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Economía

¿Cuántos inmigrantes necesitamos para pagar las pensiones?

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Un camarero en el centro de Madrid
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Emilio José González González (R).- ¿Cuántos inmigrantes necesita España para poder pagar las pensiones? Poner un número es sencillo. El Fondo Monetario Internacional, en un análisis titulado Retos más allá de la sostenibilidad financiera, concluye que se necesitan 5,5 millones de inmigrantes de aquí a 2050, una cantidad equivalente al 12% de la población actual.

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Ahora bien, no es suficiente. El FMI, de hecho, establece una segunda condición para poder mantener la sostenibilidad de las pensiones: aumentar la tasa de empleo hasta el 79%, desde el 60% actual. No es tarea sencilla: implica crear millones de empleos, así como aumentar la edad efectiva de jubilación desde los 62,7 años actuales hasta acercarla a la edad legal de jubilación, que será de 67 años en 2027.

Aumentar la edad efectiva de jubilación es factible debido a que el envejecimiento de la población empieza a dejar a las empresas sin personal mínimamente cualificado. La experiencia de Alemania, hoy mucho más envejecida que España, enseña que, cuando faltan trabajadores cualificados, las compañías hacen todo lo necesario para conservar a los que tienen. Incluso, les invitan a mantener la vinculación laboral con la empresa a través de sistemas de jubilación activa, como el programa “Space cowboys” -el mismo título de la película de Clint Eastwood en que se inspira- que puso en marcha Daimler en 2012.

La experiencia de Alemania

Otras grandes empresas germanas, como el conglomerado tecnológico Bosch, pionero en la incorporación de los senior; Otto Group, la mayor empresa del mundo de venta por catálogo y una de las mayores en comercio electrónico; Fraport, el operador del aeropuerto de Frankfurt, o Trumpf, el fabricante de cortadoras láser, por poner algunos ejemplos, cuentan con programas similares.

Ahora bien, la mano de obra cualificada será escasa siempre y cuando los trabajadores no sean reemplazados por sistemas de inteligencia artificial. Este es el problema, puesto que el 52% de los empleos que hay actualmente en España podría desaparecer en los próximos años a causa de la automatización, según estima la OCDE en su informe How’s Life in the Digital Age? Opportunities and Risks of the Digital Transformation for People’s Well-being. Esto afecta al número de inmigrantes necesarios y a sus posibilidades de empleabilidad. Además, plantea la cuestión de si los sistemas de inteligencia artificial deberían pagar impuestos y cotizaciones sociales para poder mantener el estado del bienestar.

Inmigración y tecnología

Por supuesto, el cambio tecnológico también implica la aparición de nuevos empleos, pero el desempeño de esos nuevos trabajos exige nuevas y más sofisticadas cualificaciones. La pregunta es cuántos inmigrantes contarían con ellas, dado que los trabajos llamados a desaparecer, de entrada, son los que implican tareas sencillas, rutinarias o repetitivas. Las habilidades de los inmigrantes y sus ocupaciones son cruciales para comprender su impacto económico y laboral, como señalan Ethan Lewis y Giovanni Peri en su trabajo Immigration and the economy of cities and regions.

Otra de las enseñanzas que hay que tener en cuenta procede de Japón. Allí, todos los años 100.000 personas tienen que abandonar el mercado de trabajo para dedicarse a atender a los mayores. Japón trata de paliar este problema mediante la concentración de las personas de edad en centros de día y, sobre todo, mediante la robotización de las tareas de los cuidadores.

Esas tareas, en España, podría desempeñarlas un inmigrante, ya que las cualificaciones requeridas son fáciles de adquirir. La atención a los mayores, por tanto, puede ser un nicho de empleo para los inmigrantes menos cualificados, a los que, probablemente, habría que proporcionarles aquí la formación precisa.

Atender a los mayores

La inmigración se convierte, de esta manera, en un elemento de conciliación de la vida laboral y familiar y estimula la permanencia de las mujeres en el mercado de trabajo, ya que, a menudo, se ven obligadas a abandonarlo para atender a los mayores, como pone de manifiesto el estudio Immigration, Family Responsibilities and the Labor Supply of Skilled Native Women, de Lidia Farré, Libertad González y Francesc Ortega. Esa permanencia es una cuestión de igualdad y de mejora de la financiación de la Seguridad Social.

