por tanto, tampoco, podrán ilegalizar dichas asociaciones políticas, pero ¡pardiez! que lo intentarán y habrá incluso alguna institución del Estado que les dará inicialmente la razón.

En mérito de lo expuesto, se infiere tras este breve análisis a vuela pluma sobre el texto discutido en trámite parlamentario, que lo que la LMD busca es triunfar, a todo trance, sobre la guerra civil, que unos políticos lamentables perdieron el 1º de abril de 1939. Para ello utiliza torticeramente la memoria de quienes fueron condenados o sufrieron prisión y penalidades por ser contarios al régimen de Franco, olvidando y prohibiendo el recuerdo de los centenares de miles de personas que fueron martirizadas, ejecutadas, asesinadas, expoliadas o encarceladas por muchos partidarios del Frente Popular durante aquel periodo triste de nuestro pasado reciente. Indudablemente, si para conseguir tales objetivos es menester castigar con multas millonarias a los díscolos o intransigentes, bienvenido sea, pues tanto el Estado como ciertos colectivos están ansiosos por recaudar fondos económicos, independientemente de cual sea su origen. En ello, hasta pudiera presumirse que algunos hombres y mujeres del entorno de Bildu pudieran asesorarles.

En conclusión, lo que me parece indudable es que la LMD constituye un instrumento sancionador de una novedosa satrapía. Es decir, un colectivo de personas físicas y jurídicas que gobierna despótica y arbitrariamente, haciendo ostentación de su poder; todo ello en conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española.