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Economía

Dos medidas: el “peaje” sobre las autovías y la bajada del IRPF

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José Manuel Otero Lastres.- Ayer han coincido dos propuestas económicas de los dos partidos mayoritarios de calado muy diferente que revelan los distintos principios que defienden. El PSOE por boca de su ministro de fomento lanzó el globo sonda de exigir un pago simbólico por el uso de las autopistas. La candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid propuso una batería de medidas liberales, entre las que destaca la mayor bajada histórica del impuesto sobre la renta.

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La propuesta del PSOE revela que, para ellos administrar no significa gastar mejor, sino gastar más: la fórmula para mejorar la relación entre ingresos y gastos no es reducir los gastos, sino aumentar como sea los ingresos. Por eso, tienden a una política fiscal casi confiscatoria. La última de ellas es que nos quieren volver a cobrar por las autovías. Y es que las autovías ya las hemos pagado: han sido construidas y pagadas con cargo a los presupuestos generales de años anteriores que se nutrían de los fondos procedentes de nuestros impuestos.

Claramente se advierte que la voracidad recaudatoria del PSOE es tan desmesurada que nunca piensa en distribuir lo que hay sin aumentar los gastos, sino en atender las nuevas necesidades aumentando los ingresos. Y ello aunque sea cobrando a la ciudadanía dos veces por lo mismo: un verdadero timo. Y que no se diga que el porcentaje va a ser muy reducido, porque empiezan con el señuelo de fijar un tipo bajo y luego lo van subiendo a medida en que lo requiera su conducta despilfarradora.

En cambio, la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid funda su modelo económico en todo lo contrario. Para recaudar más, rebaja los impuestos, lo cual supone que deja mayores recursos en las manos de los ciudadanos con la esperanza de que el empleo privado de esos recursos generen más riqueza y a través de los impuestos que la graven obtenga los nuevos ingresos.

En el primer modelo, el del PSOE, es el gobierno el que trata de esquilmar lo más posible a la ciudadanía; en el segundo, el del centro-derecha, se confía en que la ciudadanía con nuevos recursos en su manos aumente la riqueza y en que los impuestos que la graven alleguen los nuevos recursos.

Gracias a nuestro sistema democrático tenemos libertad de optar entre uno de esos dos modelos. Porque la libertad de voto permite al ciudadano hacer lo que quiera con él, incluso abstenerse de emitirlo. Y el secreto del voto el que hace posible la verdadera libertad de decisión, hasta la más descabellada, ya que gracias a él no se sabe el sentido del voto ni tiene que dar explicación alguna sobre este.

Lo que ocurre es que, según al propaganda oficial, lo progresista es inclinarse por el modelo del desplume ciudadano, mientras que lo retrógrado y conservador es elegir la libertad y ceder a los ciudadanos la mayor cantidad de recursos posibles.


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Economía

La excusa del virus y el contagio de la decadencia

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Salvador Sostres (R) La lenta decadencia de Barcelona, de Cataluña y también de España no tiene una sola causa ni es solo atribuible a los desmanes, al agotamiento y a la pérdida de tiempo de procés, aunque lógicamente no ha sido menor su peso. Ha habido un largo camino entre Aznar, Pujol y Maragall; y Sánchez, Torra y Colau. Lo admite desde el constitucionalista más irritado hasta el más furibundo independentista. Las causas de la suspensión han sido diversas, coincidentes, y todas ellas unidas en la acumulación –más que en la orquestación– han acabado con el Mobile, con el coronavirus como punta de lanza, como pretexto o como agente provocador, pero de ninguna manera porque nadie realmente pensara que iba a producirse en Barcelona un devastador contagio mundial.

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En el aspecto fiscal –de muchísima más importancia de la que en general se le ha concedido– los EE. UU. han aprovechado unas décimas de fiebre para mandar el mensaje de que no van a tolerar la tasa Google. No es ajeno a la crisis de identidad y de proyecto europeo el afán regulador e impositivo de la UE, ni el rechazo a tales políticas del presidente Trump y de su socio preferente –tras el Brexit más preferente que nunca– que es el Reino Unido. La desbandada de marcas americanas no ha sido casual y aunque tenían previsto participar en el congreso, no han desaprovechado la ocasión que la contagiosa enfermedad les ha brindado.

La guerra comercial entre China y los Estados Unidos ha tenido también su capital importancia en la cancelación. Hace meses que norteamericanos y británicos pactaron tomar a Ericsson como marca tecnológica de referencia en detrimento de la china Huawei, que al entender de Trump, compite deslealmente en el mercado al no tener que observar ni el menor derecho humano de sus obreros, a la vez que con todos los demás productos chinos desequilibra onerosamente la balanza comercial entre ambos países. No estaba preparado pero tampoco fue casual que Ericsson fuera una de las primeras en marcharse.