Por último, hay que plantearse si esos números que ofrece el FMI son aceptables para los ciudadanos. Porque la visión positiva de la inmigración que tenían los españoles pasó del 58,7% en 2007 al 46% en 2015, tal y como señala el informe La evolución del racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia, elaborado por el Ministerio de Empleo. Y, lo que es peor, la mayor parte de los encuestados opinaba también que, al aceptar sueldos más bajos, los inmigrantes presionan los salarios a la baja.

Por supuesto, estas opiniones dependen de la coyuntura económica del momento. Pero en un mundo como el actual, donde el cambio tecnológico está provocando la polarización de las rentas, es algo que hay que tener también en cuenta a la hora de diseñar las estrategias necesarias respecto a la inmigración, incluyendo las de integración.

En resumen, España necesitará inmigrantes para mantener el sistema de pensiones. Su número final, empero, dependerá del impacto del cambio tecnológico sobre el empleo y de las cualificaciones que posean, o que se les pueda proporcionar en España.The Conversation
Emilio José González González

*Profesor de Economía, Universidad Pontificia Comillas


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Traducción de certificaciones y legalizaciones

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La traducción es considerada una actividad esencial, ya que a través de ella es que se transmite el conocimiento y la información de las áreas más variadas, además de permitir una gran cantidad de gestiones comerciales, educativas, jurídicas, etc.

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Dentro de las especializaciones de la traducción se encuentra la traducción jurada y los traductores que la certifican con su firma y sello. En muchas oportunidades estas traducciones necesitan de otras gestiones para cumplir su función final. Por ejemplo, ser legalizadas en el Ministerio de Relaciones Exteriores (o el organismo que las legaliza según cada país), o en caso de que los países para los cuales se realiza la traducción no sean firmantes del Convenio de la Haya, se debe legalizar en el consulado correspondiente.

Qué es la Apostilla de La Haya

La apostilla es la representación de la legalización del organismo correspondiente, que brinda la garantía de que son auténticos, y especialmente que fueron emitidos por la autoridad competente de un país para las mismas autoridades de otro. Asimismo, demuestra que se han cumplido todas las formalidades legales que se debían cumplir de manera interna.

Este trámite se hace en el país de origen de la documentación para ser presentado en otro país. Asimismo, es importante destacar que la apostilla no es un documento adicional que se adjunta a la traducción, sino que es un sello de legitimización.

La traducción con apostilla

En el caso de que le llegue a un traductor jurado un documento para traducir que ya tenga la apostilla, ésta se puede traducir o no, ya que no es obligatorio hacerlo. Los traductores jurados tienen experiencia en este tipo de labor, por lo que la traducción de apostilla, en caso de ser requerida,  es un desafío que sortean con profesionalidad.

De acuerdo con las definiciones del Convenio de la Haya la apostilla puede ser escrita en la lengua oficial del país en donde se expide, con las menciones incluidas en un segundo idioma. Sin embargo, “Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)” siempre debe estar escrito en francés.

Otras legalizaciones

Para algunas gestiones, las traducciones también reciben otras legalizaciones como puede ser la consularización o la legalización en un Colegio de Traductores local. En este último caso, la gestión consiste en comparar el sello y la firma del traductor que se encuentran en la traducción con los que se tienen registrados en ese organismo. Además, se constata la vigencia del permiso o matrícula del traductor.

En el caso de que se deba consularizar la traducción, esta gestión se realiza en el consultado del país en donde se presentará el trámite. Los cónsules actúan y ejercen actividades parecidas a las que realiza un funcionario de un Registro Civil, por lo que la traducción queda legalizada como si lo hubiera hecho un notario.

Conclusión

Las certificaciones y legalizaciones de las traducciones son pasos muy importantes en lo referido a los trámites por los cuales se realizan las traducciones juradas. En el caso de la apostilla, puede o no traducirse, de acuerdo con lo planteado por el Convenio de La Haya. En el caso de hacerlo, se deberá hacer según lo establece el Convenio.


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Otra “catalanada” digna de Torra y sus muchachos: Francia retira del mercado un gel hidroalcohólico de origen catalán porque no desinfecta

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Francia ha denunciado el gel ante la Comisión Europea que ha valorado el producto como «grave»

 

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Cataluña progresa en su esfuerzo de mejorar su imagen como “zona especialmente industrializada y trabajadora” dentro de España. Con un poco más de esfuerzo, no solo jamás podrían entrar en la UE, sino que cabe la posibilidad de que fueran expulsados de la ONU.

