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Opinión

El Poder Judicial en España es un gran engaño, una falacia, una estafa intolerable

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De entre todos los poderes del estado, sin duda alguna el que menos simpatías suscita en los españoles es la Administración de Justicia. Raro es el día que los jueces y tribunales no nos sorprenden con alguna arbitrariedad, algún escándalo; el penúltimo ha sido el affaire del Tribunal Supremo de España.

En una sentencia de 16 de octubre, la Sala Tercera del Tribunal Supremo modifica su jurisprudencia anterior e, interpretando el texto refundido de la ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y su reglamento, concluye que no es el cliente el sujeto pasivo de este último impuesto en las escrituras notariales de hipotecas (como aquella jurisprudencia sostenía) sino la entidad que presta el dinero, o sea, el banco… Acto seguido, tres días después (lo cual nunca había ocurrido hasta la fecha) el propio tribunal deja en suspenso la sentencia, apoyándose en la “enorme repercusión económica y social” de la misma. En suma: donde dije digo, digo Diego, o como ustedes gusten.

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Es muy frecuente oír frases tales como que “España es un Estado de Derecho, en el que es preferible renunciar a tus derechos, por tu bien, no sea que se cabreen el juez y el fiscal…”

También supongo que el que más y el que menos, de quienes lean estas palabras, habrá oído hablar de “la tutela judicial efectiva” y también que la Constitución Española de 1978, en su artículo 24, habla de ella de la siguiente manera:

  1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión.

  2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco y secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

Permítaseme un paréntesis: Cuando uno entra en un edificio de los que en España de forma pomposa, rimbombante se denomina “palacio de justicia” hay una cosa que llama poderosamente la atención: generalmente en todos ellos cuelga de sus paredes un póster, un cartel decorativo (nunca mejor dicho) de alrededor de un metro cuadrado que, lleva por título: “Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia”.

Cuando se lee el contenido del mismo (salvo que nunca se haya tenido contacto alguno con algún tribunal de justicia, o se tenga aún una visión idílica de la misma) uno no puede hacer otra cosa que considerarlo una burla cruel, un sarcasmo, un escarnio… Pues lo que en el “cartel decorativo” se describe no puede estar más lejos de la cruda realidad de los juzgados.

El Pleno del Congreso de los Diputados, el 16 de abril de 2002 (a fin de desarrollar el denominado “Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia”, compromiso adquirido por todos las agrupaciones políticas con representación parlamentaria el 28 de mayo de 2001) aprobó por unanimidad, como “proposición no de ley” la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, en la que establece un catálogo de derechos de los justiciables, o sea, de los usuarios.

La Carta se divide en cuatro apartados, dedicando el primero de ellos al desarrollo de los principios de transparencia, información y atención adecuada, destacando la importancia de conseguir una administración de justicia responsable ante los ciudadanos, quienes podrán formular quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de la misma y exigir, en caso necesario, las reparaciones a que hubiera lugar.

La segunda parte se centra en la necesidad de prestar una especial atención y cuidado en la relación de la administración de justicia con aquellos ciudadanos que se encuentran más desprotegidos: víctimas de delitos y, en especial, de violencia doméstica, menores de edad, personas con alguna clase de minusvalía, y extranjeros inmigrantes.

El tercer apartado está dedicado a las relaciones de los ciudadanos con los Abogados y Procuradores.

Por último, la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, menciona que el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias en la materia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y los Colegios profesionales competentes adoptarán las disposiciones oportunas y proveerán los medios necesarios para garantizar la efectividad y el pleno respeto de los derechos reconocidos en esta Carta.

La mencionada “carta” acaba proclamando que será vinculante, y por tanto exigible a los Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios Judiciales, Abogados, Procuradores y demás personas e Instituciones que cooperen con la Administración de Justicia, recomendando a la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados el seguimiento y evaluación del desarrollo y cumplimiento de sus postulados.

Insisto, puro sarcasmo.

Tras el paréntesis, permítanme, también traer a colación que la Constitución Española de 1978, en su artículo 14, afirma que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”

Pues bien, para que se garantice el derecho constitucional a la “Tutela Judicial Efectiva”, es imprescindible la intervención de un juez imparcial. Es absolutamente inadmisible que el juzgador realice su labor a partir de simpatías, o fobias, u odios… o que se deje llevar por deseos tales como el de beneficiar a alguna de las partes, ya sea movido por el miedo (amenaza) o con el ánimo de obtener un beneficio personal (soborno) o por presiones de su entorno (superiores jerárquicos, grupo social, opinión pública, grupos de presión, lobbies, etc.)