De fondo, la lenta decadencia que Barcelona, Cataluña y el conjunto del Estado arrastran desde hace tiempo, ha tenido que ver con que el congreso ha sido cancelado sin apenas resistencia. Por supuesto, no es «culpa» del ayuntamiento de Barcelona, de la Generalitat o del Gobierno, pero no ha habido ninguna coordinación institucional para presionar por el mantenimiento del evento, no se ha sabido contrarrestar ni la parte alarmista del fatalismo, ni mucho menos la propaganda contraria de los que han tomado el coronavirus como excusa para insistir en su guerra comercial. Hay un paralelismo entre la importancia histórica que tuvo para Barcelona organizar los Juegos Olímpicos de 1992 y lo que el Mobile ha representado en los últimos años para la proyección internacional de la ciudad. Si el alcalde Maragall entendió entonces que, pese a cualquier pasado o discrepancia ideológica, Juan Antonio Samaranch era su principalísimo aliado, y lo cortejó y lo festejó y creó el lema de «Samaranch forever», Ada Colau hizo retirar una escultura que el expresidente del COI donó al ayuntamiento de Barcelona y en la reunión decisiva del miércoles de la semana pasada, celebrada entre Colau, Pau Relats, presidente de Fira de Barcelona y John Hoffman, presidente de la entidad organizadora del congreso, la alcaldesa, que por no entender no entendía ni el idioma, se levantó a media conversación, ante la incredulidad de los otros dos interlocutores y sin que ninguna decisión hubiera sido aún tomada, y se marchó diciéndole a Relats «ocúpate tú de esto, que yo tengo mucho trabajo».

Aunque no fuera más que retórica simbólica, el primer decreto que firmó Pujol como presidente de la Generalitat fue para reconocer al estado de Israel; su primer viaje oficial fue al Vaticano y no paró hasta que en 1990 le recibió el presidente de los Estados Unidos, Bush padre. Aunque no pudiera «realizarla» a través tenía una cierta idea del mundo, de dónde estaba el poder y de cómo se ejercía. Las relaciones que Puigdemont, Torra, Junqueras y ya no digamos la CUP han establecido con el mundo son totalmente otras. Han flirteado con Rusia en su intento de desestabilizar a la UE y ni Maduro les reconoció la declaración de independencia, a pesar de que era el único apoyo que creían haber cerrado.

El pasado lunes, el consejero de Políticas Digitales, Jordi Puigneró, a quien Carles Puigdemont ha ungido como su sucesor a la presidencia de la Generalitat, aseguró que el congreso iba a celebrarse «con normalidad». Ada Colau aseguró lo mismo. No solo no salvaron la solución, sino que ni siquiera estuvieron puntualmente informado de la información más sensible. Es cierto que ha habido mucha presión del lado contrario, diversa y muy difícil contrarrestar. Pero la sensación de analistas, empresarios y afectados por la cancelación es que España no ha sabido defenderse, ni apenas lo ha intentado. Los alarmistas y los que tenían algún interés espurio para cancelar el Mobile han podido hacerlo sin ninguna oposición, «por incomparecencia del contrario».

«Es más fácil suspender un concierto en Narbona que en París», sostiene el presidente de una de las principales entidades financieras españolas. Ámsterdam no ha suspendido su congreso en curso ni Ginebra renunciará al Salón del Automóvil que tendrá lugar el mes que viene. «La lección que Barcelona tiene que aprender es que ya no le basta la inercia olímpica y el clima si quiere ser algo más que un mero destino turístico».

Más que la sede en la que el año próximo tenga lugar, es la propia existencia del Mobile –tal como hasta ahora lo hemos conocido– lo que realmente está en entredicho. «La UE no acaba de entender que la regulación no es un modo educado de relacionarse en un mundo libre», sostiene uno de los directivos de Ericsson que tomó la decisión de no acudir al Mobile, y no niega que los Estados Unidos se están planteando celebrar un salón parecido el año que viene en Miami, «y si China y Europa quieren venir, serán muy bienvenidas, pero jugaremos con nuestras normas».


