Internacional
¿Es criticar el terrorismo islámico una «enfermedad mental»?
Por Guy Millière.- El 16 de diciembre de 2015, un periodista francés de una de las principales radios francesas comparó al Frente Nacional, el partido de derechas francés, con el Estado Islámico (ISIS) diciendo que hay una «comunión de espíritu» entre ellos y que ambos presionan a los que les apoyan para que «se replieguen en su propia identidad». Marine Le Pen, presidenta del Frente Nacional, aludiendo a un «inaceptable desliz verbal», le pidió a la emisora de radio el derecho a contestar. Después publicó en Twitter imágenes donde aparecían los cuerpos de las víctimas del Estado Islámico y añadió: «¡Esto es el ISIS!».
Los medios franceses la acusaron inmediatamente de difundir imágenes «indecentes» y «obscenas», y poco después de eso, el Gobierno francés ordenó que el Departamento de Justicia la imputara. El 8 de noviembre de 2017, la Asamblea Nacional francesa también le retiró la inmunidad parlamentaria.
Unos meses después, un juez que seguía instrucciones del Gobierno francés, acusó a Marine Le Pen de «diseminar imágenes violentas», amparándose en el artículo 227-24 del código penal francés, que define el delito así:
«diseminar […] un mensaje de naturaleza violenta, que incita al terrorismo, la pornografía o puede vulnerar gravemente la dignidad humana o incitar a los menores a actividades que los ponen físicamente en peligro, o comercializar dicho mensaje».
En el marco del proceso, Marine Le Pen recibió una carta del juzgado que la ordenaba a someterse a un examen psiquiátrico para determinar si estaba cuerda. Ella se negó, diciendo que mostrar los horrores perpetrados por el Estado Islámico no es incitación al asesinato, y que las imágenes de las víctimas del terrorismo no se pueden equiparar a la pornografía.
La demanda del juzgado indica que las autoridades francesas podrían estar reavivando el uso de la antigua Unión Soviética de la «psiquiatría» para silenciar a los disidentes o adversarios políticos.
Por el momento, Le Pen puede ser arrestada en cualquier parte; en cualquier momento se puede enfrentar a hasta cinco años de cárcel.
Como candidata presidencial en mayo de 2017, obtuvo el 34% de los votos en la segunda vuelta electoral. Mandarla a la cárcel supondría provocar la indignación de sus votantes, así que no es probable que la detengan.
Lo que parece más probable es un intento de intimidarla, y si es posible, destruirla políticamente. Hace unas semanas, el Gobierno francés les pidió a los magistrados responsables de investigar la «financiación de delitos» que se incautaran de dos millones de fondos públicos concedidos al partido de Marine Le Pen, que desde entonces ha cesado casi todas las actividades públicas. La ofensiva jurídica contra Marine Le Pen se sumó a la ofensiva financiera. Aunque Le Pen no vaya a la cárcel, parece que la ley se ha utilizado para abrir la posibilidad de declararla inelegible para las elecciones al Parlamento europeo fijadas para mayo de 2019.
El presidente francés, Emmanuel Macron, sabe que hoy el partido de Le Pen es su principal oposición en Francia y que Le Pen es su principal adversaria política. Se define a sí mismo como el defensor de la visión «progresista» de Europa y el principal enemigo de los que quieren resistirse a la islamización, la inmigración sin controles y de los que desean defender la soberanía nacional, una postura que definió como «lepra» y «vientos malignos». Ha atacado verbalmente al viceprimer ministro y ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, y al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que están creando una alianza europea de movimientos nacionalistas que incluye al partido de Le Pen. Por otra parte, Macron apoya las sanciones europeas contra Hungría y Polonia si se niegan a aceptar más migrantes.
Macron considera que una victoria de la alianza Salvini-Orbán no sólo sería una humillación para él, sino que una victoria del partido de Le Pen en Francia significaría el derrumbe final de su tambaleante presidencia (su índice de aprobación, que ha caído seis puntos en el último mes, se sitúa ahora en el 23%). No puede aplastar a la alianza Salvini-Orbán, pero puede alterar el proceso político en Francia.
La postura de Macron contra Le Pen también podría ser un intento por parte de su gobierno de repeler más violencia islámica en Francia. Actualmente, los libros y publicaciones que hacen referencia a la intrínseca dimensión violenta del islam son boicoteados y están ausentes de las librerías (el Corán, sin embargo, se sigue pudiendo encontrar fácilmente). Las organizaciones que combaten la islamización de Francia y Europa son hostigadas judicialmente. Pierre Cassen y Christine Tasin, líderes de la principal web francesa contra la islamización, Riposte Laïque («Respuesta Laica»), tienen que pasar una gran cantidad de tiempo en el juzgado y reciben fuertes multas de manera regular. Para evitar que les cierren la web, tienen que reubicar su web fuera de Francia y la Unión Europea.