¿Acaso en los Tribunales de Justicia del Reino de España no se dan todas las arbitrariedades descritas anteriormente? Algunos opinamos con rotundidad que ¡Sí!

Otro requisito fundamental para que se pueda afirmar que una determinada nación posee un Estado de Derecho, es que las decisiones judiciales sean previsibles. El derecho debe otorgar al ciudadano “seguridad”.

La seguridad jurídica implica que los justiciables puedan saber a qué atenerse cuando acuden a los tribunales. La persona que acude a un juzgado debe de tener el grado máximo de certeza. Es inadmisible que quien acuda a los tribunales lo haga como el que acude a un casino de juego… el ciudadano debe tener posibilidad de anticipar el resultado final del proceso, no puede ser que acuda –como ocurre en la actualidad- con una absoluta incertidumbre… No olvidemos que esta es la clave de que el sistema judicial inspire mayor o menor confianza al ciudadano.

Y, ¿Qué me dicen de la arbitrariedad de las resoluciones judiciales?

Lo arbitrario está reñido con el Estado de derecho, pues el derecho es, justamente por definición, todo lo contrario de la arbitrariedad. Para que el sistema judicial inspire seguridad, es conditio sine qua non la sujeción, el sometimiento de los jueces al derecho, a los hechos, a las pruebas, a la jurisprudencia, y, además, a la lógica y a la realidad.

Las cosas en España distan muchísimo de ser así.

Se suele decir que quienes no tienen intención de solucionar algún problema, buscan pretextos, en lugar de buscar soluciones (algunos crean “observatorios” que pagamos los contribuyentes, y a través de los cuales, sobre todo, ponen mucha atención… aunque no solucionen nada de nada) El actual gobierno, y los anteriores, tanto de Mariano Rajoy, como de José Luis Rodríguez Zapatero, como de Aznar, y todos desde la muerte del General Franco hasta la actualidad, han recurrido a frases como que estaban vigilantes, que les preocupaba seriamente, que estaban alerta, que no bajaban la guardia, y a frases tópicas por el estilo.

De las palabras de todo los gobiernos pretéritos solo se puede concluir que tenemos un sistema judicial maravilloso y unos jueces que son el no va más.

Pero la cruda realidad no indica precisamente eso; muy al contrario, la Administración de Justicia es seguramente el ámbito de la Administración que menos simpatías suscita en la mayoría de los ciudadanos.

Hay un libro de Alejandro Nieto, ex Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y profesor de la Universidad Complutense, que lleva por título el desgobierno judicial, cuya lectura recomiendo de manera urgente a todos los que les preocupa el actual estado de la Justicia. El libro fue editado en el año 2004, y la descripción que en él se hace –de absoluta actualidad- del poder judicial y de la administración de justicia es realmente deprimente, descorazonadora.

Respecto de semejante desbarajuste nadie quiere asumir responsabilidades, nadie tiene culpa de nada, siempre hay disculpas para todo, y quienes tienen capacidad de decidir, acaban diciendo que la culpa del desaguisado es de los otros.

Se suele decir que quienes no tienen intención de solucionar algún problema, buscan pretextos, en lugar de buscar soluciones. Algunos crean “observatorios” a través de los cuales, sobre todo, ponen mucha atención… aunque no solucionen nada de nada.

También están los ministros que en lugar de tomar iniciativas para resolver problemas, ponen en marcha “reformas” que en lugar de dar soluciones, crean mayores problemas que los que supuestamente se pretendían resolver…

La triste realidad es que sigue sin haber voluntad de solucionar el problema de la Justicia. Hemos llegado a tal extremo, que ya no caben parches, ni ungüentos. Como dice el profesor Nieto, es imprescindible recurrir a medidas quirúrgicas. Dado que los años pasan, y nos vamos haciendo viejos, y no se adoptan tales medidas quirúrgicas, a la única conclusión a la que podemos llegar, es a la de que los políticos son los primeros interesados en que las actuales perversiones de la justicia sigan existiendo, para que el Poder Judicial no los pueda controlar, y para poder así, seguir controlando la Administración de Justicia desde el Ministerio del ramo.

