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Tribunales

Investigan a tres menores por agredir sexualmente a un niño de 9 años en Valencia

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Tres niños de once, trece y catorce años agredieron sexualmente a otro menor de nueve en una urbanización de un pueblo de la comarca valenciana de La Ribera. Los hechos tuvieron lugar el pasado mes de junio, pero fueron avanzados ayer por el diario Levante.

El juez de menores de la capital del Turia ha ordenado el ingreso del mayor de los investigados en un centro en régimen cerrado y terapéutico por un periodo de seis meses. Los otros dos presuntos autores de la agresión son inimputables al no tener 14 años. El caso fue destapado por un familiar de la víctima, que se enteró que el pequeño de 9 años había practicado felaciones a otros menores de la urbanización.

La agresión ocurrió hace dos meses en una urbanización de la Ribera, cuando el grupo de tres menores instó a otro, más pequeño que ellos con nueve años, a que les hiciera felaciones a todos ellos. La idea se le había ocurrido al adolescente de 13 años, quién grabó las imágenes de las agresiones sexuales, según declararon posteriormente los menores.

No obstante, al ser menores de 14 años, la Fiscalía de Menores de Valencia no ha podido solicitar medidas de internamiento contra el presunto instigador, inimputable con las leyes actuales. En la misma situación está otro de los autores, de 11 años, que fue identificado por la Guardia Civil, pero que también ha quedado en libertad sin medida cautelar.

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Tribunales

Condenan a un padre a seguir manteniendo a su hija de 27 años

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Audiencia Provincial de Lugo.
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Alicia, nombre ficticio de una joven de 27 años en paro, era una estudiante modélica hasta que, al finalizar el bachillerato, su brillante trayectoria académica dio un vuelco anómalo y, a todas luces, inesperado. De obtener resultados excelentes y admirables en sus años de instituto pasó, al entrar en la universidad, a transitar por un sendero de notas mediocres, absentismo y apatía. Podía deberse al desinterés que le producía la carrera que cursaba, pero se matriculó en otra y siguió en la misma situación. No iba a los exámenes, faltaba a las clases y no mostraba ningún interés en sus nuevos estudios. Probó con cursos de formación, pero nada cambiaba.

Tras acudir a terapia psicológica, la profesional que le atendió comprobó que su comportamiento no era deliberado, sino que tenía su origen en los malos tratos psicológicos que, durante mucho tiempo, le infligió su padre, quien le pasaba una pensión mensual de 450 euros desde que se divorció de su madre. Alegando que la joven ya estaba en edad de valerse por sí misma, un juzgado aprobó el pasado mes de diciembre a petición del progenitor que la manutención cediese. Sin embargo, tras recibir un informe pericial sobre el deteriorado estado psicológico de la mujer, la Audiencia Provincial de Lugo, donde residía la joven cuando sus padres se divorciaron, falló recientemente a favor de que el hombre prolongase el sustento durante otros 18 meses por ser el responsable último de su situación.

Los padres no están obligados a mantener la pensión de sus hijos una vez que estos ya están en edad de ser de alguna forma autosuficientes. La ley marca que, si estos no aprovechan sus estudios o no se incorporan al mercado laboral aun teniendo la oportunidad de hacerlo, los progenitores pueden pedir que la cuota mensual que les remiten se extinga paraimpedir así situaciones de aprovechamiento económico. No obstante, en algunos casos la necesidad de que se dilate está justificada por circunstancias como las que se dieron en el caso de esta joven.

«Creo que queda probado que no se puede premiar de esa forma a un maltratador cuando las pruebas documentales acreditan que, si la víctima no es capaz de llevar una vida laboral ni personal normal, es realmente por las conductas que manifestó hacia ella durante mucho tiempo», explica a ABC Damián Gómez González, el letrado que representó a Alicia en todo el proceso. Después de que, en abril de 2017, el padre presentara un recurso para reclamar el fin de la manutención, Gómez alegó, esgrimiendo el informe de la psicóloga que había maltratado a la joven, que su estado anímico y emocional estaba plenamente vinculado a los malos tratos psicológicos que el padre había ejercido sobre ella y también sobre su madre.
Tiranía

Según explica Gómez, el hombre sometió a ambas a un régimen de tiranía en el ámbito doméstico que se prolongó de manera continuada durante un largo periodo de tiempo. Entre otras cosas, relata condiciones de gran crueldad, como hacerlas comer en exceso, en silencio o contra su voluntad, no permitirlas hablar por teléfono o escuchar música bajo la amenaza de echarlas de casa o llamar «gorda» a la madre hasta «hacerla vomitar».