Se hizo público hace poco un informe de 615 páginas, escrito por un asesor de Macron, Hakim El Karui, que es el responsable de diseñar las nuevas instituciones del «islam de Francia». El informe define el islamismo como una «ideología totalmente distinta del islam», y jamás aborda los vínculos entre el islamismo y el terrorismo. El informe también insiste en la urgente necesidad de difundir el «verdadero islam» en Francia y adoptar la enseñanza del árabe en los institutos públicos.
En los medios franceses, cualquier mención a los vínculos entre el islam y la violencia se han eliminado ya completamente. Cuando un musulmán perpetra un ataque con cuchillo y grita «Alá Akbar» («Alá es el más grande»), el mensaje oficial que se publica, incluso antes de que se inicie cualquier investigación, declara invariablemente que lo sucedido «no tiene nada que ver con el islam» y no tiene «carácter terrorista».
Todos los medios citan ciegamente el mensaje. En los últimos ataques de este tipo, el 9 de septiembre en París, siete personas fueron heridas, cuatro de gravedad.
Hace poco, el escritor Éric Zemmour habló en televisión de la alta proporción de jóvenes musulmanes entre los reclusos de Francia, y del auge del antisemitismo musulmán en los suburbios franceses. El Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), el órgano regulador de la televisión y la radio de Francia, le dijo a la emisora que Zemmour había hecho «comentarios estigmatizadores sobre los musulmanes» y que la emisora sufriría graves consecuencias si los volvía a repetir. Un presentador de una tertulia francesa empezó a circular una petición que exigía que Zemmour fuese totalmente excluido de los medios franceses. La petición obtuvo más de 300.000 firmas en una semana.
Zemmour se preguntó si habría que reabrir el gulag soviético especialmente para él o si tendría que optar por el autoexilio. Ha recibido tantas amenazas de muerte creíbles que está bajo protección policial las 24 horas del día.
El politólogo Jean-Yves Camus dijo que aunque no está de acuerdo con las posturas de Marine Le Pen, «En todas partes y en todo momento, decir que un adversario político está ‘loco’ abre las puertas al totalitarismo».
Como abogado, Regis de Castelnau escribió en la publicación mensual Causeur:
«Hay un país en Europa donde se exige al principal partido de la oposición, tras la incautación de sus recursos económicos, que su presidenta se someta a un examen psiquiátrico judicial. ¿Es la Rusia de Putin o la Hungría de Orbán? No. Es Francia».
Castelnau añadió que la ley utilizada para acusar a Marine Le Pen se usaba normalmente para imputar a «pervertidos» y «psicópatas» y que sólo se pedía «el juicio de un experto psiquiátrico» porque sus sentencias penales solían ir acompañadas de la obligación de recibir tratamiento psiquiátrico.
«Todos los que se ríen de los problemas de sus adversarios políticos –dijo– harían bien en recordar que si aceptan estos ataques a las libertades políticas, pronto les podría tocar a ellos».
España
El pedido de la diplomacia y la entrega de la realidad
La diferencia entre lo que España esperaba de su relación con Marruecos y lo que ha recibido no es un error de logística, sino una tragedia de Estado que el Gobierno celebra como éxito diplomático
Hay un fenómeno contemporáneo que ilustra mejor que cualquier tratado de política internacional la naturaleza de nuestra relación con Marruecos. Es el meme, ya archiconocido, que compara la fotografía pulida del producto que ordenaste en una plataforma de comercio electrónico con el objeto deforme, descolorido y risible que finalmente llega a tu puerta. «Lo que pediste», dice la imagen de la izquierda, mostrando un reloj de precisión suiza. «Lo que recibiste», completa la derecha, exhibiendo un juguete de plástico con pilas oxidadas.
La broma reside en la expectativa defraudada, en la promesa sofisticada que termina en realidad chapucera. Pero lo que ocurre en nuestra frontera sur no es una broma. Es una tragedia de Estado que, lejos de provocar rectificación o indignación, ha sido recibida por el Gobierno español con la resignación de quien acepta la estafa como norma de relación.