Tal como señala el profesor Nieto, la intervención de los políticos en la Administración de Justicia ha sido una constante en la historia de España, en los últimos siglos. El poder político ha manejado a los jueces a su antojo, y ha influido sin pudor en sus resoluciones, ha entregado los juzgados a jueces “afines”, ha creado una red clientelar y los ha premiado por los servicios prestados… Daba igual el régimen político del que se tratara, las constituciones y las leyes siempre eran ignoradas y despreciadas.

En la España actual se nos dice constantemente que vivimos en un Estado de Derecho, entendiendo como tal que todas las actividades públicas (como las de los particulares) deben estar sometidas a la ley, y que el poder judicial es el encargado de garantizar que así sea. En definitiva, que el poder judicial debe estar controlado por los jueces, aunque parezca de Perogrullo la expresión. Pero, cuando el poder político no tiene ninguna intención de dejarse controlar, ni sujetarse a la ley, entonces recurre a boicotear el sistema, aunque conserve el nombre y la fachada formal, para lo cual solo le basta con seguir la tradición de corruptela. Los partidos que se han turnado en el poder desde el final del régimen del General Franco, respetan cínicamente la fórmula del Estado de Derecho, al que han ido vaciando de todo contenido, respetan en apariencia las competencias del poder judicial, dominan a los jueces que lo integran y así se aseguran que el poder judicial no perjudique a sus intereses y mucho menos controle sus actuaciones.

Cada cierto tiempo “sufrimos” una serie de reformas, que lejos de pretender una auténtica y profunda reforma de la justicia (pese a la retórica vacía de los trovadores del régimen) lo único que demuestran es la lucha de los diversos grupos de presión por patrimonializar el poder judicial. Los protagonistas de tales reformas-luchas siempre suelen ser cuatro: el PSOE, el PP, los miembros de la carrera judicial y las Comunidades Autónomas.

Ésta es la injusta justicia que padecemos en España y que ha llevado a que sea la institución peor valorada de todas, con la frustración permanente de esos Jueces, Fiscales y Abogados (con mayúscula pues aún quedan algunos íntegros e independientes), que ven con absoluto desencanto como su correcta actuación, ajustada a los parámetros de un Estado de Derecho no sirve para nada, mientras son marginados o brutalmente represaliados por negarse a perder su honor y dignidad, en una Justicia que sigue siendo esa tela de araña que, atrapa al débil y de la que sólo el fuerte consigue escapar tras rasgarla fácilmente.

En este panorama, la posición de los jueces (insisto, también hay jueces honestos, ¡ojo!) es desesperanzadora: son conscientes de la manipulación de los políticos, se ven obligados a aplicar normas éticamente intolerables, e incluso se las ven y se las desean para intentar aplicar –incluso- las normas más o menos buenas, que el ordenamiento legal pone a su alcance.

La realidad, lamentable realidad, es que no pueden asistir a las pruebas, tampoco tienen tiempo de leer los escritos que presentan las partes en conflicto (tal como la ley les obliga) y se ven incapaces de dictar sentencia en los plazos establecidos, al no disponer del tiempo necesario para redactar sus resoluciones (por lo cual han de encargárselo a funcionarios que no son jueces) De este modo, se les está negando a los justiciables el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva –artículo 24 de la Constitución- del cual según la Constitución son los encargados de proteger.

Todo es un paripé, una cínica farsa, que finaliza con la publicación de sentencias “en audiencia pública”, como la Constitución dice, y nunca se realiza.

Para poner remedio a todo ello, los políticos deberían renunciar a la utilización partidista de la justicia, y a la judicialización de la política, a lo que por lo que vienen demostrando legislatura tras legislatura, no están dispuestos.

O nos tomamos en serio la reforma de la Justicia o nunca tendremos una democracia seria. Pues la Administración de Justicia no es sólo cosa de los jueces y de los políticos, es cosa de todos los ciudadanos, y a todos nos concierne. Nadie puede decir que el asunto le trae al fresco, pues tarde o temprano puede sufrir las consecuencias de esta “justicia injusta” que no nos merecemos. Sufrimos una justicia lenta, cara, arbitraria, ineficaz, desigual, imprevisible. Si la Administración de Justicia no alcanza un determinado nivel de calidad, no se la puede nombrar como tal, ni tampoco se puede tachar a nadie de fatalista o catastrofista, por llamar a las cosas por su nombre.