Debido a todas estas situaciones vividas, la joven desarrolló, una vez formalizado el divorcio y puesto fin al calvario que soportó, una serie de traumas e inseguridades que la llevaron a descuidar sus hábitos de higiene, no tener capacidad de concentración o contar con serias dificultades a la hora de mantener relaciones sociales o sentimentales, entre otras cosas.

Por todo ello, y tras cotejar el informe de la experta con otra evaluación psicológica llevada a cabo por los servicios jurídicos, la Audiencia Provincial obligó el pasado mes de junio a que el padre siguiera pasándole la pensión a su hija durante otro año y medio más, revocando así una sentencia previa que eximió al hombre de hacerlo tras acoger su recurso.

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Tribunales

Nuevo fraude a la Seguridad Social desde Sevilla: Peonadas falsas por coger ajos, cebollas o naranjas

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Pagaban a una trama de empresas ficticias para simular un trabajo y poder cobrar después ayudas públicas. Así operaba la mayor red de peonadas falsas detectada hasta la fecha enSevilla para beneficiarse del subsidio agrario. Empresarios, testaferros, conseguidores y falsos trabajadores forman parte de la última gran estafa contra las arcas públicas que deja al campo andaluz y sus trabajadores reales como víctimas colaterales de este fraude. Ya está en manos de la Justicia y los investigados ya superan el centenar. Algunas fuentes del caso apuntan que podrían alcanzar los dos centenares, lo que refleja la magnitud de una trama con epicentro en Sevilla.

«No estamos ante un hecho puntual, sino que se viene desarrollando desde, al menos, el año 2016 hasta ahora por personas que, valiéndose de sus conocimientos mercantiles, han creado un entramado empresarial con el fin de dar credibilidad a relaciones laborales entre mercantiles tanto para la emisión de facturación falsa como para dar de alta para el cobro de ayudas y subvenciones estatales de forma fraudulenta».

Y para llevar a cabo estas operaciones financieras «se necesita de un grupo de personas que, desarrollando cada una su papel: administrador de la empresa, conseguidor de clientes para facturación falsa y captador de personas para ser dadas de altas».

Estos párrafos se incluyen en uno de los atestados de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional entregados al Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, que desde el año 2017 investiga una nueva macroestafa en la provincia a la Seguridad Social que gira en torno a empresas ficticias, facturas falsas y el cobro de peonadas para acceder al subsidio agrario.

El número de personas investigadas hasta la fecha en esta causa, cuya instrucción se prevé larga en el tiempo, supera el centenar, según han trasladado fuentes del TSJA. En concreto, la Policía Nacional, tras su investigación, expone que los hechos investigados podrían constituir delitos de grupo organizado, fraude de prestaciones y falsedad documental y en su comisión habrían participado hasta 139 personas. El número de imputados, según fuentes del caso consultadas, irá a más porque la instrucción no está cerrada.

Trabajadores que nunca llegaron a trabajar y que pagaban 20 euros por jornadas reales para obtener las 35 peonadas necesarias para el subsidio agrario; facturas falsas; contratos cuyo objetos no eran realizados; empresas que nunca contrataron a nadie ni tenían movimientos bancarios para pagar salarios,… son sólo algunos de los hechos investigados.

Estos hechos vuelven a demostrar que los delincuentes tienen en su punto de mira el engaño a la administración estatal. De hecho, la última Memoria de la Fiscalía de Andalucía refleja que en 2018 se registraron 42 causas como delitos económicos en los juzgados de Sevilla y provincia, sin tener en cuenta Dos Hermanas.

De éstos, una quincena de estas investigan delitos contra la Seguridad Social y seis, fraudes de subvenciones. En los primeros, según señala la Fiscalía Superior de Andalucía, conlleva la imputación de los ficticios empresarios y, además, de los ficticios trabajadores. En este caso concreto los falsos empleados ascienden a 130.

Empresa para tapar actividades ilegales

El atestado policial refleja que tanto Labransur como Interservi fueron «creadas expresamente con la única intención de dar apariencia legal a diversas actividades ilegales». En la causa también obra un informe emitido por la Unidad Especializada de la Seguridad Social de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla.