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Economía

El Mobile, una economía moribunda y un empresariado en desbandada

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María Jesús Pérez (R).- A nuestros empresarios, tanto como a la economía española, les crecen los enanos. A la crisis reputacional que viven muchos de ellos desde su sillón presidencial tanto como las malas expectativas respecto a los números del futuro más inmediato de este país, se une ahora los efectos del coronavirus, en concreto sobre el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, la gran feria internacional del sector que ha decidido dar carpetazo a la edición de este año. Por lo que pueda pasar. No había otra, eran demasiadas empresas las que con un goteo persistente cancelaban su presencia en el MWC. ¿Por salud? Tengo mis dudas. Como muchos otros. Lo dicho, espantada generalizada y global. Empezando por las grandes norteamericanas, las gigantes del mercado, que se largaron «haciendo fu como el gato», bajo la firme orden del ¡ya! y de la atenta mirada del gran jefe, Donald Trump: entre ellas, Cisco –líder mundial en redes–; ATT –la teleco más grande del mundo–; Amazon –la de mayor facturación–; Intel, también a la cabeza de los procesadores…

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Y es que el presidente Sánchez, que cree andar simplemente «tonteando» con hacer la puñeta al PPy a VOX, ni se imagina aún la capacidad de amargarle la existencia que puede tener su homólogo norteamericano al otro lado del Atlántico. De hecho, ha encontrado la auténtica horma de su zapato: si tú me incomodas a Google con persistir en imponer tasas directas –¡para recaudar unos míseros euros!–, yo te dejo sin «bigtechs» en tu gran feria sectorial, y… ¡quítame allá esos coronavirus». ¡Fritas a aranceles va a dejar a las empresas españolas si seguimos –«siguen» los del Ejecutivo social-comunista de Sánchez– erre que erre con la dichosa tasa y menesteres varios megaprogresistas!

¡Pero mira que le hizo llegar el recadito! Por activa y por pasiva. Por valija diplomática. Ni un interlocutor con el que negociar los cuartos de tinte comunista. Si no, ¡atente a las consecuencias! Dicho y hecho. Y Sánchez que a este paso va a tener que aprobar un PER tecnológico, para callar bocas, como con los jornaleros del campo, a los que tendrá más cautivos que nunca rebajándoles también las exigencias para cobrar sus subsidios.

Y hete aquí que entran en juego los empresarios patrios españoles, muchos de nuestro Ibex35, silbando y mirando para otro sitio para no incomodar ni a Sánchez, ni mucho menos a Trump o incluso si me apuras, a los chinos. Solo pendientes de salvar sus juntas y sus sueldos blindados. Por si las moscas. Ni uno ha salido a defender el MWC… Ahora, muerto el burro del Mobile, la cebada al rabo: Moncloa busca responsables y los directivos entonan el «pío, pío…».

Veremos si les cuesta quedarse sin silla en el famoso baile que se avecina, siempre y cuando los que están liderando el país consigan los apoyos suficientes para sacar sus propios Presupuestos 2020 y seguir gobernando. «Todos de perfil, no vaya a ser que les salpique una trifulca ajena que pueda perturbar sus cómodas poltronas», me dicen por los pasillos del Congreso. ¡Pues cuando el río suena!

Algunos ya no se esconden, hay suculentos puestos en juego, y se postulan, por lo que les pueda tocar. Nombres que vuelven, como el empresario Luis del Rivero, aún con sueños por cumplir, que lo de «acomodarse» en un banco vasco lo tiene como grabado a fuego. Y otros, cual nuevos cachorros del partido, colocados en compañías públicas, que podrían pasar a la privada cual premio a su lealtad, mucho mejor remunerados, como Juan Manuel Serrano (aún en Correos) o Maurici Lucena (en Aena)… Tambores de guerra contra grandes firmas, entre ellas, dicen Santander, BBVA, Iberdrola, Bankia o Telefónica…

Y precisamente, estos días, todos los ojos estarán puestos sobre Telefónica y en los resultados que presentará el próximo jueves 20, aperitivo de una junta de accionistas que se antoja crítica por lo que tiene de rendimiento de cuentas de una compañía que en los últimos meses ha prometido todo, lo que es prometer nada.

Su presidente, José María Álvarez-Pallete, probablemente el ejecutivo mejor preparado del selectivo español, abanderó a finales del pasado noviembre una gran revolución en la compañía que, de momento, ha quedado en una tibia reordenación del negocio en Latinoamérica y en la enésima subida de precios de Movistar Fusión. Y así, un día dicen que Hispam –que así se llama la División allende del Atlántico– es una perita en dulce que se van a rifar empresarios locales; y otro día, cuentan que la idea es reagrupar activos y mantener al menos un 30% del capital, reteniendo el control operativo, para a continuación deslizar que lo mejor es enemigo de lo bueno y que habrá que conformarse con una OPV.

Y, claro, así no hay quien pueda ni plan de venta que lo aguante: el mercado se queda ojiplático y la acción no levanta cabeza ni rompe la barrera de los 6,4 euros por título, por mucho que Pallete le dedique sus desvelos, revolviéndose incluso contra las fuertes resistencias internas que sólo recomiendan dejar las cosas en paz. Las palabras sin hechos son sólo un soplo de aire y cuando se anuncia una revolución conviene mirar a los lados y detrás de uno, no sea que no haya nadie más. Sólo así, en buena compañía, podrá acercarse a esa Telefónica que quiere y alejarse de la que todavía tiene, y centrarse de verdad en lo importante teniendo muy presente que la prisa es la falla de los necios.