Lo que está en juego es al fin y al cabo la auténtica independencia de los jueces, independencia que nunca será real mientras que la Justicia siga siendo la continuación de la lucha política en otro ámbito y con otras armas. No deja de ser deseable que la Administración de Justicia, como servicio público, funcione, pero tal cosa es casi imposible con el actual desgobierno, en el que se confunde independencia con impunidad, con jueces intocables, un “estado de derecho en el que más vale que renuncies por tu bien a tus derechos para no cabrear al juez”… Es imprescindible acabar con el “desgobierno judicial” que actualmente sufrimos. Es hora ya de que los jueces se sujeten al imperio de la ley (y no al revés) que en España se respete escrupulosamente la Constitución, y se acabe con la sensación general de arbitrariedad e inseguridad jurídicas actuales. Los españoles no nos merecemos la injusta justicia que padecemos, lenta, cara y arbitraria; hay que acabar con la idea que la mayoría de los ciudadanos tiene de la judicatura, de que es una casta privilegiada y que sus miembros gozan de impunidad e inmunidad… Las resoluciones judiciales, sus fundamentaciones, deben estar basadas en el articulado constitucional y no en las opiniones y preferencias ideológicas de jueces particulares; independientemente del tribunal o de la instancia de que se trate.

La deplorable situación de la Justicia en España depende de decisiones políticas: dedicarle mucho más dinero para agilizar y hacer coherente y eficaz el trabajo en los juzgados, hay que hacer que los jueces estén más cerca de la gente y/o que la gente pueda acercarse más a los jueces, hay que legislar sin miedo ni complejos y, ya puestos, habrá que plantearse si no sería bueno que en el CGPJ no haya sólo juristas -cercanos además a los partidos- sino solventes representantes de la sociedad y no sólo “compañeros de profesión”.

Y, por favor, ¡Basta ya de caer constantemente en el “buenismo” de considerar que la Administración de Justicia española es buena, y que las corrupciones de las que hablo son excepciones, o pequeñas anomalías, o disfunciones que nada empañan la enorme perfección del sistema, y que pueden ser eliminadas fácilmente!

En fin, dejaremos para otro día el hablar de prevaricación.


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General de División Juan Chicharro: La División Azul y los judíos. Respuesta a Isabel Peralta

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Juan Chicharro Ortega

General de División de Infantería de Marina ( R )

El pasado día 10 del presente mes acudí como suelo hacer todos los años al cementerio de la Almudena para honrar a los caídos de la División Azul con motivo del 78 aniversario de la batalla de Krasny Bor. Un acto organizado por la Hermandad nacional de la División Azul. Allí se rezó y recordó una de las mayores gestas de las armas españolas de toda nuestra historia militar.

Con posterioridad el día 13 fecha exacta del aniversario de la citada batalla se llevó a cabo otro acto en el mismo sitio en nada relacionado con el anterior organizado por una asociación denominada “Juventud Patriótica”. No estuve allí y por lo tanto no puedo hablar del mismo más que por los vídeos que he podido ver. Hoy veo en diferentes medios un ataque directo a la División Azul y a los divisionarios basados en muchas cosas pero esencialmente en las palabras que una militante de esa organización pronunció diciendo que “ el judío es el culpable y la División Azul luchó por ello”. Nada tengo que decir respecto al resto del acto , cánticos y rezos con los que comulgo pero no puedo por menos que rechazar tajantemente lo que esa militante dijo envuelta en la gran confusión que tiene respecto a la influencia judía en lo que ahora llaman el Nuevo Orden Mundial y el problema judío en la II GM. Y más aún respecto a la presencia de algún uniformado con una bandera extraña que nada tiene que ver con los jóvenes falangistas que a Rusia fueron a morir.

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A ver si se entera esa señorita y acompañantes que uno de los graves cánceres que padecemos en la sociedad actual es el desconocimiento absoluto de la historia real. Si algo se conoce es la manipulación y falseamiento de hechos e ideologías . A ver si se enteran : el divisionario joven de camisa azul era el del espíritu social , y de humanismo cristiano que pocas coincidencias tenían con el nacional socialismo alemán y se desarrollo en el Tercer Reich.