Entre su habitual modo de proceder, cobraban 20 euros por día de trabajo a cada persona que quisiera que le dieran de alta para poder acceder a las 35 jornadas necesarias para obtener el subsidio agrario. «Si tenemos en cuenta que, según la Inspección de Trabajo, Labransur declaró 3.387 jornadas reales en función de los 459 trabajadores supuestamente contratados y si todos ellos hubiesen sido dados de alta con ese propósito estafador de beneficiarse de las ayudas, los responsables investigados habrían recibido 67.740 euros», expone la Policía, que sugiere que estas cantidades pueden aumentar «considerablemente» si se tienen en cuente los dados de altas por Interservi.

Más del 50 por ciento de los trabajadores dados de alta por Labransur tienen sus domicilios fuera de Sevilla y más de la mitad son extranjeros, en su mayoría rumanos. Los implicados con el fin de intentar eludir cualquier tipo de investigación «no han dudado» en realizar gestiones comerciales bajo el mismo prisma de fraude en diferentes lugares tanto de Sevilla como de Córdoba y con empresas ubicadas en Madrid o Albacete.

La Inspección de Trabajo, en su informe donde incluye la sanción a los trabajadores para que devuelvan los subsidios, expone que los servicios contratados por otras empresas a Labransur recogidos en sus respectivos contratos para la recolección de ajos, cebollas o naranjas en fincas de Cantillana, Lora del Río, Palma del Río, Fuente Palmera o Albacete nunca llegaron a realizarse. En Albatece, Labransur sólo tuvo una persona contratada.

Dispuestos a devolver las prestaciones indebidas

Esto es, facturas sin una contraprestación real, falsas. Además, dicha facturación servía de soporte a trabajos que se realizaron por terceras personas pero que «por diversos motivos (jubilación, desempleado,…) no podía facturarlos».

No existen movimientos bancarios relacionados con el pago de nóminas o salarios. En definitiva, Labransur vendió facturas falsas, no tuvo actividad agrícola y no tuvo trabajadores, como admitió el testaferro J.E.P.A.

Una de las abogadas de los trabajadores, Rosario Serrano, ha dicho: «Es cierto que ha existido compra de peonadas agrícolas, algo, incluso un número importante de trabajadores lo han reconocido y están dispuestos a devolver las prestaciones, pero también los hay que sí han prestado sus servicios por cuenta ajena para Labransur, desconociendo dichos trabajadores quién era su empleador real. Labransur ficticiamente ocupa la posición de la empresa real, creándose una falsa apariencia empresarial para eludir obligaciones y responsabilidades».

¿Quién es quién en esta trama?

La Policía Nacional, en el marco de la investigación a Labransur e Interservi, hace una radiografía de quién es quién en toda esta trama delictiva para estafar a la Seguridad Social con base en Burguillos y cuyas redes alcanza otros rincones de la provincia, Córdoba y Castilla-La Mancha, en la que participan empresarios y trabajadores.

R.A.R. es el cabecilla. Responsable de ambas mercantilesy persona de referencia en otras empresas que también han dado de alta a personas para que puedan acceder a las ayudas estatales, lo que demuestra que «no se está ante un hecho asilado, sino que ha hecho de esta actividad su forma de vida» . F.J.R.M. tiene un papel al mismo nivel que el anterior implicado.

J.E.P.A. aparecía como administrador único de Labransur pero al final era un mero testaferro de los dos anteriores.

J.E.P.A., su madre y las parejas de los dos líderes eran los encargados de sacar dinero de las cuentas de estas sociedades para desviarlo a cuentas particulares. J.E.P.A. cobraba 300 euros cada vez que iba a un banco. Además, tenía una nómina de 800 euros de Interservi.

«Escasa cantidad para una persona que administra dos mercantiles con 1.000 personas dadas de alta y que genera unos volúmenes de negocio por un importe de 1,3 millones». Los «conseguidores» de personas dispuestas a pagar por las peonadas eran tres, dos de ellos hermanos. Según la Policía, existen, al menos, cinco personas que se ofrecieron para que las sociedades investigadas le hicieran facturas falsas para justificar sus trabajos. Y el elemento fundamental para esta trama son los trabajadores ficticios. Hasta 130, según la Policía Nacional. Por cierto, la sede social facilitada a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria se situaba en Burguillos en una vivienda «en avanzado estado de deterioro, inhabitable desde hace bastante tiempo».