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Economía

El número de funcionarios en España asciende ya a más de 2,5 millones, más de la mitad enchufados sin preparación

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Se hace país con gente que se la juega. Una de las razones de la recperación de la economía norteamericana frente a la desaceleración de la española radica en la cultura de emprendimiento, tan arraigada en Estados Unidos, frente a la cultura de trabajo de funcionarios de nuestro país.

En una reciente encuesta se planteó a un grupo de jóvenes españoles universitarios qué querían dedicarse cuando finalizaran sus estudios. Un 75% de los estudiantes respondió que querían ser funcionarios.

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La misma pregunta se planteó a jóvenes universitarios en Estados Unidos. En esta ocasión, el mismo porcentaje de las respuestas (75%) coincidían en que los jóvenes aspiraban a ser emprendedores, es decir,dueños de sus propias vidas. No querían estar en una oficina con un jefe por arriba. Querían tener una idea, agarrar unos cuantos amigos, desarrollarla y pelearse por ella. Y así surgen las grandes empresas y los grandes proyectos innovadores.

Este aparato burocrático ‘elefantiásico’ es fruto del despilfarro de las administraciones públicas. Y no sólo las autonómicas. Tenemos 8.116 municipios de los cuales un 47% tiene menos de 500 habitantes -y 1.135, menos de 100-, hay 8.116 alcaldes y 68.464 concejales, alcaldes y concejales que en las grandes ciudades tienen coche con chófer y secretaria y asesores, algo inaudito que no ocurre en ninguna capital de Europa. En Reino Unido hay 19.680 representantes locales.

En España no se ha acometido ningún tipo de recortes porque las clase política no está dispuesta a perder pesebres para sus correligionarios, sus parientes y sus amigos, lo que es sinónimo de falta de límites, de ausencia de evaluación, de comparación o de rendición de cuentas.

Todos los partdos con representación parlamentaria coinciden en ni tocar el tamaño del gigantesco Estado clientelar en que se asienta su poder; una estructura de país que no hay quien la soporte e inexistente en el mundo, ni los privilegios de los monopolistas del IBEX.

La Administración española era en 1975 una de las más eficientes de Europa, gracias a los grandes cuerpos del Estado, abogados, ingenieros o economistas, y un riguroso sistema de oposiciones a todos los niveles. Con solo 700.000 empleados públicos formados y capaces, España funcionaba perfectamente, pero 40 años después hay: 2,5 millones, según el Gobierno y 3,4 millones según la Agencia Tributaria, la cifra más exacta por razones obvias. De todos ellos, solo un millón ha conseguido la plaza a través de “oposiciones limpias y transparentes”, según el ex ministro de Hacienda Montoro, el resto son enchufados sin preparación. Un puro desastre. España tiene hoy la Administración pública más ineficiente y más cara de la UE. Sus salarios medios son de 36.600 euros al año frente a los 26.259 del sector privado. No ocurre en ningún país excepto Luxemburgo.

El número de funcionarios en España asciende ya a más de 2,5 millones

El número de empleados públicos en España alcanza los 2.595.575 millones de trabajadores, según se desprende del último boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas que publica el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Este dato, que corresponde al mes de julio de 2019, supone un incremento de 17.187 efectivos en comparación al boletín estadístico anual publicado en enero de 2019, un 0,67% más.

Por sectores, el sector público del estado cuenta con 513.954 empleados públicos, 6.124 más. De estos 231.760 pertenecen a la Administración General del Estado, personal de los ministerios y de sus organismos, 257.816 a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y 24.378 a la Administración de Justicia. Un total de 1.499.304 funcionarios son del sector público en las comunidades autónomas y 538.317 del sector público de la administración local.

Del total de empleados públicos, el 57,76% presta servicio en el sector público de las comunidades autónomas, el 19,8% en el sector público del Estado y el 22,43% en el sector público de las entidades locales. El 56% es personal funcional de carrera, el 22,4% es personal laboral y el resto de personal (interino, personal eventual y otro) supone el 21,6%.

De los datos se desprende también que el 56,25% de los efectivos al servicio de las administraciones públicas son mujeres, mientras que el 43,75% son hombres. Este boletín tiene como novedad la desagregación de la información distinguiendo los departamentos ministeriales de sus organismos autónomos, la inclusión de las universidades públicas dentro de las comunidades autónomas o la inclusión de nuevos organismos en el sector institucional del estado.


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