Con estas palabras esta militante da pie y alas a quienes desde la ignorancia más supina acusan a los hombres que un día fueron a luchar a Rusia contra el comunismo soviético de genocidas, nazis y no sé cuantas lindezas más.

La historia es la que es y difícilmente la van a poder ensuciar quienes cegados por el odio acusan a la División Azul de connivencia alguna con lo ocurrido con el pueblo judío, entre otras cosas debido a su ignorancia total de lo sucedido así como de la actitud del régimen franquista a propósito de lo que ocurrió con los judíos en la Segunda Guerra Mundial.

   Es lamentable que tengamos que observar día a día la incultura general que demuestran muchos contertulios y, en el caso que nos ocupa, cuando prima el resentimiento y el odio, aún más. Y digo que es triste porque, además, quienes deberían defender la verdad no lo hacen por miedo o ignorancia. Por eso no está de más recordar que finalizada la II GM el entonces presidente del Congreso Mundial Judío, Maurice L. Perlzweig, se dirigió al General Franco para manifestarle la profunda gratitud de los judíos por el refugio que España había facilitado a los que procedían de los territorios bajo ocupación militar alemana.

Fueron muchos los diplomáticos españoles que dieron todo de sí en la defensa de los judíos pero también, en el campo de batalla y a su paso por Polonia en su camino al frente, los divisionarios españoles aportaron su granito de arena protegiendo y defendiendo a los judíos con gran disgusto del mando alemán. Se calcula que en el transcurso de la guerra fueron decenas de miles los judíos que se libraron de persecución nazi gracias a las órdenes del General Franco a sus diplomáticos. La carta que Perlzweig envió a Franco decía literalmente «los judíos son una raza poseedora de gran memoria y no han de olvidar fácilmente la oportunidad que se ha brindado a miles de sus hermanos para salvar su existencia». Esto es historia y punto.

   El problema es que a aquellos que estos días arremeten contra la División Azul les da igual la verdad. Bueno, en primer lugar la desconocen, su nivel cultural no da para mucho más y cuando se les cuenta, aún peor, pues a pesar de no tener argumentos en contra se envuelven en el rencor. A ver sí se enteran de una vez. La División Azul, los divisionarios, fueron a luchar contra el sistema comunista soviético de infausto recuerdo para la humanidad y su actitud humana estuvo siempre dentro de los cauces de las leyes de la guerra. Y aquí incluyo, una vez más, la actitud con el pueblo judío. Y no lo digo yo. Es algo reflejado mil veces por numerosos historiadores de reconocido prestigio desde la más estricta neutralidad. Y por si esto no bastara tengo conocimiento directo de esta actuación por numerosos relatos personales de divisionarios que vivieron la aventura de la División Azul. Y no sólo divisionarios. Conocí personalmente a Mauricio Hachuel, presidente de la Comunidad Sefardí en España, allá por los finales del siglo pasado quien en extendida conversación al efecto me corroboró punto por punto cuanto digo.

Sepan los que hoy tildan a los divisionarios de tantas barbaridades que son incontables los casos en los que estos y el mando español tuvieron que lidiar con el mando alemán en innumerables ocasiones por la defensa que estos hicieron a su paso por Polonia y en los países bálticos de los judíos maltratados.

Mal favor han hecho a la División Azul y al recuerdo de los divisionarios caídos las palabras de esta señorita al relacionar a la División con lo que ella llama “el judío”. Craso error fruto de la ignorancia más supina.

Por lo que a mi respecta le diré que en ese panteón de la DA en la Almudena reposan los restos de mi padre y le aseguro que al oír esas palabras debió estremecerse y revolverse de rabia e impotencia.


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General de División Juan Chicharro:» Jamás renunciaremos a lo que establecen nuestros estatutos, ni a dejar de honrar el nombre de Francisco Franco»

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Andan enzarzados nuestros políticos con sus opiniones sectarias a propósito de las declaraciones que Pablo Iglesias ha expresado sobre la democracia española, a la que tilda de incompleta.