El pedido, en este caso, era claro: una política migratoria ordenada, respetuosa con la soberanía territorial, basada en acuerdos bilaterales de reciprocidad. La entrega, sin embargo, ha sido otra cosa enteramente. Ha sido la imagen de miles de hombres jóvenes —en edad militar, en formación táctica, asistidos por fuerzas de seguridad marroquíes— asaltando sistemáticamente nuestras vallas de Ceuta y Melilla. Ha sido la constatación de que Marruecos organiza, facilita y ejecuta operaciones de presión demográfica contra España como herramienta de política exterior.
Y ha sido, sobre todo, la evidencia de que nuestros gobernantes no solo toleran esta agresión, sino que la celebran, la premian, la llaman «cooperación» mientras el territorio nacional se ve invadido por vías paralelas.
La diferencia entre lo prometido y lo recibido no podría ser más abismal. Pero aquí reside el verdadero escándalo: no es que Marruecos nos haya engañado. Es que nosotros sabíamos perfectamente qué estábamos comprando. Sabíamos que el régimen alauita utiliza la emigración como arma. Sabíamos que cada «crisis» fronteriza coincide con alguna demanda diplomática de Rabat. Sabíamos que el Sáhara, la pesca ilegal, el contrabando de drogas, son monedas de cambio en una partida donde España siempre pierde. Y, a pesar de saberlo, hemos seguido haciendo clic en «comprar ahora», convencidos de que esta vez sí llegaría el producto de calidad.
El ridículo internacional de la debilidad manifiesta
El ridículo internacional de España ha alcanzado proporciones que ya no pueden ocultarse bajo eufemismos diplomáticos. Somos el país que recibe agresiones territoriales organizadas y responde con felicitaciones. Somos la nación que ve cómo su vecino abre las compuertas de la presión migratoria y, en lugar de exigir responsabilidades, amplía los acuerdos de cooperación. Somos el Estado que ha convertido la vulnerabilidad en estrategia, la humillación en política de Estado.
¿Qué imagen proyectamos ante el mundo cuando nuestros ministros brindan en la embajada de Marruecos mientras, a escasos kilómetros, las vallas de Ceuta y Melilla son asaltadas por tropas irregulares? ¿Qué mensaje enviamos a otros actores internacionales cuando demostramos que la agresión contra España no tiene consecuencias, sino recompensas? La respuesta es evidente: enviamos la señal de que España es un objetivo blando, un socio que puede presionarse sin riesgo, un adversario que no defenderá sus intereses ni su dignidad.
Y aquí emerge la pregunta incómoda que la izquierda mediática se niega a formular: ¿hasta qué punto puede llegar esta lógica de rendición antes de que deje de ser política exterior para convertirse en algo más grave? Cuando un gobierno sistemáticamente prioriza la conveniencia diplomática a corto plazo sobre la integridad territorial nacional, cuando celebra acuerdos con quien le agrede abiertamente, cuando sacrifica el interés de sus ciudadanos en el altar de la «relación estratégica» con un régimen autoritario, ¿no estamos ante una forma de capitulación disfrazada?
Israel, tradicional aliado, ha decidido alinearse públicamente con Marruecos en esta controversia, dejando a España aislada en un escenario donde antes contaba con socios. El mensaje es claro: quien no defiende lo suyo no puede esperar que otros lo defiendan por él. La debilidad, en política internacional, no genera compasión. Genera oportunidades para el depredador. Y Marruecos, lejos de ser el único depredador en el entorno, se ha convertido en el más audaz precisamente porque ha comprobado, una y otra vez, que España no morderá. Que España pagará. Que España, al final, agradecerá el golpe.
Complicidad, traición y la alineación israelí
La complicidad del Gobierno de Pedro Sánchez con esta dinámica de agresión-recompensa no puede atribuirse ya a la mera incompetencia o a la ingenuidad. Es una opción deliberada, una estrategia de supervivencia política que hipoteca el interés nacional a cambio de estabilidad diplomática a corto plazo. Pero hay líneas que, una vez cruzadas, dejan de ser simples errores de cálculo para convertirse en algo más grave. Y la pregunta que inevitablemente surge es si estamos ante una de esas líneas.
¿Puede encuadrarse la actuación de Sánchez en el delito de traición? La pregunta suena extrema, casi barroca en su aparato legal, pero merece ser examinada con seriedad. El Código Penal español define la traición como el que, «con ocasión de guerra, o de alianza o amistad con potencias extranjeras, cause perjuicio grave a la Nación o a la defensa nacional». No estamos formalmente en guerra con Marruecos, pero la doctrina militar contemporánea reconoce la «guerra híbrida» como conflicto real aunque no declarado.
