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Tribunales

Confirman los 4 años de cárcel al jefe de Tráfico de Zaragoza que grababa bajo las faldas de sus compañeras

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El exjefe de la oficina de Tráfico del Ayuntamiento de Zaragoza, durante la celebración del juicio. Al fondo, la abogada de la acusación particular, Olga Oseira (Heraldo)
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Si el Tribunal Supremo no lo impide, el exjefe de la oficina de Tráfico del Ayuntamiento de Zaragoza, Javier Valenzuela Recio, tendrá que cumplir la condena de cuatro años de prisión que el pasado verano le impuso la Audiencia Provincial por 14 delitos contra la intimidad. Así lo ha decidido el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), al desestimar los seis argumentos en los que el funcionario municipal basó su recurso de apelación.

Para los magistrados, a la primera sentencia no cabe modificarle ni una coma. De hecho, estos insisten en que el acusado se prevalió del cargo para obligar a 14 compañeras de oficina a entrar en su despacho y grabarlas por debajo de la falda con dispositivos espía que previamente había colocado en lugares estratégicos.

A la hora de impugnar el fallo original, su abogado pidió la anulación de la entrada y registro en el citado despacho, donde la Policía Nacional encontró el 8 de septiembre de 2016 no solo las cámaras de filmación, sino también varios dispositivos de almacenamiento de archivos con 5.256 fotografías y 244 vídeos que mostraban la entrepierna o la ropa interior de las mujeres. Alegaba la defensa que se había entrado en el cuartel de la Policía Local sin informar previamente al intendente responsable, lo que para el tribunal no era “un requisito esencial”. Recuerda además este que el superior fue avisado “inmediatamente”.

Ángulos comprometedores

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Para conseguir la absolución del encausado, su abogado llegó a cuestionar la forma en que la Sección Sexta de la Audiencia de Zaragoza valoró la prueba practicada durante el juicio. Pero ninguna duda cabe para el TSJA sobre la actuación de los magistrados que dictaron la primera condena. “La documental gráfica evidencia la realidad de las grabaciones y los ángulos comprometedores de la intimidad que fueron buscados a propósito”, dicen.

El exjefe de Tráfico reconoció en la vista la autoría de las grabaciones, pero trató de excusar su conducta afirmando que pretendía protegerse. El tribunal contesta ahora que este argumento “carece de todo apoyo razonable, pues no hay antecedentes agresión o amenaza”. Le recuerda además que se encontraba en un cuartel policial. Y para dejar claro el evidente ánimo libidinoso de las filmaciones, los magistrados citan los “evocadores” nombres que el funcionario puso a algunos de los archivos: con el nombre de la mujer grabada seguido de palabras como culo o muslos.

Por todo ello, como mantenían la Fiscalía y la acusación particular, a cargo de Olga Oseira, el TSJA da por buena la sentencia.

Ni eximentes ni atenuantes

Uno de los motivos por los que la defensa recurrió la condena de cuatro años de cárcel y seis de inhabilitación absoluta que se impuso al exjefe de Tráfico Javier Valenzuela fue el hecho de que no se le apreciaran como eximentes o atenuantes su alcoholismo crónico o la situación de estrés que padecía.

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Al respecto, el TSJA recuerda ahora que durante el juicio se practicó una pericial conjunta a cargo de la médico-forense María Luisa Tomás y la psicóloga del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) Cristina Andreu. Y, según estas, el funcionario no presenta ningún rasgo psicótico que implique el padecimiento de una enfermedad mental. Descartaban también que su consumo de alcohol afectara a imputabilidad.

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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