Tiene razón el líder de Podemos, desde su perspectiva, claro, porque lo que a él le gustaría es una democracia popular marxista en la que él como líder supremo determinara quien puede opinar y qué. Sorprende, sin embargo, que la respuesta del sector socialista de su Gobierno le corrija y matice quitándole la razón. Sorprende esa aseveración porque ese PSOE, al mismo tiempo que le contradice, impulsa en el Congreso una Ley denominada de Memoria Democrática mediante la cual pretende no sólo revertir y tergiversar nuestra historia reciente sino al mismo tiempo callar a quienes defienden una visión distinta de la suya defendiendo lo que Franco significó para España. Pretenden incluso establecer nada menos como delito lo que denominan “ apología del franquismo “.

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Así, sin más, y se quedan tan frescos saltándose a la torera varios artículos de la Constitución española. En concreto los referidos a la libertad de expresión, de pensamiento y de igualdad ante la Ley. Es evidente que de salir adelante esta ley, a todas luces inconstitucional,  esta Fundación Nacional Francisco Franco tendrá los días contados por lo que defiende y por su nombre. Es así que no son pocas las voces bien intencionadas que nos aconsejan estrategias que puedan hacer difícil esa pretendida ilegalización, bien modificando el nombre de la misma o transformándola en otra similar mediante la modificación de los actuales estatutos o a través de una complicada ingeniería legal que permitiera su supervivencia.

Algo así como “ mismos perros con distintos collares”; de hecho fue lo que hace varios años se hizo en parte, modificando los estatutos para adaptarlos a la vigente Ley de Memoria Histórica, pero manteniendo, por supuesto, la claridad y transparencia de nuestra razón de ser sin tapujos.

Pues bien, ya anuncio que en esta ocasión no va a suceder lo mismo. No veo razón alguna para renegar para nada del nombre de Francisco Franco ni de nuestro derecho a defender lo que significó. A nosotros no nos gusta en absoluto que haya Fundaciones que lleven el nombre de quien fuera Presidente del Consejo de Ministros de la República, Largo caballero,  mientras se asesinaba a miles de inocentes en Paracuellos del Jarama o de Juan Negrin , Ministro de Hacienda, responsable de la apropiación y traslado a Rusia del 70% de las reservas de oro del Banco de España pero reconocemos que desde una perspectiva histórica haya quien así lo desee.

No, en ningún caso renunciamos a mantener el nombre de Francisco Franco en esta Fundación ni nuestro derecho a difundir, promover e incentivar el conocimiento del pensamiento, memoria y legado del Caudillo. Por supuesto que si llega el momento en que por aplicación de esa posible Ley se procediera a instar a la ilegalización de nuestra Fundación será el momento de acudir a los tribunales de justicia si es que para entonces aún subsiste la precaria separación de poderes en nuestro ordenamiento político.

Y es al hilo de esto que también muestro mi incomprensión cuando veo que quienes de buena fe defienden la no demolición de tantas cruces, como estamos viendo en los últimos años, apelan a que no tienen significado “franquista” alguno, que es precisamente la razón alegada por los talibanes socialistas y comunistas para su demolición por más que su razón última sea el ataque a la religión católica.  A ver, por supuesto que la Cruz, símbolo por excelencia del cristianismo, está muy por encima de la identificación con  Franco y su régimen pero negar que para aquellos que lucharon con él contra la barbarie comunista esa identificación no existió es negar una realidad. Claro que Franco y consecuentemente su régimen se identificaron  con la Cruz, unos de los símbolos principales de la ideología del bando nacional y del régimen político que sustanció.

Sí, ya sé que la lucha en la política al igual que en la guerra requiere a veces  la utilización de artimañas para no perder baza en ella pero estamos ante una situación en la que ya está bien de ceder en lo fundamental.

Lo dicho : jamás renunciaremos a lo que establecen nuestros estatutos que no vamos a cambiar ni a dejar de honrar el nombre de Francisco Franco.


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¡ANTOLÓGICO! Carta de Ibn Asad al rapero Pablo Hasel

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Estimado Pablo Hasél,

Casi no nos conocemos. Un poco yo a ti de oídas y nada probablemente tú a mí. Por eso déjame presentarme a través de lo que tenemos en común. Soy Ibn Asad, escritor, músico y artista underground como tú. Soy de la misma quinta que tú, es decir, de aquella que ya se libró de la mili. Utilizo un heterónimo árabe como tú. Sé lo que es sufrir la censura y la represión como tú. A ti te condenaron a prisión por tu rap y escritos; a mí me incriminaron en una trama de pornografía infantil por mis libros y escritos. Ambos sabemos lo que es la injusticia, muy posiblemente de manos del mismo mamporrero.