 

La Dirección General de Competencia, Consumo y Control de Fraudes de Francia ha decretado que se retire del mercado un gel hidroalcohólico de origen catalán, llamado On Dermo, porque no desinfecta.

«No produce la efectividad antibacteriana y antiviral», escribió la institución en su cuenta de Twitter.

Francia ha denunciado el gel ante la Comisión Europea (CE) que ha valorado el producto como «grave» y ha puesto de relieve que el distribuidor ya lo ha retirado del mercado.

En este anuncio, publicado la segunda semana de julio por el portal de alertas del organismo internacional, avisa de que el producto no contiene la cantidad suficiente de etanol ni de isopropanol. Por consiguiente, no mata a las bacterias o virus, que podrían entonces llegar al usuario, aumentando así el riesgo de infección.

 

Además, según se indica en el mismo informe, «la presencia de alcoholes no va acompañada de los correspondientes pictogramas y advertencias». Los usuarios no disponen, por tanto, de información sobre la toxicidad y la inflamabilidad del producto, que, en presencia de una fuente de ignición, podría provocar un incendio.

Según informa ElDiario.es, la empresa que lo distribuye ha señalado que Francia «ha cometido un grave error», por lo que ya ha dejado el caso en manos de sus abogados.

La postura que defiende la empresa es que la legislación es diferente según si se considera el producto como cosmético o como producto biocida. La dirección de consumo francesa ha determinado que este gel es un biocida y que, por lo tanto, no cumple con los requisitos mínimos.

Por ello, desde la Dirección General de Competencia, Consumo y Control de Fraudes del país galo mantienen la solicitud que han hecho a los compradores y en la que piden que todos los geles se devuelvan al punto de compra.


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¡VOTANTES DE IZQUIERDAS! Dios sabe que os merecéis esto: El Gobierno planea subir el IVA del pan, la leche y la fruta

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Hacienda contempla pasar el impuesto del 4 al 10% a otros productos de primera necesidad. PSOE y Podemos han rechazado rebajar ahora el de las mascarillas para no tener que volver a incrementarlo

José Antonio Frauca.- El Gobierno prepara una subida encubierta de impuestos, más efectiva a corto plazo a efectos de recaudación. Uno de los principales cambios afectará al IVA. Su aplicación no será inmediata. Se esperará todavía a una reactivación de la economía para no hundir el consumo. Pero el plan se encuentra ya en la mesa del Ministerio de Hacienda.

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El departamento que dirige María Jesús Montero trabaja en una serie de correcciones para introducir en la mayoría de los impuestos en la actualización de los Presupuestos. Ha descartado, por lo pronto, una drástica reducción del gasto público, que sería muy complicada de negociar con el resto de grupos y con los socios de Unidas Podemos.

Ahora, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes conocedoras de los documentos con los que trabaja el Ejecutivo, el objetivo más importante contempla reducir el listado de productos bonificados del IVA.

Una subida encubierta del IVA

Se descarta, por tanto, elevar cualquiera de los tres tipos existentes (4,10 y 21%). De esta manera, Hacienda podrá justificar que no ha habido un alza del impuesto, como se ha prometido públicamente, porque es un tributo que afecta a toda la población con independencia de su renta y golpea también a las clases medias y trabajadoras.

Pero lo cierto es que esa reclasificación provocará que algunos productos de primera necesidad vean incrementado su precio. Se tratará, por tanto, de una subida encubierta.

Hay que recordar que el Banco de España ha recomendado también en los últimos días un incremento del IVA, sin entrar en más detalles, aunque no de forma inminente sino una vez que la actividad económica se recupere.

Margen para reclasificar productos

Así, el Gobierno entiende que todavía existe margen para limitar los productos a los que se aplica el llamado IVA ‘superreducido’ y ‘reducido’. La mayor parte de los productos que conforman la cesta de la compra aplican tipos del 4 y del 10%.

Es el caso del pan, la leche, la fruta o los medicamentos, que están gravados al 4%. Según las fuentes consultadas, el Ejecutivo tiene encima de la mesa una reclasificación de algunos de estos bienes que pasarían a formar parte del siguiente escalón: el 10%.

No obstante, fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran a ECD que el Gobierno no se plantea subir el IVA del pan, la leche y la fruta. Insisten en que esa propuesta no se encuentra encima de la mesa.

En contraposición, se plantea que carnes, pescados, verduras y otros productos de gran consumo, a los que ya se les aplica ahora un tipo reducido del 10%, se mantengan en el mismo nivel para no encarecer en exceso el precio de la cesta de la compra.

