Por Guy Millière.- El 16 de diciembre de 2015, un periodista francés de una de las principales radios francesas comparó al Frente Nacional, el partido de derechas francés, con el Estado Islámico (ISIS) diciendo que hay una «comunión de espíritu» entre ellos y que ambos presionan a los que les apoyan para que «se replieguen en su propia identidad». Marine Le Pen, presidenta del Frente Nacional, aludiendo a un «inaceptable desliz verbal», le pidió a la emisora de radio el derecho a contestar. Después publicó en Twitter imágenes donde aparecían los cuerpos de las víctimas del Estado Islámico y añadió: «¡Esto es el ISIS!».

Los medios franceses la acusaron inmediatamente de difundir imágenes «indecentes» y «obscenas», y poco después de eso, el Gobierno francés ordenó que el Departamento de Justicia la imputara. El 8 de noviembre de 2017, la Asamblea Nacional francesa también le retiró la inmunidad parlamentaria.

Unos meses después, un juez que seguía instrucciones del Gobierno francés, acusó a Marine Le Pen de «diseminar imágenes violentas», amparándose en el artículo 227-24 del código penal francés, que define el delito así:

«diseminar […] un mensaje de naturaleza violenta, que incita al terrorismo, la pornografía o puede vulnerar gravemente la dignidad humana o incitar a los menores a actividades que los ponen físicamente en peligro, o comercializar dicho mensaje».

En el marco del proceso, Marine Le Pen recibió una carta del juzgado que la ordenaba a someterse a un examen psiquiátrico para determinar si estaba cuerda. Ella se negó, diciendo que mostrar los horrores perpetrados por el Estado Islámico no es incitación al asesinato, y que las imágenes de las víctimas del terrorismo no se pueden equiparar a la pornografía.

La demanda del juzgado indica que las autoridades francesas podrían estar reavivando el uso de la antigua Unión Soviética de la «psiquiatría» para silenciar a los disidentes o adversarios políticos.

Por el momento, Le Pen puede ser arrestada en cualquier parte; en cualquier momento se puede enfrentar a hasta cinco años de cárcel.

Como candidata presidencial en mayo de 2017, obtuvo el 34% de los votos en la segunda vuelta electoral. Mandarla a la cárcel supondría provocar la indignación de sus votantes, así que no es probable que la detengan.

Lo que parece más probable es un intento de intimidarla, y si es posible, destruirla políticamente. Hace unas semanas, el Gobierno francés les pidió a los magistrados responsables de investigar la «financiación de delitos» que se incautaran de dos millones de fondos públicos concedidos al partido de Marine Le Pen, que desde entonces ha cesado casi todas las actividades públicas. La ofensiva jurídica contra Marine Le Pen se sumó a la ofensiva financiera. Aunque Le Pen no vaya a la cárcel, parece que la ley se ha utilizado para abrir la posibilidad de declararla inelegible para las elecciones al Parlamento europeo fijadas para mayo de 2019.

El presidente francés, Emmanuel Macron, sabe que hoy el partido de Le Pen es su principal oposición en Francia y que Le Pen es su principal adversaria política. Se define a sí mismo como el defensor de la visión «progresista» de Europa y el principal enemigo de los que quieren resistirse a la islamización, la inmigración sin controles y de los que desean defender la soberanía nacional, una postura que definió como «lepra» y «vientos malignos». Ha atacado verbalmente al viceprimer ministro y ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, y al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que están creando una alianza europea de movimientos nacionalistas que incluye al partido de Le Pen. Por otra parte, Macron apoya las sanciones europeas contra Hungría y Polonia si se niegan a aceptar más migrantes.

Macron considera que una victoria de la alianza Salvini-Orbán no sólo sería una humillación para él, sino que una victoria del partido de Le Pen en Francia significaría el derrumbe final de su tambaleante presidencia (su índice de aprobación, que ha caído seis puntos en el último mes, se sitúa ahora en el 23%). No puede aplastar a la alianza Salvini-Orbán, pero puede alterar el proceso político en Francia.

La postura de Macron contra Le Pen también podría ser un intento por parte de su gobierno de repeler más violencia islámica en Francia. Actualmente, los libros y publicaciones que hacen referencia a la intrínseca dimensión violenta del islam son boicoteados y están ausentes de las librerías (el Corán, sin embargo, se sigue pudiendo encontrar fácilmente). Las organizaciones que combaten la islamización de Francia y Europa son hostigadas judicialmente. Pierre Cassen y Christine Tasin, líderes de la principal web francesa contra la islamización, Riposte Laïque («Respuesta Laica»), tienen que pasar una gran cantidad de tiempo en el juzgado y reciben fuertes multas de manera regular. Para evitar que les cierren la web, tienen que reubicar su web fuera de Francia y la Unión Europea.

Se hizo público hace poco un informe de 615 páginas, escrito por un asesor de Macron, Hakim El Karui, que es el responsable de diseñar las nuevas instituciones del «islam de Francia». El informe define el islamismo como una «ideología totalmente distinta del islam», y jamás aborda los vínculos entre el islamismo y el terrorismo. El informe también insiste en la urgente necesidad de difundir el «verdadero islam» en Francia y adoptar la enseñanza del árabe en los institutos públicos.

En los medios franceses, cualquier mención a los vínculos entre el islam y la violencia se han eliminado ya completamente. Cuando un musulmán perpetra un ataque con cuchillo y grita «Alá Akbar» («Alá es el más grande»), el mensaje oficial que se publica, incluso antes de que se inicie cualquier investigación, declara invariablemente que lo sucedido «no tiene nada que ver con el islam» y no tiene «carácter terrorista».

Todos los medios citan ciegamente el mensaje. En los últimos ataques de este tipo, el 9 de septiembre en París, siete personas fueron heridas, cuatro de gravedad.

Hace poco, el escritor Éric Zemmour habló en televisión de la alta proporción de jóvenes musulmanes entre los reclusos de Francia, y del auge del antisemitismo musulmán en los suburbios franceses. El Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), el órgano regulador de la televisión y la radio de Francia, le dijo a la emisora que Zemmour había hecho «comentarios estigmatizadores sobre los musulmanes» y que la emisora sufriría graves consecuencias si los volvía a repetir. Un presentador de una tertulia francesa empezó a circular una petición que exigía que Zemmour fuese totalmente excluido de los medios franceses. La petición obtuvo más de 300.000 firmas en una semana.

Zemmour se preguntó si habría que reabrir el gulag soviético especialmente para él o si tendría que optar por el autoexilio. Ha recibido tantas amenazas de muerte creíbles que está bajo protección policial las 24 horas del día.

El politólogo Jean-Yves Camus dijo que aunque no está de acuerdo con las posturas de Marine Le Pen, «En todas partes y en todo momento, decir que un adversario político está ‘loco’ abre las puertas al totalitarismo».

Como abogado, Regis de Castelnau escribió en la publicación mensual Causeur:

«Hay un país en Europa donde se exige al principal partido de la oposición, tras la incautación de sus recursos económicos, que su presidenta se someta a un examen psiquiátrico judicial. ¿Es la Rusia de Putin o la Hungría de Orbán? No. Es Francia».

Castelnau añadió que la ley utilizada para acusar a Marine Le Pen se usaba normalmente para imputar a «pervertidos» y «psicópatas» y que sólo se pedía «el juicio de un experto psiquiátrico» porque sus sentencias penales solían ir acompañadas de la obligación de recibir tratamiento psiquiátrico.

«Todos los que se ríen de los problemas de sus adversarios políticos –dijo– harían bien en recordar que si aceptan estos ataques a las libertades políticas, pronto les podría tocar a ellos».