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Si rapeas que ‘hay que matar a un puto guardia civil’, es normal que algún guardia civil te quiera putear. Hay que apechugar

Aquí terminan nuestros puntos en común y empieza el párrafo gordo de nuestras diferencias. Tú eres revolucionario; yo no. Tú eres activista; yo no. Tú eres comunista; yo tampoco. A ti te gusta todo eso de la “acción directa”, la “lucha armada”, la “autodefensa proletaria”; a mí ni de coña. Tú pensarás que soy un cobarde por ello; yo no creo que seas valiente por algo así. Nuestras asimetrías van más allá: tú eres hijo de empresario nacido en una familia burguesa, al que le dio por hacer suya la lucha de los trabajadores; yo soy hijo de un trabajador pobre que nunca toleró que pijos marxistas hablaran en su nombre. Tú añoras a GRAPO, ETA y Terra LLiure; yo aún recuerdo el eco del bombazo que pusieron aquí en un barrio obrero cerca de la pista donde jugaba al fútbol cuando tenía unos diez años. Tú te defines de izquierda para identificar a todo el que no lo haga como fascista; yo no soy de derecha ni violento aunque esté hasta las narices de lo que hacéis tú y los tuyos: okupar los pisos de los abuelos, pintarrajear, mear y cagar por los rincones de las ciudades, joder el mobiliario urbano y agredir a todo aquel que no os baile el agua. Y además, ir de mártir y de víctima. ¡He ahí nuestra diferencia insalvable! Los dos pasamos por la misma mierda: yo en soledad como lobo estepario; y tú acompañado de esa jauría (de perros de raza, eso sí) tan ladradora como poco mordedora de Joan Manuel Serrat, Javier Bardem o Pedro Almodóvar. ¡Vaya compañías! Para ti antes serían traidores reformistas burgueses; para mí siguen siendo gentucilla poco recomendable.

¿Seríamos capaces de reivindicar la Libertad de Expresión, tanto para un nostálgico del GRAPO como para un nazi desorejado? Yo sí. ¿Y tú?

¿Me solidarizo contigo? Sí, sin fisuras: no quiero que ningún escritor esté en la cárcel por lo que escribe, o un cantante por lo que canta, o un editor por lo que edita. ¿Es injusto lo que está ocurriendo contigo? Sí; y lo que ocurrió conmigo. ¿Quiero que salgas de la cárcel ipso facto? Por supuesto, hoy mismo, sin condiciones, de la misma manera que quiero que deje de entrar y salir de la cárcel Pedro Varela, con el que tengo en común lo mismo que contigo: prácticamente nada. ¿Sabes quién es Pedro Varela Geiss? Un catalán (como tú) que lleva más de veinte años en un vía crucis judicial por vender libros. No escribirlos como yo; no rapearlos como tú. Un tipo que ha ido varias veces a la cárcel estrictamente por editar y vender libros en su librería. Por mucho menos de lo que hicimos tú o yo, le cayó una muchísimo mayor. Y se la comió con patatas: la prisión, la soledad, la censura de los libros, el cierre de su librería, el ostracismo y la ruina económica. ¿Por qué el caso Varela no apareció en La Sexta, ni fue voceado por Trueba, los Bardem o la nieta de Lola Flores? Pues ya sabes… Creo que los dos lo sabemos. Creo que los dos somos mayorcitos para identificar y denunciar la injusticia en sí misma, y no porque ella recae en nuestros amiguitos ideológicos. Como yo no tengo ideología, tampoco tengo amigos, o no al menos de esos que tú tienes. Pero te hago una pregunta como si  fuéramos amigos: ¿Seríamos capaces de reivindicar la Libertad de Expresión, tanto para un nostálgico del GRAPO como para un nazi desorejado? Yo sí. ¿Y tú?