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Tribunales

Juzgan al ex marido de Mónica Oltra por presuntos abusos a una menor

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La sección segunda de la Audiencia de Valencia ha juzgado esta mañana a un educador social por presuntos abusos a una menor. Según la denuncia de ésta, el educador, exmarido de la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, masajeaba a la niña hasta que ella se dormía y a continuación le cogía la mano y se masturbaba.

El educador, que trabajaba en el centro de menores donde la niña estaba interna, negó los hechos si bien admitió que la menor le pedía que le hiciera masajes en la cabeza para dormirse, como hacía su padre.

La menor, que declaró tras un parabán, ratificó los hechos y dijo que estos abusos se habían producido en al menos diez ocasiones. Sin embargo, dos policías a los que la menor encontró en la puerta del centro cuando fueron a entrega a otra interna, y a los que supuestamente denunció los hechos, coincidieron en afirmar que la menor que habría sufrido los abusos era otra, y no la víctima en el actual juicio, y que ésta simplemente ratificó la versión de lo que decía su compañera.

La directora del centro, por su parte, dijo que la menor era conflictiva, sobre todo a partir de un momento en el que comenzó a consumir drogas de forma frecuente. Relató como la menor se escapaba del centro con asiduidad y que hubo algún mes que solo pasó en el centro cinco días porque el resto estaba fugada. También dijo que en otras ocasiones llegaba de madrugada y con síntomas evidentes de haber consumido drogas. Era en esos días cuando la menor dormía sola en una habitación para no despertar al resto de residentes del centro que estaban durmiendo hacía horas en lo que se denominaba “el hogar”.

Según el relato de los hechos de la menor, era en esta habitación en la que sucedían los abusos y que ella ocupó durante un año aproximadamente.

El relato de la niña fue perdiendo credibilidad conforme iban prestando declaración los testigos. De hecho, la propia trabajadora social que se encarga del padre de la menor en la prisión de Picassent y que fue otra de las personas a las que la niña relató los abusos, dijo que “obtenía beneficios por ello, porque la gente le apoyaba” al saber la historia. De hecho, la menor, cuando se fugaba, solía recalar en casa de su novio, y eran los padres de éste los que le decían que no volviera al centro, convencidos de que en dicho lugar abusaban de ella. Esta trabajadora social, que tuvo rifirrafes con la directora del centro de menores donde residía la niña por darle cantidades de dinero a veces abultadas (300 euros) que le enviaba el padre , consultó con la Policía el protocolo que se sigue en estos casos pero no llegó a denunciar estos abusos.

Tampoco pudo referenciar nada sobre la veracidad de dichos abusos la psicóloga que atendió a la menor en la Conselleria después de varias de sus fugas, porque en tres cuartos de hora de conversación “no dijo absolutamente nada sobre ellos”.

Quien sí lo hizo fue la perito forense encargada por el juzgado para ello. Dicha profesional dijo que la víctima era una persona completamente normal en cuanto a sus facultades intelectuales, y que el relato de lo sucedido, aplicando diversos protocolos psicológicos, era totalmente creíble, si bien puntualizó que “fuese cierto o no”.

En su informe final, la fiscal mantuvo la petición de pena de cinco años de prisión y añadió la responsabilidad civil del acusado, que cifró en 6.000 euros.

Por su parte, la defensa dijo que la menor estaba «faltando a la verdad» y que en las mismas fechas en las que ocurrieron los hechos, se habían producido también las fugas de la menor, lo que unido a las vacaciones de su defendido, hacía casi imposible que hubiera ocurrido en diez ocasiones, como refiere la víctima. El abogado defensor también puso de manifiesto incoherencias en los hechos relatados, y los finalmente expuestos por la víctima durante su declaración, porque, si bien durante la investigación había referido tocamientos en los pechos y masajes por la espalda hasta la entrepierna, en el juicio solamente aludió a las masturbaciones.

El Tribunal concedió como es preceptivo la última palabra al acusado y este dijo sentirse contento al ver que la Justicia española protegía tanto a los menores, «aunque yo lo esté pasando fatal». Dijo que lo que decía la niña era falso, «aunque los menores llegan a creerse sus propias mentiras» y dijo que quizá estuviera mezclando experiencias ocurridas en otro lugar. También refirió que el centro de menores era un sitio «seguro» que las habitaciones estaban muy juntas, que había muchos más menores y educadores y que al pertenecer a una congregación, también dormían en el centro monjas. Y mostró su confianza en poder seguir trabajando con menores.

El juicio quedó visto para sentencia.

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