Los alimentos elaborados, el agua, el transporte de viajeros, las viviendas nuevas o los servicios de restaurantes, bares y hoteles están sujetos ahora al 10%. En este campo, tampoco se descarta introducir algunos cambios puntuales en la tributación.

Solo la hostelería se salva de los cambios

ECD ha podido confirmar también que uno de los colectivos que ha quedado fuera de una subida del IVA es el sector turístico. Se considera el motor de la salida de la crisis por lo que una penalización al consumo en este campo supondría un duro varapalo a la economía en su conjunto.

De esta manera, se apuesta porque el gravamen del 10% que rige en bares y restaurantes se mantenga.

En este caso se tiene en cuenta que muchos de los productos que ofrecen, como el alcohol y el tabaco, se encuentran ya en el tipo general. Además, el incremento del precio de estos bienes recaudará más a través de una subida de los impuestos especiales.

En la otra cara de la moneda, la rebaja del IVA cultural reclamada por actores, artistas y la industria del ocio y el entretenimiento está prácticamente descartada. Al menos por el momento.

Rechaza bajar el IVA de las mascarillas

Hay que recordar que el Gobierno fijó hace unas semanas el precio máximo de mascarillas, geles y guantes. Además aplicó una exención del IVA hasta el 31 de julio a hospitales, entes públicos y ONGs. Pero esta ventaja fiscal no se aplica a la compra de los ciudadanos en las farmacias.

Ciudadanos presentó una proposición no de ley (PNL) para pedir al Gobierno que reduzca el IVA de las mascarillas, los guantes y los geles hidroalcohólicos del actual 21% al 4% argumentando que ahora es material de uso obligatorio o recomendable. La PNL ha superado el trámite pero con el voto en contra de PSOE y Unidas Podemos.

El PSOE ha rechazado esta rebaja alegando que “el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya dijo en 2013 que no se podía bajar el IVA hiperreducido sin modificar la normativa europea”. Sin embargo, el Consejo de Ministros aprobó en abril una bajada del IVA para la prensa digital y los libros electrónicos del 21% al 4%.

De hecho, en 2018 la Comisión Europea presentó una propuesta para dar “más flexibilidad en los tipos del IVA” y acabar con la lista restringida a algunos productos. Bruselas propuso que bienes y servicios (como el tabaco, el alcohol o los móviles inteligentes, y que no son considerados de primera necesidad), siempre tengan un IVA fijado en el 15% o superior.

Para el resto de productos, cada país dispone de libertad para decidir cuál es el impuesto que quiera aplicar a los bienes y servicios, aunque no podrá haber más de cinco tipos distintos. Es decir, podrá haber algunos productos con 0%, que estén exentos, y otros con un IVA reducido. España dispone del IVA superreducido del 4%.

La Comisión de Hacienda, donde salió adelante está PNL, también aprobó otra proposición no de ley de Junts per Catalunya por la que se insta al Gobierno a bajar el IVA de los servicios funerarios del 21% al 10% actual. De nuevo, todos los grupos votaron a favor de la iniciativa, a excepción de PSOE y Unidas Podemos.

Fuentes del grupo parlamentario socialista reconocen a ECD que los dos partidos que forman el Gobierno de coalición han rechazado rebajar el IVA de estos productos para no tener que volver a subirlo en los próximos meses. Una medida que, aseguran, está prácticamente decidida dentro de la reclasificación de productos en la que se trabaja.

Ciudadanos ya ha planteado reformar el IVA

Este reajuste que prepara Hacienda en el IVA ha sido compartido ya con Ciudadanos, según confirman a ECD fuentes conocedoras de las conversaciones.

En este punto cabe recordar que el partido que lidera Inés Arrimadas ha llegado a incluir también en su programa electoral una propuesta para la reforma del sistema tributario.

Ha planteado en alguna ocasión seguir el modelo de Alemania y, en consecuencia, establecer únicamente dos tipos de IVA (general y reducido), en lugar de los tres actuales.

Ha propuesto eliminar el IVA ‘superreducido’ (que afecta a alimentos básicos, libros, periódicos y revistas y los grava con un 4%), unificarlo con el reducido (que bajaría del 10% actual al 7%) y disminuir el general, que afecta a la electricidad, la gasolina o la cultura (que pasaría del 21% actual al 18%).

 


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