Y en esa guerra híbrida —donde se utilizan armas no convencionales como la presión migratoria masiva, la desinformación, la infiltración— Marruecos nos ha atacado abiertamente. Celebrar acuerdos con el agresor, premiarle con reconocimientos diplomáticos, entregarle posiciones estratégicas como el Sáhara, mientras se produce esta agresión, ¿no constituye un perjuicio grave a la defensa nacional?
La izquierda se escandalizará por la formulación. Dirá que es exageración, que es lenguaje propio de conspiraciones, que la realidad es más compleja. Pero la realidad, en este caso, es sorprendentemente simple: un régimen extranjero organiza invasiones de nuestro territorio, y nuestro gobierno le felicita. Si eso no es complicidad con el agresor, ¿qué es?
Y aquí entra en juego el factor israelí. La alineación de Israel con Marruecos en este conflicto no es anecdótica. Es el reconocimiento de que el mapa de alianzas en el Mediterráneo ha cambiado, y que España ya no cuenta con la influencia ni la credibilidad que antes le otorgaban posiciones de equilibrio. Cuando un socio tradicional como Israel decide que más vale estar con el agresor que con la víctima, el mensaje sobre la decadencia española en el escenario internacional es devastador.
No se trata de que Israel sea malo o bueno; se trata de que Israel, como cualquier actor racional, apuesta por quien demuestra fuerza y deja a quien demuestra debilidad. La geopolítica no tiene amigos, tiene intereses. Y España, en esta partida, ha demostrado no saber defender los suyos.
La felicitación al agresor
Pero quizás el gesto más insultante, el que mejor ilustra el abismo entre la retórica oficial y la realidad, sea la insistencia del Gobierno en «felicitar» a Marruecos como socio fiable mientras las pruebas —fotográficas, de video, de testimonios de guardias civiles, de informes de inteligencia— demuestran que las fuerzas marroquíes colaboraron activamente en la invasión. No miraron hacia otro. No fueron incapaces de contener. Organizaron. Facilitaron. Ejecutaron una operación de presión.
¿Cómo se llama a quien felicita a quien le ha agredido? ¿Cómo se denomina a quien celebra acuerdos con quien acaba de violar su frontera? En el lenguaje clásico de la política, se llamaría cómplice. En el lenguaje diplomático actual, se llama «pragmático». Pero la realidad no cambia por la elegancia del eufemismo. La realidad es que nuestros gobernantes han decidido que nuestra dignidad nacional es negociable, que nuestra soberanía territorial es un activo líquido que pueden vender por estabilidad política a corto plazo, que el español de a pie debe aceptar la inseguridad y la humillación con tal de que Sánchez siga en La Moncloa.
Y lo más grave es que esta lógica no tiene visos de revertirse. Cada asalto a la frontera es seguido de más concesiones. Cada crisis migratoria organizada desde Rabat termina en más cheques firmados por Madrid. Cada demostración de debilidad invita a la siguiente presión. Es un ciclo que solo puede terminar de dos maneras: o Marruecos alcanza todo lo que quiere —reconocimiento pleno del Sáhara, fondos europeos ilimitados, silencio sobre sus violaciones de derechos humanos— y España se convierte en un satélite económico y diplomático del Reino alauita, o la sociedad española despierta y exige que se ponga fin a esta humillación sistemática.
Conclusión: El vendedor que siempre engaña
La diferencia entre lo que pedimos y lo que recibimos no es, al final, un problema de logística diplomática. Es un problema de voluntad política. Es la constatación de que hemos elegido gobernantes que no creen en España como nación digna de defensa, que conciben la soberanía como un anacronismo molesto, que prefieren la sumisión cómoda a la resistencia costosa.
El meme de Aliexpress funciona porque todos hemos experimentado la decepción de la expectativa defraudada. Pero en el comercio electrónico, al menos, puedes reclamar. Puedes devolver el producto. Puedes exigir tu dinero de vuelta. En la política exterior de Sánchez, no hay devoluciones. No hay reembolsos. Solo hay más pedidos a un vendedor que ya ha demostrado, una y otra vez, que enviará basura y cobrará como si fuera oro.
Marruecos ha trazado su línea. Israel se ha alineado con ella. Italia nos ha dejado atrás. Y nosotros seguimos brindando en la embajada del agresor, convencidos de que si sonreímos lo suficiente, quizás esta vez sí llegue el producto de calidad. Pero no llegará. Porque el problema no es el vendedor. Es que nosotros hemos olvidado que en el mercado de la geopolítica, quien no defiende su posición termina siendo mercancía. Y España, bajo este Gobierno, está a punto de liquidarse en el mercado de ocasión de la historia.
Alerta Nacional | Análisis de política exterior y soberanía nacional