Si tienes que quedarte en la cárcel una temporada (Dios o Marx no lo quieran), aprovéchala para meditar y pensar si esa Libertad de Expresión que vindicáis es para todos o sólo para tus colegas

Si enviamos un mensaje al Rey llamándole mafioso, es normal que la mafia nos haga una visita a casa. Hay que apechugar. Si alguien vende libros que están prohibidos por ley (porque existen libros prohibidos por ley), es normal que le cierren la librería. Hay que apechugar. Si escribo un libro con tropecientos nombre propios, es normal que uno de esos tipos lo lea y se cabree. Hay que apechugar. Si rapeas que hay que matar a un puto guardia civil, es normal que algún guardia civil te quiera putear. Hay que apechugar. Si queremos expresarnos con libertad, honestidad y coherencia, tendremos que pagar un precio por ello. Tú lo estás pagando y ya sólo por ello tienes mis respetos. Deseo que estés lo mínimo en la cárcel, ni un minuto si es posible. Pido tu libertad aquí explícitamente y espero con sinceridad que algún día podamos conocernos personalmente. Ahora bien, si tienes que quedarte en la cárcel una temporada (Dios o Marx no lo quieran), aprovéchala para meditar y pensar si esa Libertad de Expresión que vindicáis es para todos o sólo para tus colegas. Y ya puestos, aprovecha también la estancia en prisión para perder peso y ponerte en forma. Se te ve de buen año.

Un cordial saludo,  Ibn Asad   


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Opinión

El Partido Popular es un traidor antológico y Cataluña debe sepultarlo

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El Partido Popular de Pablo Casado ha vertido sus últimos exabruptos contra la españolidad de Cataluña manifestando, en una entrevista al medio separatista RAC1 su condena a la actuación policial en el 1 de octubre de 2017. Del mismo modo, la número 3 del PP al 14 F, Eva Parera, compadreó con los criminales Junqueras y Puigdemont al abrir su partido a los indultos. Recordemos que Parera, ex de CiU, proclamó bajo las siglas de Pujol, el derecho a la autodeterminación de Cataluña.

El PP es hijo del vomitorio autonómico, rehén de su corrupción moral y económica y traidor antológico. José María Aznar entregó a Pujol las mayores cotas fiscales, las competencias de seguridad para los Mossos y la práctica retirada total de la Benemérita, regalando a CiU la expansión lingüística catalanista sobre el Reino de Valencia.

Llegado a la Moncloa, Rajoy aprovechó a la inefable Alicia Sánchez Camacho para aprobarle los Presupuestos al presidente catalán golpista Artur Mas. Luego permitió dos referéndums independentistas: en 2014 y 2017. Soraya Sáenz de Santamaría, rectora del CNI, abrió a Carlos Puigdemont la jaula y rindió ante Alemania el honor de España al admitir la sentencia de un tribunal regional germano que blindó al golpista en los extramuros de nuestra Patria.

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El PP merece extinguirse en Cataluña y España, y cuánto mayor sea su hundimiento mayor será la justicia providencial de la historia contra un aliado y promotor del cáncer separatista.

No obstante tengamos en cuenta que, de cara a los comicios del 14 F, quién piense que Vox crece en Cataluña por la traición de un PP que se abre a la amnistía a los golpistas o que desprecia a la Policía nacional del 1 de Octubre de 2017, se equivoca. Quién piense que Vox crece porque Inés Arrimadas y Albert Rivera huyeron de Cataluña para posar su trasero en Madrid y ser la muletita de Pedro Sánchez, se equivoca.

Vox no crece sobre la ruina moral de un PP que quiere heredar a CiU, ni sobre la destruida veleta de Ciudadanos. Crece porque los problemas endémicos de Cataluña y España como la islamización forzosa, el fracaso autonómico o la necesaria destrucción de las leyes de género y memoria histórica, sólo son afrontados y bregados por Vox. Los barrios obreros e industriales captan en Vox lo que en Francia, Italia o Alemania ya asumieron los votantes de Marine Le Pen, Hermanos de Italia o Alternativa para Alemania: que sólo el liderazgo fuerte, carismático y soberanista puede protegerles frente a las élites multimillonarias y predadoras que imponen la inmigración, censuran las libertades e instauran los diseños LGTB.

Al socialista Salvador Illa le votarán los pijos burgueses remilgados paridos en el ecologismo o en la prepotencia moral de las universidades progres; a Vox los currantes, hartos de okupas y delincuentes, y que no necesitan de las lecciones chulescas de la izquierda caviar ni de las paranoias del separatismo irredento. Los desheredados y los deprimidos, los maltratados por la anarquía del sistema autonómico y migratorio, van a depositar en Vox su confianza más decidida. Esperemos que jamás los traicionen. El PP y Cs ya lo hicieron, y lo pagarán.

José Miguel Pérez.


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